I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PARA SU PROCEDENCIA PUEDE DERIVAR DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE LA ESFERA DE LA PARTE ACTORA, REGULADA POR LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEL MUNICIPIO ACTOR, AL IMPUGNAR UN ACTO POR ESTIMARLO VIOLATORIO DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS QUE HABITAN EN EL TERRITORIO DE ÉSTE CUANDO NO GUARDA RELACIÓN CON SU ESFERA CONSTITUCIONAL DE ATRIBUCIONES (DECRETO 756, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMÓ EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA, AL HABERSE DECLARADO SU INVALIDEZ EN UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD (DECRETO 756, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMÓ EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 178/2018. MUNICIPIO DE MALINALTEPEC, ESTADO DE GUERRERO. 9 DE JUNIO DE 2021. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA; VOTARON CONTRA ALGUNA CONSIDERACIÓN JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIO: LUIS ALBERTO TREJO OSORNIO.
Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al nueve de junio de dos mil veintiuno.
VISTOS; Y
RESULTANDO:
1. PRIMERO. Presentación de la controversia constitucional, autoridades demandadas, norma general y acto impugnado. Por escrito presentado el dos de octubre de dos mil dieciocho en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Evangelina Martínez Bernardo, con el carácter de Síndica del Municipio de Malinaltepec, Guerrero, promovió controversia constitucional en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero, planteando la invalidez de:
2. a) El "Decreto número 756 por el que se reforma el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en Materia de Derechos y Cultura Indígena"; y
3. b) El "Acuerdo por el que, en términos de lo dispuesto por el artículo 199 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se declara que la reforma contenida en el Decreto número 756, aprobado por el H. Congreso del Estado con fecha 27 de julio del año 2018, pasen a formar parte de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en virtud de haberse aprobado por la mayoría de la totalidad de los ayuntamientos del Estado de Guerrero".
4. Ambos publicados el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
5. SEGUNDO. Normas que se consideran vulneradas y conceptos de invalidez planteados. La parte actora considera vulnerados los artículos 1o. y 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 2.1, 4.1, 5, inciso a), 6.1, inciso a), 8.1, 8.2 y 9.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio 169 de la OIT), así como los artículos 3, 4, 5, 7.2, 19, 20.1, 34 y 35 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
6. Asimismo, a fin de evidenciar la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Constitución de Guerrero, reformado mediante el Decreto número 756, esgrimió los siguientes conceptos de invalidez:
7. a) Vulneración del derecho de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La parte actora sostiene que debe declararse la invalidez del artículo 14 de la Constitución de Guerrero, reformado mediante el Decreto número 756, porque se vulneró el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad federativa a conservar sus costumbres e instituciones propias, así como a castigar los delitos en que incurran los integrantes de la Comunidad –en la medida de que sea compatible con el orden jurídico nacional y supranacional–.
8. b) Violación del principio de progresividad de los derechos humanos. Asimismo, sostiene que la reforma de la Constitución local vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos, pues suprimió el derecho –antes reconocido en la Constitución– de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de adoptar su propia forma de organización social, política y económica en un marco de autodeterminación.
9. De este modo, señala que las autoridades demandadas no cumplieron con su obligación de proteger y preservar los derechos humanos, pues al reformar el artículo 14 de la Constitución de Guerrero, suprimieron el carácter constitucional con que contaba la policía comunitaria y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias como instituciones de los pueblos y comunidades indígenas encargadas de realizar tareas de seguridad y justicia al interior de sus territorios y de conformidad con los sistemas normativos.
10. La parte demandante insiste en que el texto constitucional anterior a la reforma impugnada reconocía expresamente las tareas de seguridad y prevención del delito, así como las faltas cometidas en las comunidades, y otorgaba facultades a las policías comunitarias y rurales para realizar estas labores de seguridad pública. Sin embargo, que la reforma aquí impugnada tuvo como efecto eliminar las competencias de la policía comunitaria, lo cual es regresivo y vulnera los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero.
11. En suma, que la reforma combatida atenta contra lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución General en el que se reconoce el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
12. c) Vulneración del derecho a la libre autodeterminación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero. La parte actora refiere que el artículo 14 de la Constitución local reformado mediante el Decreto número 756, vulnera lo dispuesto en el artículo 2º de la Constitución General, en virtud de que veda a los pueblos y comunidades su derecho a elegir libremente su posición dentro del Estado Mexicano y a determinar su propia suerte.
13. Que la norma impugnada es contraria a los derechos a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas de Guerrero, por lo que debe declararse su inconstitucionalidad.
14. d) Violación del derecho a la consulta previa e informada de los pueblos indígenas y afromexicanos.
15. Finalmente, el Municipio promovente sostiene que la reforma impugnada vulnera el derecho a la consulta previa que se reconoce en los artículos 2o., apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT.
16. En efecto, sostienen que al llevarse a cabo la reforma del artículo 14 de la Constitución de Guerrero –en la que a juicio del Municipio actor se suprimió la figura de las policías comunitarias–, no se consultó adecuadamente a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad federativa, a pesar de que se trata de modificaciones que son susceptibles de impactar en las comunidades indígenas.
17. Siguiendo esta línea argumentativa, el Municipio promovente arguye que el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a ser consultados previamente no se satisface a través de foros abiertos –como los que realizó el Ejecutivo local para elaborar la iniciativa de reforma constitucional–.
18. En síntesis, el Municipio refiere que la reforma de la Constitución Local no se realizó previa consulta culturalmente adecuada, vulnera los derechos de autodeterminación y autogobierno de los pueblos y comunidades y, además, es regresiva, por lo que debe declararse la invalidez del Decreto número 756 por el que se reformó el artículo 14 de la Constitución de Guerrero.
19. TERCERO. Admisión y Trámite. Por acuerdo de dos de octubre de dos mil dieciocho, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional a la que correspondió el número 178/2018 y, por razón de turno, designó al Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como instructor del procedimiento –aunque, con motivo de su designación como Presidente de este Alto Tribunal, posteriormente esta controversia fue returnada al Ministro Luis María Aguilar Morales–
20. En proveído de tres de octubre de dos mil dieciocho, el Ministro instructor admitió a trámite la controversia, ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero, para que rindieran sus respectivos informes; y dio vista a la entonces Procuraduría General de la República para que formulara pedimento.
21. CUARTO. Informe del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero. El Gobernador del Estado de Guerrero dio contestación a la demanda planteada por el Municipio actor y, en esencia, sostuvo que con motivo de la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una iniciativa de reforma al artículo 14 de la Constitución local. Afirma que para redactar la iniciativa se llevó a cabo una serie de foros regionales de consulta en los que participaron los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de la entidad, así como académicos, investigadores educativos, estudiantes, abogados y toda persona interesada en aportar sus propuestas respecto a la pertinencia de adoptar las modificaciones legislativas que evitaran en lo sucesivo los hechos que dieron lugar a la citada recomendación –relacionados con la participación de la Policía Comunitaria en las labores de seguridad pública–.
22. Dicho lo anterior, el Gobernador de Guerrero hizo valer una causal de improcedencia y dio respuesta a los conceptos de invalidez planteados por el Municipio de Malinaltepec, Guerrero.
A. Causal de improcedencia.
23. El Ejecutivo del Estado hace valer la causal de improcedencia de la controversia por falta de legitimación del Municipio de Malinaltepec, pues –según el Ejecutivo Local– el Municipio promovente hizo valer diversos conceptos de invalidez relacionados, exclusivamente, con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero, pero en ningún momento hizo valer alguna afectación en la esfera de competencias del Municipio ni en su autonomía.
24. En efecto, el Gobernador recuerda que conforme a los precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la controversia constitucional es un medio de control dirigido a preservar la esfera jurídica, patrimonial y competencial de los entes legitimados, de manera que para promoverla es necesario acreditar que el acto o norma general impugnada afecte directamente al Municipio –ya sea en su patrimonio o funcionamiento–, lo cual no sucede en este caso, ya que el Municipio promovente únicamente aduce que el artículo 14 de la Constitución de Guerrero, reformado mediante el Decreto número 756, vulnera los derechos de autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero.
25. De este modo, el Ejecutivo de Guerrero sostiene que el Municipio promovente se duele de la supuesta afectación de los derechos de terceros –en concreto, del derecho a la consulta previa y a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero–, pero nunca hizo valer una afectación en su patrimonio o en su funcionamiento, de manera que la norma general impugnada no es susceptible de afectarle y, por tanto, debe sobreseerse en la presente controversia constitucional.
B. Argumentos vinculados con el fondo del asunto.
26. En cuanto al fondo de la controversia constitucional, el Ejecutivo local considera que es incorrecto lo sostenido por el Municipio accionante respecto a que el Decreto impugnado es violatorio de los artículos 1o. y 2o. de la Constitución General, por vulnerar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a contar con las autoridades propias que apliquen sus sistemas normativos.
27. Sostiene que con la reforma de la Constitución local impugnada no se vulnera el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, ya que sus derechos se encuentran protegidos en los artículos 9 y 11 de la Constitución local.
28. En otro aspecto, manifiesta que si bien la reforma impugnada ya no hace referencia expresa a la policía comunitaria como instrumento para hacer valer los sistemas normativos indígenas, esto no quiere decir que dicho cuerpo de seguridad haya sido suprimido o desconocido, pues tal derecho se encuentra contenido en los artículos 9 y 11 de la Constitución local, así como en la Ley Número 777 del Sistema de Seguridad Pública y la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas reconocen a la policía comunitaria.
29. Finalmente, manifiesta que el decreto impugnado no vulnera el derecho de la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas, pues el Ejecutivo Estatal en coordinación con el Congreso del Estado y con la Universidad Autónoma de Guerrero, realizaron seis Foros Regionales de Consulta convocando a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como académicos, investigadores educativos, estudiantes, abogados y a toda persona interesada en aportar sus propuestas.
30. En consecuencia, afirma que los foros tuvieron como objetivo realizar una consulta para recabar la opinión de los interesados y de la sociedad en general sobre asuntos y temas que definieran como mínimo una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública, impartición de justicia y el establecimiento de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y sistema jurídico estatal, así como la pertinencia de presentar las iniciativas de reformas al artículo 14 de la Constitución Local.
31. Derivado de los foros de consulta, se sometió a consideración de la legislatura la iniciativa de decreto de reforma del precepto ahora combatido, con el fin de que se armonizaran los sistemas normativos internos con la Constitución General, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y la Ley Nacional de Ejecución Penal.
32. QUINTO. Informe del Poder Legislativo del Estado de Guerrero. La Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero dio contestación a la demanda y rindió el informe a cargo del Poder Legislativo local, reconociendo como ciertos los actos impugnados por la parte accionante.
33. El Poder Legislativo de Guerrero dio contestación a los planteamientos del Municipio promovente y, en la parte final de su informe, hizo valer dos causales de improcedencia, como a continuación se relata.
A. Causales de improcedencia.
34. En su informe, el Congreso de Guerrero hizo valer dos causales de improcedencia: primero, que el decreto impugnado ya había sido concluido, por lo que se trata de un "acto consumado" que ya no puede ser revisado en esta sede jurisdiccional, porque de llegar a invalidarse, se le tendrían que imprimir efectos restitutorios. Y, en segundo lugar, invocó la causal de improcedencia por "falta de legitimación" del Municipio promovente, pues a su juicio, el municipio actor carece de interés legítimo para promover esta controversia, pues la Constitución ni la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional le confiere atribuciones al Municipio para acudir en defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas de Guerrero, a menos que se acredite que guardan relación con las competencias del Municipio.
35. Para sostener lo anterior, el Congreso local invoca la tesis jurisprudencial P./J. 83/2011 (9a.), de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS MUNICIPIOS CARECEN DE INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA CONTRA DISPOSICIONES GENERALES QUE CONSIDEREN VIOLATORIAS DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS QUE HABITEN EN SU TERRITORIO, SI NO GUARDAN RELACIÓN CON LA ESFERA DE ATRIBUCIONES QUE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS LES CONFIERE.".(1)
B. Argumentos vinculados con el fondo del asunto.
36. Luego, tras realizar una narración de los antecedentes del procedimiento legislativo por el que se emitió el Decreto Número 756, por el que se reforma el artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, en Materia de Derechos y Cultura Indígena –aquí impugnado–, manifiesta que el Congreso tiene facultades expresas para legislar en las materias que no sean de competencia exclusiva de la Federación como fue el caso y que con el decreto impugnado no se vulneró derecho humano alguno.
37. Asimismo, refiere que los conceptos de invalidez planteados por el Municipio actor son infundados, porque si bien la Constitución General y los tratados internacionales reconocen un derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para aplicar sus propios sistemas normativos internos, ese derecho no se traduce en forma alguna en un derecho para ejercer funciones de seguridad pública, en virtud de que ésta es una facultad exclusiva de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Por tanto, considera que la reforma del artículo 14 de la Constitución local es acorde con la Norma Fundamental mexicana.
38. Asimismo, sostiene que con el decreto impugnado no se vulnera el principio de progresividad, ya que los derechos a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas se encuentran reconocidos en los artículos 9 y 11 de la propia Constitución Local.
39. De igual forma, refiere que el reconocimiento a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas también se encuentra establecido en el artículo 1o. de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, lo cual se desarrolla, además, en los artículos 159 a 166 de la Ley de Sistemas de Seguridad Pública 777 y en el artículo 42 Bis, 42 Ter y 42 Quater de la Ley 701, en los que se reconoce al Sistema de Seguridad Comunitario Indígena y a la Policía Comunitaria Indígena.
40. Con base en lo anterior, estima que no se transgrede lo dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución General, ya que la norma que ahora se impugna es clara en remitir a las leyes locales para que establezcan las bases para una adecuada delimitación de competencias en materia de seguridad pública e impartición de justicia, de modo que tampoco resulta violatoria del principio de progresividad.
41. Adicionalmente, afirma que el Congreso no ha restringido, eliminado o desconocido el alcance y la tutela que en determinado momento se reconocía a los derechos humanos, pues se siguen reconociendo las figuras del Sistema de Seguridad Comunitario, así como a la Asamblea General y la Policía Comunitaria, ampliando la tutela de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas.
42. En relación con lo manifestado por el actor en torno a que la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nunca solicitó desconocer a las policías comunitarias, arguye que dicho argumento es infundado, debido a que la Comisión advirtió que no se encontraban delimitados los sistemas de seguridad indígena y estatal, lo que daba lugar a que se generaran riesgos a los derechos humanos sujetos a la jurisdicción indígena, pues existía inseguridad jurídica, además de que las autoridades indígenas podían abusar de su potestad y violentar los derechos humanos de las personas detenidas.
43. De esta forma, refiere que la recomendación del ombudsperson fue para que los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado realizaran las reformas necesarias para asegurar el pleno respecto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas.
44. Finalmente, con relación al concepto de invalidez por el que se sostiene que se vulneró el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Guerrero a ser consultadas previamente, el Congreso local expone el marco constitucional y convencional sobre este derecho, así como los diversos precedentes de este Alto Tribunal y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
45. Hecho lo anterior, el Congreso local refiere que el artículo 14 de la Constitución Local –aquí impugnado– no es susceptible de afectar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y tampoco tiene un impacto significativo en sus territorios ancestrales, en sus recursos necesarios para subsistir física y cultural, y tampoco se advierte alguna destrucción y contaminación del ambiente tradicional, desorganización social y comunitaria, aunado a que no contiene un impacto negativo sanitario y nutricional.
46. Asimismo, considera que es inoperante el concepto de invalidez referente a la falta de consulta, ya que con motivo de la recomendación 9/2016, el Gobernador del Estado y la Universidad Autónoma de Guerrero celebraron el seis de abril de dos mil dieciséis un convenio de colaboración, cuyo objeto fue coordinar esfuerzos para realizar acciones tendentes al análisis y presentación de proyectos de reforma a la legislación local, para garantizar el principio de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad federativa.
47. Atendiendo a esta situación, se emitió convocatoria a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a los académicos, a los investigadores educativos, a los docentes, a los estudiantes, a los abogados y a toda persona interesada en aportar propuestas en los foros de consulta que se llevarían a cabo el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete en diferentes sedes de las siete regiones que componen al Estado de Guerrero.
48. La convocatoria fue elaborada en Tlapaneco (Me´Phaa), Náhuatl, Mixteco (Tu´un savi), Amuzgo (Ñomndaa) y Español, asimismo, se difundió en quinientos cincuenta carteles en las distintas regiones, a través de videos en la plataforma digital "YouTube", se publicó en diferentes periódicos y se difundió en otros medios de comunicación de la entidad federativa.
49. Derivado de lo anterior, refiere que se registraron un total de setenta y cinco ponencias, de forma que los foros de consulta realizados el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete se llevaron a cabo de buena fe, pues como previamente se relató, se convocó a toda la sociedad de los pueblos originarios que existen en el Estado de Guerrero, mediante convocatoria abierta y pública, con el objetivo de recabar la opinión de los pueblos y comunidades indígenas y de la sociedad en general sobre asuntos y temas que definieran como mínimo una adecuada delimitación de competencias en materia de seguridad pública, impartición de justicia y el establecimiento de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal, así como analizar la pertinencia de presentar iniciativas de reforma al artículo 14 de la Constitución local.
50. Por último, afirma que la consulta se realizó de manera previa a la medida legislativa, y que cumplió con el estándar de ser culturalmente adecuada, informada y de buena fe, ya que se llevó con total apego a los lineamientos establecidos en precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
51. SEXTO. Opinión del Procurador General de la República. El entonces Procurador General de la República no emitió opinión en el presente asunto.
52. SÉPTIMO. Returno. El tres de enero de dos mil diecinueve, por acuerdo de Presidencia de este Alto Tribunal, se ordenó returnar los autos al Ministro Luis María Aguilar Morales para que continuara actuando como ponente en esta controversia constitucional y, en su oportunidad, propusiera al Tribunal Pleno el proyecto respectivo.
53. OCTAVO. Audiencia y cierre de la instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, el veintinueve de enero de dos mil diecinueve se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución General, se admitieron y tuvieron por desahogadas las pruebas documentales ofrecidas y aportadas, se tuvieron por formulados los alegatos de las partes y se decretó el cierre de instrucción y, en consecuencia, se remitió el expediente al Ministro instructor, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
54. NOVENO. Avocamiento de la Segunda Sala. Mediante dictamen de dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, el Ministro instructor solicitó remitir el presente asunto a la Sala de su adscripción para su radicación y resolución. El veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, la Segunda Sala radicó y se avocó al conocimiento del presente asunto, devolviendo el expediente al Ministro instructor a fin de que elaborara el proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
55. PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, y 11, fracción V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(2) y, finalmente, en términos de los puntos Segundo, fracción I y Tercero del Acuerdo General 5/2013,(3) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, ya que se trata de una controversia constitucional en la que resulta innecesaria la intervención del Tribunal Pleno, dado el sentido de este fallo.
56. SEGUNDO. Precisión de las normas impugnadas. Como se advirtió en los antecedentes de esta sentencia, el Municipio promovente planteó expresamente la invalidez de:
57. a) El "Decreto número 756 por el que se reforma el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero en Materia de Derechos y Cultura Indígena"; y
58. b) El "Acuerdo por el que, en términos de lo dispuesto por el artículo 199 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se declara que la reforma contenida en el Decreto número 756, aprobado por el H. Congreso del Estado con fecha 27 de julio del año 2018, pasen a formar parte de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en virtud de haberse aprobado por la mayoría de la totalidad de los ayuntamientos del Estado de Guerrero", emitido por el Poder Legislativo de la entidad federativa.
59. No obstante, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución General,(4) en las sentencias de controversia constitucional, la Suprema Corte debe fijar con precisión las normas generales efectivamente planteadas. En este sentido, debe recordarse que el Municipio actor hizo valer diversos conceptos de invalidez, en los que esencialmente sostiene lo siguiente:
60. a) Que con la reforma del artículo 14 de la Constitución Local se vulneró el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de la entidad federativa a conservar sus costumbres e instituciones propias, así como a castigar los delitos en que incurran los integrantes de la comunidad.
61. b) Que la reforma de la Constitución local vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos, pues suprimió el derecho –antes reconocido en la Constitución– de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de adoptar su propia forma de organización social, política y económica en un marco de autodeterminación.
62. c) Que el artículo 14 de la Constitución local reformado mediante el Decreto Número 756, vulnera lo dispuesto en el artículo 2º de la Constitución General, en virtud de que veda a los pueblos y comunidades su derecho a elegir libremente su posición dentro del Estado Mexicano y a determinar su propia suerte.
63. d) Que durante el procedimiento legislativo por el que se reformó el artículo 14 de la Constitución local no se realizó una consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
64. Como se puede apreciar, todos los conceptos de invalidez hechos valer se dirigen a cuestionar la validez del artículo 14 de la Constitución Local, reformado mediante el Decreto número 756, publicado el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero.
65. En este sentido, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación precisa que la controversia constitucional fue efectivamente planteada para cuestionar exclusivamente la validez del Decreto número 756 por el que se reformó el artículo 14 de la Constitución Local, de manera que la materia de análisis se centrará únicamente en este decreto.
66. No pasa desapercibido para esta Segunda Sala que el Municipio accionante también señala destacadamente que impugna el Acuerdo del Poder Legislativo de Guerrero por el que se declaró que la reforma de la Constitución local fue aprobada por la mayoría de los ayuntamientos de la entidad federativa. Sin embargo, el Municipio no formula algún argumento relacionado con ese acuerdo parlamentario, de manera que es evidente que se señaló ese acuerdo únicamente en forma instrumental y no por vicios propios.
67. Además, debe recordarse que de acuerdo con lo sostenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 35/2004, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS ACTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO SÓLO PUEDEN IMPUGNARSE A PARTIR DE QUE ES PUBLICADA LA NORMA GENERAL.",(5) los actos que integran el procedimiento legislativo constituyen una unidad indisoluble con la norma general emanada de ese procedimiento, de tal forma que no procede impugnar cada acto legislativo individualmente, ya que no puede quedar subsistente o insubsistente aisladamente, sino sólo a través del análisis conjunto de esos actos con motivo de la publicación de la norma.
68. En el caso particular que ahora se analiza, los conceptos de invalidez esgrimidos por el Municipio se centran en cuestionar la validez del artículo 14 de la Constitución Local, reformado mediante el Decreto número 756, publicado el veintiuno de agosto de dos mil dieciocho –por falta de consulta previa y por atentar contra los derechos de autodeterminación y autoorganización de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas–, de manera que es evidente que la parte accionante sólo señaló como impugnado el Acuerdo legislativo en forma instrumental, pues su intención es que se declare la invalidez total del Decreto de reforma a la Constitución local.
69. Lo anterior, además, en atención a la jurisprudencia P./J. 98/2009,(6) emitida por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justic
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/200732-c2c72fb2/i-controversia-constitucional-el-principio-de-agravio-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LOS DIPUTADOS QUE CONFORMEN EL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LA LEGISLATURA CORRESPONDIENTE TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA (DECRETO NÚMERO 75 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE CUANDO UNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL LOCAL APLICA EN SENTENCIA UNA NORMA GENERAL DECLARADA INVÁLIDA EN PERJUICIO D (P./J. 55/2026 (12a.))
- DENUNCIA DE INCUMPLIMIENTO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA CUANDO SE ACREDITA LA APLICACIÓN QUE HACE UNA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE UNA NORMA GENERAL DECLA (P./J. 57/2026 (12a.))
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SOLO TENDRÁ EFECTOS PARA LAS PARTES.- (31)
- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SÓLO TENDRA EFECTOS PARA LAS PARTES. (9)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis