SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 95/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DÉCIMO OCTAVO Y DÉCIMO SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE JUNIO DE 2012. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: ÚRSULA HERNÁNDEZ MAQUÍVAR.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y cuarto del Acuerdo General Número 5/2001, aprobado por el Tribunal Pleno el veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que el tema sobre el que versa dicha denuncia corresponde a la materia administrativa, de la especialidad de esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo contenido dispone:
"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:
"...
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.
"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción; ..."
De donde se advierte que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre los Tribunales Colegiados del mismo circuito, como acontece en el presente asunto.
Sin embargo, esta Segunda Sala considera que en tanto no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se prolongaría la solución de este asunto en claro perjuicio del orden público y del interés social.
SEGUNDO. La denuncia de posible contradicción de criterios proviene de parte legítima, toda vez que la formularon los Magistrados integrantes del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 107 constitucional y 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO. De acuerdo con las tesis P./J. 72/2010 y XLVII/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe considerarse que existe contradicción de tesis cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito adoptan en sus sentencias criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que los rodean no sean exactamente iguales o que se adviertan elementos secundarios diferentes en el origen de las ejecutorias.
Entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, expresando los razonamientos lógico-jurídicos necesarios para sustentar sus respectivas decisiones.
Lo anterior, se reitera, independientemente de que las cuestiones fácticas que los rodean no sean exactamente iguales.
Las tesis del Pleno de este Alto Tribunal referidas en el párrafo anterior dicen, respectivamente, lo siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución." (Novena Época. Núm. Registro IUS: 164120. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXII, agosto de 2010. Materia: Común. Tesis P./J. 72/2010, página 7)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan." (Novena Época. Núm. Registro IUS: 166996. Instancia: Pleno. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXX, julio de 2009. Materia: Común. Tesis P. XLVII/2009, página 67)
CUARTO. Precisado lo anterior, a fin de estar en aptitud de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada y, en su caso resolverla, es necesario tener presentes las consideraciones de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.
Previamente conviene anunciar que en el primer caso, que a continuación se relatará, en el juicio de amparo se reclamó un oficio en virtud del cual se dio inicio a un procedimiento administrativo de separación del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial, y el quejoso argumentó que la autoridad que dio inicio al procedimiento no fundamentó su competencia; en el segundo caso, se reclamó el artículo 114 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en el acuerdo a través del cual se desechó la prueba pericial que ofreció el quejoso en el procedimiento administrativo de separación del servicio de procuración de Justicia Federal.
El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el recurso de revisión ********** con fundamento en el artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, interpuesto por la secretaria instructora del órgano auxiliar de instrucción del Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República y el agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción contra la interlocutoria dictada en el incidente de suspensión relativo.
En la interlocutoria recurrida el Juez de Distrito del conocimiento determinó, en forma destacada, otorgar la suspensión definitiva para el efecto de que la autoridad responsable se abstenga de emitir resolución en el procedimiento de separación administrativa del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial respectivo, ya que de dictarse existe la posibilidad de que se separe, remueva o cese al quejoso en su cargo como **********, lo que afectaría irreparablemente sus derechos fundamentales al no poder ser reinstalado de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ello en atención a que de la ponderación de la apariencia del buen derecho y los daños y perjuicios que podría ocasionar la emisión de la resolución se obtiene que la afectación que se produciría sería irreparable.
El Décimo Octavo Tribunal Colegiado de Circuito confirmó la interlocutoria anterior, estableciendo, en síntesis, que la naturaleza del acto reclamado, la instauración del procedimiento administrativo de separación del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial (iniciado por la secretaria instructora del órgano auxiliar de inspección del Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República), permite su paralización, en tanto que se trata de un acto positivo, pues la emisión de la resolución es susceptible de ser suspendida.
Determinó que no se pretende la paralización total del procedimiento administrativo, regido conforme a los artículos 46, 47 y 48 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,(1) así como 114 y 117 a 123 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal,(2) sino sólo temporalmente el dictado de la resolución final, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 124, fracción II y 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo.
Asimismo, señaló que con la medida no se afectarían disposiciones de orden público ni el interés social, pues no impide que el procedimiento de valoración de los requisitos de permanencia o la eventual responsabilidad de un elemento de la policía pueda continuar su trámite, lo único que se detiene es temporalmente el dictado de la resolución en tanto se decide el amparo en el fondo, por ende, no se priva ni restringen las facultades de la responsable para verificar esas exigencias de los policías, las cuales están intocadas; y, señaló que, atendiendo al contenido del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, de decretarse la separación del quejoso en el cargo, el acto sería irreparable, en la medida de que aun cuando obtuviera la concesión del amparo, sólo podría generar la indemnización respectiva con el pago de las demás prestaciones, pero no la reinstalación en el puesto.
Por su parte, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió el incidente en revisión **********, con fundamento, igualmente, en el artículo 83, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, interpuesto por el secretario instructor del órgano auxiliar de instrucción del Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República contra la interlocutoria dictada en el incidente de suspensión.
En la interlocutoria recurrida el Juez de Distrito del conocimiento determinó, destacadamente, otorgar la suspensión definitiva para el efecto de que la autoridad responsable se abstenga de emitir resolución en el procedimiento administrativo de separación del servicio de carrera de procuración de Justicia Federal seguido contra el quejoso en su cargo como **********, ello a efecto de no dejar sin materia el juicio de amparo y evitar que el acto reclamado (el artículo 114 del Reglamento del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal,(3) en que se sustentó el acuerdo en que el secretario instructor del órgano auxiliar de instrucción del Consejo de Profesionalización de la Procuraduría General de la República no admitió la prueba pericial en psicología que ofreció el quejoso en el citado procedimiento de separación) quede irremediablemente consumado, esto es, que se cause un perjuicio irreparable, atendiendo para ello lo dispuesto por el artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y precisando que la medida cautelar no tenía por objeto obstruir la continuación del procedimiento, sino exclusivamente evitar que se dicte la resolución definitiva.
El Décimo Sexto Tribunal Colegiado de Circuito revocó la interlocutoria referida al estimar que la naturaleza del procedimiento administrativo de separación del servicio de carrera de procuración de Justicia Federal instruido contra el quejoso tiene la naturaleza de un procedimiento seguido en forma de juicio, cuya sustanciación, acorde con el artículo 44(4) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República,(5) comprende una fase expositiva, otra probatoria, de alegatos y audiencia, y una más, decisiva, en donde se pone fin al procedimiento, al resolver el Consejo de Profesionalización la queja respectiva, sin que proceda la suspensión contra esta última fase conclusiva, en tanto que con ello se contraviene la disposición citada, que es de orden público, así como es de orden público la propia prosecución de ese tipo de procedimientos, de forma que no se cumple con lo dispuesto por el artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo.
Ese órgano colegiado señaló que la suspensión del dictado de la resolución también se contrapone al interés social porque la colectividad está interesada, sobre el interés buscado por el quejoso, en que no se suspendan ese tipo de procedimientos, cuya finalidad es determinar si el servidor público involucrado reúne o no los requisitos de permanencia en el servicio de carrera de procuración de Justicia Federal.
Finalmente, estableció que no obstante el contenido del artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo, no era posible acoger la postura interpretativa en el sentido de que de no otorgarse la media cautelar se provocarían daños irreparables al quejoso, puesto que de llegar a concederse el amparo, demostrándose la inconstitucionalidad del precepto reclamado o de su acto concreto de aplicación, por vicios propios, se podrían reparar los daños que le causara la prosecución del procedimiento desde la violación correspondiente.
QUINTO. De lo anterior se observa que los asuntos resueltos por los Tribunales Colegiados contendientes se dieron bajo un contexto fáctico en donde los actos reclamados en los juicios de amparo en revisión quedaban comprendidos o enmarcados en los procedimientos de separación en sus respectivos cargos como ********** (como es el inicio del propio procedimiento o un acuerdo, dictado en su sustanciación, que desecha una prueba), siendo que en ambos casos los promoventes del juicio de amparo indirecto solicitaron la suspensión.
Al respecto, mientras el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió que procedía conceder la suspensión definitiva para que no se emitiera resolución en el procedimiento de separación aludido, porque además de que no se afectaban disposiciones de orden público ni de interés social, la separación del quejoso del cargo sería irreparable, el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en la misma materia y circuito determinó que la suspensión del dictado de la resolución era contraria al orden público y al interés social; y que los daños que causara la prosecución del procedimiento, en su fase conclusiva, era reparable.
Cabe precisar que el punto a debate sobre la paralización del procedimiento de separación coincide en cuanto a que ambos órganos jurisdiccionales se pronunciaron sobre la procedencia de la suspensión definitiva respecto de la etapa final o conclusiva de dicho procedimiento, esto es, únicamente en cuanto al dictado de la resolución.
Ahora, del análisis de las resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes, también deriva que asumieron distintas posturas interpretativas respecto del artículo 124, principalmente en su fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 138, párrafo primero, de la propia ley.
En ese sentido, es clara la existencia de la contradicción de tesis denunciada, la cual consiste en determinar si procede conceder o no la suspensión definitiva contra el dictado de la resolución dentro del procedimiento de separación de un policía.
No se soslaya que en un caso se tomó en consideración el procedimiento administrativo de separación del servicio de carrera de procuración de Justicia Federal, previsto en el artículo 44 de la abrogada Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; y, en otro, se consideró el procedimiento de separación administrativa del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial, contenido en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República vigente; sin embargo, del examen comparativo de ambas disposiciones se obtiene que su contenido es esencialmente igual en cuanto establecen las mismas etapas de procedimiento de separación, a saber:
a) Etapa inicial o expositiva, donde el superior jerárquico deberá presentar queja fundada y motivada ante el Consejo de Profesionalización, en la que deberá señalar el requisito de ingreso o permanencia que presuntamente haya sido incumplido por el inferior jerárquico de que se trate, adjuntando los documentos y demás pruebas que considere pertinentes;
b) Etapa de audiencia y pruebas, en que luego de que el Consejo de Profesionalización notifique a quien habrá de instaurarse el procedimiento, lo citará a una audiencia para que manifieste lo que a su derecho convenga, adjuntando los documentos y demás elementos probatorios que estime procedentes; y,
c) Etapa conclusiva, en la que una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, el Consejo de Profesionalización resolverá sobre la queja respectiva.
Además, cabe destacar que en ambos procedimientos de separación el superior jerárquico podrá suspender al inferior jerárquico de que se trate hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente.
Lo anterior se corrobora en el siguiente cuadro comparativo.
Ver cuadro comparativo
SEXTO. Demostrado que existe divergencia de criterios, es necesario que esta Segunda Sala determine cuál es el criterio que debe prevalecer como jurisprudencia, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, para lo cual se toma ahora en consideración el contexto normativo que corresponde al caso.
Dado que el punto de contradicción precisado en el apartado que antecede se encuentra vinculado con los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, particularmente el previsto en su fracción II para efectos de la procedencia de la suspensión definitiva de los actos reclamados en el juicio de amparo, respecto de procedimientos administrativos de separación de policías, conviene tener presente el contenido de dicho dispositivo:
"Artículo 124. Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:
"I. Que la solicite el agraviado.
"II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.
"Se considera, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando de concederse la suspensión:
"a) Se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes;
"b) Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos;
"c) Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario;
"d) Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza;
"e) Se permita el incumplimiento de las órdenes militares;
"f) Se produzca daño al medio ambiente, al equilibrio ecológico o que por ese motivo afecte la salud de las personas, y (sic)
"g) Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 131 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta ley; se incumplan con las normas oficiales mexicanas; se afecte la producción nacional;
"h) Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio en cualquiera de sus fases, previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo en el caso que el quejoso sea ajeno al procedimiento, situación en la que procederá la suspensión, sólo sí con la continuación del mismo se dejare irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.
"III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
"El Juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio."
El precepto reproducido, inmerso en el contexto de la suspensión del acto reclamado, concretamente respecto de aquella tramitada a petición de parte,(6) pone de manifiesto que, desde un contexto general, la procedencia de dicha medida cautelar se encuentra condicionada a la satisfacción de tres presupuestos específicos, a saber: a) que lo solicite el agraviado; b) que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.
En relación con el segundo supuesto, la propia disposición establece de manera enunciativa diversos supuestos en que se considerará que se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, sin que en ellas se haya previsto la suspensión del procedimiento o el dictado de la resolución definitiva del procedimiento.
Se corrobora plenamente que la Ley de Amparo no proscribe conceder la suspensión de un procedimiento, en tanto que justamente conforme a su numeral 138, para determinar si la suspensión puede tener el efecto de paralizar el procedimiento se debe atender a si el daño que pueda ocasionarse al quejoso es irreparable o no, como se aprecia de su texto expreso:
"Artículo 138. En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso.
"Cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres días ante el Juez de la causa o el Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la suspensión concedida."
Como se desprende del párrafo primero del artículo 138 de la Ley de Amparo, cuando se trata de procedimientos existe una regla general y una excepción. La regla general es que la suspensión en el amparo se concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él; y, la excepción a esa regla es que procederá la suspensión del procedimiento cuando su continuación deje irreparablemente consumado el daño o perjuicio que pueda ocasionarle al quejoso.
En ese sentido es que el Pleno de esta Suprema Corte de Justici
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23779-4865410b/suspension-definitiva-tratandose-del-procedimiento-de-separacion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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