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Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DESESTIMACIÓN POR NO ALCANZAR LA VOTACIÓN NECESARIA. II. REFORMAS Y ADICIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. VALIDEZ DE LA FECHA DE SU ENTRADA EN VIGOR, RESPECTO DE LA FACULTAD DEL GOBERNADOR LOCAL PARA SOLICITAR REFERÉNDUM (ARTÍCULOS TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO No. 342, MEDIANTE EL CUAL SE ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 69, LOS PÁRRAFOS SEGUNDO A SEXTO AL NUMERAL 70 Y SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 93 Y 94 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA).

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 124/2012. · Registro digital (IUS): 26049
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-12-04
Promovente: PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I , Pág. 7.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 124/2012. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. 6 DE ABRIL DE 2015. PONENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. SECRETARIO ADJUNTO: JUAN JOSÉ RUIZ CARREÓN.

México, Distrito Federal. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al seis de abril de dos mil quince, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 124/2012, promovida por el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en contra del Decreto Número 342, que modificó y adicionó, respectivamente, los artículos 69, 70, 93 y 94 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el treinta de noviembre de dos mil doce.

I. Antecedentes y trámite de la demanda

1. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y norma general impugnada. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de diciembre de dos mil doce, Francisco Antonio García Burgos, quien se ostentó como secretario general de Gobierno del Estado de Baja California, en representación del Poder Ejecutivo de esa entidad, promovió controversia constitucional en contra de la Vigésima Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, así como de los Ayuntamientos de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, todos del Estado de Baja California, en su calidad de Poder Constituyente del Estado de Baja California, demandando la invalidez del Decreto Número 342, mediante el cual se aprobó, entre otras cosas, la adición de un segundo párrafo al artículo 69 y la adición de los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 70, ambos de la Constitución Política Estatal.

2. Cuestiones previas y conceptos de invalidez. En la demanda, el promovente señaló como antecedentes del caso que, en sesión de veintitrés de octubre de dos mil doce, la XX Legislatura del Estado de Baja California aprobó el dictamen, cuya invalidez se reclama, el cual se publicó en el Periódico Oficial del Estado el treinta de noviembre de dos mil doce, transcribiendo su contenido.

3. El actor invocó como preceptos violados los artículos 14, 16, 39, 40, 41, 49 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:

a. En el primero de ellos, el Poder Ejecutivo actor sostiene que el decreto impugnado, en concreto, la adición del tercer y cuarto párrafos al artículo 70, en relación con el artículo tercero transitorio, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, contravienen lo previsto en los diversos numerales 14, 16, 39, 40, 41, 49 y 116 de la Constitución Federal, dado que el Congreso Local desatendió los principios de debido proceso, legalidad e invasión de esferas competenciales.

Que lo anterior es así, puesto que en transgresión al artículo 116, en relación con el 21, ambos de la Constitución Federal, el decreto, cuya invalidez se reclama, dota a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de personalidad jurídica y patrimonio propio, asimismo, se ordena la asignación de recursos presupuestales para el ejercicio fiscal de dos mil trece, lo que rompe con el principio de unidad e indivisibilidad del Ministerio Público, pues de conformidad con el diverso numeral 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa, dicha institución es única, indivisible y jerárquica en su organización, cuyas funciones no podrán ser influidas ni restringidas por alguna otra autoridad.

Por tanto, que la creación de la Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales, al dotarla, por una parte, de autonomía e independencia y, por otra, al adscribirla a la Procuraduría General de Justicia de dicha entidad, rompe con el sistema de seguridad pública a nivel estatal, puesto que, por razón de sus funciones, no puede ser autónoma a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California.

Continúa diciendo que el Congreso Estatal invadió la esfera de competencias del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, al atribuirse la facultad de nombrar al titular de la Fiscalía contra Delitos Electorales, así como la determinación del proceso de su selección, ya que, de conformidad con los artículos 40, 49, 72 y 110 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como los diversos numerales 1o., 2o., 3o., 17, 18 y 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de esa entidad federativa; 3o., 15, 18 y 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad federativa y 3o. de la Ley de Seguridad Pública Estatal, se advierte que es facultad exclusiva del gobernador del Estado nombrar y remover, libremente, a los funcionarios que integran la administración pública estatal, entre otros, al procurador general de Justicia del Estado, a los subprocuradores y a los agentes del Ministerio Público.

Que en ese orden de ideas, el Congreso Local no puede arrogarse la facultad para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ya que ello se traduce en una subordinación del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, lo cual es violatorio de lo previsto en el artículo 116 de la Constitución Federal, sin que sea óbice a lo anterior lo señalado por este Alto Tribunal, en relación con la división funcional de atribuciones de los poderes, dado que, en la especie, no se limita a una simple colaboración o coordinación de éstos, sino que el Poder Legislativo se arroga facultades propias del Poder Ejecutivo Local, siendo aplicable lo sostenido en la jurisprudencia P./J. 51/2006, de rubro: "FISCALÍA CONTRA DELITOS ELECTORALES DEL ESTADO DE NAYARIT. LOS ARTÍCULOS 112 Y 112 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DE ESA ENTIDAD, QUE ESTABLECEN LA FACULTAD DE DICHO PODER PARA DESIGNAR AL TITULAR DE LA CITADA FISCALÍA, SON VIOLATORIOS DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

Finalmente, sostiene que el decreto impugnado, en relación con el procedimiento de elección del titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, también es contrario al principio de división de poderes porque, de conformidad con lo previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Reglamentaria del Artículo 21 de la Constitución Federal, en específico, los numerales 7o., fracción VI, 8o., 10 y 12, confieren directamente la atribución de regular dicho procedimiento a las instituciones de seguridad pública en el ámbito de su competencia, esto es, el Congreso del Estado de Baja California no tiene en sus atribuciones la posibilidad de determinar el procedimiento de elección.

b. En el segundo de sus conceptos de invalidez, el Poder Ejecutivo actor sostiene que el decreto impugnado, en concreto, la adición del segundo párrafo del artículo 69, la adición de los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 70, así como los artículos tercero y cuarto transitorios, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, son contrarios al marco constitucional y legal, al hacer nugatorio el derecho constitucional del Poder Ejecutivo Local de participar en la creación de leyes, pues si bien no puede ejercer derecho de veto, respecto de las reformas constitucionales, sí cuenta con el derecho de solicitar referéndum sobre éstas, en términos del artículo 112 de la propia Constitución Local.

Que los citados artículos transitorios, al prever la entrada en vigor inmediata de las reformas, así como plazos específicos para la convocatoria y proceso de elección del fiscal especializado, quien debe ser nombrado antes del veinte de diciembre de dos mil doce, nulifican la facultad otorgada al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, quien con base en el artículo 112 de la Constitución Política Local, puede someter a referéndum las adiciones y reformas a ésta, en los términos que señale la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.

Que de conformidad con los artículos 29 y 30 de la citada Ley de Participación Ciudadana, el gobernador del Estado de Baja California tiene facultades para someter a referéndum respecto de reformas a la Constitución Local, solicitud que deberá presentar ante el Instituto de Participación Ciudadana del Estado, dentro de los treinta días siguientes a la publicación en el Periódico Oficial de la norma que se pretenda someter a consulta; de ahí que el no respetar los términos para ese efecto, es violatorio de los principios de legalidad y audiencia, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

Que la facultad de nombrar al fiscal especializado es propia del Poder Ejecutivo, en tanto la persecución de los delitos, incluidos los de carácter electoral, le corresponde en exclusiva a la Procuraduría General de Justicia del Estado, que forma parte de la administración pública centralizada dependiente del Ejecutivo; por tanto, las funciones que realiza son las que directamente le fueron encomendadas al gobernador. Ante tal intromisión por parte del Poder Legislativo a las funciones propias del Poder Ejecutivo Local, es de vital importancia que se garantice el derecho del actor a someter a referéndum las reformas constitucionales combatidas.

4. Trámite de la controversia. Por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil doce, el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que le correspondió el número 124/2012 y, por razón de turno, designó al Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para que instruyera el procedimiento y formulara el proyecto de resolución respectivo.

5. Admisión y trámite. Mediante proveído de siete de diciembre de dos mil doce, el Ministro instructor admitió a trámite la demanda, ordenó emplazar a las autoridades demandadas para que formularan su contestación y dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

6. Contestación de la demanda. El presidente municipal de Mexicali, Baja California, al rendir su contestación, señaló, esencialmente, lo siguiente:

a. Que el Poder Ejecutivo actor carece de interés legítimo para promover la presente controversia constitucional, en virtud de que el acto impugnado no afecta alguna de las atribuciones conferidas al Gobernador Constitucional del Estado, ni tampoco incide en su facultad para decidir sobre el funcionamiento de la administración gubernamental en esa entidad, por lo que no existe materia en la presente controversia, ya que no se actualiza algún agravio o perjuicio en contra de aquél, al no vulnerarse su esfera competencial.

b. Que, por lo que respecta a la Cuadragésima Sesión de Cabildo, celebrada con el carácter de extraordinaria, fue llevada siguiendo los lineamientos establecidos por el artículo 5o., fracción III, de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California, así como por los diversos numerales 19, fracción IV, 21, 36 y 39 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, ya que dicha sesión no transgrede los principios de debido proceso y legalidad, porque fue llevada en cumplimiento y con apego a lo que establece la ley antes citada, por lo que es falso que vaya en contra de los principios de debido proceso y legalidad establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

c. Que si bien es cierto que en el decreto impugnado se aprueba la adición de párrafos a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; en el mismo se establece que el fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales deberá ser nombrado a más tardar el veinte de diciembre de dos mil doce; ello no implica que se le prive del derecho a someter a referéndum dicho decreto, mediante el cual se reforma la Constitución Local, ya que el hecho de que se nombrara un fiscal en la referida dependencia, no le impide al Ejecutivo del Estado hacer valer lo establecido en el artículo 112 de la Constitución Local -someter a referéndum las reformas o adiciones que establece el decreto impugnado-.

d. Por lo que, el artículo 30 de la Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja California, establece un término de treinta días hábiles para solicitar ante el Instituto de Participación Ciudadana del Estado de Baja California el proceso de referéndum, término que feneció el quince de enero de dos mil trece, sin que la parte actora hubiese hecho valer ese derecho.

7. Por su parte, el Poder Legislativo del Estado de Baja California, al rendir su contestación, señaló, en síntesis, lo siguiente:

a. Que no le asiste razón de manifestar que se invade su esfera competencial, al pretender que el nombramiento del fiscal especializado para la Atención de Delitos Electorales sea nombrado por el Poder Legislativo del Estado de Baja California.

b. Que el objetivo con la creación de dicha fiscalía es la investigación y persecución de delitos electorales, ya que será un organismo independiente con autonomía técnica y operativa que deberá regirse con su propia ley orgánica.

c. Que será una fiscalía dedicada única y exclusivamente a la persecución de los delitos electorales, lo que no violenta alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que no invade al Poder Ejecutivo en sus facultades.

d. Que se trata de la creación de un organismo independiente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, no un órgano interno de ésta. Además, solamente perseguirá los delitos en material electoral y no los delitos en general.

e. Para que el Congreso del Estado nombre al fiscal especializado, lo sometería a votación de la ciudadanía a través de la participación ciudadana, con el proceso y requisitos que establecen las leyes.

f. Que en el Decreto Número 342, en relación con la motivación, sí se hace referencia a la exposición de motivos realizada respecto de la "iniciativa de reforma y adición a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California".

g. Que con la creación de dicha fiscalía, se busca privilegiar la investigación de los delitos electorales y se enfocaría de manera privilegiada a la ciudadanía, a la participación electoral y a la vigilancia de los derechos ciudadanos y, asimismo, se consolida y fortalece la cultura de la legalidad en los comicios electorales.

h. Señala que no es cierto que se le impidió al Poder actor ejercer la facultad de solicitar referéndum constitucional y, con ello, poder obtener la manifestación de aprobación, o no de la ciudadanía, en relación con las reformas realizadas a los diversos numerales y transitorios de la Constitución Local.

i. Que de acuerdo a lo dispuesto en la fracción II del artículo 29 de la Ley de Participación Ciudadana, se concede el derecho de solicitar referéndum a los ciudadanos que representen, cuando menos, el 1.5% de la lista nominal, por lo que si la ciudadanía hubiera tenido la intención de reprobar las reformas constitucionales, cuya invalidez se afirma, hubieran solicitado el referéndum constitucional, lo que hace determinar la aceptación tácita de las reformas constitucionales aprobadas por el Congreso del Estado y por los cinco Ayuntamientos.

8. Opinión de la Procuraduría General de la República. El procurador general de la República, al formular su opinión, manifestó, medularmente, lo siguiente:

a. Que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para sustanciar y resolver la presente controversia constitucional, en términos del artículo 105, fracción I, incisos h) e i), de la Constitución Federal.

b. Que en el caso se impugna el Decreto Número 342, mediante el cual se aprobó la adición de un segundo párrafo al artículo 69, la adición de los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 70 y la reforma a los numerales 93 y 94 de la Constitución Política del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de noviembre de dos mil doce, por lo que el plazo de treinta días para promover la controversia constitucional inició el tres de diciembre de dos mil doce y feneció el veintinueve de enero de dos mil trece, por tanto, la misma fue presentada oportunamente.

c. Que no se surte la causal de improcedencia que hace valer el presidente municipal de Mexicali, Baja California, consistente en que el acto, cuya invalidez se demanda, no afecta el ámbito de atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, en atención a que la afectación o no de las facultades de la parte actora, atañe a cuestiones vinculadas al fondo de la controversia constitucional y, al efecto, cita la tesis jurisprudencial P./J. 92/99, cuyo rubro es: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."

d. Que no se actualiza la causal de improcedencia que hace valer el Municipio de Mexicali, Baja California, puesto que, indudablemente, vincula aspectos reservados al estudio de fondo de la controversia constitucional en comento y respecto de los cuales se pronunciará esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el medio de control constitucional de que se trata.

e. Que el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California consideró que se violaron en su perjuicio los numerales 14, segundo párrafo, 16, primer párrafo, 39, 40, 41, 49 y 116, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

f. Que el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tenga el nivel de subprocurador lo ubica dentro de la estructura orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que resulta incongruente que su designación la realice el Congreso del Estado, mediante un procedimiento de consulta pública.

g. Que con el hecho de que el Congreso del Estado designe al titular de la fiscalía, constituye una violación al principio de división de poderes en el grado máximo, que es el de subordinación, máxime que también es incongruente con la ingeniería institucional del Estado de Baja California, lo que es violatorio del artículo 116 de la Constitución Federal.

h. Que no se trata de colaboración de Poderes, ya que con la reforma impugnada, el fiscal electoral local lo designa el Congreso sin alguna intervención del titular del Poder Ejecutivo, no obstante que dentro de su estructura orgánica se encuentra comprendido aquel funcionario, lo que actualiza una subordinación, ya que el Poder Ejecutivo no sólo se encuentra imposibilitado para designar al citado fiscal, sino que debe someterse a la decisión que, al respecto, tome el Congreso de la entidad, sin poder optar por llevar a cabo una actuación distinta.

i. Que resulta aplicable la tesis de jurisprudencia P./J. 51/2006, visible en la página 1440, Tomo XXIII, mayo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "FISCALÍA CONTRA DELITOS ELECTORALES DEL ESTADO DE NAYARIT. LOS ARTÍCULOS 112 Y 112 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DE ESA ENTIDAD, QUE ESTABLECEN LA FACULTAD DE DICHO PODER PARA DESIGNAR AL TITULAR DE LA CITADA FISCALÍA, SON VIOLATORIOS DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."

9. Cierre de instrucción. Agotado en sus términos el trámite respectivo, el nueve de abril de dos mil doce, se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de ese mismo ordenamiento legal, se hizo relación de las constancias de autos, se tuvieron por exhibidas las pruebas ofrecidas por las partes, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

II. Competencia

10. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que se plantea un conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Baja California. Ver votación 1

III. Oportunidad

11. Procede examinar si la demanda de controversia constitucional se presentó dentro del plazo legal, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente.

12. El Poder Ejecutivo del Estado de Baja California impugna el Decreto Número 342, mediante el cual se aprobó la adición de un segundo párrafo al artículo 69; la adición de los párrafos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto al artículo 70; y la reforma a los artículos 93 y 94, todos de la Constitución Política de dicha entidad federativa, publicado en el Periódico Oficial del Estado el treinta de noviembre de dos mil doce.

13. Ahora bien, el artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:

"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

"...

"II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia."

14. Como puede advertirse, el plazo para la promoción de la controversia constitucional, tratándose de normas generales, carácter que tiene la impugnada en el presente asunto, es de treinta días contados a partir del día siguiente a su publicación o al en que se produzca el primer acto de su aplicación.

15. Ahora bien, el Decreto Número 342 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el treinta de noviembre de dos mil doce, por lo que el plazo para la presentación de la demanda transcurrió del tres de diciembre de dos mil doce -día hábil siguiente al de la publicación-, al veintinueve de enero de dos mil trece, ya que deben descontarse los días uno, dos, ocho y nueve de diciembre de dos mil doce, uno, cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de enero de dos mil trece, por haber sido inhábiles, de conformidad con lo previsto en los artículos 2o. y 3o. de la ley reglamentaria de la materia, 159 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del quince al treinta y uno de diciembre de dos mil doce, por haber correspondido al segundo periodo de receso de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, inhábiles, en términos del numeral 3o. de la citada ley orgánica y del Acuerdo General 2/2006, del Pleno de este Alto Tribunal.

16. Por tanto, si la demanda se recibió en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de diciembre de dos mil doce, es evidente que su presentación resulta oportuna. Ver votación 2

IV. Legitimación

17. Legitimación activa. Se procede a analizar la legitimación de quien ejercita la acción de controversia constitucional.

18. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia,(1) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rijan, estén facultados para representarlos; además, se presumirá, en todo caso, que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

19. En la presente controversia constitucional, promovió la demanda el Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, por conducto de Francisco Antonio García Burgos, en su carácter de secretario general de Gobierno de dicha entidad federativa, carácter que acreditó con la copia certificada de su nombramiento, que obra a foja ochenta y nueve de autos, del que se advierte que se le designó en el puesto de secretario general de Gobierno, adscrito a la Secretaría General de Gobierno con la categoría de confianza.

20. De acuerdo con la constancia reseñada, el secretario general de Gobierno se encuentra facultado para representar al Poder Ejecutivo Estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52, fracción III, de la Constitución Local,(2) en relación con las fracciones XXII y XXIII del artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja California,(3) por tanto, tiene legitimación procesal para promover la presente controversia constitucional.

21. Legitimación pasiva. Por acuerdo de siete de diciembre de dos mil doce, se reconoció el carácter de autoridades demandadas en este procedimiento al Poder Legislativo y a los Municipios de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, todos del Estado de Baja California, en su calidad de Poder Constituyente de dicha entidad federativa.

22. Estos órganos jurídicos cuentan con legitimación pasiva en la causa para comparecer a juicio, en términos de lo previsto en los artículos 10, fracción II y 11, párrafo primero, de la ley reglamentaria de la materia, de los cuales se advierte que tendrán el carácter de demandado la entidad, poder u órgano que hubiere pronunciado el acto que sea objeto de la controversia, quienes deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que legalmente se encuentren facultados para representarlos; por lo que, en el caso, tienen esa legitimación el Poder Legislativo y los Municipios de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, todos del Estado de Baja California, en su calidad de Poder Constituyente de dicha entidad federativa, porque aprobaron y expidieron, respectivamente, el decreto impugnado.

23. El Poder Legislativo del Estado de Baja California fue representado por Claudia Josefina Agatón Muñiz y Fausto Zárate Zepeda, en su carácter de presidenta y secretario, respectivamente, de la Mesa Directiva de la XX Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, según lo acreditaron con las documentales que obran en este expediente,(4) de las que se observa que fueron designados con dicho carácter para el primer periodo ordinario del tercer año de ejercicio constitucional, comprendido del uno de octubre de dos mil doce al treinta y uno de enero de dos mil trece. Luego, si de acuerdo con lo previsto en el artículo 38, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California,(5) corresponde al presidente y secretario de la Mesa Directiva la representación legal del Poder Legislativo de esa entidad federativa, es claro que las personas que comparecieron en su representación en la presente controversia, se encuentran legitimadas para ello.

24. Por su parte, el Municipio Mexicali, Baja California, fue representado por Francisco José Pérez Tejada Padilla, en su carácter de presidente municipal, quien acreditó su personalidad con la copia certificada del acta de sesión extraordinaria de Cabildo número cuarenta, de veintiséis de octubre de dos mil doce.(6) Entonces, si en términos de lo previsto en los artículos 6, segundo párrafo y 7, fracción IV, de la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California(7) y 7, fracción IV, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California,(8) la representación legal del Municipio de Mexicali corresponde a su presidente municipal, es evidente que se encuentra legitimado para tal efecto.

25. En suma, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Poder Legislativo y el Municipio de Mexicali, ambos del Estado de Baja California, cuentan con legitimación pasiva para comparecer al presente juicio, toda vez que a ellos se les imputa el acto impugnado y ha quedado demostrado que los funcionarios que comparecen cuentan con facultades para representar a dicho Poder y Municipio, respectivamente, sin que pase desapercibido que los restantes Municipios de Tijuana, Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito, todos del Estado de Baja California, no comparecieron a la presente controversia constitucional. Ver votación 3

V. Causas de improcedencia

26. El presidente municipal de Mexicali, Baja California, sostiene que el actor carece de interés legítimo para promover la presente controversia constitucional, en virtud de que el acto impugnado no afecta alguna de las atribuciones conferidas al Gobernador Constitucional del Estado, ni tampoco incide en su facultad para decidir sobre el funcionamiento de la administración gubernamental en esa entidad, por lo que no existe materia en la presente controversia, ya que no se actualiza algún agravio o perjuicio en contra de aquél, al no vulnerarse su esfera competencial.

27. Procede desestimar los argumentos precisados, en virtud de que el determinar si la norma impugnada incide o no en alguna facultad del Poder Ejecutivo Estatal y, por ende, si vulnera o no su esfera competencial, constituye una cuestión propia del análisis de fondo del asunto, a la luz de los conceptos de invalidez planteados y, por tanto, no puede ser materia de la procedencia o improcedencia de la acción; además de que, como lo ha sostenido este Alto Tribunal en reiteradas ocasiones, la normatividad constitucional tiende a preservar no sólo la esfera competencial de los sujetos previstos en la fracción I del artículo 105 de la Constitución Federal, sino también el ejercicio de las atribuciones constitucionales establecidas en favor de aquéllos, las que nunca deberán rebasar los principios rectores previstos en la propia Norma Fundamental, por lo que tales cuestiones también son objeto de estudio en este medio de control constitucional.

28. Son aplicables a lo anterior, en lo conducente,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26049-211cb62c/i-controversia-constitucional-desestimacion-por-no-alcanzar-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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