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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE UNA NORMA GENERAL VIOLA DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDA LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LA REPRESENTACIÓN LEGAL PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ES UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, CUYA EXIGIBILIDAD SE ACTUALIZA CUANDO LAS ACCIONES ESTATALES OBJETO DE LA PROPUESTA AFECTEN LOS INTERESES Y/O DERECHOS DE ESOS GRUPOS. IV. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS GRUPOS VULNERABLES DEBE SER PREVIA, PÚBLICA, ABIERTA Y REGULAR, ESTRECHA Y CON PARTICIPACIÓN PREFERENTEMENTE DIRECTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACCESIBLE, INFORMADA, SIGNIFICATIVA, CON PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE. V. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CONSTITUYE UN REQUISITO PROCEDIMENTAL DE RANGO CONSTITUCIONAL, CUYA OMISIÓN CONSTITUYE UN VICIO FORMAL INVALIDANTE DEL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO Y, CONSECUENTEMENTE, DEL PRODUCTO LEGISLATIVO. VI. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ESTE DERECHO RESULTA FUNDAMENTAL, PUES IMPLICA EL RESPETO DE LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA QUE DETERMINEN CUÁL ES LA FORMA IDEAL DE SALVAGUARDAR SU SALUD MENTAL, GARANTICEN SUS DERECHOS Y LES SEA REALMENTE FUNCIONAL. VII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL FORO DE CONSULTA DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y EDUCACIÓN EMOCIONAL QUE ORGANIZÓ EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO, NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS ESTABLECIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA CONSIDERAR QUE DICHO ÓRGANO LEGISLATIVO CUMPLIÓ CON SU OBLIGACIÓN DE CONSULTAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA ENTIDAD, PREVIO A LA EMISIÓN DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y EDUCACIÓN EMOCIONAL (INVALIDEZ DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA EL ESTADO DE JALISCO, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 28849/LXIII/22, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). VIII. CONSULTA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA EXPEDICIÓN DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA EL ESTADO DE JALISCO ES SUSCEPTIBLE DE AFECTAR A DICHA COMUNIDAD POR LO QUE DEBE ESTAR PRECEDIDA DE DICHA CONSULTA (INVALIDEZ DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA EL ESTADO DE JALISCO, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 28849/LXIII/22, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE SUS PUNTOS RESOLUTIVOS, CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE PRIVE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LOS POSIBLES EFECTOS BENÉFICOS DE LA NORMA INVALIDADA (INVALIDEZ DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA EL ESTADO DE JALISCO, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 28849/LXIII/22, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS). X. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA QUE VINCULA AL LEGISLADOR A DESARROLLAR LAS CONSULTAS RESPECTIVAS EN UN PLAZO DE DOCE MESES Y A EMITIR LA LEGISLACIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DE LA LEY DE SALUD MENTAL Y EDUCACIÓN EMOCIONAL PARA EL ESTADO DE JALISCO, EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 28849/LXIII/22, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 164/2022. · Registro digital (IUS): 32387
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-04-26
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Abril de 2024, Tomo I, Pág.459.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 164/2022. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 30 DE NOVIEMBRE DE 2023. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIA: IRLANDA DENISSE ÁVALOS NÚÑEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Salud Mental y Educación Emocional para el Estado de Jalisco expedida mediante Decreto 28849/LXIII/22 publicado el doce de noviembre de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial de la entidad, al considerar que se vulneró el derecho a la consulta previa de las personas con discapacidad.

En ese sentido, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver si la ley impugnada es constitucional o si transgredió el derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas, en términos de lo dispuesto por el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al treinta de noviembre de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 164/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra la Ley de Salud Mental y Educación Emocional para el Estado de Jalisco expedida mediante Decreto 28849/LXIII/22 publicado el doce de noviembre de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial de la entidad.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Publicación del Decreto. El doce de noviembre de dos mil veintidós, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad el Decreto 28849/LXIII/22 mediante el cual se expide la Ley de Salud Mental y Educación Emocional para el Estado de Jalisco.

2. Presentación de la demanda. Por oficio presentado el doce de diciembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del decreto señalado con anterioridad.

3. Artículos constitucionales violados. En la demanda, la accionante señaló como preceptos constitucionales y convencionales vulnerados los artículos 1o. de la Constitución Política del país; 1o. y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; y I, II y V de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

4. Conceptos de invalidez. En su escrito inicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos expuso los siguientes conceptos de invalidez:

a) La Ley de Salud Mental y Educación Emocional para el Estado de Jalisco debe declararse inválida al vulnerar el derecho a la consulta previa de las personas con discapacidad.

b) La ley tiene como objeto salvaguardar la protección de la salud mental de la población de la entidad y regular las bases y modalidades para garantizar el acceso a la prestación de servicios por parte de las instituciones públicas, privadas y sociales, por lo que incide directamente en la esfera jurídica de las personas con discapacidad mental, en particular, en el ejercicio de su derecho de acceso a los servicios de salud.

c) El Congreso del Estado de Jalisco tenía la obligación de consultar a las personas con discapacidad, previo a la emisión de dicha ley, de conformidad con el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a fin de conocer sus necesidades y puntos de vista. Sin embargo, del análisis del proceso legislativo que dio origen a la ley impugnada, es posible advertir que el legislativo no consultó a las personas con discapacidad, a través de sus representantes o de las asociaciones correspondientes.

d) El contenido de la ley no fue diseñado a partir de la perspectiva de las personas con discapacidad, por lo que se refleja una visión ajena a la realidad de este grupo y sus necesidades, lo que impacta en el ejercicio de sus derechos.

5. Registro y turno. El trece de diciembre de dos mil veintidós, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, entonces Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por recibida la demanda, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad 164/2022 y turnó el asunto a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

6. Admisión y trámite. Mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, la Ministra instructora admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y tuvo a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco como las autoridades que emitieron y promulgaron el decreto impugnado, por lo que se ordenó darles vista para que rindieran sus respectivos informes. Asimismo, se ordenó dar vista al Fiscal General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal para que manifestaran lo que a su esfera competencial conviniera.

7. Informe del Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Por escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, Mirelle Alejandra Montes Agredano, en su carácter de Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, así como Julio César Hurtado Luna e Higinio del Toro Pérez, en su carácter de Secretarios de la Mesa Directiva, rindieron informe en los términos siguientes:

a) Son infundados e improcedentes los argumentos que sostiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en cuanto a la invalidez de la Ley de Salud Mental y Educación Emocional para el Estado de Jalisco por vulnerar el derecho a la consulta previa de las personas con discapacidad.

b) La publicación de la ley es conforme al artículo 35, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco que establece la competencia del Congreso local para la expedición de estos ordenamientos. Además, el legislativo tiene la potestad de proponer iniciativas de leyes y de decretos que permitan crear o reformar el marco jurídico de la entidad a fin de contribuir a la salud de todos los jaliscienses, de conformidad con el diverso 4o. constitucional y con los tratados internacionales que tutelan los derechos fundamentales de las personas usuarias del servicio en su salud mental.

c) La Ley de Salud Mental y Educación Emocional para el Estado de Jalisco es constitucional ya que vela por la salud mental de las personas y de sus familiares con la finalidad de proteger, promover y mejorar la vida y el bienestar mental de la ciudadanía, así como garantizar en todo momento el pleno goce de sus derechos humanos a través de objetivos progresivos y no discriminatorios.

d) La norma impugnada no vulnera el derecho a la consulta previa, toda vez que el siete de junio de dos mil veintidós el Congreso del Estado de Jalisco llevó a cabo el Foro de Consulta de la Ley de Salud Mental y Educación Emocional, en el que se convocó a todos los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, autoridades municipales y comunitarias, organizaciones no gubernamentales, académicos e investigadores, colegios de profesionistas, así como organizaciones sociales vinculadas con la salud mental e inteligencia emocional, con la finalidad de contar con propuestas que fortalecieran la propuesta de ley. Lo anterior fue publicado en distintos medios de comunicación digital tales como: la página web del Congreso y del Gobierno del Estado, ambos de Jalisco y del Colegio Nacional de Consejeros.

e) Derivado del foro, diversos organismos e instituciones públicas hicieron llegar sus aportaciones de manera escrita para fortalecer la propuesta de ley, mismas que fueron tomadas en consideración.

f) Por lo tanto, dentro del proceso legislativo se realizó un foro con la finalidad de consultar de manera previa, pública y abierta, así como con el objeto de enriquecer el proyecto de ley a partir de lo señalado por la sociedad civil, los especialistas en la materia y las fuerzas políticas.

8. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Mediante escrito presentado el veintiséis de enero de dos mil veintitrés, Isidro Rodríguez Cárdenas, Director de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco rindió informe en los términos siguientes:

a) Es cierto el precepto normativo del que se demanda su invalidez. El Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco sancionó, promulgó y ordenó la publicación del Decreto número 28849/LXIII/22, mediante el cual se abroga la Ley de Salud Mental para el Estado de Jalisco y se crea la Ley de Salud Mental y Educación Emocional para el Estado de Jalisco.

b) La norma impugnada atiende a la obligación de todas las autoridades para promover, respetar, proveer y garantizar el derecho humano a la protección de la salud en todas sus vertientes, mismo que debe adaptarse a las consecuencias derivadas del colapso del sector salud y a las afectaciones en términos de salud mental que surgieron a raíz del virus SARS-CoV-2.

c) La Ley de Salud Mental y Educación Emocional para el Estado de Jalisco garantiza el derecho humano a la protección de la salud, reconocido por el artículo 4o. de la Constitución Política del país, haciendo énfasis en que la acepción de la salud no sólo se limita a un estado completo de bienestar físico, sino también social y mental.

9. Pedimento. El Fiscal General de la República no formuló pedimento en el presente asunto. De igual forma, la Consejería Jurídica del Gobierno Federal no presentó opinión alguna.

10. Cierre de instrucción. Tras el trámite legal correspondiente y la presentación de alegatos, por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, se cerró la instrucción del asunto y se envió el expediente a la Ministra instructora para la elaboración del proyecto de resolución.

I. COMPETENCIA

11. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país(1) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.(2) Lo anterior porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos planteó la posible contradicción entre la Ley de Salud Mental y Educación Emocional para el Estado de Jalisco y la Constitución Política del país, así como de los tratados internacionales.

II. OPORTUNIDAD

12. Conforme al artículo 60, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política del país,(3) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales, computados a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el medio oficial correspondiente.

13. En este caso, el Decreto 28849/LXIII/22 mediante el cual se expidió la Ley de Salud Mental y Educación Emocional para el Estado de Jalisco se publicó en Periódico Oficial de la entidad el doce de noviembre de dos mil veintidós. Por lo tanto, el plazo de treinta días naturales para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del trece de noviembre al doce de diciembre de dos mil veintidós.

14. Consecuentemente, dado que la demanda se presentó el último día del plazo, es decir, el doce de diciembre de dos mil veintidós, su interposición resulta oportuna.

III. LEGITIMACIÓN

15. Este Tribunal Pleno advierte que la acción de inconstitucionalidad se promovió por parte legitimada.

16. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política del país dispone que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo legitimado para impugnar leyes expedidas por las legislaturas estatales que considere violatorias de derechos humanos.

17. En el caso, este requisito se cumple ya que la Comisión accionante impugnó el Decreto 28849/LXIII/22 mediante el cual se expidió la Ley de Salud Mental y Educación Emocional para el Estado de Jalisco por falta de consulta a personas con discapacidad.

18. Asimismo, se cumple con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria de la materia,(4) pues la demanda fue presentada por María del Rosario Piedra Ibarra, en su carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, personalidad que acredita mediante el acuerdo de designación de doce de noviembre de dos mil diecinueve por el Senado de la República, suscrito por la Presidenta y el Secretario de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del órgano legislativo.(5)

IV. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

19. Las partes no hicieron valer alguna causal de improcedencia ni motivo de sobreseimiento, y este Pleno, de oficio, tampoco advierte que se actualice alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo.

V. ESTUDIO DE FONDO

20. Corresponde a este Alto Tribunal determinar si la Ley de Salud Mental y Educación Emocional para el Estado de Jalisco es constitucional o, de lo contrario, determinar su invalidez, en virtud de la omisión del Congreso local de llevar a cabo una consulta a personas con discapacidad.

21. En sus conceptos de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alegó que el Decreto 28849/LXIII/22 que abroga la Ley de Salud Mental para el Estado de Jalisco y crea la Ley de Salud Mental y Educación Emocional para dicha entidad vulnera el derecho a la consulta previa de las personas con discapacidad, de conformidad con el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

22. Por lo tanto, a fin de dar contestación al concepto de invalidez, por cuestión de metodología, el estudio se dividirá en dos apartados:

A. Parámetro de regularidad constitucional del derecho a la consulta a las personas con discapacidad.

B. Estudio de constitucionalidad de la ley impugnada.

A. PARÁMETRO DE REGULARIDAD CONSTITUCIONALIDAD DEL DERECHO A LA CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

23. Este Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas ocasiones que el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a las autoridades mexicanas a consultar a las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, ya sea de forma directa o a través de las organizaciones que las representan, cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente.

24. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 33/2015,(6) el Pleno determinó que la consulta previa en materia de derechos de personas con discapacidad es una formalidad esencial del procedimiento legislativo, cuya exigibilidad se actualiza cuando las acciones estatales objeto de la propuesta incidan en los intereses y/o derechos de esas personas.

25. En dicho precedente, este Alto Tribunal sostuvo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad involucra a la sociedad civil, en particular, a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, en las acciones estatales que incidan en esos grupos, ya que éstas tienen un impacto directo en la realidad al reunir información concreta sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de personas con discapacidad, además de que colaboran para que la discapacidad sea vista como un tema fundamental de derechos humanos.

26. En la acción de inconstitucionalidad 101/2016,(7) el Tribunal Pleno invalidó la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down para el Estado de Morelos al existir una ausencia absoluta de consulta a las personas con discapacidad. Así, se reconoció el deber convencional del derecho a la consulta de las personas con discapacidad.

27. En el citado asunto, se precisó que, con anterioridad a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas se pronunció respecto de la necesidad de consultar a grupos representativos de las personas con discapacidad sobre decisiones que les conciernen.(8)

28. Después, al fallar la acción de inconstitucionalidad 68/2018,(9) este Alto Tribunal invalidó ciertos preceptos de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado y Municipios de San Luis Potosí al considerar que el órgano legislativo no consultó a las personas con discapacidad.

29. En ese precedente se destacaron algunas cuestiones del contexto en el que surge la obligación de consulta y su importancia en la lucha del movimiento de las personas con discapacidad para exigir sus derechos. Parte de las razones de esa exigencia consiste en superar un modelo rehabilitador de la discapacidad –donde las personas con esta condición son sujetos pasivos de la ayuda que se les brinda– favoreciendo un modelo social en el que la causa de discapacidad es el contexto que la genera. Así, la ausencia de una consulta significa no considerar a las personas con discapacidad en la definición de sus propias necesidades regresando a un modelo asistencialista.

30. Al resolver la acción de inconstitucionalidad 41/2018 y su acumulada 42/2018,(10) esta Suprema Corte invalidó la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México, al no haberse celebrado una consulta con las personas con Síndrome de Down, ni con las organizaciones que conforman o con las que las representan.

31. En dicha acción, el Tribunal Pleno señaló los elementos mínimos para cumplir con la obligación convencional de consultar a las personas con discapacidad, establecida en el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el sentido de que su participación debe ser:

a) Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las convocatorias los momentos de participación.

b) Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser representadas sino que, en todo caso, deben contar con la asesoría necesaria para participar sin que se sustituya su voluntad, es decir, que puedan hacerlo tanto de forma individual, como por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además de que también se tome en cuenta a las niñas y a los niños con discapacidad, así como a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad.

c) Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en formato de lectura fácil y lenguaje claro, así como adaptadas para ser entendible de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, incluidos los sitios web de los órganos legislativos, mediante formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera, como, por ejemplo, los macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. Además de que las instalaciones de los órganos parlamentarios también deben ser accesibles a las personas con discapacidad.

Además, el órgano legislativo debe garantizar que la iniciativa, los dictámenes correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo se realicen con este mismo formato, a efecto de que se posibilite que las personas con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la posibilidad de proponer cambios tanto a la iniciativa como durante el proceso legislativo. La accesibilidad también debe garantizarse respecto del producto del procedimiento legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el órgano de difusión estatal.

d) Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de la decisión que se pretende tomar.

e) Significativa. Implica que en los referidos momentos del proceso legislativo se debata o se analicen las conclusiones obtenidas de la participación de las personas con discapacidad y los organismos que las representan.

f) Con participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las personas con discapacidad y de las organizaciones y autoridades que los representan, en donde realmente se tome en cuenta su opinión y sea analizada con el propósito de que no se reduzca su intervención a hacerlos partícipes de una mera exposición, sino que enriquezcan con su visión la manera en la que el Estado puede hacer real la eliminación de las barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores condiciones. Lo anterior, principalmente, porque son quienes se enfrentan y pueden hacer notar las barreras sociales con las que se encuentran, a efecto de que se puedan diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, psicológico o intelectual que presenten en razón de su discapacidad, así como por su género, minoría de edad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y dificultades sociales, como las condiciones de pobreza, de vivienda, salud, educación, laborales, entre otras.

g) Transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como del análisis y debate de sus aportaciones.

32. Además, en el señalado precedente se puntualizó que esta obligación no es oponible únicamente ante los órganos formalmente legislativos, sino a todo órgano del Estado Mexicano que intervenga en la creación, reforma o derogación de normas generales que incidan directamente en las personas con discapacidad.

33. El Tribunal Pleno destacó que la consulta debe suponer un ajuste en los procesos democráticos y representativos corrientes, los cuales no suelen bastar para atender a las preocupaciones particulares de las personas con discapacidad, que por lo general están marginados en la esfera política, por lo que es necesario que el órgano legislativo establezca previamente la manera en la que dará cauce a esa participación. En consecuencia, la consulta a personas con discapacidad constituye un requisito procedimental de rango constitucional, lo cual implica que su omisión constituye un vicio formal, invalidante del procedimiento legislativo y, consecuentemente, del producto legislativo.

34. Ahora bien, en la acción de inconstitucionalidad 212/2020, el Pleno declaró la invalidez del Capítulo VIII denominado "De la educación inclusiva" que se integra con los artículos 66 a 71 de la Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, al contener normas encaminadas a regular cuestiones relacionadas con la educación para personas con discapacidad, sin que se hubiera realizado la consulta previa exigida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

35. Dicho asunto constituye un precedente importante en el sentido de que la falta de consulta previa no implica la invalidez de la totalidad del decreto, pero sí de determinados artículos. Dicho criterio ha sido reiterado en las acciones en las acciones de inconstitucionalidad 193/2020,(11) 179/2020,(12) 214/2020,(13) 131/2020 y su acumulada 186/2020,(14) 121/2019,(15) 299/2020(16) y la 18/2021.(17)

36. Por otra parte, el siete de junio de dos mil veintidós, en la acción de inconstitucionalidad 168/2021,(18) este Tribunal Pleno declaró, de oficio, la invalidez de toda la Ley de Salud Mental del Estado de Puebla expedida mediante Decreto de doce de octubre de dos mil veintiuno toda vez que a partir de su objeto se desprendía que en su totalidad incidía en los derechos de las personas con discapacidad.

37. Lo anterior, pues reconocía el derecho a la salud mental y regulaba las bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de salud mental, así como los mecanismos adecuados para la sensibilización, promoción, prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y fomento de la salud mental, además de que garantizaba y promovía el respeto y la protección efectiva de los derechos de las personas con "trastornos mentales y del comportamiento".

38. Por lo tanto, en dicho precedente se concluyó que al no haberse llevado a cabo la consulta por el órgano legislativo debía declararse la invalidez de la citada legislación.

B. ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY IMPUGNADA

39. Como se señaló anteriormente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alega que el Decreto 28849/LXIII/22 que crea la Ley de Salud Mental y Educación Emocional para el Estado de Jalisco vulnera el derecho a la consulta previa de las personas con discapacidad, pues impacta directamente en sus derechos, por lo que el Congreso local tenía la obligación de realizar la consulta respectiva.

40. Este Tribunal Pleno considera fundado el argumento de la Comisión accionante con base en el parámetro de regularidad constitucional del derecho a la consulta a personas con discapacidad, antes descrito. Para ello, primero se analiza si la ley impugnada es susceptible de afectar los derechos e intereses de las personas con discapacidad y, posteriormente, si el Congreso del Estado de Jalisco realizó la consulta respectiva.

41. Pues bien, la Ley de Salud Mental y Educación Emocional para el Estado de Jalisco tiene por objeto salvaguardar la salud mental de la población, así como regular las bases y modalidades para garantizar el acceso a la prestación de servicios por parte de instituciones públicas, privadas y sociales.(19) Asimismo, su finalidad es proteger, promover y mejorar la vida y el bienestar mental de la ciudadanía, así como garantizar en todo momento el pleno goce de los derechos humanos de las personas usuarias, para lo cual establece nueve objetivos.(20)

42. Además, en el Título Primero de la citada ley se definen las acciones para la atención de la salud mental, la atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica, la atención médica y psicológica, el derecho a la salud mental, el diagnóstico clínico y psicológico, la enfermedad mental, la evaluación psicológica, el expediente clínico, el fomento a la salud mental, la hospitalización parcial, la rehabilitación, la salud mental, entre otras.

43. Por su parte, en el Título Segundo se dispone lo relativo a los derechos y las obligaciones de las personas usuarias y de los familiares, la atención de niñas, niños y adolescentes, de personas en situación de vulnerabilidad y de personas adultas mayores, así como la atención a personas en los Centros de Reinserción Social y Especializados para Adolescentes. En el Título Tercero, se establece la promoción y prevención de la salud mental; la educación emocional; la prevención del suicidio y el respectivo protocolo de actuación.

44. Por otro lado, en el Título Cuarto se reglamenta lo relativo a los prestadores de servicios, la red estatal, y los niveles de atención e internamiento. En este aspecto, el artículo 91 señala que las actividades de atención consistirán en estancia breve(21) o prolongada,(22) así como hospitalización.(23)

45. Asimismo, la Ley impugnada regula el internamiento en instituciones de salud públicas y privadas, el cual es considerado como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, que sólo puede llevarse a cabo cuando aporte mayores beneficios terapéuticos que el resto de las intervenciones realizables en su entorno familiar, comunitario o social.

46. El internamiento puede ser voluntario, involuntario u obligatorio. De conformidad con el artículo 100, para el ingreso voluntario se requiere la solicitud firmada de la persona usuaria y la indicación del personal profesional médico a cargo del servicio de admisión de la unidad. Para el ingreso involuntario se requiere un diagnóstico psicológico, neurológico, psiquiátrico y de aquellas especialidades médicas necesarias, según la condición clínica de la persona, dicho diagnóstico deberá acompañarse de un informe del área de trabajo social y la solicitud de un familiar responsable, tutor o representante legal. El ingreso obligatorio se llevará a cabo cuando lo solicite la autoridad judicial a fin de que se cumplan las acciones de justicia terapéutica y de medidas de seguridad para personas inimputables.

47. Al respecto, una persona sólo podrá egresar del internamiento si: i) se estabilizó su cuadro clínico o de curación; ii) se cumplieron los objetivos de la hospitalización; iii) hubo mejoría; iv) por traslado a otras instituciones; v) a solicitud de la persona internada, cuando se trata de ingreso voluntario; y, vi) a solicitud de los familiares legalmente autorizados y con el consentimiento de la persona internada, con excepción de los casos de ingreso involuntario; y por resolución de la autoridad judicial competente.(24)

48. En el Título Quinto, se establece el Sistema Único de Información, el cual funcionará como un centro de información técnico permanente y estratégico de consulta cuyo objetivo principal será llevar a cabo estudios científicos en materia de salud mental; así como las formas en las que se llevará a cabo la evaluación, diagnóstico y tratamiento en salud mental.

49. Finalmente, el Título VI dispone el Registro de los Centros y Módulos Integrales de Atención, su vigilancia sanitaria, las sanciones y el recurso de revisión contra actos que cometa la Secretaría en el ejercicio de sus funciones.

50. Ahora b

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32387-86e8bf24/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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