SUSPENSIÓN DEFINITIVA. NO PROCEDE CONCEDERLA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE IMPUGNE LA ORDEN DE VISITA DE UN PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN RELACIONADO CON EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS QUE REGULAN LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES, PARA EL EFECTO DE QUE NO SE DICTE LA RESOLUCIÓN EN DICHO PROCEDIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y VIGÉSIMO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 19 DE ABRIL DE 2016. MAYORÍA DE QUINCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ, NEÓFITO LÓPEZ RAMOS, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, OSCAR FERNANDO HERNÁNDEZ BAUTISTA, EUGENIO REYES CONTRERAS, LUZ CUETO MARTÍNEZ, J. JESÚS GUTIÉRREZ LEGORRETA, CARLOS AMADO YÁÑEZ, AMANDA ROBERTA GARCÍA GONZÁLEZ, ADRIANA ESCORZA CARRANZA Y EMMA GASPAR SANTANA. DISIDENTES: JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA, EMMA MARGARITA GUERRERO OSIO, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, CUAUHTÉMOC CÁRLOCK SÁNCHEZ Y MARTHA LLAMILE ORTIZ BRENA. PONENTE: LUZ MARÍA DÍAZ BARRIGA. SECRETARIA: ELENA VERA VEGA.
Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito de diecinueve de abril de dos mil dieciséis.
VISTOS;
Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Por oficio recibido el ocho de febrero de dos mil dieciséis en la presidencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, la Jueza Décimo Quinta de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, denunció la contradicción de criterios entre el emitido el dieciocho de enero de dos mil dieciséis, en el incidente en revisión RA. 464/2015 por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el emitido el diecinueve de enero de dos mil dieciséis, en el incidente en revisión RA. 324/2015 por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
SEGUNDO.-Por auto de nueve de febrero de dos mil dieciséis el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis.
TERCERO.-Mediante proveídos de nueve y diez de febrero de dos mil dieciséis, los Magistrados presidentes del Vigésimo y Sexto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, respectivamente, informaron que los criterios emitidos en las resoluciones materia de la contradicción de tesis, continuaban vigentes en los órganos colegiados que integraban.
CUARTO.-Mediante proveído de uno de marzo de dos mil dieciséis, se turnó el asunto a la Magistrada Luz María Díaz Barriga, presidenta del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que formulara el proyecto de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, que regula la integración y el funcionamiento de los Plenos de Circuito, por plantearse una probable contradicción entre criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por la Jueza Décimo Quinta de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.
TERCERO.-A fin de resolver la denuncia de contradicción de tesis, es conveniente precisar las consideraciones sustanciales que sirvieron de base a los órganos contendientes para asumir su postura.
1. Criterio del Sexto Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Dicho órgano jurisdiccional, en sesión de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, al resolver el incidente en revisión RA. 464/2015, determinó confirmar la resolución recurrida y negar la suspensión definitiva a la parte quejosa.
Cabe precisar como antecedentes del caso, que la parte quejosa reclamó la inconstitucionalidad del artículo 17 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal,(1) con motivo de su aplicación, en la emisión y ejecución de una orden de visita de verificación en el procedimiento administrativo respecto de una construcción, así como la orden y su notificación; además, solicitó la suspensión de las consecuencias de los actos reclamados, para el efecto de que no se dictara la resolución definitiva en el procedimiento administrativo de verificación. La Juez de Distrito negó la suspensión definitiva al considerar que de concederla se afectaría el orden público e interés social.
En la resolución emitida por el Tribunal Colegiado se desestimaron los agravios de la parte recurrente al considerar, en esencia, lo siguiente:
• Que con la emisión de la resolución definitiva del procedimiento administrativo no se quedaba sin materia el juicio de amparo, toda vez que los actos reclamados condicionaban la validez del procedimiento administrativo, por lo que, de concederse el amparo, se afectarían actuaciones subsecuentes.
• Que la resolución definitiva sí formaba parte del procedimiento, puesto que se trataba de una parte esencial del mismo, como se advertía del artículo 87 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, que precisaba que dicha actuación ponía fin al procedimiento administrativo, lo cual lógicamente implicaba que formaba parte de él, por lo que de concederse la suspensión solicitada sí se afectaría la continuidad del procedimiento de verificación administrativa.
• Que contrario a lo resuelto por la Juez de Distrito, con el otorgamiento de la suspensión no se impedía el ejercicio de las facultades de la autoridad, pues la verificación ya se llevó a cabo, sino sólo quedaría en suspenso la atribución de las consecuencias en los casos en que se advirtiera incumplimiento de las obligaciones de la parte visitada.
• Que la parte recurrente no desvirtuó el argumento de la Juez de Distrito relativo a que la afectación al orden público o al interés social no se definía únicamente por el hecho de que la sanción recayera sólo sobre el visitado, sino dado el propósito de las funciones de verificación y sanción, que es atender a un fin colectivo, es decir, la observancia de las leyes de la materia.
• Que contrario a lo aducido por la parte recurrente, la jurisprudencia número 2a./J. 107/2013 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DEL EMBARGO PRECAUTORIO EN MATERIA ADUANERA. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD FISCAL CONTINÚE CON EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, PERO SE ABSTENGA DE DICTAR RESOLUCIÓN MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013).", no era aplicable, pues había una diferencia sustancial entre los asuntos de los cuales derivó dicha jurisprudencia y el estudiado en el recurso, que consistía en que en aquéllos, los actos reclamados fueron los embargos precautorios trabados dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera, mientras que en el juicio del que derivaba el incidente de suspensión se señalaron como actos reclamados la orden de visita de verificación y su diligenciación respecto de la obra en un inmueble, que los quejosos describen como la modificación de una barda de cuatro metros cuadrados con un propósito ornamental, sin que existiera referencia de que se hubiera ejecutado alguna medida cautelar susceptible de ocasionar una afectación irreparable, como ocurre con el embargo.
• Que la divergencia en los actos reclamados en dichos juicios daba lugar a un manejo diferenciado, pues aun cuando en los respectivos incidentes de suspensión de los juicios en que se impugnan los actos iniciales del procedimiento aduanero, la medida se solicitó con la finalidad de que no se dictara la resolución definitiva, atendiendo a la circunstancia de que su emisión cambiaría la situación jurídica de los bienes, al quedar sujetos a un embargo definitivo, ya no provisional, se daría paso a la ejecución y con ello, ya no podría continuarse el juicio de amparo promovido en contra de este último, sino que debería sobreseerse al perderse la materia del mismo. En cambio, en el procedimiento administrativo de verificación del cumplimiento de las normas relacionadas con la construcción en los inmuebles, no se producía una situación análoga, porque no existía un embargo previo ni alguna otra medida que con el dictado de la resolución definitiva produjera un cambio de situación jurídica que ameritara detenerse para evitar su consumación irremediable y que diera pauta para que se considerara perdida, en su caso, la materia del amparo relativo.
• Además, que conforme al texto de la tesis, en ese caso, la suspensión no lesionaba el interés social ni se contravenían disposiciones de orden público, debido a que el embargo precautorio garantizaba el respeto al orden público y la satisfacción al interés social, lo que no era análogo al caso en estudio; de ahí que la Juez de Distrito no infringiera el artículo 217 de la Ley de Amparo, al no haber aplicado la jurisprudencia en mención.
• Que contrario a lo argumentado por la parte recurrente, la Juez de Distrito para negar la suspensión, no se fundó sólo en una calificación genérica de que el acto reclamado se apoyaba en una ley de orden público, sino en la función específica relacionada con la tarea administrativa de revisar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas relacionadas con las construcciones en los inmuebles en aras de proteger los objetivos del legislador y que de la ponderación de los efectos que tendría el otorgamiento de la medida suspensional advertía, que eran mayores los perjuicios al interés colectivo que los sufridos por la parte quejosa, dado el interés de la sociedad de la observancia de las reglas relacionadas con construcciones; lo que no fue controvertido por la parte recurrente y al caso citó la jurisprudencia 1a./J. 19/2012 (9a.), de rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN TODAS LAS CONSIDERACIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA RECURRIDA."
2. Criterio del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
Ese órgano judicial, en sesión de diecinueve de enero de dos mil dieciséis, al resolver el incidente en revisión RA. 324/2015, determinó revocar la resolución recurrida y conceder la suspensión definitiva a la parte quejosa.
Cabe precisar como antecedentes del caso, que la parte quejosa reclamó la inconstitucionalidad del artículo 17 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, con motivo de su aplicación, en la emisión y ejecución de una orden de visita de verificación en el procedimiento administrativo respecto de una construcción, así como la orden y su notificación; además, solicitó la suspensión de las consecuencias de los actos reclamados, únicamente para el efecto de que la autoridad se abstuviera de emitir la resolución en el procedimiento administrativo de verificación derivado de la orden de visita. La Juez de Distrito negó la suspensión definitiva, al considerar que de concederla se afectaría el orden público e interés social.
En la resolución emitida por el Tribunal Colegiado se determinaron sustancialmente fundados los agravios de la parte recurrente al considerar, en esencia, lo siguiente:
• Que de prevalecer la determinación de la Juez de Distrito se podría quedar sin materia el fondo del asunto, y al efecto se estudiaron los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal, en relación con los artículos 128, fracción II, 129 y 150 de la Ley de Amparo.
• Así, al analizar el caso concreto, se precisó que se trataba de permitir que la autoridad responsable ejerciera sus facultades de verificación contenidas en el artículo 244 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y culminara dicho procedimiento, pero sin calificar la orden respectiva, es decir, únicamente para que no se emitiera la resolución en el procedimiento administrativo de verificación, como lo disponía el artículo 87 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, hasta en tanto no se dictara la resolución de fondo en el juicio de amparo, lo que implicaba verificar la constitucionalidad de los actos reclamados por el solicitante de amparo.
• Que del artículo 14 del Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal se advertía que el procedimiento de verificación administrativa estaba delimitado en diversas etapas, independientes entre sí, y que dependiendo en qué fase se encontrara, podría, en su caso, ser susceptible de paralización.
• Que con la emisión de la orden de verificación, su ejecución a través del levantamiento del acta o actas respectivas, e incluso con su calificación, se garantizaba que la autoridad ejerciera sus facultades de verificación, para cerciorarse si el particular cumplió o no con la normativa para realizar las obras, lo que garantizaba el orden público y era acorde con el interés social.
• Que la determinación de la sanción aplicable al gobernado y su ejecución, era una etapa diversa que no formaba parte del procedimiento verificatorio, sino que era una consecuencia legal del mismo y que, por tanto, se podría conceder la suspensión definitiva para el efecto de que la autoridad administrativa continuara el procedimiento de verificación, pero sin dictar la resolución definitiva en él, pues con la ejecución de la verificación se garantizaba el respeto al orden público y la satisfacción del interés social que exige acatamiento a las normas legales respectivas y en nada perjudica que no se dictara la resolución definitiva, pues no se impedía la continuación del procedimiento, sino sólo se suspendía el dictado de la resolución para mantener la materia del juicio de amparo.
• Que en el caso no se reclamaba sanción administrativa alguna, sino la práctica de un procedimiento verificador, por lo que la responsable no debía dictar resolución definitiva hasta en tanto se resolviera el juicio en lo principal, atento a la finalidad de la medida cautelar, que consiste en que las cosas se mantuvieran en el estado en que guardaban y mantener la materia del amparo.
• Que de negarse la suspensión se podría quedar sin materia el juicio en lo principal, al actualizarse un cambio de situación jurídica, pues el desahogo de la orden de verificación a través de las actas respectivas e incluso, la calificación de los hechos asentados en ellas, estarían superados por la resolución definitiva que en su caso, se dictara en el procedimiento de verificación respectivo, que podría ser mediante la imposición de una de las sanciones contenidas en el artículo 248 del Reglamento para el Distrito Federal, situación que dejaría irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas.
• Que conforme al artículo 150 de la Ley de Amparo, la suspensión se concederá, en principio si cumple con los requisitos del artículo 128 de la misma ley y de tal forma que no se impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme, a no ser que su continuación deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso, es decir, puede concederse la medida cautelar, cuando la continuación del procedimiento y el dictado de la resolución que lo dirima tenga esa trascendencia.
• Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado sobre el tema, al reconocer la posibilidad de que en un juicio de amparo se otorgue la suspensión para el efecto de que la autoridad continúe con el procedimiento de origen hasta ponerlo en estado de resolución y se abstenga de dictar la resolución que lo concluya, siempre que no se restrinjan sus facultades discrecionales o de verificación y se respete el orden público y el interés social. Al efecto, se citaron las jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación números 2a./J. 107/2013 y 2a./J. 76/2012, aplicables en lo conducente, de rubros: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA RESPECTO DE LAS CONSECUENCIAS DEL EMBARGO PRECAUTORIO EN MATERIA ADUANERA. PROCEDE CONCEDERLA PARA EL EFECTO DE QUE LA AUTORIDAD FISCAL CONTINÚE CON EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, PERO SE ABSTENGA DE DICTAR RESOLUCIÓN MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013)." y "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO."
• Que al igual que la legislación anterior, el artículo 147 de la Ley de Amparo, preveía que, en los casos en la que la suspensión fuera procedente, el órgano jurisdiccional debía fijar la situación en que habrían de quedar las cosas y tomaría las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependiera que la medida siguiera surtiendo efectos.
• Que por lo expuesto se concluía que la decisión de la Juez fue incorrecta, al negar la suspensión definitiva para el efecto solicitado, porque el hecho de que se impidiera a la autoridad emitir una resolución que calificara el acta de visita de verificación no contravenía disposiciones de orden público ni afectaba el interés social; además de que la autoridad tenía expeditas sus facultades para en cualquier momento, imponer las medidas cautelares y de seguridad necesarias a fin de subsanar las irregularidades detectadas en la visita y de negarse la suspensión se corría el riesgo de dejar sin materia el juicio de amparo.
• Por tanto, revocó la interlocutoria recurrida y concedió la suspensión solicitada, para el único efecto de que no se dictara la resolución administrativa en el procedimiento del que derivaba el acto reclamado en el juicio, sin que ello implicara dejar sin efectos tanto la orden de verificación, su ejecución, y en su caso, la calificación de las actas administrativas levantadas con tal motivo, pues ello sería materia de estudio, al resolverse sobre el fondo del asunto.
CUARTO.-Una vez establecidas las posturas que originaron la denuncia de contradicción de tesis en estudio, corresponde verificar su existencia.
Con esa finalidad, conviene precisar que sobre la existencia de la contradicción de tesis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que se configura cuando los Tribunales Colegiados de Circuito, al resolver los asuntos implicados en la denuncia, examinan temas jurídicos esencialmente iguales, incluso cuando parten de aspectos fácticos distintos, frente a los cuales adoptan posiciones o criterios jurídicos discrepantes en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones contenidos en las sentencias respectivas.
Dicho criterio está reflejado en la tesis jurisprudencial P./J. 72/2010(2) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
En atención a lo expuesto, y con base en los razonamientos que tuvieron en cuenta por un lado, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y, por otro, el Vigésimo Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito, los cuales fueron resumidos en el considerando que antecede, se infiere que, en el caso, sí existe la contradicción de criterios denunciada, ya que los mencionados órganos judiciales, al resolver los asuntos que participan en esta contienda, examinaron temas jurídicos sustancialmente iguales, en específico, si procedía conceder o no la suspensión definitiva en un juicio de amparo en el que se impugnó la orden de visita de un procedimiento administrativo de verificación en materia de construcciones, para el efecto de que no se dictara la resolución definitiva en dicho procedimiento, con el fin de preservar la materia del juicio de amparo.
Al respecto, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó que debía negarse la suspensión definitiva a la parte quejosa, puesto que de dictarse la resolución en el procedimiento administrativo de verificación, no se quedaba sin materia el juicio de amparo, ya que los actos reclamados condicionaban la validez del procedimiento aludido y por el contrario, de concederse la suspensión se afectaría la continuidad del procedimiento de verificación administrativa; además, consideró que no era aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 107/2013 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que había una diferencia sustancial entre los asuntos estudiados, pues en el que derivó en la jurisprudencia citada, los actos reclamados fueron embargos precautorios trabados en un procedimiento administrativo en materia aduanera, que de culminar, cambiaría la situación jurídica de los bienes, al quedar sujetos a un embargo definitivo, en cambio, en el procedimiento administrativo de verificación de normas relacionadas con la construcción de inmuebles no existía embargo previo ni alguna otra medida que con el dictado de la resolución produjera un cambio de situación jurídica que ameritara detenerse para evitar su consumación irremediable.
Por otro lado, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito concluyó que debía concederse la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, toda vez que de negarse se podría quedar sin materia el fondo del asunto, al actualizarse un cambio de situación jurídica, pues el desahogo de la orden de verificación a través de las actas respectivas e incluso, la calificación de los hechos asentados en ellas, estarían superados por la resolución definitiva que en su caso, se dictara en el procedimiento de verificación respectivo, que podría ser mediante la imposición de una de las sanciones contenidas en el artículo 248 del Reglamento para el Distrito Federal, situación que dejaría irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas; consideró que con la emisión de la orden de verificación, su ejecución e incluso su calificación se garantizaba que la autoridad ejerciera sus facultades de verificación, lo que garantizaba el orden público y el interés social y que la determinación de la sanción aplicable era una etapa diversa que no formaba parte del procedimiento verificatorio, por lo que no impedía la continuación del mismo.
Además, explicó que conforme al artículo 150 de la Ley de Amparo se podía conceder la medida cautelar cuando la continuación del procedimiento dejara irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pudiera ocasionarse al quejoso y al caso consideró aplicables, en lo conducente, las jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación números 2a./J. 107/2013 y 2a./J. 76/2012.
Consecuentemente, al no haber correspondencia entre las posturas adoptadas por los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados y, por tanto, actualizarse la contradicción de tesis denunciada, corresponde a este Pleno de Circuito definir si procede conceder o no la suspensión definitiva en un juicio de amparo en el que se impugne la orden de visita de un procedimiento administrativo de verificación en materia de construcciones, para el efecto de que no se dicte la resolución definitiva en dicho procedimiento, en términos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 150 de la Ley de Amparo.
Sin que sea obstáculo para considerar existente la contradicción de tesis en estudio, la circunstancia de que los criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito no constituyan jurisprudencia ni estén formalmente expuestos en una tesis, pues basta que se adopten criterios discrepantes sobre un mismo punto derecho. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 27/2001,(3) de contenido siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS DISCREPANTES.-Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia."
QUINTO.-Una vez establecida la existencia de la contradicción de tesis, es necesario que este Pleno de Circuito determine cuál es el criterio que debe prevalecer, como jurisprudencia, en términos del artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo, para lo cual se toma en consideración el contexto normativo que corresponde al caso.
En primer lugar, debe señalarse que el primer párrafo de la fracción X del artículo 107 constitucional, dispone:
"X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social."
Además, los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, establecen:
"Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el quejoso; y
"II. Que no
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26334-6e8eacb1/suspension-definitiva-no-procede-concederla-en-el-juicio · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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