I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL EQUIVALENTE AL TREINTA Y TRES POR CIENTO DE LAS LEGISLATURAS LOCALES TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. II. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE QUE AL PROMULGAR Y PUBLICAR LA NORMA IMPUGNADA SÓLO ACTUÓ EN CUMPLIMIENTO DE SUS FACULTADES (ARTÍCULOS 101, FRACCIONES I, II, III, IV Y V; 105 FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO; 108, PRIMER PÁRRAFO, Y 110, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA REFORMADOS MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO LXVII/RFCNT/0249/2022 II P.O., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, ASÍ COMO SU ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO). III. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES INFUNDADA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PLANTEADA POR EL PODER EJECUTIVO LOCAL EN QUE ADUCE LA EXTEMPORANEIDAD DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA TODA VEZ QUE EL ESCRITO QUE LA CONTIENE SE PRESENTÓ ANTE LA OFICINA DE CORREOS, MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO (ARTÍCULOS 101, FRACCIONES I, II, III, IV Y V; 105 FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO; 108, PRIMER PÁRRAFO, Y 110, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA REFORMADOS MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO LXVII/RFCNT/0249/2022 II P.O., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, ASÍ COMO SU ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO). IV. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LAS NORMAS IMPUGNADAS, AL HABER SIDO REFORMADAS POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (ARTÍCULOS 101, FRACCIONES I, II, III, IV Y V; 105 FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO; 108, PRIMER PÁRRAFO, Y 110, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA REFORMADOS MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO LXVII/RFCNT/0249/2022 II P.O., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL PRIMERO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, ASÍ COMO SU ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO).
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 86/2022. DIPUTADOS Y DIPUTADAS INTEGRANTES DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 12 DE MARZO DE 2025. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS Y LOS MINISTROS JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, QUIEN RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y LORETTA ORTIZ AHLF. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIOS: MIGUEL ANTONIO NÚÑEZ VALADEZ Y CAMILO WEICHSEL ZAPATA.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: El día primero de junio de dos mil veintidós fue publicado el Decreto No. LXVII/RFCNT/0249/2022 II P.O. por virtud del cual se reformaron diversas normas de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua relativas al Poder Judicial local. En consecuencia, un grupo de diputados y diputadas integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado impugnaron en acción de inconstitucionalidad al procedimiento legislativo que dio origen a dicho decreto. De igual forma, combatieron los artículos 101, en sus fracciones I, II, III, IV y V; 105, fracción IV, segundo párrafo; 108, primer párrafo; y 110, fracción V, de la Constitución del Estado de Chihuahua, así como el artículo Cuarto Transitorio del decreto en cuestión.
Las reformas impugnadas modificaron tres aspectos relativos al Poder Judicial local. Primero, se modificó el esquema que regulaba el proceso de selección de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Superior de Justicia. En ese sentido, se eliminó al sistema en que los candidatos eran filtrados en un concurso de oposición y después sometidos a votación por el Congreso del Estado para regresar a uno en que una llamada Comisión Especial, integrada por un representante de cada uno de los Poderes, tiene la encomienda de elegir los perfiles que serán sometidos a votación por el órgano legislativo. Segundo, se aumentó de cinco a siete años el requisito de antigüedad en el ejercicio de la magistratura para acceder al cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Tercero, se abrió la posibilidad de que las y los Consejeros de la Judicatura del Estado se reeligieran en el cargo.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al 12 de marzo del 2025, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la acción de inconstitucionalidad 86/2022, promovida por diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua, en contra del Decreto LXVII/RFCNT/0249/2022 II P.O., mediante el cual se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA
1. Presentación del escrito inicial. El veintitrés de junio de dos mil veintidós, once diputadas y diputados integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de Chihuahua interpusieron una demanda de acción de inconstitucionalidad para impugnar el Decreto LXVII/RFCNT/0249/2022 II P.O., publicado el uno de junio de dos mil veintidós en el Periódico Oficial de la Entidad. En este Decreto, en total, se adicionaron o reformaron los artículos 101, fracciones I, II, III, IV y V; 104, fracción VIII; 105, fracción IV, párrafo segundo; 108, primer párrafo; 109, párrafo primero; 110, fracciones IV, V y XIX y se derogaron los artículos 101, fracción II, párrafo segundo; 109, párrafos segundo y tercero, y 110, fracción I, todos de la Constitución del Estado de Chihuahua, en los que se regula el procedimiento para el nombramiento de magistradas o magistrados del Tribunal Superior, los requisitos para ocupar el cargo del Presidente del Tribunal, la integración del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Local y las facultades del mismo.
2. Conceptos de invalidez. En suma, las y los diputados accionantes consideran que, al cambiarse el procedimiento de nombramiento de las magistraturas (prescindiendo totalmente de un concurso de oposición), aumentarse los requisitos para ser Presidente(a) del Tribunal y conceder la posibilidad de que sean reelectos los consejeros de la judicatura, se genera una violación, entre otros, a los principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, acceso a los cargos públicos, independencia judicial y división de poderes. Para justificar esta postura, expusieron los siguientes conceptos de invalidez:
a) PRIMERO. El procedimiento de designación de Magistrados mediante una Comisión Especial, previsto en los artículos 101, fracciones I, II, III, IV, V, VI y 110, fracción V, reclamados de la Constitución Política del Estado de Chihuahua transgreden los artículos 1º, 5º y 35, fracción VI, de la Constitución General, 1, 2, 9, 23 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación con el principio de progresividad respecto al derecho de acceder en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas y la libertad de trabajo. Ellos es así, debido a que elimina los concursos de oposición, así como la atribución del Consejo de la Judicatura para constituirse en Jurado Calificador y, en su lugar, establece la creación de una Comisión Especial integrada por un representante del Ejecutivo, otro del Legislativo y uno del Poder Judicial, la cual tiene la atribución de conformar una terna sometida al Legislativo. El procedimiento suscita entonces una regresión respecto al establecimiento de criterios razonables y objetivos para el nombramiento de magistraturas.
b) Tras explicar el contenido de los derechos a la igualdad y a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad y libertad, así como al derecho al trabajo, se argumenta que el anterior modelo de designación de magistraturas aseguraba la libre concurrencia de cualquier ciudadano y un concurso de oposición basado en criterios objetivos, de mérito y de capacidad personal. Sin embargo, con la reforma, se instaura un modelo de nombramiento regresivo en tanto elimina los elementos objetivos y el acceso al concurso de cualquier persona de manera directa y lo sustituye por un sistema en el que la elección de una terna que será presentada al Poder Legislativo se hace por una Comisión Especial (integrada por representantes de los tres poderes) que realiza su trabajo sin parámetros objetivos y de forma discrecional.
c) Citando resoluciones, documentos, sentencias u opiniones de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana, de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y magistrados, entre otros órganos, se señala que en el plano internacional se ha visto a los concursos de oposición como un medio adecuado para la designación de operadores de justicia con base en el mérito y las capacidades profesionales. En particular, se destaca lo previsto en el Principio 10 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, que “alude las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas. Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no sea nombrado por motivos indebidos”.
d) SEGUNDO. Los artículos 101, fracciones I, II, III, IV, V, VI y 110, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua que establecen como procedimiento para la elección de magistradas y magistrados son contrarios a los artículos 17, 41 y 116, fracción III de la Constitución Federal, y a lo establecido en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
e) El procedimiento vulnera el principio de independencia judicial y división de poderes, en tanto que elimina concursos de oposición que fungían como un medio adecuado para la designación de operadores de justicia con base al mérito y capacidades profesionales, a fin de garantizar la independencia necesaria del Poder Judicial. Asimismo, el diseño no es idóneo para el fin buscado en la reforma. Por el contrario, los artículos ocasionan intromisión, dependencia o subordinación, puesto que el Poder Legislativo interviene de manera desproporcionada tanto en la Comisión Especial (mediante un diputado electo por mayoría simple), como en la elección del nombramiento a partir de la terna propuesta. Se permite una injerencia de la mayoría legislativa en un asunto que definitivamente no les compete constitucionalmente, se vulnera el derecho de todas las personas al acceso a la justicia pronta, completa e imparcial.
f) Se inicia este apartado aludiendo al contenido de la independencia judicial y de la división de poderes. En particular, se citan varios precedentes y tesis de la Suprema Corte en la materia, así como de la Corte y Comisión Interamericana. En especial, se pone énfasis en el criterio establecido en la tesis de rubro “AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL. EL LEGISLADOR DEBE ESTABLECERLAS Y GARANTIZARLAS EN LA LEY” (que fue reiterado recientemente en la controversia constitucional 99/2016), el cual consiste en que los Estados de la República deben garantizar la independencia de jueces y magistrados, lo que significa la necesaria permanencia de los elementos y previsiones existentes, bajo una exigencia razonable de no regresividad; esto, a fin de que no se merme o disminuya indebidamente el grado de autonomía e independencia existente en un momento determinado.
g) Atendiendo a lo anterior, los accionantes afirman que en el caso concreto existe una evidente violación a la garantía de adecuado proceso de nombramiento de las magistraturas que compone la independencia judicial; lo cual se traduce en una afectación a la división de poderes (en grado de subordinación). El sistema que se eliminó con la reforma cuestionada se trataba de un genuino concurso de oposición, en el que se calificaban méritos y capacidades profesionales. Mediante éste, además de afianzarse el acceso a un cargo público en condiciones de igualdad, se otorgaba transparencia, con la finalidad última de procurar la independencia judicial, en tanto que la conformación de las ternas de las magistraturas no recaía en el Poder Ejecutivo.
h) No obstante, el modelo que se implementa con la reforma es regresivo en torno a la protección de la independencia judicial por múltiples razones:
• Hay discrecionalidad en la integración de ternas al eliminar los concursos de oposición como método para garantizar la idoneidad.
• El procedimiento le permite integrar las ternas sin una convocatoria que garantice el derecho para acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad.
• Los Poderes Ejecutivo y Legislativo obtienen el control de la decisión al constituir una fuerza mayoritaria en la Comisión Especial, pues al Poder Judicial se le reserva un solo lugar en esa Comisión Especial.
• La conformación de la Comisión Especial genera suspicacias en la idoneidad de las ternas, pues dos de sus tres integrantes no han sido titulares de un órgano jurisdiccional ni tienen el conocimiento suficiente en la materia para valorar los perfiles más idóneos. No se establecen garantías objetivas de que la propuesta de terna esté integrada por las personas más idóneas para ocupar el cargo de Magistrado.
• La intervención que tiene la Comisión Especial en el procedimiento para elegir magistrados incide directamente en las garantías judiciales que el Estado mexicano está obligado a respetar. Esto, pues la designación final del magistrado genera una suspicacia indebida que atenta con la independencia judicial al generar un vínculo entre el magistrado designado y los poderes que lo incluyeron en la terna.
• La intromisión de los Poderes permite la posibilidad a que los magistrados electos bajo ese mecanismo puedan formar parte de los órganos administrativos e intervengan en esas decisiones que sólo atañen al Poder Judicial.
• Los magistrados locales no intervienen en el procedimiento de nombramiento de sus pares, pues únicamente hay un solo representante del Poder Judicial en la Comisión Especial.
• No es constitucional que las decisiones orgánicas, funcionales, sistemáticas y estructurales de los Poderes Judiciales Estatales queden, por cualquier razón, al arbitrio de otros órganos del Poder Local, en detrimento de la independencia judicial.
• El mecanismo es engañoso al transfigurar las bases constitucionales que rigen los Consejos de las Judicaturas locales, pues permite a la Comisión Especial realizar funciones que le corresponderían al Consejo de la Judicatura, pero sin sujetarse a las bases de conformación establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los criterios jurisprudenciales.
• También es engañosa la circunstancia de que las determinaciones de la Comisión Especial sean irrecurribles, pues permite realizar funciones que anteriormente le correspondían al Consejo de la Judicatura, pero sin sujetarse a que sus decisiones sean revisables a través del recurso de revisión administrativa previsto en el artículo 259 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en relación con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 106 de la Constitución Política de Chihuahua. Esto además trastoca la orden que se dio por la Suprema Corte en la controversia constitucional 179/2017.
• El mecanismo de la Comisión Especial es un sistema engañoso que distorsiona la naturaleza y fines de las funciones administrativas en el Poder Judicial y provoca un deficiente e incorrecto desempeño de las funciones del Poder Judicial en detrimento a su autonomía e independencia judicial.
• Viola el principio de carrera judicial al dar preferencia a que la primera terna se integre con personas externas y no con funcionarios que prestan con eficiencia, capacidad y probidad sus servicios en la administración de justicia.
• También es violatorio al principio de carrera judicial al limitar la participación de funcionarios judiciales solo en la mitad de las ternas correspondientes, lo que genera desigualdad al establecer ternas exclusivas para externos que limitan la participación de funcionarios judiciales.
i) TERCERO. El artículo 105, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, el cual establece como requisito para presidir el Tribunal Superior de Justicia contar, al día de la elección, con una antigüedad mínima de siete años en el ejercicio de la magistratura, es contrario a los artículos 1, 5 y 14, 35, fracción VI, de la Constitución Federal; 1, 2, 9 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 2 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
j) Dicha norma vulnera el principio de acceder en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas y la libertad de trabajo, toda vez que la antigüedad mínima que contemplaba previamente la legislación era de cinco años. La modificación no se basó en criterios razonables y objetivos, y tiene como efecto la exclusión injustificada en el acceso al cargo público de Presidencia del Tribunal de Justicia.
k) Asimismo, se transgredió el principio de irretroactividad de la norma y de seguridad jurídica. Ello, pues el derecho adquirido para acceder a la Presidencia por parte de los magistrados que contaban con más de cinco y menos de siete años de ejercicio en el ejercicio de la magistratura al momento de la entrada en vigor de la norma fue restringido por una normatividad ulterior sin una justificación razonable y objetiva.
l) Por otra parte, la fracción III del artículo 101 dispone que las ternas se integrarán alternadamente con personas que presten sus servicios en la administración de justicia y luego con personas externas a dicho Poder, mientras que el artículo cuarto transitorio del Decreto LXVII/RFCNT/0249/2022 II P.O., establecen que la Comisión Especial integrará la primera terna para ocupar la plaza de la magistratura correspondiente con personas externas al Poder Judicial, de acuerdo con los parámetros establecidos en ese mismo Decreto.
m) Estas disposiciones violan el artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal, específicamente el principio de carrera judicial, toda vez que limita a los funcionarios judiciales que prestan con eficiencia, capacidad y probidad sus servicios en la administración de justicia a que puedan participar en la totalidad de las ternas y transitoriamente se da preferencia a que la primera terna se integre con personas externas y no con funcionarios judiciales.
n) Del texto del artículo 116, fracción III, de la Constitución se desprenden varios principios constitucionales implícitos, como el de carrera judicial que se caracteriza por la institución de criterios reguladores del ingreso, formación y permanencia de los funcionarios judiciales en los cargos que les son conferidos y cuya finalidad tiende a garantizar en beneficio de la sociedad, y no personal del funcionario judicial, una administración de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita conforme a lo regulado por el artículo 17 del Pacto Federal.
o) Sin embargo, las disposiciones que se impugnan contravienen con el principio de carrera judicial y desincentiva a los funcionarios judiciales que se desempeñan con absoluta eficiencia, capacidad y probidad en la administración de justicia, pues con todos los razonamientos expuestos en este medio de control de constitucionalidad pone de manifiesto un mecanismo diseñado para cumplir exigencias políticas al exterior del Poder Judicial y por ello desvinculado con el principio de carrera judicial, lo que merma la independencia judicial en la promoción de sus integrantes.
p) CUARTO. El artículo 101, fracción I, que establece que el Ejecutivo interviene en la Comisión Especial mediante el nombramiento de un representante viola los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, al verse vulnerados los principios de representatividad, democracia, soberanía popular e independencia judicial.
q) El procedimiento de conformación del Tribunal Superior de Justicia del estado de Chihuahua potencialmente podría recaer en cualquier persona sin legitimidad democrática de por medio designada, sin parámetros objetivos y razonables, lo que consecuentemente vulneraría la Independencia judicial.
r) QUINTO. La reforma al párrafo primero del artículo 108 de la Constitución Local, consistente en el establecimiento de la figura de la reelección en el cargo de consejeros, actualiza una violación a la supremacía constitucional, división de poderes, autonomía e independencia judicial y al derecho a acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad.
s) Concepto de invalidez que se formula retomando los razonamientos sostenidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sesión del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno al resolver la acción de inconstitucionalidad 95/2021 y se acumulada 105/2021.
t) Retomando los razonamientos de inconstitucionalidad, el artículo 108 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, que prevé la reelección del los Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, viola los y las siguientes disposiciones constitucionales, como en términos de los siguientes numerales:
• Se viola el párrafo quinto del artículo 100 de la Constitución Federal, que prohíbe la reelección de los consejeros de la judicatura federal.
• Se transgreden los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, establecidos en el artículo 133 de la Constitución Federal.
• Se viola el principio de división de poderes, consagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal; asimismo, se transgrede los principios de autonomía e independencia judicial establecidos en la fracción III de la Constitución Federal.
• Se viola el derecho al acceso a cargos públicos y la seguridad jurídica para acceder a esos cargos de conformidad con los siguientes razonamientos. • Tratándose de Consejeros designados por el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, en esta designación no se emite convocatoria dirigida a la sociedad que garantice la oportunidad de participar en igualdad de condiciones para ocupar el cargo de consejero, lesionando el derecho al acceso a cargos públicos en condiciones de igualdad. Además, se impide el relevo generacional en el ejercicio de cargos públicos, más considerando que el plazo de cinco años es un periodo objetivo y suficiente para representar a la sociedad civil como consejero.
• El límite a la no reelección persigue un fin constitucionalmente válido, al permitir renovación en el cargo.
• Tratándose de consejeros designados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, se abre la posibilidad del ejercicio de un periodo desproporcionado y excesivo, tomando en consideración que los magistrados son designados para un único periodo de quince años, de conformidad con el artículo 103 de la Constitución Política del estado de Chihuahua. Por ello, de permitir la reelección, se abre la puerta a que la mayoría de sus periodos sean ejercidos en el Consejo de la Judicatura y no en la magistratura; con lo cual se obstaculiza el cumplimiento del principal encargo de la magistratura: la debida impartición de justicia en favor de la sociedad.
• Aunado a lo anterior, se impide que otros puedan ejercer esa función ya que ejercieron diez de los quince años. El plazo de cinco años es un periodo objetivo y suficiente para representar al Pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia como integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
• Más allá de que la reelección es inconstitucional, existe una aplicación ilegal y arbitraria en detrimento del Poder Judicial. No sólo hay un Congreso local que excede los límites y prohibiciones que señala la Constitución Federal, sino que de igual manera el Pleno de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de manera ilegal y arbitraria, abusa del derecho para reelegir a un consejero que resulta inelegible (se explica el caso de un Consejero que, tras la reforma impugnada, fue incorrectamente reelegido por parte del Pleno del Tribunal Superior de Justicia).
3. Admisión y trámite. Por acuerdo del treinta de junio de dos mil veintidós, el entonces Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó el registro de la acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 86/2022 y turnó el expediente al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que fungiera como instructor del procedimiento.
4. Ampliación de la demanda. Con fecha de siete de julio de dos mil veintidós, se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Corte un escrito de ampliación de conceptos de invalidez, el cual había sido enviado a través del Servicio Postal Mexicano el día treinta de junio de dos mil veintidós. En este documento se plantearon los siguientes argumentos adicionales:
a) PRIMERO. La norma que se reclama inválida por inconstitucional emanó de un proceso legislativo que violentó los principios de transparencia, máxima publicidad, participación ciudadana y rendición de cuentas.
b) Durante la 21ª reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Chihuahua, que tuvo lugar el veintiocho de abril de dos mil veintidós, se dio entrada a la Iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar la Constitución Política del Estado de Chihuahua en algunas disposiciones que tienen relación con el procedimiento de selección de magistrados y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como fortalecer y democratizar los trabajos del Consejo de la Judicatura, que presentó el diputado Mario Humberto Vázquez Robles, de la Fracción parlamentaria del partido Acción Nacional el 12 de abril del año en curso, que se tornó a dicha comisión en esa misma fecha y que fue identificada bajo el número 942.
c) Durante la sesión, según consta en la minuta correspondiente, la diputada Amelia Deyanira Ozaeta Díaz, solicitó se invitara a funcionarios judiciales para escuchar su opinión. Petición a la que se adhirió la diputada Georgina Alejandra Bujanda, ante lo cual el diputado Presidente de la Comisión, Omar Bazán Flores, instruyó que para la siguiente reunión se invitara a personas funcionarias del Poder Judicial. De esta forma, las personas integrantes de la Comisión en cita reconocieron la importancia del Parlamento abierto. Sin embargo, la iniciativa no se discutió en la siguiente sesión.
d) Luego, en sesión que tuvo verificativo el 11 de mayo del presente año, la referida Comisión dio entrada a la iniciativa 1001, que se presentó y se turnó el día inmediato previo por la fracción parlamentaria de MORENA y por mayoría de votos se ordenó acumular la 942. Sin embargo, el diputado Presidente de la Comisión aludió que se procederá a su votación durante la siguiente sesión. Es decir, pasó por alto el Parlamento abierto previamente ordenado.
e) El 12 de mayo del presente año, la Comisión discutió las iniciativas acumuladas 942 y 1001 y a la solicitud del diputado Óscar Castrejón Rivas se ordenó la celebración de una mesa técnica con presencia de barras y colegios de abogados, así como de alguna organización de magistradas y magistrados, la cual se aprobó por unanimidad. Finalmente, el 16 de mayo del presente año tuvo verificativo el Parlamento abierto ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
f) Durante la sesión, el licenciado Mario Valenzuela Castillo, Presidente del Colegio de Abogados AC, hizo ver que el día siguiente se votarían las iniciativas. Al respecto, el diputado presidente, Omar Bazán Flores, aseveró en el sentido de que el día siguiente no habría reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Sin embargo, el propio diputado Bazán Flores, actuando de manera conjunta con la Secretaria de la Comisión, diputada Adriana Terrazas Porras, convocó a sesión para el día siguiente sin notificar a las personas especialistas que acudieron al Parlamento abierto, a pesar de que se les aseguró que serían llamadas. Incluso se evadió su presencia, pues convocó a las 14:00 y/o al término de la sesión, sin indicar a qué sesión se refería, creando con ello una absoluta falta de certeza jurídica.
g) Luego del registro del Acta de la sesión del 17 de mayo del año en curso, se advierte que no inició la hora convocada. En ella, la diputada Adriana Terrazas Porras solicitó posponer la votación a efecto de analizar las propuestas que se presentaron, mientras que el diputado Óscar Castrejón Rivas solicitó continuar con la escucha de personas expertas. No obstante, la moción fue votada en sentido negativo por mayoría de votos y el dictamen se aprobó, por lo que se remitió el Pleno del Congreso del Estado. De esta forma, en la sesión inmediata posterior del Pleno del Congreso del Estado, que tuvo verificativo el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, votó las iniciativas en el sentido favorable.
h) El proceso legislativo descrito resulta incompatible con el principio rector del Poder Legislativo del Estado consistente en actuar como Parlamento Abierto, previsto en los artículos 40 Bis de la Constitución Local y 15 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. Resultó evidente que frente a la inconformidad que colectivos de personas, abogadas y funcionarios judiciales, se optó por anular su opinión haciéndoles creer que se desarrollaría un proceso legislativo participativo e incluyente, cuando en realidad de manera inmediata posterior se citó a una nueva jornada que se celebró el día siguiente, previo a la hora convocada, con el evidente propósito de evitar su comparecencia, dado que la iniciativa se votó sin modificaciones, o sea, sin tomar en cuenta sus opiniones.
i) Así, la mayoría parlamentaria actuó en contra de la opinión ciudadana y evadió que pudiera robustecerse con la de diversos actores sociales, como era previsible que ocurriría sin que esbozara argumento alguno para refutar los argumentos que se vertieron en contra de la iniciativa. Además, se llama la atención del Alto Tribunal sobre el hecho de que no existe motivación que justifique la incorporación del dictamen en el orden del día como un asunto especial urgente a ser tratado.
j) El órgano legislativo antes de ser un órgano decisorio tiene que ser un órgano deliberante donde encuentran cauce de expresión las opiniones de todos los grupos, tanto los mayoritarios como los minoritarios. Lo anterior, toda vez que las reglas que disciplinan el procedimiento legislativo protegen el derecho de las minorías a influir y moldear en el transcurso de la deliberación pública, aquello que va a ser objeto de la votación final y, por tanto, otorga pleno sentido su condición de representantes de los ciudadanos.
k) SEGUNDO. La norma que se impugna resulta violatoria del principio de transparencia y máxima publicidad por no tratarse de una norma que garantice a la sociedad, desde su configuración, normas claras, así como un procedimiento ausente de politización en los nombramientos.
l) Esto es, el artículo 101, en sus fracciones I a V, de la Constitución Local. En el caso concreto no sólo se alega que el proceso legislativo de la reforma impugnada, al no cumplir con las exigencias reguladoras de un parlamento abierto, vulneró la legalidad y los principios de transparencia y máxima publicidad que deben imperar en todo acto de autoridad para favorecer el acceso a la información, tanto en su vertiente individual como social, sino que la misma norma impugnada tampoco cumple con estos principios.
m) Se debe puntualizar que el proceso mediante el cual se regula la selección de magistrados no preserva la transparencia que debe imperar en todo acto de autoridad, lo cual también constituye una violación a la igualdad de trato de todos los aspirantes al cargo.
n) Se destaca que el proceso normado por la reforma se tilda de inconstitucional, pue
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33494-43e0da74/i-accion-de-inconstitucionalidad-el-equivalente-al-treinta · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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