I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA CUANDO CONSIDERE QUE LEYES DE CARÁCTER ESTATAL VULNERAN DERECHOS HUMANOS [ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO G), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS]. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA PERSONA QUE PRESIDE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE ÉSTA (ARTÍCULO 15, FRACCIONES I Y XI, DE LA LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS). III. CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. ESTÁ ORDENADA POR EL ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CON MOTIVO DE TODAS LAS LEYES Y POLÍTICAS PÚBLICAS RELACIONADAS CON DICHAS PERSONAS QUE EXPIDAN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO. IV. CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PARA CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 4, NUMERAL 3, DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, LA PARTICIPACIÓN DE ESTOS GRUPOS VULNERABLES DEBE SER PREVIA, PÚBLICA, ABIERTA Y REGULAR, ESTRECHA Y CON PARTICIPACIÓN PREFERENTEMENTE DIRECTA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ACCESIBLE, INFORMADA, SIGNIFICATIVA, CON PARTICIPACIÓN EFECTIVA Y TRANSPARENTE (LEY NÚMERO 832 PARA LA ATENCIÓN, INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE GUERRERO). V. CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL TRIBUNAL PLENO DEBE ANALIZAR DE OFICIO EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO ENVIADO POR EL CONGRESO LOCAL PARA VERIFICAR QUE HAYA EXISTIDO UNA CONSULTA APEGADA AL PARÁMETRO CONVENCIONAL, ESPECÍFICAMENTE A LAS CONSULTAS PARA LAS PERSONAS CON EL ESPECTRO AUTISTA (LEY NÚMERO 832 PARA LA ATENCIÓN, INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE GUERRERO). VI. CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL ORDENAMIENTO LOCAL ES SUSCEPTIBLE DE AFECTAR A ESE GRUPO VULNERABLE, POR LO QUE DEBE ESTAR PRECEDIDA DE AQUÉLLA (INVALIDEZ DE LA LEY NÚMERO 832 PARA LA ATENCIÓN, INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE GUERRERO). VII. CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. LA REALIZACIÓN DE UNA SOLA MESA DE TRABAJO SOBRE LA INICIATIVA QUE DIO ORIGEN A LA LEY IMPUGNADA, EN LA QUE SE CONVOCÓ A ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, ESPECIALISTAS Y CIUDADANÍA CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE GUERRERO NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UNA CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, TODA VEZ QUE NO CUMPLE LOS CRITERIOS DEFINIDOS EN LA MATERIA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INVALIDEZ DE LA LEY NÚMERO 832 PARA LA ATENCIÓN, INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE GUERRERO). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. POSTERGACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ RESPECTIVA (INVALIDEZ DE LA LEY NÚMERO 832 PARA LA ATENCIÓN, INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE GUERRERO A LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE ESTA SENTENCIA AL CONGRESO DEL REFERIDO ESTADO). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA AL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO A REALIZAR LA CONSULTA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y A EMITIR LA REGULACIÓN RESPECTIVA (INVALIDEZ DE LA LEY NÚMERO 832 PARA LA ATENCIÓN, INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS CON LA CONDICIÓN DEL ESPECTRO AUTISTA DEL ESTADO DE GUERRERO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 146/2024. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 7 DE ABRIL DE 2025. PONENTE: JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ. SECRETARIO: BRUNO A. ACEVEDO NUEVO.
ÍNDICE TEMÁTICO
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Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de abril de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 146/2024, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del artículo 9, fracción III, de la Ley número 832 para la Atención, Inclusión y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista del Estado de Guerrero, publicada el nueve de agosto de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de esa entidad.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito. El nueve de septiembre de dos mil veinticuatro, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su Presidenta, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del artículo 9, fracción III, en su porción normativa “que establezcan la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado y las áreas correspondientes de salud de los municipios”, de la Ley número 832 para la Atención, Inclusión y Protección de Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad, el nueve de agosto de dos mil veinticuatro.
2. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (en adelante, la “Comisión”) argumentó, en síntesis:
2.1. El artículo impugnado es contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad porque limita el acceso de las personas con espectro autista a los sistemas de apoyos que sean establecidos por algunas autoridades de la entidad. Esa limitación los priva de su derecho a elegir, por sí mismas, la forma en la que estos se integran, atendiendo a sus intereses y necesidades. Asimismo, la Comisión argumentó que la norma es inconvencional por las siguientes razones:
2.2. En primer lugar, condiciona el establecimiento de los sistemas a una valoración ajena de la persona que los necesita, lo que refleja una visión proteccionista y paternalista, contraria al modelo social.
2.3. En segundo lugar, el hecho de que estos sistemas sean establecidos por las autoridades impide que se atiendan las necesidades de las personas que desean ejercerlos, lo que se contrapone al mandato convencional.
2.4. En tercer lugar, restringe los tipos de apoyo que pudieran ser necesarios para las personas con espectro autista, por lo que podría darse el supuesto de que los apoyos establecidos no atiendan a las necesidades reales de la persona. Sin embargo, por mandato convencional el reconocimiento y establecimiento de apoyos debe de tener un enfoque amplio, ya que adoptar un “enfoque único” podría resultar ineficaz y discriminatorio.
2.5. Por lo tanto, en el supuesto de que una persona en el espectro autista desee apoyarse en alguno de los sistemas, estos resultarían limitados, ya que las autoridades que prevé la norma corresponden a las áreas de la salud y la educación, lo que soslaya que puedan implementarse para otra materia.
2.6. Finalmente, la norma no brinda certeza sobre la forma en la que las autoridades establecerán los sistemas de apoyos, esto es, si serán establecidos en conjunto con la persona que los necesita, o bien, si contaran con un catálogo previo de los apoyos y qué autoridades participarán en su elaboración.
3. Registro y turno. Mediante acuerdo de diez de septiembre de dos mil veinticuatro, la Ministra Presidenta de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente de la presente acción de inconstitucionalidad, y lo turnó al Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para su instrucción.
4. Admisión y trámite. El veinticinco de septiembre de dos mil veinticuatro, el Ministro Instructor acordó la admisión a trámite del presente asunto y requirió a los poderes Legislativo y Ejecutivo, ambos del Estado de Guerrero, rendir sus respectivos informes. Asimismo, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.
5. Informe del Poder Legislativo del Estado de Guerrero. Mediante informe recibido el veintidós de octubre de dos mil veinticuatro, el Presidente de la Mesa Directiva de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, sostuvo la validez de la norma impugnada. En síntesis, manifestó lo siguiente:
5.1. El Congreso estatal tiene facultades para la emisión de la Ley impugnada y realizó su respectivo procedimiento legislativo.
5.2. El artículo es interpretado de forma incorrecta por la Comisión accionante. El hecho de referir que serán las secretarías de Salud, de Educación y las áreas de salud de los municipios quienes establezcan los sistemas de apoyo, no limita su acceso. Por el contrario, las secretarías cuentan con personal capacitado para atender a las personas con dicha condición y no se prohíbe a alguna otra secretaría o dependencia implementar otros apoyos.
5.3. Aunado a lo anterior, el artículo 10, fracción I, de la ley impugnada, establece como obligación de todas las dependencias y entidades locales entender y garantizar los derechos que regula, por lo que los sistemas de apoyo no solo están sujetos a la decisión de las mencionadas secretarías.
5.4. Asimismo, el artículo 11 de la ley impugnada contempla a la Comisión Interinstitucional, la cual estará en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad (CONADIS), y realizará los procedimientos necesarios para cumplir con los derechos a la consulta y participación de las personas con discapacidad, para garantizarles un acceso adecuado a los sistemas de apoyos.
5.5. Consecuentemente, la norma impugnada no viola derechos fundamentales y tampoco limita a las personas con espectro autista para acceder a los sistemas o programas de apoyo, ya que contempla todas las áreas que tienen competencia para garantizar su autonomía en las actividades de la vida cotidiana y fortalecer el ejercicio de su capacidad jurídica.
6. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero. Mediante escrito recibido el veintiséis de diciembre de dos mil veinticuatro en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia(1) de este Alto Tribunal, el Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero sostuvo la validez del acto reclamado. En síntesis, señaló lo siguiente:
6.1. Es cierto el acto que se le atribuye, consistente en la promulgación de la norma general impugnada; sin embargo, su actuación se realizó de conformidad con sus facultades constitucionales. Aunado a esto, el accionante se inconforma del actuar de la legislatura local, por lo que será ese órgano quien sostenga la validez de las normas impugnadas en el acto específico de su emisión.
6.2. La norma impugnada no resulta inconstitucional. Si bien la disposición refiere que las personas con condición del espectro autista y sus familiares cuentan con el derecho de gozar de los sistemas de apoyo que establezcan la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación, ambas de esa entidad, y las áreas de salud de los municipios, la norma no contiene una limitación para que estas personas reciban otros apoyos consignados en las diversas leyes y tratados internacionales.
7. Vista otorgada a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal. No formularon alguna manifestación.
8. Alegatos y cierre de instrucción. Concluido el trámite legal correspondiente, tras advertir que no se rindieron alegatos, por acuerdo de seis de febrero de dos mil veinticinco, el Ministro instructor acordó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución.
I. COMPETENCIA
9. En el presente asunto se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución General.
10. Por lo tanto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g),(2) de la Constitución General; 10, fracción I,(3) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación publicada el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, y el punto segundo, fracción II, del Acuerdo General 1/2023.(4)
II. PRECISIÓN DE LA NORMA RECLAMADA
11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, en relación con el diverso 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(5) (en lo sucesivo, “Ley Reglamentaria”), deben fijarse las normas generales impugnadas.
12. En el caso, la Comisión plantea la inconstitucionalidad del artículo 9, fracción III, de la Ley número 832 para la Atención, Inclusión y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista del Estado de Guerrero (en adelante, “norma impugnada”), publicada el nueve de agosto de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de esa entidad, en la porción normativa siguiente:
Artículo 9. [...]
III. Gozar de los diversos sistemas de apoyo destinados a garantizar su autonomía en la toma de decisiones para el acceso al goce y ejercicio de su esfera jurídica, calidad de vida y pleno desarrollo que establezcan la Secretaría de Salud en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado y las áreas correspondientes de salud de los municipios; [...]
III. OPORTUNIDAD
13. El plazo para promover acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en la que se haya publicado la norma general en el medio oficial correspondiente. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente.(6)
14. En este caso, la norma impugnada fue publicada el nueve de agosto de dos mil veinticuatro en el Periódico Oficial de la entidad. Por lo que, el plazo de treinta días para presentar la acción de inconstitucionalidad transcurrió del diez de agosto al dieciocho de septiembre de dos mil veinticuatro.(7) Dado que la Comisión actora presentó su escrito inicial el nueve de septiembre de la misma anualidad,(8) la presentación es oportuna.
IV. LEGITIMACIÓN
15. De conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso g),(9) de la Constitución General, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se encuentra legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas.
16. La presente acción fue promovida por María del Rosario Piedra Ibarra en su calidad de Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, calidad que acredita mediante copia certificada del nombramiento otorgado en su favor el doce de noviembre de dos mil diecinueve.
17. La funcionaria que está facultada para promover la presente acción en términos del artículo 15, fracciones I y XI, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.(10)
18. En consecuencia, queda satisfecho el presupuesto procesal de legitimación.
V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
19. Las cuestiones relativas a la procedencia de la acción de inconstitucionalidad son de estudio preferente, por lo que se procede a analizar las causas de improcedencia formuladas por las partes y, en su caso, aquellas que se advierten de oficio.
20. El Poder Ejecutivo local argumentó que la Comisión únicamente impugna la Ley Número 832, más no su participación en la publicación de dicha Ley que, además, se realizó en cumplimiento de sus facultades constitucionales. En particular, esta autoridad sostuvo que la promulgación de la norma no vulnera alguna disposición constitucional o convencional.
21. Tal argumento debe desestimarse porque no encuentra cabida en alguna de las causales previstas por el artículo 19 de la Ley Reglamentaria.
22. De conformidad con la Ley Reglamentaria,(11) el Ministro instructor deberá otorgar vista al órgano ejecutivo que hubiere promulgado la norma impugnada para que, dentro de un plazo, rinda un informe en el que sostenga su validez.
23. Por ende, si el Poder Ejecutivo local tiene injerencia en el proceso legislativo de las normas generales al otorgarles plena validez y eficacia, este se encuentra invariablemente implicado en la emisión de la norma impugnada y debe responder por la conformidad de sus actos frente a la Constitución Federal.
24. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia con rubro: “ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. DEBE DESESTIMARSE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES”.(12)
25. Finalmente, las partes no hicieron valer otra causa de improcedencia y este Tribunal Pleno de oficio tampoco advierte la actualización de alguna diversa, por lo que resulta procedente abordar el estudio de fondo del asunto.
VI. ESTUDIO DE FONDO
VI.1. Cuestión previa. Existencia de la consulta a personas con discapacidad
26. Este Tribunal observa que el artículo impugnado por la Comisión accionante es parte de una Ley que “tiene como objeto reconocer, promover y garantizar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición del espectro autista, así como el ejercicio efectivo (sic) sus derechos fundamentales”.(13) En este sentido, es claro que la Ley afecta los derechos de las personas con trastorno del espectro autista, que están protegidas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dado que el autismo es considerado un trastorno del desarrollo neurológico.
27. En este sentido, llama la atención de este Tribunal Pleno que el proceso legislativo que culminó con la promulgación de la Ley número 832 cuyo precepto se impugnan, no contó con una consulta específica y estrecha a las personas con discapacidad, consulta que está ordenada por el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con motivo de todas las leyes y políticas públicas relacionadas con dichas personas que expidan las autoridades del Estado Mexicano.(14)
28. Este Tribunal Pleno ha estudiado oficiosamente la existencia de una consulta previa a las personas con discapacidad destinatarias de una norma susceptible de afectarles directamente en múltiples precedentes. Así, aun cuando en este caso no hay algún concepto de invalidez que pretenda demostrar la falta de consulta o, habiéndola, que cuestione su apego a los estándares convencionales, enseguida se analizará la existencia de la consulta. Esta fue la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad 65/2022,(15) 80/2022(16) y 112/2024.(17)
29. Por otra parte, este Tribunal Pleno ha analizado el requerimiento convencional de consulta a personas con discapacidad y, específicamente, a personas con trastorno del espectro autista en las acciones de inconstitucionalidad 38/2021,(18) así como 1/2017.(19) Por ejemplo, en la acción de inconstitucionalidad 38/2021 citada arriba, se analizó la consulta hecha por el Congreso de la Ciudad de México respecto de la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista y se reiteraron ciertas características que deben tener las consultas a las personas con discapacidad, entre otras:
a. Previa, pública, abierta y regular. El órgano legislativo debe establecer reglas, plazos razonables y procedimientos en una convocatoria, en la que se informe de manera amplia, accesible y por distintos medios, la manera en que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan podrán participar tanto en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación, de manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo, durante la discusión, por lo cual deben especificarse en las convocatorias los momentos de participación.
b. Estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no deben ser representadas, deben contar con la asesoría necesaria para participar sin que se sustituya su voluntad, de forma individual y por conducto de las organizaciones de personas con discapacidad, además de que se tome en cuenta a las niñas y niños con discapacidad.
c. Accesible. Las convocatorias deben realizarse con lenguaje comprensible, en formato de lectura fácil y lenguaje claro, adaptadas para ser entendibles de acuerdo con las necesidades por el tipo de discapacidad, por distintos medios, incluidos los sitios web de los órganos legislativos, formatos digitales accesibles y ajustes razonables cuando se requiera; por ejemplo, los macrotipos, la interpretación en lengua de señas, el braille y la comunicación táctil. Además de que las instalaciones de los órganos parlamentarios deben ser accesibles a las personas con discapacidad; la iniciativa, los dictámenes correspondientes y los debates ante el Pleno del órgano legislativo deben realizarse con ese formato, para permitir que las personas con discapacidad comprendan el contenido de la iniciativa y se tome en cuenta su opinión, dando la posibilidad de proponer los cambios respectivos; la accesibilidad debe garantizarse respecto del producto del procedimiento legislativo, es decir, el decreto por el que se publique el ordenamiento jurídico en el órgano de difusión estatal.
d. Informada. A las personas con discapacidad o comunidades involucradas se les debe informar de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de la decisión que se pretende adoptar.
e. Significativa. En los diversos momentos del proceso legislativo se debe debatir o analizar las conclusiones obtenidas de la participación de las personas con discapacidad y los organismos que las representan.
f. Con participación efectiva. Que abone a la participación eficaz de las personas con discapacidad, las organizaciones y autoridades que los representan, que realmente se tome en cuenta su opinión y se analice, sin reducción de su intervención a una mera exposición; se debe enriquecer el debate con su visión de la manera en que el Estado puede eliminar barreras sociales para lograr su pleno desarrollo en las mejores condiciones; ello porque son quienes pueden hacer notar las barreras sociales que afrontan; lo anterior, con el objeto de que se puedan diseñar mejores políticas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales en igualdad de condiciones, no obstante el estado físico, psicológico o intelectual que presentan en razón de su especial condición, así como por su género, minoría de edad, y con una cosmovisión amplia de las condiciones y dificultades sociales, como las condiciones de pobreza, de vivienda, salud, educación, laborales, entre otras.
g. Transparente. Para lograr una participación eficaz es elemental garantizar la transparencia en la información que generen los órganos estatales, la que aporten las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan, así como del análisis y debate de sus aportaciones.
30. Conforme a las premisas establecidas arriba, este Tribunal Pleno debe analizar de oficio el procedimiento legislativo enviado por el Congreso local para verificar que haya existido una consulta apegada al parámetro convencional, de conformidad con los precedentes aquí citados que se refieren específicamente a las consultas para las personas en el espectro autista.
31. En este caso, se observa del procedimiento legislativo que siguió la Ley número 832 que sí hubo procedimientos tendentes a consultar a las personas con discapacidad en el Estado de Guerrero. Sin embargo, como se verá a continuación, el procedimiento no cumplió con los estándares convencionales. 32. Conforme a las constancias que obran en el expediente, se puede observar que el Congreso local llevó a cabo las siguientes acciones:
a. En el mes de marzo de 2023, la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, junto con la Unidad de Proceso de Consulta, inició los trabajos del proceso de consulta de Ley número 832.
b. El veintinueve de marzo de 2023 la Presidenta de la Comisión para la Atención a las Personas con Discapacidad, junto con otras personas diputadas, realizaron una conferencia de prensa para dar a conocer el contenido de la iniciativa de Ley para la Atención, Inclusión y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, así como anunciar el inicio de los trabajos de consulta en la materia.
c. El veintiocho de febrero de 2024 la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad aprobó la convocatoria a la cual se sujetaría la participación de las personas con discapacidad. Entre otros aspectos, la convocatoria definió:
i. Los participantes de la consulta, que incluían a personas con discapacidad, las organizaciones que los representan, especialistas vinculados a la materia, así como los familiares y acompañantes de las personas con discapacidad.
ii. El objeto de la consulta que sería la “Iniciativa de Ley para la Atención, Inclusión, y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Guerrero”.
iii. Las modalidades de participación, que contemplaba una mesa de trabajo presencial, un buzón físico y un buzón digital.
d. Con base en lo anterior, la consulta se desahogó de manera presencial en la mesa de trabajo instalada en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, en el domicilio indicado en la convocatoria, el día diecisiete de mayo de 2024. De acuerdo con el Congreso local, participaron en la mesa setenta y tres personas, dieciséis de las cuales eran personas en el espectro autista.
e. Por otra parte el buzón físico, que se instaló en la dirección señalada en la Convocatoria, estuvo disponible del trece al diecisiete de mayo. Por lo que hace al buzón digital, el Dictamen no contiene datos sobre hasta qué fecha se recibieron observaciones por este medio. Tampoco se explica cuántas observaciones se realizaron a través de estos dos buzones.
f. El veinte de mayo siguiente, la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, en conjunto con la Unidad de Procesos de Consulta, ambas del Congreso local, dieron cuenta a la Junta de Coordinación Política con las conclusiones del proceso de la consulta y las observaciones a la Iniciativa por parte de las personas consultadas.
g. A decir del Congreso local, la consulta consistió en realizar una serie de preguntas a los participantes que no obran en el expediente. Según los datos proporcionados, el ochenta y cinco por ciento de las personas consultadas estuvieron de acuerdo con las propuestas incorporadas a la Iniciativa y realizaron propuestas sobre las siguientes líneas:
i. Incorporación de familiares como posibles maestros sombra de los estudiantes con autismo.
ii. Elaboración de certificados médicos y diagnósticos por especialistas certificados, tanto en el sector público como privado.
iii. Modificación de la Comisión Intersecretarial a una Comisión Interinstitucional que incluya representantes de organizaciones y asociaciones de personas con autismo.
iv. Incorporación a la Comisión Interinstitucional del Instituto del Deporte del Estado de Guerrero.
v. Incorporación a las credenciales de identificación de un mecanismo como código QR que brinde información detalladas sobre la persona.
vi. Participación en la capacitación de los maestros en materia de autismo por parte de expertos de las organizaciones.
vii. Sancionar a las personas que cometan acoso o abuso en contra de las personas con autismo.
h. Por último, el Dictamen presentado ante la Asamblea da cuenta de que se “toma nota de los resultados y de las propuestas obtenidas en el proceso de consulta, e incorpora al presente dictamen las que considera procedentes después del correspondiente análisis”.
33. De los elementos que obran en el expediente se advierte la realización de una sola mesa de trabajo sobre la Iniciativa que dio origen a la ley que ahora se analiza, la cual se realizó el diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro, convocando a organizaciones de la sociedad civil, especialistas y ciudadanía con la condición del espectro autista del Estado de Guerrero.
34. No obstante, el ejercicio de análisis en la única mesa de discusión no satisface la consulta estrecha a las personas con espectro autista.
35. En primer lugar, el Congreso no acreditó que la convocatoria hubiera sido abierta, pública, incluyente y accesible de manera que las personas con condición del espectro autista hubieran podido participar de manera significativa en el proceso de consulta.
36. La única evidencia de que el proceso de consulta tuvo alguna difusión es la conferencia de prensa de fecha veintinueve de marzo de dos mil veintitrés en la que la Presidenta de la Comisión para la Atención a las Personas con discapacidad anunció que iniciarían los trabajos de la consulta. Sin embargo, pasó casi un año para que se emitiera la Convocatoria a la consulta respectiva.
37. En ese sentido, la conferencia mencionada no constituye por sí sola una convocatoria abierta, pública, incluyente y accesible que sería necesaria para procurar la participación de las personas con condición del espectro autista y sus organizaciones; máxime que cuando sucedió esa conferencia de prensa, ni siquiera había una convocatoria a la cual se pudieran referir las personas interesadas.
38. Además, entre el anuncio del inicio del proceso de consulta, la emisión de la convocatoria y la realización de la mesa de trabajo, no hay evidencia de que el Congreso de Guerrero hubiera informado a las personas con discapacidad del contenido de la Iniciativa de la Ley número 832, ni mucho menos que hubiera llevado a cabo esa información de manera accesible.
39. Por otra parte, el Dictamen con Proyecto de Iniciativa de la Ley número 832 hace referencia a la recepción de diversas observaciones por parte de las personas consultadas y menciona que se incorporaron aquellas que resultaron pertinentes.
40. Este Tribunal Pleno ha señalado que es necesario que exista alguna metodología, de manera clara, abierta y accesible, en la que no sólo se escuchen y reciban las opiniones de organizaciones civiles y autoridades cuyas funciones se relacionan con la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, sino que se realicen todos los esfuerzos razonables para que la voz de las personas con la condición de espectro autista sea escuchada por el legislador. En este caso, es significativo que las voces de las personas con discapacidad ni siquiera pudieron ser escuchadas por la Asamblea, sino que fueron filtradas de manera previa por la Comisión que elaboró el Dictamen, sin que exista claridad sobre cuáles propuestas fueron incorporadas, cuáles no, y con base en qué fueron excluidas las propuestas rechazadas.
41. Respecto de los buzones físico y digital, no existen datos en el expediente respecto de cuántas observaciones se realizaron o cuál fue su destino. En todo caso, dado que en el Dictamen se hizo mención explícita de las propuestas recibidas en la única mesa de trabajo realizado por el Congreso local, pero ninguna respecto de las recibidas en los buzones, se puede concluir que, o bien no se recibió ninguna, o simplemente no se tomaron en cuenta.
42. Así, para reiterar el criterio de esta Suprema Corte de Justicia, un proceso de consulta válido debe de acreditar que la convocatoria emitida se socialice de manera amplia, en formatos accesibles y por distintos medios que aseguren llegar a las personas que van a ser consultadas, especialmente a las personas con la condición de espectro autista. En el proceso se debe de garantizar la asesoría debida para que no se sustituya su voluntad, tanto en el proyecto de iniciativa, como en el proceso legislativo, dentro del cual se debe garantizar su participación de manera previa al dictamen y ante el Pleno del órgano deliberativo y durante su discusión, lo cual debiera de informarse desde la convocatoria.
43. En el informe que envió el Congreso tampoco se demostró que se hubiera informado a las personas con la condición de espectro autista de manera amplia y precisa sobre la naturaleza y consecuencia de las decisiones que se pretendían tomar, ni que se recogiera su participación dentro del procedimiento legislativo, lo que imposibilitó una participación significativa y efectiva, y que se llevara a cabo de manera transparente la actividad legislativa frente a las personas con la condición de espectro autista y organizaciones que las representan.
44. Por último, es importante señalar que en el Dictamen se menciona que la evidencia del proceso de consulta se iba a almacenar en un micrositio del Congreso de Guerrero con el objeto de “guardar y consultar la información obtenida de los órganos estatales, municipios y organizaciones, así como el análisis y debate de las aportaciones de los participantes de la consulta”. Sin embargo, esto no aconteció para el caso de la consulta de la Ley número 832.
45. Por el contrario, se observa que el Congreso de Guerrero llevó a cabo procesos de consulta, efectivamente documentados, respecto de otras leyes que también afectan a personas con discapacidad. No pasa inadvertido que en múltiples ocasiones se menciona que el resultado de esos procesos informó la opinión de los legisladores y del contenido de la iniciativa de la Ley número 832. Es positivo que los legisladores aprovechen la experiencia y conocimiento que ya han adquirido en otros procesos de consulta. No obstante, esos ejercicios previos no pueden sustituir la consulta de la Ley número 832, pues las personas afectadas tienen derecho a conocer y opinar sobre el producto legislativo en concreto que afectará sus derechos. No se puede obviar ese procedimient
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33621-e3ce10d5/i-accion-de-inconstitucionalidad-la-comision-nacional-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA DE LOS MISMOS. (43)
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