I. PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO DE REFORMA Y/O MODIFICACIÓN A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES LOCALES. SU REGULACIÓN CORRESPONDE A LA LEY SUPREMA LOCAL. II. PROCEDIMIENTO DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. ETAPAS QUE LO CONFORMAN. III. DECRETOS DE REFORMA Y/O ADICIÓN A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. SU PUBLICACIÓN DEBE REALIZARSE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL CUAL SE DECLARA FORMALMENTE LA INCORPORACIÓN CONSTITUCIONAL RELATIVA A LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 69 Y 70 DE LA LEY SUPREMA LOCAL Y SE REFORMA EL TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 342, POR EL QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 69 Y LOS PÁRRAFOS SEGUNDO A SEXTO AL ARTÍCULO 70, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 93 Y 94 DEL MISMO ORDENAMIENTO, PUBLICADO EN LA GACETA PARLAMENTARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD EL 13 DE JUNIO DE 2013). IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DE UNA NORMA TRANSITORIA QUE DA VALIDEZ A UNA REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE BAJA CALIFORNIA (INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL CUAL SE DECLARA FORMALMENTE LA INCORPORACIÓN CONSTITUCIONAL RELATIVA A LA REFORMA A LOS ARTÍCULOS 69 Y 70 DE LA LEY SUPREMA LOCAL Y SE REFORMA EL TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 342, POR EL QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 69 Y LOS PÁRRAFOS SEGUNDO A SEXTO AL ARTÍCULO 70, Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 93 Y 94 DEL MISMO ORDENAMIENTO, PUBLICADO EN LA GACETA PARLAMENTARIA DEL PODER LEGISLATIVO DE LA ENTIDAD EL 13 DE JUNIO DE 2013).
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 81/2013. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 24 DE MARZO DE 2015. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO ADJUNTO: JUAN JOSÉ RUIZ CARREÓN.
México, Distrito Federal. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día veinticuatro de marzo de dos mil quince, emite la siguiente:
Sentencia
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 81/2013, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California en contra del Decreto mediante el cual se aprobó la reforma y adición a los artículos 69 y 70 de la Constitución Política de dicha entidad, así como la reforma al transitorio tercero del diverso Decreto Número 342; publicado en la Gaceta Parlamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California, el trece de junio de dos mil trece; y la convocatoria para designar al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, emitida el trece de junio de dos mil trece por el Congreso de dicha entidad federativa, publicada el catorce de junio siguiente, en el periódico "El Mexicano".
I. Antecedentes
1. El once de junio de dos mil trece, se celebró sesión de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XX Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, en la que se aprobó, por cuatro votos a favor, el dictamen número 205, relativo a la reforma y adición de los artículos 69 y 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como la reforma del artículo tercero transitorio del diverso Decreto Número 342.
2. En la misma fecha, el Pleno de la XX Legislatura del Congreso del Estado de Baja California aprobó, por mayoría de votos, el decreto de la iniciativa relacionada en el párrafo inmediato anterior.
3. El trece de junio de dos mil trece, en sesión extraordinaria de la XX Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, se emitió la declaratoria de incorporación del decreto de mérito, con motivo de la aprobación por la mayoría de los Ayuntamientos que conforman aquella entidad -Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito y Tecate-, declaratoria que fue publicada en esa misma fecha en la Gaceta Parlamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California.
4. En esa misma fecha, se aprobó, por mayoría, la convocatoria pública para la designación del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la cual fue publicada el catorce del mes y año indicados en el periódico "El Mexicano". Ver votación 1
II. Trámite de la demanda
5. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y norma general impugnada. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de junio de dos mil trece, Francisco Antonio García Burgos, quien se ostentó como secretario general de Gobierno del Estado de Baja California, en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad, promovió controversia constitucional en contra de la Vigésima Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, así como de los Ayuntamientos de Mexicali, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, todos del Estado de Baja California, en su calidad de Poder Constituyente de la citada entidad federativa, demandando la invalidez del decreto mediante el cual se aprobó la reforma y adición a los artículos 69 y 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, asimismo, del artículo tercero transitorio del diverso Decreto 342, mediante el cual, entre otras cosas, se aprobó la adición de un segundo párrafo al artículo 69 y la adición de los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 70, ambos de la Constitución Política Estatal, además de la omisión de remitirlos para su promulgación al gobernador de la entidad federativa en cuestión.
6. Preceptos violados y conceptos de invalidez. En la demanda, el promovente señaló como preceptos violados los artículos 14, 16, 39, 40, 41, 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:
a. En el primero de ellos, el Poder Ejecutivo actor sostiene que el decreto impugnado, en concreto, la reforma de los artículos 69 y 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, contravienen lo previsto en los diversos numerales 14, 16, 39, 40, 41 y 116 de la Constitución Federal, dado que el Congreso Local desatendió los principios de debido proceso, legalidad, invasión de esferas competenciales, así como los de unidad, indivisibilidad y jerarquía que rigen al Ministerio Público.
Que lo anterior es así, puesto que de la simple lectura del decreto cuestionado, se advierte que es incongruente y que carece de justificación y motivación, tanto en la creación y regulación de la Fiscalía contra Delitos Electorales, como en la designación de su titular, por parte del Congreso del Estado de Baja California, ya que, en atención a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Federal, la investigación y persecución de los delitos incumben sólo al Ministerio Público; quien, conforme al diverso numeral 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa, dicha institución es única, indivisible y jerárquica en su organización, cuyas funciones no podrán ser influidas ni restringidas por alguna otra autoridad.
Por tanto, que la creación de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, al dotarla, por una parte, de autonomía e independencia y, por otra, al adscribirla a la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad, rompe con el sistema de seguridad pública a nivel estatal, puesto que, por razón de sus funciones, no puede ser autónoma a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California.
Continúa diciendo que el Congreso Estatal invadió la esfera de competencias del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, al atribuirse la facultad de nombrar al titular de la Fiscalía contra Delitos Electorales, así como la determinación del proceso de su selección, ya que, de conformidad con los artículos 40, 49, 72 y 110 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; así como los diversos numerales 1o., 2o., 3o., 17, 18 y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de esa entidad federativa; 3o., 15, 18 y 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa; y 3o. de la Ley de Seguridad Pública estatal; se advierte que es facultad exclusiva del gobernador del Estado nombrar y remover, libremente, a los funcionarios que integran la administración pública estatal, entre otros, al procurador general de Justicia del Estado, a los subprocuradores y a los agentes del Ministerio Público.
Que en ese orden de ideas, el Congreso Local no puede arrogarse la facultad para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ya que ello se traduce en una subordinación del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, lo cual es violatorio de lo previsto en el artículo 116 de la Constitución Federal, sin que sea óbice a lo anterior, lo señalado por este Alto Tribunal, en relación con la división funcional de atribuciones de los poderes, dado que en la especie no se limita a una simple colaboración o coordinación en éstos, sino que el Poder Legislativo se arroga facultades propias del Poder Ejecutivo Local, siendo aplicable lo sostenido en la jurisprudencia P./J. 51/2006, de rubro: "FISCALÍA CONTRA DELITOS ELECTORALES DEL ESTADO DE NAYARIT. LOS ARTÍCULOS 112 Y 112 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DE ESA ENTIDAD, QUE ESTABLECEN LA FACULTAD DE DICHO PODER PARA DESIGNAR AL TITULAR DE LA CITADA FISCALÍA, SON VIOLATORIOS DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."
Finalmente sostiene que el decreto impugnado, en relación con el procedimiento de elección del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, también es contrario al principio de división de poderes, porque de conformidad con lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Reglamentaria del Artículo 21 de la Constitución Federal, puesto que los numerales 7o., fracción VI, 8o., 10 y 12, confieren directamente la atribución de regular dicho procedimiento a las instituciones de seguridad pública en el ámbito de su competencia; esto es, el Congreso del Estado de Baja California no tiene en sus atribuciones la posibilidad de determinar el procedimiento de elección.
b. En el segundo concepto de invalidez, el Poder Ejecutivo actor sostiene que la declaratoria de incorporación del decreto impugnado, así como la omisión del envío del decreto para su promulgación por parte del Ejecutivo Estatal, son violatorios del marco constitucional y legal que rige a nivel federal y en aquella entidad.
Que lo anterior es así, porque en atención a lo previsto en los artículos 14, 16, 39, 40, 41, 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 49, 52 y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; 160, 161, 162, 163 y 164 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California; y 2, 17, 19 y 20, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, las autoridades estatales deben respetar los procedimientos formales y materiales para la creación, reforma y adición de la Ley Suprema de aquella entidad, ya que, en términos de los preceptos citados, la iniciativa y formación de las leyes y decretos deben culminar con la promulgación y publicación de tales por parte del Poder Ejecutivo, así como, en su caso, de los titulares de las secretarías estatales que tengan injerencia en el ramo, pues de lo contrario dichas normas no se apegarían al proceso de creación y, por ende, no serían obligatorias para sus destinatarios; salvo el caso de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en términos de lo señalado en el artículo 34, inciso H, de la Ley Suprema de dicha entidad.
En efecto, para que las leyes y decretos sean obligatorios para sus destinatarios deben, además, publicarse en el medio de difusión oficial, que en el caso concreto lo es el Periódico Oficial del Estado de Baja California, por lo que la determinación del Congreso Estatal, al señalar que el decreto impugnado entrará en vigor una vez que se haga la declaratoria de incorporación conducente y su publicación en la Gaceta Parlamentaria de dicho Poder Legislativo, contraviene los preceptos federales y locales citados.
Finalmente, sostiene que la convocatoria para designar al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como los actos que en su caso se llegaran a emitir por dicho órgano, sean declarados inválidos, puesto que si bien derivan de una norma en sentido material, lo cierto es que formalmente no tienen el carácter de ley por carecer de promulgación para ello.
c. En el tercer concepto de invalidez, el Poder Ejecutivo actor sostiene que el decreto impugnado es contrario a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley Fundamental -que establece que las leyes en materia electoral deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, asimismo, que durante el mismo lapso no podrá haber "modificaciones legales fundamentales"-, pues otorga al Poder Legislativo Local una facultad que de origen le corresponde al Poder Ejecutivo Estatal, lo que constituye una modificación del tipo a las que se refiere ese numeral.
Asimismo, aduce que el decreto reclamado transgrede el principio de división de poderes, al otorgar al Poder Legislativo demandado, la facultad de nombrar a un fiscal especializado para delitos electorales, quien al realizar sus funciones -persecución de delitos en materia electoral-, por los vicios constitucionales de su designación, influiría en el proceso electoral; por tanto, al haberse efectuado la aludida reforma sin que hubieran mediado los noventa días a que se refiere el aludido artículo 105 de la Constitución Federal, se estima que violentó dicho mandamiento constitucional.
Finalmente, sostiene que el decreto impugnado transgrede lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Federal, por invasión de esferas competenciales, en relación con el nombramiento del fiscal especializado en delitos electorales; lo que a su vez es violatorio del citado artículo 105, fracción II, de la Ley Suprema, toda vez que no fue promulgado ni publicado al menos noventa días antes del inicio del proceso electoral.
7. Admisión y trámite. Por acuerdo de diecisiete de junio de dos mil trece, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 81/2013 y, por razón de turno, designó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.
8. Mediante proveído de misma fecha, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
9. Contestación de la demanda. El síndico procurador del XX Ayuntamiento del Municipio de Mexicali, Baja California, al rendir su contestación, señaló lo siguiente:
a. Que el decreto impugnado pertenece a la materia electoral, puesto que se trata de la creación de la fiscalía especializada para conocer en forma exclusiva de los delitos electorales, por lo que la presente controversia constitucional resulta improcedente en términos de lo previsto en el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal; y, para ello, cita como apoyo la tesis aislada 1a. C/2010, sustentada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS ELECTORALES, AUN CUANDO SU INCONSTITUCIONALIDAD PRETENDA SOSTENERSE EN ASPECTOS PRESUPUESTALES."
b. Que no existe controversia constitucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo de dicho Estado, por contar el Poder Legislativo con facultades expresas y porque en el presente asunto, debe observarse que el Congreso del Estado actuó con sujeción a la norma establecida en la fracción V del artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Baja California, de crear y suprimir empleos públicos.
c. Que la demanda promovida por el secretario de Gobierno en representación del Poder Ejecutivo, resulta improcedente, ya que en ningún caso en el precepto que invoca aquél, se le confiere tal representación legal con la que se ostenta; y, para ello, cita el artículo 19, fracción XXIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California, en donde se estipulan las atribuciones que le corresponden a la Secretaría General de Gobierno, así como las jurisprudencias P./J. 84/2000 y P./J. 77/2001, sustentadas por este Tribunal Pleno, cuyos rubros, respectivamente, son los siguientes: "LEGITIMACIÓN PASIVA EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CARECEN DE ELLA LOS ÓRGANOS SUBORDINADOS." y "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE EVIDENCIA QUE CONFORME A LA LEGISLACIÓN ORDINARIA APLICABLE, NINGUNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE COMPARECIERON A INTERPONERLA TIENE FACULTADES PARA REPRESENTAR AL ENTE PÚBLICO LEGITIMADO EN LA CAUSA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO."
d. Finalmente, sostiene que, en todo caso, el decreto impugnado se encuentra debidamente fundado y motivado; citando para ello, la diversa tesis jurisprudencial P./J. 48/2006, sustentada por este Tribunal Pleno, cuyo rubro es: "FISCALÍA CONTRA DELITOS ELECTORALES DEL ESTADO DE NAYARIT. EL DECRETO 8592 EMITIDO POR EL CONGRESO LOCAL, QUE CREÓ AQUÉLLA, SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE FUNDADO Y MOTIVADO."
10. Por su parte, el Poder Legislativo del Estado de Baja California, al rendir su contestación, señaló, en síntesis, lo siguiente:
a. Que la aprobación del Dictamen 205 por parte de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, sobre las reformas y adiciones a la Constitución Local, se encuentra ajustada a derecho, ya que la Comisión Legislativa es la competente para ello.
b. Que en sesión plenaria de once de junio de dos mil trece, se aprobó el decreto de reforma a los numerales constitucionales locales señalados, por mayoría calificada de diecisiete votos, misma que es la votación requerida para reformas de esta índole.
c. Que el decreto en comento fue emitido conforme a derecho, en términos de lo previsto en los numerales 27, fracción I, 28 y 29 de la Constitución Política del Estado de Baja California.
d. Que en sesión extraordinaria de trece de junio de dos mil trece, se emitió la declaratoria de incorporación relativa a las reformas de los artículos 69 y 70 de la Constitución Política de Baja California, y que en esa misma fecha se aprobó la convocatoria pública para el nombramiento del fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales.
e. Que no le asiste la razón al actor, al señalar que el Congreso del Estado de Baja California, invade su esfera competencial al pretender que el nombramiento del fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales sea a través de dicho órgano legislativo.
f. Que el contenido del Decreto 342, en particular el cuarto párrafo del artículo 70, establece que el fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales, será nombrado por el Congreso del Estado, mediante un procedimiento de consulta pública en los términos, requisitos y condiciones que establecen las leyes, en el que durará en su cargo cuatro años y podrá ser reelecto por una sola ocasión.
g. Que el objetivo del fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales, será la investigación y persecución de delitos electorales, con autonomía técnica y operativa, contará con personalidad jurídica y patrimonio propio; sin embargo, se dispuso que la Fiscalía y la Procuraduría General de Justicia del Estado se coordinen para la investigación de los delitos electorales, con auxilio de peritos y técnicos, así como de la Policía Ministerial, por lo que se ordenó reformar también la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California y la Ley de la Policía Estatal Preventiva del Estado de Baja California.
h. Que con la creación de dicha fiscalía, se busca privilegiar la investigación de los delitos electorales y enfocarse de manera privilegiada a la ciudadanía; a la participación electoral; y, a la vigilancia de los derechos ciudadanos; asimismo, se consolida y fortalece la cultura de la legalidad en los comicios electorales estatales.
11. El síndico procurador del XX Ayuntamiento del Municipio de Ensenada, Baja California, al rendir su contestación, señaló lo siguiente:
a. Sostuvo que los hechos alegados por el poder actor no le eran propios, por lo que no podía afirmar ni negar algo al respecto, salvo que dicho Municipio aprobó la reforma a la Constitución Local el trece de junio de dos mil trece.
b. Que respecto de los conceptos de invalidez hechos valer por el poder actor, tampoco se pronunciaba, porque en ellos no se controvirtieron las intervenciones de los Municipios del Estado de Baja California en el proceso legislativo que dio origen al decreto impugnado.
12. Opinión de la Procuraduría General de la República. El procurador general de la República, al formular su opinión, manifestó, en lo esencial, lo siguiente:
a. Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para sustanciar y resolver la presente controversia constitucional, en términos del artículo 105, fracción I, incisos h) e i), de la Constitución Federal.
b. Que en el caso se impugnan: el Decreto 342, mediante el cual se aprobó la adición de un segundo párrafo al artículo 69, la adición de los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 70 y la reforma a los artículos 93 y 94 de la Constitución Política del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de noviembre de dos mil doce; la declaratoria de incorporación emitida por el Congreso del Estado en sesión extraordinaria de trece de junio de dos mil trece, con motivo de la aprobación por la mayoría de los Ayuntamientos del decreto mencionado; y, la omisión de remitirlo para promulgación del gobernador del Estado.
c. Que en relación con el Decreto 342, la demanda es extemporánea, considerando la fecha de publicación de las normas, esto es, el treinta de noviembre de dos mil doce; por lo que si la demanda se presentó hasta el catorce de junio de dos mil trece, resulta que ello aconteció fuera del plazo que concede la ley; asimismo, resalta que debido a que el actor ya había impugnado las normas atendiendo la fecha de su publicación, lo cual se formuló en la diversa controversia constitucional 124/2012, ante este Máximo Tribunal, ya no estaba en aptitud de controvertir dichas normas alegando su primer acto de aplicación; en todo caso, debieron combatirse mediante una ampliación de demanda en la citada controversia constitucional.
d. Que debe desestimarse la causal de improcedencia que hace valer el Municipio de Mexicali, Baja California, consistente en que la persona que compareció en representación del Poder Ejecutivo no está debidamente legitimada, conforme a lo manifestado en el apartado denominado "II. Legitimación procesal de la actora".
e. Estima de infundada la causal de improcedencia que hace valer el Municipio de Mexicali, Baja California, toda vez que no se cuestionan normas de carácter electoral, sino que se trata de una reforma a la Constitución Local, a través de la cual se crea una Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, en esa entidad.
f. En las disposiciones del decreto impugnado, en cuanto a la designación del titular de la Fiscalía contra Delitos Electorales, que éste será nombrado por el Congreso del Estado, no sólo constituye una subordinación del Poder Ejecutivo, por parte del Legislativo, sino que también es incongruente con el resto del diseño previsto en la Constitución de Baja California, y lo que es violatorio del artículo 116 de la Constitución Federal; esto mismo sirve para sostener la inconstitucionalidad de la convocatoria pública emitida por el Congreso del Estado en sesión extraordinaria de trece de junio de dos mil trece, publicada en el periódico "El Mexicano", acto emitido como parte de la aplicación de las normas que se prevé en la figura de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.
13. Cierre de instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, el veintidós de octubre de dos mil trece se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de ese mismo ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución. Ver votación 2
III. Competencia
14. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, incisos h) e i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Baja California. Ver votación 3
IV. Precisión de los actos impugnados
15. Previamente a analizar los aspectos procesales de oportunidad y legitimación, es necesario fijar de manera precisa los actos cuya invalidez demanda el Poder Ejecutivo actor, de conformidad con lo sustentado por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 98/2009,(1) de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REGLAS A LAS QUE DEBE ATENDER LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA FIJACIÓN DE LA NORMA GENERAL O ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA."
16. De acuerdo con la jurisprudencia citada, para fijar los actos o normas impugnadas en una controversia constitucional, este Alto Tribunal debe armonizar los datos de la demanda con la totalidad de la información que se desprenda de las constancias de autos, de manera que se advierta la intención del promovente y se resuelva la litis constitucional efectivamente planteada.
17. Así, en el apartado primero de esta ejecutoria, se indicó que los actos impugnados por el Poder Ejecutivo actor, conforme al capítulo correspondiente de su escrito de demanda, consisten en:
a. El decreto mediante el cual se aprobó la reforma a los artículos 69 y 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como del tercero transitorio del diverso Decreto Número 342 -mediante el cual se aprobó la adición de un segundo párrafo al artículo 69; la adición de los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 70; y la reforma a los artículos 93 y 94, todos de la Constitución Política de dicha entidad federativa-; publicado en la Gaceta Parlamentaria del Poder Legislativo de dicha entidad federativa el trece de junio de dos mil trece;
b. La declaratoria de incorporación del mencionado decreto, publicada en la Gaceta Parlamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California, el trece de junio de dos mil trece;
c. La omisión de promulgación de las citadas reformas constitucionales locales por parte del Poder Ejecutivo actor;
d. La convocatoria pública para la designación del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, emitida por el Congreso de Estado de Baja California, el trece de junio de dos mil trece, publicada el catorce de junio siguiente, en el periódico "El Mexicano"; y,
e. Todos los actos que se hayan realizado en aplicación del decreto impugnado.
18. Empero, del análisis de la demanda se desprende que el Poder Ejecutivo actor plantea la inconstitucionalidad del decreto impugnado dado que, tanto el procedimiento legislativo que le dio origen como el resultado del mismo, a su parecer, resultan violatorios del marco constitucional federal y local, por no haber seguido el trámite de reforma constitucional en los términos y formas adecuadas, además de invadir su esfera competencial.
19. Por tanto, este Alto Tribunal considera que los actos reclamados deben precisarse en:
a. El decreto de trece de junio de dos mil trece, publicado en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Baja California en la misma fecha, así como el procedimiento legislativo que dio origen al citado decreto; y,
b. La convocatoria pública para la designación del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, emitida el trece de junio de dos mil trece por el Congreso de dicha entidad federativa, publicada el catorce de junio siguiente, en el periódico "El Mexicano". Ver votación 4
V. Oportunidad
20. Procede examinar, si la demanda de controversia constitucional se presentó dentro del plazo legal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.
21. El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal establece:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;
"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."
22. Esto es, que en el caso de normas generales,(2) el referido artículo señala que el plazo para la presentación de la demanda transcurrirá del día siguiente a la fecha de su publicación o, según sea el caso, a partir del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.
23. En ese contexto, en relación con el decreto reclamado -por el que se reformaron los artículos 69 y 70 de la Constitución Política de dicha entidad federativa, así como del tercero transitorio del diverso Decreto Número 342-, la fecha que deberá de tomarse en cuenta para hacer el cómputo de la presentación de la demanda es el trece de junio de dos mil trece, día en que se publicó el decreto impugnado en la Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Baja California.
24. En consecuencia, el plazo de treinta días previsto en la fracción II del artículo 21 de la ley reglamentaria de la materia, respecto al decreto impugnado, transcurrió del catorce de junio -día hábil siguiente al de la aprobación de declaratoria de incorporación- al doce de agosto de dos mil trece, ya que deben descontarse los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de junio, seis, siete, trece y catorce de julio, tres, cuatro, diez y once de agosto de dos mil trece, por haber sido inhábiles, de conformidad con lo previsto en los artículos 2o. y 3o. de la ley reglamentaria de la materia,(3) 159 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;(4) así como del dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil trece, por haber correspondido al primer periodo de receso de esta Suprema Cor
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26070-074bb206/i-procedimiento-legislativo-de-reforma-y-o-modificacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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- CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO ES PROMOVIDA POR UN MUNICIPIO, LA SENTENCIA QUE DECLARA LA INVALIDEZ DE UNA NORMA GENERAL ESTATAL, SOLO TENDRA EFECTOS PARA LAS PARTES. (P./J. 72/96)
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