POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. POLICÍA FEDERAL. LOS PRECEPTOS DE LA LEY RELATIVA Y DE SU REGLAMENTO QUE INSTITUYEN EL CONSEJO FEDERAL DE DESARROLLO POLICIAL, SUS COMISIONES Y COMITÉS, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
AMPARO EN REVISIÓN 437/2014. 3 DE SEPTIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: JUAN PABLO GÓMEZ FIERRO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo abrogada; tercero transitorio del decreto por el que se expidió la nueva Ley de Amparo; 11, fracción V, y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto cuarto, en relación con el punto segundo, fracción III, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado el veintiuno de mayo de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se interpuso contra una resolución dictada en la audiencia constitucional en un juicio de amparo indirecto, en el que se reclamaron diversos artículos de la Ley de la Policía Federal, y en este recurso subsiste un problema de constitucionalidad de leyes, siendo innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
No pasa inadvertido para esta Segunda Sala que el tres de abril de dos mil trece entró en vigor la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos del mes y año en cita; sin embargo, en el presente asunto se seguirá aplicando la Ley de Amparo abrogada, de acuerdo con el artículo tercero transitorio(1) del ordenamiento jurídico citado, debido a que el juicio de amparo del que deriva este recurso inició con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley.
SEGUNDO. El Tribunal Colegiado del conocimiento, en el considerando segundo de la resolución de cuatro de octubre de dos mil trece, determinó que el recurso de revisión fue interpuesto en tiempo, por lo que es innecesario volver a pronunciarse al respecto.(2)
TERCERO. El escrito de agravios se encuentra firmado por **********, quejoso en el juicio de amparo, por lo que el recurso se interpone por parte legitimada para ello.(3)
CUARTO. A efecto de resolver el presente asunto, es necesario destacar los siguientes antecedentes:
1. Mediante oficio **********, de treinta y uno de julio de dos mil doce, el suplente permanente del secretario general del Consejo Federal de Desarrollo Policial, titular del órgano auxiliar del referido consejo, comunicó al ahora quejoso la determinación adoptada por el Comité Técnico de Sustanciación "F", por medio del cual se decretó la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión que desempeñaba hasta en tanto se resolviera el procedimiento administrativo instaurado en su contra y se le cita para la audiencia de ley.
2. Inconforme con esa determinación, el quejoso presentó demanda de amparo indirecto, reclamando como actos destacados diversos artículos de la Ley de la Policía Federal, de su reglamento y del "Acuerdo por el cual se crean seis comités técnicos para sustanciar los procedimientos administrativos por infracciones al régimen disciplinario y por incumplimiento a los requisitos de permanencia"; señalando el citado oficio como primer acto de aplicación.
3. Seguidos los trámites legales correspondientes, el veintiocho de febrero de dos mil trece, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos:
"PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por **********, por propio derecho, en contra de los actos reclamados y por las autoridades responsables precisados en los considerandos tercero, quinto y sexto de esta sentencia, por las razones ahí expuestas.
"SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **********, en contra de los actos reclamados de la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Gobernación, director general adjunto del Diario Oficial de la Federación y secretario de Seguridad Pública -del Gobierno Federal-, consistentes respectivamente en la discusión, aprobación, expedición, refrendo, promulgación, orden de publicación y publicación de la Ley de la Policía Federal, concretamente respecto de sus artículos 17, apartado B, fracción VI y 34, párrafo tercero; expedición y publicación del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, por lo que hace a su artículo 358; y la emisión del oficio ********** de treinta y uno de julio de dos mil doce, suscrito por el suplente permanente del secretario general del Consejo Federal de Desarrollo Policial, comisario jefe maestro **********, titular del órgano auxiliar, por las razones expuestas en los considerandos octavo al décimo segundo de este fallo."
En el considerando primero del fallo, el Juez de Distrito fijó su competencia para conocer del asunto.
En el considerando segundo precisó los actos reclamados en los siguientes términos:
"... de la lectura del escrito de demanda se advierte que la parte agraviada combate los actos siguientes:
"1. La discusión, aprobación, expedición, refrendo, promulgación, orden de publicación y publicación de la Ley de la Policía Federal, concretamente respecto de sus artículos 4, fracción II, 16, fracción II, 17, apartado A, fracción VI, 17, apartado B, fracciones VI y XV, 24 a 33, 34, párrafo tercero y 35 a 42, vigentes para dos mil doce.
"2. La expedición, refrendo y publicación del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, respecto de sus artículos 101 y 197 a 205, vigente para dos mil doce.
"3. La expedición y publicación del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, por lo que hace a su artículo 358, vigente para dos mil doce.
"4. La expedición y publicación del Acuerdo por el cual se crean seis comités técnicos para sustanciar los procedimientos administrativos por infracciones al régimen disciplinario y por incumplimiento a los requisitos de permanencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de abril de dos mil once.
"5. La aplicación de los preceptos legales combatidos, que se traduce en:
"a) La emisión del oficio ********** de treinta y uno de julio de dos mil doce, suscrito por el suplente permanente del secretario general del Consejo Federal de Desarrollo Policial, comisario jefe maestro **********, titular del órgano auxiliar, mediante el cual se le comunica al ahora quejoso la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión que desempeñaba hasta en tanto se resuelva el procedimiento administrativo instaurado en su contra y se le cita para la audiencia de ley.
"b) Las designaciones mediante las cuales se otorgaron los nombramientos a los agentes federales de investigación de la Procuraduría General de la República, ********** **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y, **********.
"Por otra parte, en atención a que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juzgador tiene que interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados.
"Este órgano jurisdiccional advierte que no obstante que del capítulo de actos reclamados, se aprecia que la parte quejosa expresamente no atribuye acto alguno a la autoridad responsable denominada suplente permanente del secretario general del Consejo Federal de Desarrollo Policial, comisario jefe maestro **********, titular del órgano auxiliar, de un análisis realizado a la demanda de garantías, se desprende que el acto que se le reclama a la citada autoridad es el consistente en la emisión del oficio **********, de treinta y uno de julio de dos mil doce ..."
En el considerando tercero del fallo, el Juez de Distrito decretó el sobreseimiento en el juicio ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables: secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal; comisionada general, secretario general del Consejo Federal de Desarrollo Policial, Consejo Federal de Desarrollo Policial, Comité Técnico de Sustanciación "F" del Consejo Federal de Desarrollo Policial, jefe de la División de Fuerzas Federales, coordinador de Servicios Generales y notificador de la Secretaría General de la Policía Federal, consistentes, respectivamente, en la aplicación de los preceptos legales combatidos, que se traduce en:
a) La emisión del oficio **********, de treinta y uno de julio de dos mil doce, mediante el cual se le comunica al ahora quejoso la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión que desempeñaba hasta en tanto se resuelva el procedimiento administrativo instaurado en su contra y se le cita para la audiencia de ley.
b) Las designaciones mediante las cuales se otorgaron los nombramientos a los agentes federales de investigación de la Procuraduría General de la República, ********** **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y, **********.
c) La expedición del Acuerdo por el cual se crean seis comités técnicos para sustanciar los procedimientos administrativos por infracciones al régimen disciplinario y por incumplimiento a los requisitos de permanencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de abril de dos mil once, por cuanto se refiere al citado secretario de Seguridad Pública.
En el considerando cuarto del fallo, el Juez de Amparo tuvo como ciertos los actos reclamados a la Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, ambas del Congreso de la Unión, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, secretario de Gobernación, director general adjunto del Diario Oficial de la Federación y secretario de Seguridad Pública, consistentes, respectivamente, en:
a) La discusión, aprobación, expedición, refrendo, promulgación, orden de publicación y publicación de la Ley de la Policía Federal, concretamente respecto de sus artículos 4, fracción II, 16, fracción II, 17, apartado A, fracción VI, 17, apartado B, fracciones VI y XV, 24 a 33, 34, párrafo tercero y 35 a 42, vigentes para dos mil doce.
b) La expedición, refrendo y publicación del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, respecto de sus artículos 101 y 197 a 205, vigente para dos mil doce.
c) La expedición y publicación del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, por lo que hace a su artículo 358, vigente para dos mil doce.
d) La publicación del Acuerdo por el cual se crean seis comités técnicos para sustanciar los procedimientos administrativos por infracciones al régimen disciplinario y por incumplimiento a los requisitos de permanencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de abril de dos mil once.
En el propio considerando tuvo como cierto el acto reclamado al Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, consistente en la expedición del Acuerdo por el cual se crean seis comités técnicos para sustanciar los procedimientos administrativos por infracciones al régimen disciplinario y por incumplimiento a los requisitos de permanencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de abril de dos mil once.
Finalmente, tuvo como cierto el acto reclamado al suplente permanente del secretario general del Consejo Federal de Desarrollo Policial, titular del órgano auxiliar, consistente en la emisión del oficio ********** de treinta y uno de julio de dos mil doce.
En el considerando quinto de la sentencia recurrida, el Juez de Distrito procedió al análisis de las causas de improcedencia y estimó actualizada la prevista «en el artículo 73,» fracción VI, de la Ley de Amparo abrogada, toda vez que, en su opinión, la parte quejosa no acreditó que se hubieran aplicado en su perjuicio los artículos 4, fracción II, 16, fracción II, 17, apartado A, fracción VI, apartado B, fracción XV, 25, 26 fracciones I a IX, XII a XVI, XVIII a XXII y último párrafo, 28, 29, 30, 32 y 34, párrafos primero y segundo, de la Ley de la Policía Federal, así como 101 y 197 a 205 del Reglamento de la Ley de la Policía Federal, ambos ordenamientos para dos mil doce, por lo que decretó el sobreseimiento en el juicio por lo que se refiere a dichos preceptos.
En el considerando sexto del fallo, el Juez de Amparo igualmente analizó las causas de improcedencia y estimó actualizada, de oficio, la prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo abrogada, por lo que se refiere a los artículos 24, 26, fracciones X, XI y XVII, 27, 31, 33, 35 a 42 de la Ley de la Policía Federal y el Acuerdo por el cual se crean seis comités técnicos para sustanciar los procedimientos administrativos por infracciones al régimen disciplinario y por incumplimiento a los requisitos de permanencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de abril de dos mil once, vigentes para dos mil doce, al considerar que la parte quejosa no formuló conceptos de violación en su contra.
En el considerando séptimo de la sentencia recurrida, el Juez de Distrito desestimó las causas de improcedencia que hicieron valer las autoridades responsables.
En el considerando octavo, el juzgador de primer grado analizó los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en contra de los artículos 34, párrafo tercero, de la Ley de la Policía Federal y 358 del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, que facultan al presidente del Consejo Federal para determinar, como medida cautelar, la suspensión temporal del empleo, cargo o comisión del presunto infractor, previa o posteriormente al inicio del procedimiento, así como la fecha en que surtirá sus efectos, y resolvió que dichas disposiciones no contravienen el derecho de audiencia previa que reconoce el artículo 14 constitucional.
En el considerando noveno, el Juez de Distrito analizó la constitucionalidad del artículo 17, apartado B, fracción VI, de la Ley de la Policía Federal, que establece los requisitos de permanencia y consideró que no vulnera lo dispuesto por los artículos 16, 94, párrafo décimo y 123, apartado B, fracción XIII, constitucionales.
En el considerando décimo, el juzgador de primer grado analizó la constitucionalidad de los ordenamientos impugnados, a la luz de lo dispuesto por el artículo 13 de la Constitución General y consideró que aquéllos no se traducen en leyes privativas sino leyes especiales dirigidas a los miembros de la Policía Federal, en los que se prevé un procedimiento administrativo por incumplimiento de las normas establecidas en los propios ordenamientos.
En el considerando décimo primero, el Juez de Amparo declaró inoperantes los conceptos de violación dirigidos a cuestionar la constitucionalidad del Acuerdo del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, con base en el cual se otorgaron nombramientos a los tercero perjudicados, toda vez que dicho acuerdo no fue impugnado por la parte quejosa y se sobreseyó en el juicio por lo que se refiere a las designaciones mediante las cuales se otorgaron los nombramientos a los terceros perjudicados.
Finalmente, en el considerando décimo segundo, el Juez de Distrito declaró infundado el concepto de violación que hizo valer la parte quejosa en contra del oficio **********, de treinta y uno de julio de dos mil doce, suscrito por el suplente permanente del secretario general del Consejo Federal de Desarrollo Policial, comisario jefe maestro **********, titular del órgano auxiliar.
4. En contra de la resolución anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que mediante sentencia de cuatro de octubre de dos mil trece, determinó lo siguiente:
"PRIMERO. En la materia de la revisión competencia de este Tribunal Colegiado, se modifica la sentencia recurrida.
"SEGUNDO. Se sobresee en el juicio respecto de los nombramientos atribuidos al comisionado general de la Policía Federal, por las razones expresadas en el considerando sexto de esta ejecutoria.
"TERCERO. Se ordena remitir el recurso de revisión en que se actúa, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos y en los términos precisados en el último considerando de esta resolución."(4)
En los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto de la resolución, el Tribunal Colegiado estableció su competencia para conocer del asunto, analizó la oportunidad del recurso, transcribió la sentencia recurrida y los agravios formulados por el quejoso, respectivamente.
En el considerando quinto, el órgano colegiado precisó que no era materia del recurso de revisión el sobreseimiento decretado en el considerando tercero de la sentencia recurrida, por lo que se refiere a la inexistencia de los actos atribuidos al secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Consejo Federal de Desarrollo Policial, secretario general y Comité Técnico de Sustanciación "F", ambos del referido consejo, jefe de la División de Fuerzas Federales, coordinador de Servicios Generales y notificador de la Secretaría General, todos dependientes de la Policía Federal, con excepción de la primera autoridad mencionada, en virtud de que no se hizo valer agravio en contra de esa determinación.
En el considerando sexto desestimó el segundo agravio del quejoso, en el que controvirtió el sobreseimiento decretado por la inexistencia del acto atribuido a la comisionada general de la Policía Federal, consistente en las designaciones con las que se otorgaron los nombramientos de los terceros perjudicados.
En el considerando séptimo estimó incorrecto el sobreseimiento decretado en los considerandos quinto y sexto de la sentencia recurrida con base en el artículo 73, fracciones VI y XVIII, esta última en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo (abrogada), y al no advertirse de oficio ninguna causa de improcedencia, ni pendiente de estudiar alguna propuesta por las partes, revocó el sobreseimiento decretado respecto de los preceptos legales y reglamentarios cuestionados, y del Acuerdo por el cual se crean seis comités técnicos para sustanciar los procedimientos administrativos por infracciones al régimen disciplinario y por incumplimiento a los requisitos de permanencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de abril de dos mil once.
En el considerando octavo ordenó enviar los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que la materia del recurso de revisión versaba sobre la inconstitucionalidad, entre otros, de los artículos 4, fracción II, 16, fracción II, 17, apartado A, fracción VI, apartado B, fracción VI y XV, 24 a 42 de la Ley de la Policía Federal, cuya competencia correspondía a este Alto Tribunal.
5. Recibidos los autos en este Alto Tribunal, se ordenó devolver el asunto al Tribunal Colegiado que previno en su conocimiento para el efecto de que se ocupara de todos aquellos aspectos procesales que omitió analizar.
6. En cumplimiento a la anterior determinación, el treinta de mayo del año en curso, el órgano colegiado dictó una nueva sentencia en la que subsanó las deficiencias advertidas.
En la citada resolución, el Tribunal Colegiado resolvió, en esencia, que si bien, tanto el juzgador que instruyó el juicio, como el que lo resolvió, no se pronunciaron sobre el emplazamiento en un domicilio distinto de los terceros perjudicados **********, **********, **********, **********, **********, **********, **********, ********** y **********, ni llevaron a cabo las actuaciones necesarias para que dichas personas fuesen debidamente emplazadas a juicio, era innecesario ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se regularizara y se les emplazara debidamente.
Lo anterior porque dichos terceros no quedaron en estado de indefensión, ni tal omisión trascendió al sentido del fallo, ya que en la sentencia recurrida se sobreseyó por el acto reclamado consistente en la designación de sus nombramientos, en virtud de que las autoridades responsables comisionada general y Consejo Federal de Desarrollo Policial, ambos de la Policía Federal, negaron haber otorgado esos nombramientos al rendir sus informes justificados; ello aunado a que se confirmó el sobreseimiento decretado en relación con la primera de las autoridades mencionadas, al considerar -el órgano colegiado- que dicho acto era inexistente, aunado a que dicha determinación quedó firme respecto de la segunda de esas autoridades, porque el quejoso no expresó agravio en su contra.
En la propia resolución, el Tribunal Colegiado consideró, a mayor abundamiento, que a las personas señaladas como terceros perjudicados no podrían tener tal carácter, expresando las razones por las que arribó a tal conclusión.
Posteriormente, el Tribunal Colegiado analizó una causa de improcedencia no estudiada por el Juez de Distrito, específicamente la prevista en el artículo 73, fracción IX, de la Ley de Amparo, que se refiere a la improcedencia del juicio tratándose de actos consumados y al respecto consideró que, contrariamente a lo que señalaron las autoridades responsables, no se actualizaba respecto de los actos del procedimiento legislativo consistentes en la promulgación de la Ley de la Policía Federal, así como respecto de la expedición y refrendo de su reglamento.
Finalmente, el Tribunal Colegiado consideró que, al subsistir una cuestión vinculada con la constitucionalidad de diversos preceptos de la Ley de la Policía Federal, debían remitirse los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resolviera lo procedente.
QUINTO. De los antecedentes narrados en el considerando precedente, se desprende que el Juez de Distrito se pronunció sobre la constitucionalidad de los artículos 17, apartado B, fracción VI y 34, párrafo tercero, de la Ley de la Policía Federal, así como 358 del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal.
Sin embargo, debe quedar firme la negativa del amparo que solicitó la parte quejosa en contra de los artículos 34, párrafo tercero, de la Ley de la Policía Federal y 358 del Manual del Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Policía Federal, toda vez que las consideraciones que al efecto expuso el Juez de Distrito en el considerando octavo del fallo recurrido, en el sentido de que dichos preceptos no vulneran el derecho de audiencia previa que reconoce el artículo 14 constitucional, no fueron impugnadas por la parte quejosa, aquí recurrente.
Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 3a./J. 7/91, sustentada por la anterior Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES."(5)
Por tanto, la materia de este recurso se circunscribe a analizar los agravios que hace valer el quejoso contra la sentencia del Juez de Distrito en la que se negó la protección constitucional, al considerar que los preceptos impugnados no vulneran lo dispuesto en los artículos 13, 16, 94, párrafo décimo y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; consideraciones contenidas en los considerandos noveno y décimo del fallo recurrido.
Por otra parte, de los antecedentes narrados se desprende que el Tribunal Colegiado que conoció de los aspectos relacionados con la procedencia del juicio de amparo, revocó el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, por lo que se refiere a los artículos 4, fracción II, 16, fracción II, 17, apartado A, fracción VI, apartado B, fracciones VI y XV, 24 a 42 de la Ley de la Policía Federal.
Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo abrogada, procede llevar a cabo el análisis de los conceptos de violación dirigidos a demostrar la inconstitucionalidad de los citados preceptos, a la luz de lo dispuesto por los artículos 13, 16, 94, párrafo décimo y 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el quejoso estima vulnerados.
Finalmente, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reasume su competencia originaria para conocer del asunto, por lo que hace a los artículos 101 y 197 a 205 del Reglamento de la Policía Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diez. Esto porque los planteamientos de inconstitucionalidad que hace valer el quejoso en contra de dichos preceptos están estrechamente vinculados con los que se hacen valer en contra de las disposiciones legales cuya constitucionalidad se cuestiona, de ahí que se estime necesario abordar conjuntamente el estudio de tales planteamientos, evitando así la posibilidad de que se emitan resoluciones contradictorias.
SEXTO. Dada la estrecha relación de los temas planteados en los agravios y en los conceptos de violación, respecto de la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados, aquéllos se analizarán conjuntamente, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo aplicable en este asunto.
En los agravios quinto, sexto y séptimo del recurso de revisión el quejoso, aquí recurrente, controvierte la determinación del juzgador federal respecto de la constitucionalidad del establecimiento y facultades del Consejo Federal de Desarrollo Policial, así como del procedimiento de separación por incumplimiento a los requisitos de permanencia que cuestionó el demandante en el primer concepto de violación; consideraciones contenidas en los considerandos noveno y décimo del fallo que se revisa.
Por otra parte, en el primer concepto de violación el quejoso aduce que las disposiciones legales y reglamentarias impugnadas violan lo dispuesto por el artículo 13 constitucional, pues a su consideración, la Constitución Federal no reconoce la creación de los tribunales para juzgar a los miembros de las instituciones policiales, ya que la violaciones de carácter administrativo, están reguladas por los artículos 108 al 114 del título cuarto constitucional, denominado "De las responsabilidad de los servidores públicos y patrimonial del Estado"; por lo que si la Ley Federal de Responsabilidad Administrativas de los Servidores Públicos, es la Ley Reglamentaria del Artículo 113 Constitucional, le corresponde aplicar dicha atribución a la Secretaría de la Función Pública.
Finalmente, en el tercer concepto de violación el quejoso aduce que los preceptos legales y reglamentarios impugnados, en cuanto establecen que la permanencia en el empleo dentro de la Policía Federal depende del control de confianza, violan el principio de seguridad jurídica, al carecer de fundamentación y motivación constitucional, ya que la relación que guarda el Estado con los miembros de las instituciones policiales es de carácter administrativo.
Con el objeto de dar respuesta a los argumentos del quejoso, tendientes a combatir la constitucionalidad de los preceptos legales y reglamentarios, en cuanto al establecimiento y facultades del Consejo Federal de Desarrollo Policial, conviene tener como marco jurídico el contenido de los artículos 21, 73, fracciones XXI y XXIII, y 123, fracción XIII, constitucionales, a raíz de las reformas estructurales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho:
"Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función.
"El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
"La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.
"Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.
"Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.
"Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.
"El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.
"El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
"La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25317-2ab9e5f8/policia-federal-los-preceptos-de-la-ley-relativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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