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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LEGITIMACIÓN DEL REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA PROMOVERLA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA, AUN CUANDO EN LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL DECRETO IMPUGNADO, ESTE ÚLTIMO HAYA CESADO EN EL CARGO, EN VIRTUD DE LO PREVISTO EN UN ARTÍCULO TRANSITORIO (DECRETO NÚMERO LXV/RFLEY/0014/2016 I P.O. POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, CUANDO POR LA ENTRADA EN VIGOR DE UN DECRETO, ÉSTOS SUBSISTEN (DECRETO NÚMERO LXV/RFLEY/0014/2016 I P.O. POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUPUESTO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (DECRETO DE REFORMAS NÚMERO LXV/RFLEY/0014/2016 A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). V. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL. SE VULNERAN CUANDO EN UN DECRETO LEGISLATIVO SE DAN POR CONCLUIDAS LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS NÚMERO LXV/RFLEY/0014/2016 A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). VI. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. CORRESPONDE AL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ESA ENTIDAD DETERMINAR QUIÉN DEBE OCUPAR LA PRESIDENCIA DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL. VII. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. REQUISITO DE ANTIGÜEDAD DE CINCO AÑOS EN EL CARGO DE MAGISTRADO PARA SER ELEGIDO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ESA ENTIDAD POLÍTICA (ARTÍCULO 44 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA REFORMADO MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO LXV/RFLEY/0014/2016). VIII. PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. EL REQUISITO DE ANTIGÜEDAD DE CINCO AÑOS COMO MAGISTRADO PARA OCUPAR LA PRESIDENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, CONSTITUYE UNA MEDIDA RAZONABLE Y PROPORCIONAL, YA QUE NO INCORPORA REQUISITOS PARA EL INGRESO A UN CARGO PÚBLICO.

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 150/2016. · Registro digital (IUS): 28179
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2018-11-09
Promovente: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, Pág. 312.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 150/2016. PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 3 DE ABRIL DE 2018. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: JORGE JANNU LIZÁRRAGA DELGADO.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de abril de dos mil dieciocho.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Demanda. El once de noviembre de dos mil dieciséis, se recibió en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el escrito signado por el Magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez quien se ostentó como representante del Poder Judicial del Estado de Chihuahua y mediante el cual promovió juicio de controversia constitucional en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la propia entidad, con la finalidad de impugnar los siguientes actos:

"1. El diputado Miguel Francisco La Torre Sáenz de la Sexagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado, en representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el tres de noviembre del año en curso, presentó la iniciativa número 136 por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, entre otras, el artículo 44 de la misma; y sus correlativos primero y segundo transitorios.

"2. Con fecha diez de noviembre del año en curso, el Pleno del H. Congreso del Estado de Chihuahua sesionó y aprobó por mayoría de votos el dictamen que recayó a la iniciativa de referencia, aprobándola en todos sus términos, publicándola el once de noviembre del año en curso, y surtiendo sus efectos el mismo día, de conformidad a lo dispuesto por el artículo primero transitorio de dicho decreto.

"3. Promulgación, ejecución, por ser consecuencia lógica, directa e inmediata del decreto, dados los términos del artículo 93, fracción II de la Constitución Política del Estado de Chihuahua."

SEGUNDO.—Antecedentes. Los antecedentes narrados por el Poder actor son los siguientes:

1. En sesión plenaria de ocho de diciembre de dos mil quince, se designó presidente interino del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua al licenciado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes;(1) posteriormente, en sesión de cinco de enero de dos mil dieciséis, se determinó modificar su nombramiento, con el objeto de designarlo presidente definitivo hasta el cuatro de octubre de dos mil diecisiete.(2)

2. El tres de noviembre de dos mil dieciséis, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó la iniciativa número 136 por la que se propusieron diversas reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua; dicha reforma fue aprobada por mayoría del Pleno del Congreso el diez de noviembre de dos mil dieciséis y entró en vigor el mismo día de su publicación en el Periódico Oficial Local, es decir, al día siguiente, once de noviembre,(3) de conformidad con su artículo primero transitorio.(4)

3. Mediante oficio No. P-756/2016 de diez de noviembre de dos mil dieciséis,(5) el Magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, delegó la representación de ese órgano jurisdiccional al Magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, conforme a lo previsto en el artículo 46, fracción I,(6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la entidad, particularmente, con la finalidad de promover el juicio de controversia constitucional con motivo de la reforma al citado ordenamiento legal, llevada a cabo por el Congreso del Estado el propio diez de noviembre de dos mil dieciséis, y publicada en el Periódico Oficial de la entidad al día siguiente.

TERCERO.—Preceptos constitucionales señalados como violados y conceptos de invalidez formulados por el Poder actor. La parte actora señaló como violados los artículos 1o., 5o., 13, 14, 16, 17, 35, fracción II, y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y planteó en síntesis los siguientes conceptos de invalidez:

• El decreto que se combate establece requisitos para acceder al cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 109, fracción V,(7) de la Constitución del Estado de Chihuahua, que contempla como facultad exclusiva del Pleno del Tribunal Superior de Justicia la de elegir entre sus integrantes a quien desempeñará el cargo de presidente, por tanto, no resulta constitucionalmente válido que, a través de una reforma legal, se intenten establecer requisitos que no fueron contemplados por el Constituyente Local, ya que la propia Constitución es la norma apta para restringir el ejercicio de una facultad o derecho en ella previsto.

• Para que el Poder Legislativo pueda establecer requisitos adicionales para ejercer el cargo de presidente, se requiere que la Constitución del Estado así lo consigne expresamente, o mediante fórmulas como: "conforme a la ley", "en términos de ley" o "la ley determinará", que permitan hacer efectiva la facultad o el deber correlativo; por tanto, el hecho de que, mediante normas secundarias, el Legislativo intente establecer requisitos adicionales a los previstos en la Constitución rompe con el principio de regularidad constitucional.

• El plazo de cinco años en el cargo de Magistrado, que se prevé en el numeral 44(8) reformado de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para estar en posibilidad de acceder a la presidencia, no cumple con los parámetros de razonabilidad y objetividad necesarios, y transgrede el derecho de igual acceso a cargos públicos, al no señalar el motivo por el cual se consideró esa temporalidad como idónea.

• La exposición de motivos de la reforma legal en cuestión carece de la motivación suficiente para justificar el plazo de cinco años, en virtud de que no pueden advertirse cuáles son las causas por las que se optó por fijar ese periodo, pues, si bien es cierto que se hace referencia a la experiencia, es ambigua en determinar y precisar sobre qué parámetros fue determinada esa "experiencia", es decir, no precisa por qué el Magistrado que tenga ejerciendo dicha función, por un mínimo cinco años, se encuentra más cualificado respecto de otro con una duración menor en el puesto.

• Los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Chihuahua, al aprobar y publicar el decreto impugnado, violaron el principio de división de poderes e invasión de la esfera competencias que únicamente atañe al Poder Judicial de la entidad, transgrediendo con ello las garantías constitucionales de irretroactividad, legalidad, audiencia, defensa previa, administración de justicia y seguridad jurídica.

• El artículo segundo transitorio(9) del decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, de manera ilegal e inconstitucional, modifica los acuerdos tomados por el Tribunal Pleno y sus determinaciones, con la finalidad de destituir al funcionario electo en el cargo de presidente, con lo cual se pretende dejar sin efecto lo dispuesto en el artículo 109, fracción V,(10) de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, que establece que corresponde al Pleno del Tribunal Superior de Justicia nombrar a su presidente de entre sus integrantes, mediante votación por mayoría calificada de las dos terceras partes de los Magistrados presentes en el Pleno.

• Consecuentemente, si de conformidad con lo previsto por el artículo previamente citado, es facultad del Pleno del Tribunal Superior de Justicia designar entre sus integrantes a quien habrá de ocupar el cargo de presidente, lo cual fue efectuado en sesiones de cinco de enero y ocho de diciembre de dos mil dieciséis, no puede resultar válidamente constitucional que, a través de un acto formal y materialmente legislativo, se pueda dejar sin efectos una determinación que le corresponde en exclusiva al Tribunal Pleno.

• El artículo 44 y el párrafo primero del artículo segundo transitorio del decreto impugnado introducen una distinción, con la cual se vulnera el principio de igualdad, tanto en lo referente al derecho al trabajo como al acceso a los cargos públicos, al establecer una diferencia discriminatoria para los Magistrados que, no obstante hallarse en igualdad de condiciones que otros posibles "candidatos", reciben un trato desigual al prohibírseles acceder a la presidencia sin contar con cinco años de antigüedad en el cargo.

• Si bien la garantía de libertad de trabajo puede limitarse por el legislador, ello será cuando se trate de una actividad ilícita, se afecten derechos de terceros o de la sociedad y dicha restricción deberá hacerse de manera general, abstracta e impersonal, pero de ninguna manera puede establecer restricciones a esa garantía, en relación con gobernados en particular, de modo que, una vez aplicada la disposición, ésta pierde su eficacia, característica que el precepto transitorio no cumple, pues la licitud de los nombramientos en el cargo de presidente deriva del hecho de que se encuentra previsto en la Constitución Política del Estado de Chihuahua.

• El artículo segundo transitorio violenta lo dispuesto en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, al dirigirse específicamente al presidente del Tribunal Superior de Justicia, y ser sólo aplicable en una ocasión, constituye una norma de carácter privativo que carece de las atribuciones que para tal efecto ha establecido nuestro Máximo Tribunal, entre las que destacan la generalidad, abstracción y permanencia.

• El decreto resulta violatorio de la garantía de irretroactividad de las normas jurídicas, prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal, toda vez que el Congreso del Estado de Chihuahua, al expedir el decreto que aquí se combate, modificó las bases de la integración, funcionamiento y organización del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, cambiando los lineamientos para designar al presidente del tribunal

CUARTO.—Radicación y admisión. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil dieciséis,(11) el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente de la presente controversia constitucional con el número 150/2016 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Alberto Pérez Dayán.

Por auto de quince de noviembre siguiente,(12) el Ministro instructor admitió la demanda y ordenó integrar el cuaderno incidental respectivo; en este último, mediante acuerdo de la misma fecha, negó la suspensión solicitada porque no es posible otorgarla respecto de normas generales.(13)

QUINTO.—Contestación a la demanda del Congreso del Estado de Chihuahua. La presidenta de la mesa directiva y el titular de la Secretaría de Servicios Interinstitucionales del Congreso del Estado de Chihuahua, en representación del Poder Legislativo, formularon su respuesta en los siguientes términos.(14)

• La controversia constitucional es improcedente porque el decreto de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua se publicó el once de noviembre del dos mil dieciséis y de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto, el licenciado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes ese día dejó de ser presidente del Tribunal de Justicia del Estado, por lo que, en atención a ese propio precepto legal, el Magistrado decano Julio Cesar Jiménez Castro asumió el cargo de presidente del tribunal, cargo en el cual fue ratificado al día siguiente, doce de noviembre, participando incluso en su designación el Magistrado Sepúlveda Reyes.

• De esta manera, se destaca que como el promovente, en sus diversos conceptos de invalidez, se dirige a combatir el acto material de ejecución contenido en el artículo segundo transitorio, el cual, al entrar en vigor las reformas, cumplió con el objeto para el cual se emitió, es decir, se designó al Magistrado decano o de mayor antigüedad en el cargo, quien fue posteriormente ratificado en el cargo de presidente del Tribunal Superior del Estado, lo anterior, con apoyo en el criterio jurisprudencial 1a. LIX/2005, de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. CUANDO SE INTERPONE CONTRA UN PRECEPTO TRANSITORIO QUE YA CUMPLIÓ EL OBJETO PARA EL CUAL SE EMITIÓ, DEBE SOBRESEERSE EN ELLA AL SURTIRSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 19, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

• Por lo anterior, se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 19, fracciones V y VIII, en relación con los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, ya que el promovente carece de legitimación activa, en virtud de que, a la fecha en que se presentó el escrito relativo a la demanda de controversia, el delegante de facultades, Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, en su supuesta calidad de presidente del Tribunal Superior, ya no tenía ese carácter y, por ende, el Magistrado que presentó el escrito respectivo ya no podía ejercer las facultades que le fueron delegadas por quien en ese momento ya carecía de la representación del Poder Judicial del Estado.

• De conformidad con lo previsto en el artículo 46, fracción I,(15) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, la facultad de representar al Poder Judicial de dicha entidad federativa corresponde al presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, calidad que actualmente, y desde el día once de noviembre de dos mil dieciséis, ostenta el Magistrado Julio César Jiménez Castro; luego, si el Magistrado que presentó el escrito jamás ha sido presidente del tribunal, y la persona que le delegó facultades como presidente ya no tenía ese cargo, en consecuencia, tampoco podía ejercer las facultades que le fueron delegadas por quien en ese momento no tenía la representación del órgano.

• En ejecución del artículo segundo transitorio del decreto, a las diez horas con treinta minutos del once de noviembre de dos mil dieciséis, fecha de entrada en vigor de la reforma impugnada, el Magistrado Julio César Jiménez Castro, como decano del H. Pleno, asumió las funciones de presidente; en consecuencia, ese mismo once de noviembre quedó consumado el acto y, por ello, el presidente electo los convocó a sesión extraordinaria a las once horas del doce noviembre del año en curso, en la inteligencia que tanto el anterior presidente, Gabriel Humberto Sepúlveda, como su delegante, acudieron a la sesión del doce de noviembre, en la cual participaron, y emitieron su voto en la elección y ratificación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.

• Bajo esta perspectiva, si el delegante, Gabriel Humberto Sepúlveda, dejó de ser presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado desde el momento en que entró en vigor el decreto impugnado,(16) esto es, desde el primer minuto del día once de noviembre de dos mil dieciséis, fecha en que el aludido decreto fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua y posteriormente el Magistrado Decano, Julio César Jiménez Castro, asumió materialmente las funciones de presidente, es inobjetable que, cuando Jorge Abraham, Ramírez Alvídrez acudió a las catorce horas con veintiocho minutos, del once de noviembre de dos mil dieciséis, a presentar la demanda de controversia, ya no podía ejercitar las facultades con las que pretendió realizar dicha actuación.

• El poder actor también carece de legitimación activa para promover la demanda, porque no tenía facultades del Pleno que lo facultaran para ello, de conformidad con el artículo 109 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y 42, fracción IX,(17) de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua; en efecto, en todo caso debió ser el Tribunal Pleno el que ponderara la viabilidad de promover el presente juicio de controversia constitucional y aprobar su promoción mediante una votación mayoritaria.

• En otro tenor, en lo tocante al artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se destaca que la reforma aprobada sí cumple con los parámetros de razonabilidad y objetividad porque el Congreso, contrario a lo sostenido por el promovente, sí tiene facultad para solicitar dicho requisito, al ser la experiencia un factor importante en la toma de decisiones, pues con ella se conoce a la perfección las necesidades administrativas del Poder Judicial.

• En este sentido, se señala que es infundado que el decreto de reformas infrinja el contenido del artículo 109, fracción V, de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en primer lugar, porque el presidente del tribunal, hasta antes de la entrada en vigor de la reforma, sigue siendo integrante de dicho tribunal como Magistrado y, en segundo lugar, el Congreso del Estado, al reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, está cumpliendo con las finalidades del artículo 1o. de dicho ordenamiento legal, consistente en regular la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, facultad que tiene ese órgano legislativo conferida en el artículo 64, fracción I,(18) de la Constitución Estatal, consistente en legislar todo lo concerniente al régimen interior; por lo que la fijación del plazo de duración de la presidencia del tribunal, así como las reglas para que opere o no la reelección de ese cargo, se encuentran dentro de las facultades autónomas con que gozan los Estados para decidir libre y soberanamente sobre la integración y funcionamiento de sus Poderes Judiciales, mismas facultades que ejercen mediante sus Poderes Legislativos, que son los constitucionalmente facultados para expedir los ordenamientos en los que se consagre tal integración, en términos del artículo 116, fracción III, de la Constitución Federal.

• En efecto, el plazo de duración del cargo de presidente no es una facultad que corresponda al Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues éste se encuentra fijado en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, específicamente en su artículo 44, que, al entrar en vigor la reforma impugnada, quedaron consumados los efectos del artículo segundo transitorio del decreto de reformas, en la inteligencia de que los fines de la reforma en comento se centraron en atender a un nuevo esquema orgánico, con el que se pretende rediseñar la estructura del Poder Judicial en función del interés público.

• El Congreso del Estado, al reformar la ley, está obrando en ejercicio de las facultades que la Constitución le otorga y, por ello, no es verdad que esté invadiendo facultades del Poder Judicial, pues a éste no le corresponde fijar el plazo de duración del cargo de su presidente.

• En tales condiciones, el Pleno del Tribunal Superior conserva la facultad de nombrar a quien lo preside, conforme a la normatividad que establece la ley aplicable, votada por el Congreso del Estado, promulgada y publicada por el Poder Ejecutivo, de acuerdo con el proceso legislativo idóneo. Así, no es válido sostener que medie intromisión en los ámbitos de atribuciones del Poder Judicial y Ejecutivo.

• De igual forma, se destaca que el derecho a la estabilidad de los funcionarios judiciales no es de carácter vitalicio, sino que dicha prerrogativa les asegura el ejercicio en el encargo que les fue encomendado, se concede por un plazo cierto y determinado, mismo que comprende desde su designación y nombramiento, hasta el momento en que, conforme al párrafo quinto de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal,(19) llegue el tiempo del término de su encargo previsto en las Constituciones Locales, pues los Magistrados de los tribunales locales no adquieren en propiedad el cargo encomendado.

• La estabilidad, como otros derechos que consagra la Constitución Federal, debe ejercerse conforme a las leyes que la reglamentan, y en armonía con los demás derechos fundamentales y atribuciones estatales establecidos con igualdad de jerarquía por la misma Ley Fundamental. Resultan aplicables por analogía las tesis de jurisprudencia P./J. 110/2009 y P./J. 44/2007, de rubros: "MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. EL ARTÍCULO 58 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL QUE PREVÉ LA EDAD MÁXIMA PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, NO AFECTA EL PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD JUDICIAL.", así como: "ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES, PARÁMETROS PARA RESPETARLA, Y SU INDEPENDENCIA JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN."

• En lo tocante al derecho de igualdad, en cuanto a la designación de los Magistrados integrantes del Tribunal Pleno, así como el derecho al trabajo, se señala que no existe discriminación para ocupar el cargo de Magistrado, mucho menos violación al derecho de trabajo, toda vez que la propia Constitución Federal establece diferentes categorías de servidores públicos y requisitos para acceder a un cargo, ya sea por elección popular o por designación.

• Bajo esta lógica, la edad es determinante para ocupar ciertos puestos, ya sea de elección popular o como servidor público, así está establecido en diferentes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el caso de los Ministros de la Corte, entre otros casos, en donde se les exige una antigüedad mínima de diez años en el ejercicio de la profesión, por lo que la madurez y la experiencia necesarias para ocupar el cargo son reconocidas constitucionalmente, de ahí que el requisito de cinco años ininterrumpidos en el cargo de Magistrado, para ocupar el cargo de presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se ajusta plenamente al espíritu contenido en el artículo 116, fracción III, párrafo cuarto,(20) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, no infringe el derecho al trabajo y al acceso a ocupar un cargo público, como argumenta el promovente de la controversia.

• Por otra parte, se destaca que la reforma no contiene una ley privativa; en efecto, se sostiene que la reforma impugnada es una ley general que es aplicable a todos los casos en que se elija al presidente del Tribunal Superior de Justicia, y su vigencia no desaparece después de aplicarse a un caso específico, ya que la transitoriedad de la ley sólo tiende a resolver los conflictos que surjan en ocasión de la expedición de la nueva disposición u ordenamiento jurídico, respecto de los expedidos con anterioridad; esto es, regula las situaciones contempladas por el tránsito a la vigencia de la nueva ley durante ese lapso y determina la norma jurídica, anterior o posterior, que habrá de regular las consecuencias jurídicas surgidas de hechos o actos jurídicos anteriores a la entrada en vigor de la nueva ley.

• Respecto del concepto de invalidez, relativo a que la reforma viola la garantía de irretroactividad de las normas jurídicas, contenida en el artículo 14 de la Constitución Federal, se estima infundado dicho argumento porque el estudio de la retroactividad de la ley implica analizar los efectos que una ley tiene sobre los derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor; derechos que deben ser entendidos en el ámbito de su patrimonio jurídico como persona, por lo que no toda variación al estatus momentáneo de un funcionario público, con motivo de la sucesión de leyes en el tiempo, implica afectación a la persona.

• A partir de lo anterior, se aduce que los funcionarios públicos no tienen derechos adquiridos, en relación con el puesto que desempeñan, sino que las normas que los regulan van dirigidas a proteger la función del órgano y no dirigidas a la persona; si la ley contiene disposiciones relativas a la organización y funcionamiento de los órganos encargados de la administración e impartición de justicia, no conceden un derecho sustantivo a quienes desempeñan cargos en ese órgano. En este sentido, el formato para ejecutar la ley ya vigente y la disminución del periodo de quien fuere electo conforme a diversa normatividad derogada, implican la insubsistencia del nombramiento precedente, sin que ello implique intromisión a la competencia del Poder Judicial; es decir, la reducción del periodo no puede afectar derechos de la persona que desempeña dicho cargo, pues no tiene derechos adquiridos sobre esa encomienda y su duración temporal.

• La presente ley no lesiona derechos de la persona que ocupaba dicho cargo, pues conserva su calidad de Magistrado y de autoridad como órgano integrante del Estado; en otras palabras, no tiene la calidad de gobernado, requisito indispensable para que pueda ser sujeto de protección constitucional, esto es, para que puede alegar la violación de una garantía constitucional en su contra, como lo es el principio de irretroactividad de la ley. Al efecto, tiene aplicación por analogía la tesis de jurisprudencia P./J. 90/2011 (9a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "PODERES LEGISLATIVOS DE LOS ESTADOS. TRATÁNDOSE DE SUS LEYES ORGÁNICAS NO PUEDE ALEGARSE, A TRAVÉS DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY PARTIENDO DE QUE QUIENES INTEGRAN EL CONGRESO LOCAL TIENEN DERECHOS ADQUIRIDOS, O BIEN, DE SITUACIONES JURÍDICAS CREADAS AL AMPARO DE LA LEY ANTERIOR, QUE IMPIDAN UNA REFORMA."

SEXTO.—Contestación de la demanda por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua. Mediante escrito presentado en este Alto Tribunal el trece de enero de dos mil diecisiete,(21) el gobernador del Estado contestó la demanda de controversia, aduciendo, esencialmente, lo siguiente:

• Resulta improcedente la controversia constitucional presentada por el Magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, pues carece de legitimación activa para acudir en representación del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, porque: 1. Al momento de la presentación de la controversia constitucional, el Magistrado delegante, Gabriel Humberto Sepúlveda, ya no tenía el carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, 2. No cuenta con autorización del Pleno del Tribunal Superior de Justicia que lo faculte para promover la controversia constitucional; y, 3. Es inválida la delegación de facultades realizada por el Magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, mediante oficio No. P-756/2016, para presentar una controversia constitucional contra una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, por carecer, en el momento de su otorgamiento, de afectación alguna a su esfera jurídica, así como autorizar al Magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez para promover una demanda contra una reforma que no había sido publicada.

• En primer término, se sostiene que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con los artículos 10, fracción I y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria, en virtud de que el Magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez señala en su escrito que se desempeña como presidente del Tribunal Superior de Justicia (sic), al haber sido designado el ocho de diciembre de dos mil quince, con el carácter de presidente interino, y que el cinco de enero de dos mil dieciséis se le nombró como presidente definitivo; de igual forma, destaca que acude en representación del Poder Judicial del Estado mediante delegación otorgada en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. En este sentido, el promovente carece de legitimación activa para presentar la demanda de controversia, ya que en ningún tiempo ha tenido el carácter de presidente del Tribunal Superior de Justicia, lo que se desprende de las propias constancias que acompaña a su escrito inicial, pues al once de noviembre de dos mil dieciséis, el Magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes ya no tenía el carácter de presidente del Tribunal y, por tanto, no estaba legitimado para delegar facultades de representación del órgano jurisdiccional en otra persona.

• En el caso, la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, es un acto que tuvo trascendencia jurídica el once de noviembre de dos mil dieciséis, momento en que fue publicada, y entró en vigor el mismo día, de conformidad con el artículo primero transitorio, mientras que, en atención al artículo segundo transitorio,(22) el periodo del entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado concluyó al momento de la entrada en vigor del referido decreto de reformas.

• En esa tesitura, se desprende que el Magistrado delegante, Gabriel Humberto Sepúlveda, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia hasta el diez de noviembre de dos mil dieciséis, puesto que al día siguiente entró en vigor el decreto impugnado, y ya no tenía facultades para representar al Poder Judicial del Estado, ni por mayoría de razón para delegar facultades, de ahí que se encuentre impedido el delegado Magistrado, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, para presentar la controversia constitucional. Al efecto, estima aplicable por analogía el criterio jurisprudencial P./J. 20/2002, que lleva por rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. PARA QUE LA DEMANDA DEBA TENERSE POR CONTESTADA QUIEN FIRMA LA PROMOCIÓN RELATIVA COMO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE UN ESTADO, DEBE TENER ESE CARÁCTER EN LA FECHA EN QUE SE HIZO EL DEPÓSITO DE LA PIEZA POSTAL RESPECTIVA."

• En otro tenor, el Magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez también carece de legitimación activa para promover la demanda porque, además de no haber sido facultado por quien ocupaba el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua al momento de presentar la demanda, tampoco fue autorizado por el Pleno de dicho tribunal, de conformidad con el artículo 46, fracción I y otros relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, de los cuales se deduce que el presidente, al suscribir una demanda de controversia constitucional, acatando la decisión unánime o mayoritaria del Tribunal Pleno, actúa como un mero mandatario en ejecución de las decisiones de ese tribun

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28179-d635e01b/i-controversia-constitucional-legitimacion-del-representante-del-presidente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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