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Modo: Corpus Pro

I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LA LEGISLATURA CORRESPONDIENTE TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA (DECRETO NÚMERO 756 POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO). II. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. CUANDO SE TRATE DE MEDIDAS LEGISLATIVAS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS, LOS CONGRESOS LOCALES TIENEN EL DEBER DE ESTABLECER UNA FASE PREVIA PARA CONSULTAR A LOS REPRESENTANTES DE AQUÉLLOS (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 756 POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO). III. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE CUMPLIR LOS PRINCIPIOS RECTORES DE SER PREVIA, CULTURALMENTE ADECUADA, INFORMADA Y DE BUENA FE, ESTABLECIENDO METODOLOGÍAS, PROTOCOLOS O PLANES BASADOS EN ELLOS (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 756 POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO). IV. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE CUMPLIR, COMO MÍNIMO, LAS FASES PRECONSULTIVA, INFORMATIVA, DE DELIBERACIÓN INTERNA, DE DIÁLOGO Y DE DECISIÓN (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 756 POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO). V. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LAS REFORMAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, IMPARTICIÓN DE JUSTICIA Y DE MECANISMOS LEGALES DE VINCULACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS NORMATIVOS INDÍGENAS Y AFROMEXICANOS Y EL SISTEMA JURÍDICO DEL ESTADO DE GUERRERO SON SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS, AL SUPRIMIRSE EXPRESAMENTE LA FIGURA DE LAS POLICÍAS COMUNITARIAS (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 756 POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO). VI. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. DEBE REALIZARSE CON INDEPENDENCIA DE QUE SE ESTIME QUE EL PRODUCTO LEGISLATIVO PUEDA BENEFICIARLES, SO PENA DE VULNERAR SU AUTODETERMINACIÓN, AUTOGOBIERNO O AUTOORGANIZACIÓN (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 756 POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO). VII. CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA. LA CELEBRACIÓN DE DIVERSOS FOROS UNIVERSITARIOS REGIONALES POR PARTE DEL CONGRESO LOCAL NO SATISFACE LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA REALIZARLA VÁLIDAMENTE (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 756 POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO). VIII. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE SURTE EFECTOS A PARTIR DE UNA FECHA DETERMINADA (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 756 POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO A LOS DIECIOCHO MESES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE ESTA SENTENCIA AL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO). IX. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SENTENCIA DE INVALIDEZ QUE VINCULA A UN CONGRESO LOCAL A REALIZAR LA CONSULTA INDÍGENA Y AFROMEXICANA, ASÍ COMO A EMITIR LA REGULACIÓN CORRESPONDIENTE (INVALIDEZ DEL DECRETO NÚMERO 756 POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO EN MATERIA DE DERECHOS Y CULTURA INDÍGENA, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 78/2018. · Registro digital (IUS): 30142
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-10-01
Promovente: DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Octubre de 2021, Tomo I, Pág. 977.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 78/2018. DIVERSOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA SEXÁGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO. 18 DE MAYO DE 2021. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciocho de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS Y

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Presentación de la acción, autoridades emisora y promulgadora, y norma impugnada. Por escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, Ossiel Pacheco Salas, Erika Valencia Cardona, Blanca Celene Armenta Piza, Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, Celeste Mora Eguiluz, Zeferino Gómez Valdovinos, Saida Reyes Iruegas, Servando de Jesús Salgado Guzmán, Antonio Helguera Jiménez, Alfredo Sánchez Esquivel, Moisés Reyes Sandoval, J. Jesús Villanueva Vega, Nilsan Hilario Mendoza, Ricardo Castillo Peña, Perla Xóchitl García Silva, Mariana Itallitzin García Guillén, Aristóteles Tito Arroyo, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, Norma Otilia Hernández Martínez, Marco Antonio Cabada Arias, Carlos Cruz López y Adalid Pérez Galeana, quienes se ostentan como diputados integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Guerrero, promovieron acción de inconstitucionalidad en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero, planteando la invalidez de:

2. a) El "Decreto Número 756 por el que se reforma el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en Materia de Derechos y Cultura Indígena"; y

3. b) El "Acuerdo por el que, en términos de lo dispuesto por el artículo 199 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se declara que la reforma contenida en el Decreto Número 756, aprobado por el H. Congreso del Estado con fecha 27 de julio del año 2018, pasen a formar parte de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en virtud de haberse aprobado por la mayoría de la totalidad de los Ayuntamientos del Estado de Guerrero."

4. Ambos publicados el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

5. SEGUNDO.—Preceptos constitucionales que se estiman violados y conceptos de invalidez. Los accionantes consideraron vulnerados los artículos 1o. y 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6, 7 y 9.1 del Convenio 169 sobre los Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169 de la OIT); y 4, 5 y 34 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.(1)

6. Asimismo, tras relatar algunos antecedentes históricos sobre el origen de la policía comunitaria y el Sistema Comunitario de Justicia en el Estado de Guerrero, la parte demandante hizo valer los siguientes conceptos de invalidez:

7. a) Los sistemas normativos indígenas deben respetarse en todo su alcance, incluso como métodos tradicionales de represión de los delitos

8. Sostienen que la policía comunitaria es una autoridad indígena legítima que es electa por las comunidades indígenas de conformidad con sus usos y costumbres, que forma parte del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitario –ambas originadas por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias/Policía Comunitaria–, por lo que no debe confundirse con los grupos de autodefensa.

9. En este sentido, los accionantes refieren que la reforma del artículo 14 constitucional ahora impugnado tuvo como efecto suprimir el reconocimiento expreso que se hacía en la Norma Fundamental Local sobre la policía comunitaria, lo cual vulnera el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a contar con una jurisdicción indígena y a regirse por sus propias autoridades y sistemas normativos internos.

10. b) Vulneración del principio de progresividad de los derechos humanos

11. Que el artículo 14 de la Constitución Local vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos, en tanto que limita injustificadamente y en forma regresiva el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero a decidir sus propias formas de convivencia y organización interna, así como a aplicar sus propios sistemas normativos internos.

12. Los accionantes recuerdan que las comunidades indígenas de Guerrero lograron el reconocimiento constitucional de las policías comunitarias, las cuales tienen sustento jurídico en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las comunidades indígenas.

13. En este sentido, sostienen que la reforma del artículo 14 de la Constitución Local –por la que, refieren, se eliminó el reconocimiento de las policías comunitarias o rurales en el Estado de Guerrero– implica una medida regresiva que vulnera el derecho de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos a determinar, conforme a sus necesidades, usos y costumbres, las autoridades, procedimientos y acciones para lograr la solución pacífica de sus conflictos internos.

14. En suma, que la reforma combatida atenta contra lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución General en el que se reconoce el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

15. Aunado a lo anterior, sostienen que la reforma impugnada suprime –sin consulta previa– del texto constitucional la figura y acciones que se reconocían a las policías comunitarias o rurales que eran designadas por los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero.

16. Que la reforma impugnada es regresiva porque el desconocimiento del sistema comunitario de seguridad e impartición de justicia no persigue una finalidad de progreso o maximización de los derechos de las comunidades indígenas, sino lo contrario, pues crea una situación de falta de certeza jurídica en los integrantes de las policías comunitarias y en los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas que no saben si estos cuerpos comunitarios pueden continuar realizando funciones de seguridad pública y prevención del delito.

17. c) La recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) nunca solicitó desconocer a las policías comunitarias.

18. Los demandantes arguyen que la reforma impugnada no puede encontrar sustento en la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre la Policía Comunitaria de Guerrero; pues en esta recomendación nunca se propuso suprimir la facultad de las comunidades indígenas de contar con autoridades para hacer cumplir sus sistemas normativos internos.

19. Por el contrario, a juicio de la parte accionante, lo que el ombudsperson recomendó fue que se realizaran las reformas necesarias para asegurar el pleno respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, así como para definir adecuadamente las competencias en materias de seguridad pública e impartición de justicia y los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos internos y el sistema jurídico estatal.

20. d) Violación al derecho a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas

21. Finalmente, la minoría parlamentaria demandante sostiene que la reforma impugnada vulnera el derecho a la consulta previa que se reconoce en los artículos 2o., apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT.

22. En efecto, sostienen que al llevarse a cabo la reforma del artículo 14 de la Constitución de Guerrero –en la que a juicio de los accionantes se suprimió la figura de las policías comunitarias–, no se consultó adecuadamente a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad federativa, a pesar de que se trata de modificaciones que son susceptibles de impactar en las comunidades indígenas.

23. Del mismo modo, argumentan que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a ser consultados previamente no se satisface a través de foros abiertos en idioma español, al público en general, con sede en las cabeceras municipales y en la capital –como los que realizó el Ejecutivo Local para elaborar la iniciativa de reforma constitucional–.

24. Por el contrario, para que la consulta previa pudiera tenerse por válida, era necesario que se llevara a cabo en lenguas indígenas, con tiempo razonable, con información completa, con plena libertad para su discusión; además, debía realizarse de buena fe, mediante procedimientos apropiados a través de las instituciones indígenas representativas.

25. En síntesis, refieren que la reforma de la Constitución Local no se realizó previa consulta culturalmente adecuada, por lo que debe declararse la invalidez del Decreto Número 756 por el que se reformó el artículo 14 de la Constitución de Guerrero, así como el Acuerdo por el que se declaró que la reforma de la Constitución Local fue aprobada por la mayoría de los Ayuntamientos de la entidad federativa.

26. TERCERO.—Admisión y trámite. Por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad, a la que le correspondió el número 78/2018 y, por razón de turno, designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como instructor del procedimiento –aunque, con motivo de su designación como presidente de este Alto Tribunal, posteriormente esta acción fue returnada al Ministro Luis María Aguilar Morales–.

27. Por diverso proveído de cuatro de octubre de dos mil dieciocho, el Ministro instructor admitió la acción de inconstitucionalidad, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero, para que rindieran sus respectivos informes; y dio vista a la entonces Procuraduría General de la República para que formulara pedimento.

28. CUARTO.—Informe del Poder Legislativo del Estado de Guerrero. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero rindió el informe a cargo del Poder Legislativo Local, en el que realizó una narración de los antecedentes del procedimiento legislativo de creación del "Decreto Número 756, por el que se reforma el artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en Materia de Derechos y Cultura Indígena".

29. Para sostener la validez de la norma impugnada, señaló lo siguiente:

30. a) Que el Congreso tiene facultades expresas para expedir leyes y decretos en todas las materias que no sean de la competencia exclusiva de la Federación, de forma que la reforma del artículo 14 de la Constitución Local está apegada a derecho.

31. b) Que debe declararse infundado el primer concepto de invalidez hecho valer por los accionantes, debido a que la reforma del artículo 14 de la Constitución Local no vulnera el principio de progresividad, ya que los derechos a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas se encuentran reconocidos en los artículos 9 y 11 de la Constitución de Guerrero.

32. En este sentido, refiere que el reconocimiento a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas también se encuentra previsto en el artículo 10 de la "Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas".

33. Siguiendo esta línea argumentativa, arguyen que en los artículos 159 a 166 de la "Ley del Sistema de Seguridad Pública número 777" y 42 Bis, 42 Ter y 42 Quater de la "Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas", se reconoce al Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y a la Policía Comunitaria Indígena, pues con anterioridad a las reformas, estas instituciones no tenían asidero legal.

34. Con base en lo anterior, estima que no se transgrede lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución General, ya que la norma que ahora se impugna es clara en remitir a las leyes locales para que establezcan las bases para una adecuada delimitación de competencias en materia de seguridad pública e impartición de justicia, de modo que tampoco resulta violatoria del principio de progresividad.

35. c) En relación con el concepto de invalidez en el que la parte accionante señala que la norma impugnada es inconstitucional porque el ombudsperson nacional nunca solicitó desconocer a las policías comunitarias, el Congreso Local considera que es infundado, debido a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió que no se encontraban delimitados los sistemas de seguridad indígena y estatal, lo que daba lugar a que se generaran riesgos a los derechos humanos de las personas sujetas a la jurisdicción indígena, pues existía una inseguridad jurídica, además de que las autoridades indígenas podían abusar de su potestad y violentar los derechos humanos de las personas detenidas.

36. De esta forma, el Congreso afirma que la recomendación del ombudsperson fue para que los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Guerrero realizaran las reformas necesarias para asegurar el pleno respecto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas –lo cual, a su juicio, se llevó a cabo adecuadamente–.

37. d) Para dar contestación al tema de violación al derecho de consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, el Congreso Local recuerda el marco jurídico y jurisprudencial que rige a este derecho.

38. Señala que la reforma del artículo 14 de la Constitución Local no tiene un impacto significativo en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, pues la reforma no pretende despojarlos de sus tierras ni se advierte la posible destrucción o contaminación de sus culturas y tradiciones.

39. Aunado a lo anterior, el Congreso Local afirma que la reforma impugnada es producto de un procedimiento legislativo en el que sí se llevó a cabo una consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero, y ésta cumple con los estándares reconocidos por este Alto Tribunal –la consulta fue previa, culturalmente adecuada, informada, de buena fe y fuera de un ambiente hostil que obligara a las comunidades a tomar una decisión viciada o precipitada–.

40. De esta manera, el Congreso Local afirma que, en forma previa a la emisión de la reforma impugnada, el gobernador del Estado y la Universidad Autónoma de Guerrero celebraron un convenio de colaboración para realizar una serie de foros regionales a fin de analizar los proyectos de reforma a la legislación local, para garantizar el principio de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad federativa.

41. En consecuencia, se emitió la convocatoria a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a la comunidad académica e investigadora, docentes, estudiantes, profesionales del derecho, así como a cualquier persona interesada, para aportar alguna propuesta en los foros de consulta que se llevarían a cabo el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete en diferentes sedes de las siete regiones que componen al Estado de Guerrero.

42. La convocatoria fue elaborada en las lenguas tlapaneca (Me´Phaa), náhuatl (nauahatl), mixteca (tu´un savi), amuzga (ñomndaa) y española; asimismo, la convocatoria se difundió a través de quinientos cincuenta carteles en las distintas regiones, a través de videos en la plataforma digital YouTube, en radio, en diferentes periódicos regionales y se difundió en otros medios de comunicación de la entidad federativa.

43. Derivado de lo anterior, refiere que se registró un total de setenta y cinco ponencias, de forma que los foros de consulta se llevaron a cabo de buena fe.

44. Con base en lo anterior, el Congreso Local considera que la consulta se realizó de manera previa a la medida legislativa, cumplió con el estándar de ser culturalmente adecuada, informada y de buena fe, ya que se llevó con total apego a los lineamientos establecidos en precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

45. QUINTO.—Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero. El gobernador del Estado de Guerrero sostiene que la reforma del artículo 14 de la Constitución Local contiene una adecuada delimitación de las competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia, con una estrecha vinculación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal; asimismo, tratándose de delitos se remite a lo dispuesto por la legislación nacional aplicable.

46. Para sostener la validez de los decretos impugnados, señaló lo siguiente:

47. a) En relación con el primer concepto de invalidez, sostiene que la reforma al artículo 14 de la Constitución Local en ningún momento limita las facultades de la policía comunitaria, pues únicamente establece los mecanismos legales de vinculación y coordinación de los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal, a través de una adecuada delimitación competencial.

48. Añade que por parte de los grupos comunitarios existe un desprecio por el respeto a los derechos humanos y a los lineamientos establecidos en la Constitución General, porque bajo el pretexto de la autodeterminación proceden a privar de la libertad a cualquier ciudadano que es señalado como infractor dentro de su comunidad.

49. Derivado de esta situación, refiere que las actuaciones de los grupos comunitarios justifican la reforma constitucional, con el fin de que se permita sentar las bases de un Estado de derecho más eficaz en favor de los verdaderos pueblos originarios, a fin de permitirles ejercer con plenitud sus derechos y colocar a los transgresores de la ley bajo la regulación aplicable.

50. b) Por lo que hace al segundo concepto de invalidez, el Ejecutivo Local refiere que es incorrecta la apreciación de los accionantes toda vez que con el Decreto impugnado no se limitaron o restringieron los derechos de los pueblos y comunidades.

51. Al respecto, expresa que el texto reformado no es inconstitucional ni coarta el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, ya que tales derechos se encuentran reconocidos, garantizados y tutelados en los preceptos 9o. y 11 de la Constitución Local.

52. Que, si bien la norma impugnada no hace referencia a la policía comunitaria como instrumento para hacer valer los sistemas normativos indígenas, no puede sostenerse –como lo hace la parte accionante– que se suprimió o se desconoce a la policía comunitaria. Por el contrario, con motivo de la reforma constitucional impugnada, sería la ley ordinaria la encargada de establecer las bases para la delimitación de competencias en las materias de seguridad pública.

53. Asimismo, sostiene que en la exposición de motivos de la reforma se reiteró el objeto de delimitar las competencias en materia de seguridad pública e impartición de justicia, precisamente, respecto de los sistemas de los pueblos y comunidades indígenas.

54. Relacionado con este tema, relata que previo a la reforma del artículo 14 de la Constitución Local, se emitió el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Número 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas y el Decreto por el que se expide la Ley Número 777 del Sistema de Seguridad Pública, leyes en las cuales se regula el sistema de seguridad comunitario indígena y su respectiva policía comunitaria rural.

55. De esta forma, con independencia de que se suprimiera el término de policía comunitaria en el artículo 14 de la Constitución Local, a través de la Ley Número 777 del Sistema de Seguridad Pública se dota de todo un sistema normativo sustentado en la coordinación y colaboración entre el Estado, la Federación, los municipios y diversas instituciones.

56. Por tanto, concluye que no es cierto que la norma impugnada resulte inconstitucional por no hacer referencia a las policías comunitarias, como anteriormente lo hacía, pues su eliminación del texto constitucional no significa que deje de tener vigencia, ya que encuentran sustento en las leyes ordinarias previamente referidas.

57. c) Por lo que hace al tercer concepto de invalidez, el Ejecutivo estatal sostiene que son incorrectas las manifestaciones de la parte accionante cuando señala que de acuerdo con la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Estado de Guerrero no debía suprimir las policías comunitarias. Por el contrario, el Poder Ejecutivo Local insiste en que las funciones de la policía comunitaria no han sido desaparecidas, por lo que el accionante parte de una premisa equivocada.

58. d) Respecto al cuarto concepto de invalidez, en el informe se sostiene que no se ha vulnerado el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero, pues es falso que no se haya llevado a cabo una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe.

59. El Ejecutivo afirma que sí se realizó un proceso de consulta previa y que, de hecho, se llevaron a cabo diversos foros regionales de consulta, convocándose a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en las cuales intervinieron académicos, investigadores educativos, estudiantes, abogados y toda persona interesada en aportar sus propuestas respecto a la pertinencia de adoptar las modificaciones legislativas que evitaran en lo sucesivo hechos que dieron motivo a la citada recomendación.

60. Sostiene que se efectuaron los foros que dieron lugar a la reforma del artículo 14 de la Constitución Local, y que también sirvieron de base para emitir la Ley Número 777 del Sistema de Seguridad Pública con el que se creó un sistema de coordinación institucional para regular a los miembros de las instituciones de Seguridad Pública Comunitaria.

61. Por otra parte, el Ejecutivo Local arguye que la reforma impugnada, lejos de afectar y perjudicar a los pueblos y comunidades indígenas, les genera beneficios, ya que regulan el sistema de seguridad indígena y su propia policía comunitaria y rural como órganos auxiliares de la Seguridad Pública Estatal y Municipal.

62. SEXTO.–Opinión de la Procuraduría General de la República. No formuló opinión en el presente asunto.

63. SÉPTIMO.—Cierre de la instrucción, returno y remisión del expediente para formular proyecto de sentencia. Agotado en sus términos el trámite respectivo y previo acuerdo de cierre de instrucción, se recibió el expediente en la ponencia del Ministro instructor, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

64. OCTAVO.—Returno. El tres de enero de dos mil diecinueve, por acuerdo de Presidencia este Alto Tribunal, se ordenó returnar los autos al Ministro Luis María Aguilar Morales, para que continuara actuando como ponente en esta acción de inconstitucionalidad y, en su oportunidad, propusiera al Tribunal Pleno el proyecto respectivo.

CONSIDERANDO:

65. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, finalmente, en términos del punto segundo del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, toda vez que se plantea la posible contradicción entre una norma de carácter estatal y la Constitución General.

66. SEGUNDO.—Oportunidad. Por razón de orden, en primer lugar, se debe analizar si la acción de inconstitucionalidad fue presentada oportunamente.

67. En esta acción se impugna el Decreto Número 756, por el que se reforma el artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en Materia de Derechos y Cultura Indígena y el Acuerdo por el que se declaró que la reforma fue aprobada por la mayoría de los Ayuntamientos del Estado de Guerrero. Ambos fueron publicados el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.

68. Así, de conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(2) el plazo para promover la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales y su cómputo debe comenzar a partir del día siguiente a la fecha en que la norma general sea publicada en el correspondiente medio oficial, precisando que, como regla general, si el último día del plazo fuera inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente.

69. De esta forma, el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del miércoles veintidós de agosto al jueves veinte de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que, si la demanda fue presentada, precisamente, el jueves veinte de septiembre de dos mil dieciocho, a través de la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, su presentación fue oportuna.

70. TERCERO.—Legitimación. La acción de inconstitucionalidad fue promovida por parte legitimada para ello, como a continuación se explica.

71. De conformidad con los artículos 105, fracción II, inciso d),(3) de la Constitución General y 62, párrafo primero,(4) de la Ley Reglamentaria de la Materia, la acción de inconstitucionalidad podrá promoverse por el equivalente al treinta y tres por ciento (33%) de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de leyes expedidas por el propio órgano parlamentario.

72. Por tanto, en el caso, debe verificarse que: a) los promoventes sean integrantes del Congreso del Estado de Guerrero; b) que representen, cuando menos el equivalente al treinta y tres por ciento (33%) de los integrantes de dicho órgano legislativo; y c) que la acción se plantee en contra de una ley expedida por el propio órgano.

73. Suscriben la demanda veintidós diputados, carácter que acreditan con las copias certificadas de las constancias de mayoría expedidas a su favor por diversos Consejos Distritales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, así como con las credenciales expedidas por el Poder Legislativo Local, en las que se hace constar que los promoventes cuentan con el carácter de diputaciones electas.

74. Por otra parte, del artículo 45, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Guerrero, se advierte que el Congreso del Estado se integra por cuarenta y seis diputados (veintiocho de mayoría relativa y dieciocho de representación proporcional); en consecuencia, suscribieron el escrito de acción de inconstitucionalidad el equivalente al cuarenta y siete punto ochenta y tres por ciento (47.83%) del órgano parlamentario, por lo que se acredita la exigencia de contar con al menos el treinta y tres por ciento (33%) de sus integrantes.

75. Por último, debe señalarse que se impugnan el Decreto Número 756, por el que se reforma el artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en Materia de Derechos y Cultura Indígena y el Acuerdo por el que se declaró que la mayoría de los Ayuntamientos del Estado aprobaron la reforma constitucional, que fueron expedidos por el Congreso del Estado de Guerrero –y el primero promulgado por el gobernador del Estado–, por lo que debe concluirse que las personas diputadas que suscriben la demanda cuentan con legitimación para instar el presente medio de control constitucional.

76. CUARTO.—Precisión de las normas impugnadas. Como se advirtió en los antecedentes de esta sentencia, la minoría parlamentaria accionante planteó expresamente la invalidez de:

77. a) El "Decreto Número 756 por el que se reforma el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en Materia de Derechos y Cultura Indígena"; y

78. b) El "Acuerdo por el que, en términos de lo dispuesto por el artículo 199 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se declara que la reforma contenida en el Decreto Número 756, aprobado por el H. Congreso del Estado con fecha 27 de julio del año 2018, pasen a formar parte de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en virtud de haberse aprobado por la mayoría de la totalidad de los Ayuntamientos del Estado de Guerrero", emitido por el Poder Legislativo de la entidad federativa.

79. No obstante, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 41, fracción I, con relación al artículo 59, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General,(5) en las sentencias de acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte debe fijar con precisión las normas generales efectivamente planteadas. En este sentido, debe recordarse que la minoría parlamentaria hizo valer diversos conceptos de invalidez, en los que esencialmente sostiene lo siguiente:

80. a) Que con la reforma del artículo 14 de la Constitución Local se suprimió el reconocimiento expreso de la policía comunitaria, lo cual vulnera el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a contar con una jurisdicción indígena y a regirse por sus propias autoridades y sistemas normativos internos.

81. b) Que con la reforma del artículo 14 de la Constitución de Guerrero se eliminó –sin consulta previa– la figura y acciones que se reconocían a las policías comunitarias o rurales que eran designadas por los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero.

82. c) Que la reforma del artículo 14 de la Constitución de Guerrero crea inseguridad jurídica en los integrantes de las policías comunitarias y de los pueblos y comunidades, quienes no saben si estos cu

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30142-dae2b5d4/i-accion-de-inconstitucionalidad-los-diputados-que-conformen · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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