EMERGENCIA POLICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO QUINTO DE LA LEY RELATIVA, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 29 DE OCTUBRE DE 2010, QUE PREVÉ LA ATRIBUCIÓN EXCEPCIONAL EN FAVOR DEL EJECUTIVO ESTATAL DE ASUMIR EL MANDO TEMPORAL DE LOS CUERPOS POLICIACOS MUNICIPALES EN CASOS DE FUERZA MAYOR O DE ALTERACIÓN GRAVE DEL ORDEN PÚBLICO, NO ANULA LA COMPETENCIA QUE LOS ARTÍCULOS 21 Y 115, FRACCIONES III, INCISO H) Y VII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, CONFIEREN A LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA, NI GENERA UNA DEPENDENCIA DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES HACIA EL EJECUTIVO. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. La Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos se apartó de algunas consideraciones. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) EMERGENCIA POLICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL CONGRESO ESTATAL ES COMPETENTE PARA EXPEDIR LA LEY RELATIVA, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 29 DE OCTUBRE DE 2010. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. Los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales se apartaron de algunas consideraciones. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) EMERGENCIA POLICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL CONGRESO ESTATAL NO ESTÁ OBLIGADO CONSTITUCIONAL NI LEGALMENTE A PREVER EN LA LEY RELATIVA, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 29 DE OCTUBRE DE 2010, LAS BASES Y MECANISMOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN, COOPERACIÓN Y/O COLABORACIÓN ENTRE EL EJECUTIVO ESTATAL Y SUS MUNICIPIOS, PARA LA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DE DICHA LEY EN CASOS DE FUERZA MAYOR O ALTERACIÓN GRAVE DEL ORDEN PÚBLICO Y, POR ENDE, TAMPOCO AQUÉL A SUSCRIBIR ESOS CONVENIOS. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. Los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas, estuvieron en contra de algunas consideraciones. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) EMERGENCIA POLICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL HECHO DE QUE LA LEY RELATIVA, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 29 DE OCTUBRE DE 2010, NO ESTABLEZCA LOS SUPUESTOS TAXATIVOS QUE CONFIGUREN UNA CAUSA DE FUERZA MAYOR O DE ALTERACIÓN GRAVE DEL ORDEN PÚBLICO QUE DÉ LUGAR AL EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN EXCEPCIONAL EN FAVOR DEL GOBERNADOR ESTATAL, CONSISTENTE EN ASUMIR EL MANDO TEMPORAL DE LOS CUERPOS POLICIACOS MUNICIPALES, NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE RESERVA DE LEY, RAZONABILIDAD, PROPORCIONALIDAD Y SUBSIDIARIEDAD. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro José Fernando Franco González Salas se apartó de algunas consideraciones. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) EMERGENCIA POLICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL HECHO DE QUE LA LEY RELATIVA, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 85 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA ENTIDAD, PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL EL 29 DE OCTUBRE DE 2010, OMITA SEÑALAR UN PLAZO DETERMINADO Y CIERTO PARA LA DURACIÓN DEL EJERCICIO DE LA ATRIBUCIÓN EXCEPCIONAL EN FAVOR DEL EJECUTIVO ESTATAL DE ASUMIR EL MANDO TEMPORAL DE LOS CUERPOS POLICIACOS MUNICIPALES EN CASOS DE FUERZA MAYOR O DE ALTERACIÓN GRAVE DEL ORDEN PÚBLICO, NO LA TORNA INCONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Da
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 92/2010. MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA, ESTADO DE NUEVO LEÓN. 12 DE MAYO DE 2014. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: ALEJANDRO CRUZ RAMÍREZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al doce de mayo de dos mil catorce.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda, autoridades demandadas y actos combatidos. Por escrito recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mauricio Fernández Garza, Hiram Luis de León Rodríguez y Roberto Ugo Ruiz Cortés, ostentándose como presidente municipal, síndico segundo y secretario, respectivamente, todos del Municipio de San Pedro Garza García, Estado de Nuevo León, promovieron controversia constitucional solicitando la invalidez de la norma que más adelante se precisa, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se señalan:
"Nombre de las entidades, poderes u órganos demandados: El Poder Legislativo del Estado de Nuevo León, con domicilio en su recinto oficial sito en Palacio Legislativo, calle Matamoros, número 555, Monterrey, Nuevo León y el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, con domicilio en calle Zaragoza, esquina 5 de Mayo, Zona Centro, en Monterrey, Nuevo León, y secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León, con domicilio en calle Zaragoza, esquina 5 de Mayo, Zona Centro, en Monterrey, Nuevo León. Norma general o acto administrativo concreto cuya invalidez se demanda: I. Del Congreso del Estado de Nuevo León: a) La aprobación de la Ley de Emergencia Policial, Reglamentaria de la Fracción XVIII del Artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, mediante Decreto Número 121, publicado en el Periódico Oficial el viernes 29 de octubre de 2010. b) Las consecuencias de hecho como de derecho, directas e indirectas, mediatas e inmediatas derivadas de la aprobación y futura aplicación de la Ley de Emergencia Policial, Reglamentaria de la Fracción XVIII del Artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el viernes 29 de octubre de 2010. II. Del Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León se demanda: a) La promulgación y orden de publicación de la Ley de Emergencia Policial, Reglamentaria de la Fracción XVIII del Artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, mediante Decreto Número 121, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el viernes 29 de octubre de 2010. b) La omisión en la formulación y firma del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública con el Municipio de San Pedro Garza García, en el que, entre otras estipulaciones, se definan los mecanismos para la cooperación, colaboración, auxilio, transmisión de órdenes y cumplimiento en caso de ‘fuerza mayor’ o ‘alteración grave del orden público’. c) Las consecuencias de hecho como de derecho, directas e indirectas, mediatas e inmediatas derivadas de la omisión en la formulación y firma del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública con el Municipio de San Pedro Garza García, en el que, entre otras estipulaciones, se definan los mecanismos para la cooperación, colaboración, auxilio, transmisión de órdenes y cumplimiento en caso de ‘fuerza mayor’ o ‘alteración grave del orden público’."
SEGUNDO. Antecedentes. En la demanda se señalaron como antecedentes del caso los siguientes:
"I. Mediante Decreto Número 121, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, del día viernes 29 de octubre de 2010, se aprobó la Ley de Emergencia Policial, Reglamentaria de la Fracción XVIII del Artículo 85 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
"II. Al momento, no se tiene firmado convenio con el Gobierno del Estado de Nuevo León, en particular con el Gobernador Constitucional del Estado, para establecer las bases, principios y mecanismos para la coordinación en materia de seguridad pública con el Municipio de San Pedro Garza García, en el que, entre otras estipulaciones, se definan los mecanismos para la cooperación, colaboración, auxilio, transmisión de órdenes y cumplimiento en caso de ‘fuerza mayor’ o ‘alteración grave del orden público’.
"III. Incurre el Congreso del Estado de Nuevo León en incumplimiento al mandato de la Ley Fundamental de la Nación, en atención a la inefectividad de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 21, 40, 41, párrafo primero, 73, fracción XXIII, 115, fracciones III, inciso h), y VII, 120, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emitiendo disposiciones legales que contravienen el Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante una ‘Ley de Emergencia Policial’ cuya materia es propia de los convenios de coordinación que han de celebrar el Gobierno del Estado de Nuevo León y, en particular, el Gobernador Constitucional del Estado, con el Municipio de San Pedro Garza García; excediendo la Legislatura los límites constitucionales, al disponer la eliminación de la potestad municipal en el mando policial y la dependencia y mando estatal."
TERCERO. Conceptos de invalidez. El Municipio actor hizo valer seis conceptos de invalidez con apoyo en los cuales pretende la declaración de inconstitucionalidad de la norma combatida, a los cuales se hará referencia más adelante.
CUARTO. Preceptos fundamentales infringidos. El Municipio actor estima violados los artículos 14, 16, 21, 40, 41, párrafo primero, 73, fracción XXIII, 115, fracciones I, II y III, inciso h), y VII, 120, 128 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
QUINTO. Trámite. Por acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil diez, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, correspondiéndole el número 92/2010 y, por razón de turno, se designó a la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.
Mediante auto de la misma fecha, la Comisión de Receso de este Alto Tribunal, correspondiente al segundo periodo de dos mil diez, considerando que la Ministra designada como instructora para conocer de este asunto se encontraba disfrutando de su periodo vacacional, admitió la demanda relativa, sin reconocer el carácter de tercero interesado al Consejo Nacional de Seguridad Pública; asimismo, ordenó emplazar a los Poderes Ejecutivo y Legislativo Estatales demandados, y ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.
SEXTO. Contestación del Congreso del Estado de Nuevo León. Al producir su contestación, dicha autoridad manifestó, en síntesis, lo siguiente:
1. Es cierta la existencia del decreto impugnado.
2. Los antecedentes expresados por el Municipio actor son ciertos.
3. Es falso que a pesar de que la ley que se combate no haya entrado en vigor cause perjuicio al Municipio actor con su sola publicación.
4. Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley reglamentaria de la materia, en relación con el artículo 11, primer párrafo, del mismo ordenamiento legal, en virtud de que el Municipio actor carece de legitimación procesal para acudir en esta vía, dado que no acredita que la decisión de promover la controversia constitucional haya surgido de una decisión colegiada del Ayuntamiento. Es requisito sine qua non que las determinaciones provengan del Ayuntamiento como autoridad superior y con decisiones adoptadas de manera colegiada, en este sentido, si bien podría pensarse que el presidente municipal y el síndico segundo tienen la representación conjunta legal del Municipio, en todo caso, es indispensable que el Ayuntamiento se pronuncie sobre el particular, para que sus representantes estén en condiciones de actuar bajo la decisión de mérito, pues habrán de ser los síndicos y regidores, en su carácter de representantes de la sociedad, quienes determinen en forma deliberante, colegiada y por mayoría de los presentes en la sesión respectiva, si es preciso acudir en representación del Ayuntamiento al juicio de controversia constitucional y ante la ausencia de un acta de Cabildo que avale dicha cuestión, resulta que los firmantes de la controversia carecen de legitimación procesal para acudir en la vía propuesta.
Además, no existe disposición alguna que establezca puntualmente que el presidente municipal y el síndico segundo estén facultados expresamente para presentar controversias constitucionales, pues la actuación de dichos funcionarios no puede estar por encima de sus propias facultades, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 de la Norma Fundamental y los diversos artículos 27 y 30, primer párrafo, de la Constitución Local.
5. Que el primer concepto de invalidez resulta infundado, ya que el objeto de la ley combatida es el de reglamentar las facultades tanto de carácter constitucional de ámbito federal, como del local, que le es otorgada al Ejecutivo del Estado. Asimismo, el propio artículo 115, fracción III, establece que los Municipios, en el desempeño de sus funciones o en la prestación de sus servicios, observarán lo dispuesto por las leyes federales y estatales, lo que pone de manifiesto la facultad de este Congreso Estatal para expedir leyes relacionadas con el funcionamiento y prestación de los servicios a los que deben sujetarse los Municipios.
Que de la exposición de motivos de la iniciativa que provocó la emisión de la ley ahora impugnada, se desprende la intención del legislador de regular las facultades del Ejecutivo, para que, en caso de que se den las condiciones extraordinarias, la policía municipal acate las instrucciones del gobernador del Estado.
6. Respecto del segundo concepto de invalidez, el actor hace una inexacta interpretación del artículo 21 constitucional, ya que la realiza de una forma parcial, pues del mismo artículo, en su párrafo noveno, se desprende que dicha disposición se complementa con otras que delimitan las facultades que en materia de seguridad pública tienen los diferentes órganos o entes públicos. Además, la responsabilidad de un gobernador del Estado, para transmitir órdenes ante acontecimientos graves o de fuerza mayor que alteren el orden público, no deben sujetarse a un convenio de coordinación entre éste y el Municipio, sino que dicha responsabilidad es directa a cargo del gobernador del Estado y obligatoria para las policías preventivas municipales por disposición directa de la Constitución Federal.
Asimismo, de la exposición de motivos se desprende que, tratándose de una medida excepcional, no es posible aplicarla por analogía ni por deducción, sino que debe estar claro y expresamente consignado el procedimiento que reglamente su ejecución. No basta con que esa facultad exista en nuestra legislación en los mismos términos que en nuestra Constitución Federal, sino que, además, requiere determinar el proceso para ejercerla.
El Alto Tribunal ha reconocido mediante jurisprudencia que la seguridad pública municipal no es una función absoluta al mando de su presidente municipal, sino que tiene las limitaciones consagradas en la Constitución, lo que resulta contrario al argumento que como concepto de invalidez expone la actora que estima que dichas facultades le son propias por disposición del multicitado artículo 21 constitucional. Y en apoyo cita la tesis de rubro siguiente: "SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO EN LOS MUNICIPIOS. EN PRINCIPIO, SON MATERIAS RESERVADAS CONSTITUCIONALMENTE A ELLOS."
Asimismo, señala que el ordenamiento impugnado pretende regular el ejercicio de la responsabilidad que tiene el gobernador derivado del mandato constitucional, apegándose a lo establecido por el artículo cuarto de la ley combatida: "Artículo cuarto. El ejercicio de esta prerrogativa será únicamente a iniciativa del Ejecutivo Estatal, en condiciones de emergencia estrictamente eventual, temporal y nunca será motivada por fallas o insuficiencias estructurales, ni podrá incidir permanentemente en las políticas públicas municipales en materia de seguridad pública. Cesados los efectos de la declaratoria, la dirección, mando y estrategia del presidente municipal permanecerá conservándose autónoma y sin alteración alguna."
7. Respecto de la violación a los principios constitucionales de "reserva de ley", "racionalidad", "proporcionalidad", "subsidiariedad", "seguridad y certeza jurídica" y la falta de descripción de las causas por las que puedan transmitirse las órdenes del gobernador del Estado a las instituciones policiacas municipales, la fracción VII del artículo 115 constitucional dispone que "la policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público."
Esto significa que no se le impone al Ejecutivo Local el sujetarse a un catálogo de causales que definan las causas de fuerza mayor o de gravedad que alteren el orden público, sino, por el contrario, deja a su juicio determinar cuándo se está bajo estas circunstancias. Por lo tanto, la afectación de la que se duele el Municipio actor no deviene de la ley combatida, sino de un precepto constitucional que no puede ser motivo de una litis de esta naturaleza.
SÉPTIMO. Contestación del gobernador del Estado de Nuevo León. El titular del Poder Ejecutivo Local, al producir su contestación, manifestó, en síntesis, lo siguiente:
Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la ley de la materia, porque la Ley de Emergencia Policial, Reglamentaria de la Fracción XVIII del Artículo 85 de la Constitución Local, no afecta ni constituye un principio de afectación en perjuicio del Municipio actor.
El contenido de la normatividad impugnada no transgrede la esfera jurídica del Municipio actor, pues sus disposiciones no le constriñen de manera inmediata a observar determinada conducta o desarrollar cierta actividad; así como el Ejecutivo Local aún no ha hecho efectiva la facultad referida en el ordenamiento combatida respecto del Municipio actor ni de los demás comprendidos en el territorio de Nuevo León.
Es decir, la normatividad general impugnada, al limitarse a reglamentar esa atribución constitucional del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, mantiene incólume el ámbito de atribuciones que constitucional y legalmente corresponden al Municipio actor.
Asimismo, la controversia constitucional se promovió de manera extemporánea y debe sobreseerse de conformidad con los artículos 19, fracción VII, 21, fracción II y 60 de la ley reglamentaria de la materia. En virtud de que las reglas previstas en el artículo 3o. de la ley reglamentaria de la materia no son aptas ni idóneas para computar los plazos a que alude el artículo 21 del mismo ordenamiento reglamentario, y menos cuando en la controversia constitucional se impugna una norma general con motivo de su sola publicación, como sucede en el caso, pues esa norma no es notificada al ente, poder u órgano que se estime agraviado y, por ende, no se surtiría el supuesto previsto en la fracción II del citado artículo.
Porque para interponer una controversia constitucional en contra de una norma general, debe computarse en días naturales, porque no se trata de un evento intraprocesal y, por ende, no resultan aplicables las reglas previstas en el artículo 3o. de la ley de la materia; no existe compatibilidad entre los supuestos regulados en los referidos artículos 3o. y 21 del propio ordenamiento y en un supuesto similar -impugnación de una norma general-, el artículo 60 del propio ordenamiento reglamentario dispone de manera específica que el plazo para impugnar una norma general debe computarse en días naturales.
Y si la norma impugnada fue publicada en el Periódico Oficial Local el veintinueve de octubre de dos mil diez, el plazo para promoverla feneció el día veintinueve de noviembre de dos mil diez, resulta notoriamente extemporánea.
Del mismo modo, resulta claro que la simple publicación y/o entrada en vigor de la norma general, cuya invalidez se demanda, no ha afectado ni implica un principio de afectación al ámbito competencial del Municipio promovente. Estima también que, al actualizarse los supuestos a que se contraen los artículos 105, fracción I, de la Constitución Federal, y 19, fracción VIII y 20, fracción II, de la ley en la materia, en relación con los criterios jurisprudenciales mencionados.
Esta causal de improcedencia también se actualiza respecto del acto cuya invalidez se demanda, consistente en "la omisión en la formulación y firma del Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública del Municipio de San Pedro Garza García ...", porque además de no existir alguna disposición que constriña a la celebración del convenio de mérito precisamente a incitación de este poder, la referida omisión ni siquiera afecta o constituye un principio de afectación en perjuicio del ámbito competencial del Municipio actor.
Que los actos cuya invalidez se demanda, por tener su fundamento en los artículos 68, 75, 77 y 85, fracción X, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, no son inconstitucionales ya que fueron emitidos en absoluto respeto a las normas previstas tanto en la Constitución Federal como en la Local, procedimiento en el cual el titular del Ejecutivo Estatal se encuentra obligado a publicar las leyes aprobadas por el Congreso. Por lo tanto, el hecho de que el Ejecutivo Local haya promulgado la ley combatida se encuentra apegado a derecho.
El Estado de Nuevo León, como parte que es de la Federación, y teniendo como fundamento el artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, y en el noveno párrafo se expresa textualmente que: "... la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estado y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala ..."; en tanto en el párrafo décimo se consigna que "... el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública ...", lo cual ya ha sido cumplido y se continúa cumpliendo con la emisión e iniciación de la vigencia de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuyos artículos 10, fracciones I y IV, 12, fracción VII y 32, fracción I, han impulsado la configuración normativa, efectiva y funcional de tal sistema, del que es integrante el Consejo Nacional de Seguridad Pública -integrado a su vez por los gobernadores de los Estados, como el de Nuevo León-, así como la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal -integrada, entre otros, por dos presidentes municipales de cada Estado-, e igual ha ocurrido a nivel local en este Estado, mediante la Ley de Seguridad Pública para el Estado, cuyos artículos 2, 32 y 34, fracciones I y V, ponen de manifiesto que el Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado ha sido constituido bajo una integración múltiple, incluyente de este poder, como presidente y del presidente municipal de San Pedro Garza García, entre otros.
La sola naturaleza y denominación de "ley general" que corresponden a la del Sistema Nacional de Seguridad Pública, permiten apreciar que jurídicamente regula una atribución concurrente que debe tener reflejo en una normatividad estatal de la misma temática, como lo es la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, la cual, a su vez, se erige como institución derivada del Sistema Nacional, al Consejo de Coordinación del Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado, mismo que acoge a los Consejos Municipales e Intermunicipales de Seguridad Pública, instalados por los Municipios que no tuvieren representación dentro del propio Consejo de Coordinación.
La supremacía del artículo 21 referido lo convierte en fuente primaria e imperativa de la seguridad pública como facultad o función concurrente de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios, en su respectivo entorno competencial. Y en el artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se dispone, en similar sentido, que: "La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y Municipios, ..." y en plena congruencia, el artículo 2 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León establece que: "De conformidad a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, se crea el Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, el cual forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objeto de armonizar los distintos ámbitos de intervención que realizan las instituciones de seguridad pública del Estado y de los Municipios, ..."
El artículo 115, fracción VII, de la Constitución Federal estatuye lo siguiente: "La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público. ..."
Asimismo, el artículo 85, fracción XVIII, al incorporar que al Ejecutivo corresponde "... Ordenar el uso de la fuerza pública municipal en los términos de lo dispuesto por el artículo 132, inciso h), de esta Constitución, en aquellos casos que juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público; ..." y, a su vez, el artículo al que se hace remisión -132, fracción I, inciso h)- establece como atribución de los Municipios "... Seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito. La policía preventiva municipal estará al mando del presidente municipal, en los términos del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el gobernador del Estado le transmita en los casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público; ..."
Al puntualizarse que la ley impugnada no contraviene alguna disposición constitucional, debe agregarse que su emisión es legítima conforme a derecho, pues emergió del ejercicio de la facultad que la Constitución Local consigna para su Congreso en el artículo 63, fracción XLI, en el sentido de que a tal órgano legislativo le corresponde: "... Formular las leyes que reglamenten los artículos de esta Constitución, interpretando fielmente su contenido. ...". Encontrándose también comprendidos los artículos 85, fracción XVIII, parte final, 132, fracción I, inciso h), del mismo ordenamiento, así como el artículo 115, fracción VII, párrafo primero, de la Carta Magna referido con antelación.
El primer concepto de invalidez deviene infundado, porque la creación de la Ley de Emergencia Policial no invade la esfera competencial del Congreso de la Unión. La ley impugnada resultó del legítimo ejercicio de la facultad del Congreso Local conferida en el artículo 63, fracción XLI, de la Constitución del Estado de Nuevo León que establece lo siguiente: "... Formular las leyes que reglamenten los artículos de esta Constitución, interpretando fielmente su contenido."
Asimismo, la parte actora no demandó la inconstitucionalidad del artículo 85, fracción XVIII, de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, ni la nulidad de la reforma del artículo 124 de la Ley de Seguridad Pública del mismo Estado, reforma que se encuentra materializada en el artículo segundo del decreto impugnado; siendo que los referidos artículos son los que le dan origen a la ley impugnada.
Respecto del segundo concepto de invalidez, el argumento vertido por el actor es erróneo, porque si bien la facultad objeto de reglamentación en la ley impugnada es la establecida para el gobernador en el artículo 85, fracción XVIII, de la Constitución Local, su origen se remonta al artículo 115, fracción VII, de la Carta Magna, artículo éste que, a la vez, inspira la autonomía municipal en lo administrativo, hacendario y patrimonial, en tanto que en el artículo 21, párrafo noveno, de la propia Constitución Federal se impone la concurrencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en la función de seguridad pública, circunstancia la cual diluye cualquier idea de autonomía o exclusividad al respecto.
Además, el citado artículo 115, fracción VII, de la Constitución Federal no exige la previa celebración de convenio de coordinación con las entidades municipales como requisito necesario para que el gobernador del Estado de Nuevo León y sus homólogos ejerzan la facultad ahí establecida, en tanto que sobre el particular se establece en el penúltimo párrafo del artículo 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con alcances netamente potestativos, no imperativos, que: Los Estados y los Municipios podrán coordinarse para hacer efectivo lo previsto en el artículo 115, fracciones III, inciso h) y VII de la Constitución Federal ... .
Resulta inadmisible lo argumentado por la parte actora respecto a que este Poder Ejecutivo omitió la celebración de convenios de coordinación con el Municipio actor, máxime que por ser los convenios actos bilaterales, requieren de la voluntad de los dos interesados y del impulso inicial de cualquiera de ellos y, en este sentido, sería atribuible por igual al Municipio promovente, el que no acredita haber manifestado disponibilidad para coordinarse en el entorno de la seguridad pública.
Asimismo, resulta incorrecto e inaplicable el sentido que la parte actora pretende atribuirle al artículo 4o. de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues si bien ese precepto establece que la coordinación en un marco de respeto a las atribuciones entre las instancias de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, será el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no significa que la ley impugnada por la parte actora deba contemplar en sus dispositivos la realización de un convenio previo entre el Municipio y el Estado, para el efecto de que el titular del Ejecutivo pueda emitir órdenes a las policías municipales en los casos en que proceda hacerlo así, y éstas tengan la obligación de cumplirlas, ya que, como se mencionó anteriormente, dicha coordinación se hará con respeto a las atribuciones (como la reglamentada en la ley impugnada) que la Constitución establece para las instituciones y autoridades que integran el sistema.
Ni en la Constitución Federal ni en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se establecen límites temporales para la celebración de convenios de coordinación relacionados con la seguridad pública. Es decir, la coordinación es potestativa, no obligatoria, ni habrá de producirse, en su caso, necesariamente a instancia de la entidad estatal.
Tanto el tercero y sexto conceptos de invalidez resultan infundados, porque la ley combatida no invade la autonomía del Municipio, pues en ninguno de los artículos de la ley impugnada se establece "la eliminación de la potestad municipal en el mando policial", ni la "avocación" o "asunción" absoluta de la potestad municipal de seguridad pública.
El vocablo "mando" inquieta al Municipio actor, pero en la especie se refiere a las estrategias operativas, y debe considerarse que, por definición de la Real Academia Española de la Lengua, "ordenar" significa mandar que se haga algo, y "mandar" tiene por significado encomendar o hacer algo, o manifestar la voluntad de que se haga algo. Los artículos 85, fracción I, de la Constitución Estatal y 122, último párrafo, de la Ley de Seguridad Pública de la entidad son elocuentes en cuanto a la concurrencia de la esfera estatal con la municipal en el ámbito de la seguridad pública, pues asignan al Ejecutivo (gobernador) la atribución de proteger la seguridad de las personas, bienes y derechos de los individuos y, al efecto, mantener la paz, tranquilidad y orden públicos "... en todo el Estado ..."; de modo que el ejercicio de esa atribución de ninguna manera puede considerarse invasiva de la autonomía de alguno de los Municipios comprendidos en la división política estatal que incluye al Municipio promovente. Esto puede evidenciarse en la exposición de motivos de la iniciativa de la ley impugnada y en el dictamen emitido por el Congreso Local.
En relación con el cuarto y quinto de los conceptos de invalidez, resultan también infundados, porque de conformidad con el artículo 115, fracción VII, de la Constitución Federal, en congruencia con los artículos 85, fracción XVIII y 132, fracción I, inciso h), de la Constitución Local y 124 de la Ley de Seguridad Pública del mismo Estado, corresponde al gobernador local y a homólogos (nunca a los Congresos de los Estados), juzgar o determinar cuáles casos son de fuerza mayor o producen grave alteración del orden público, y la Carta Magna no les exige hacerlo a priori, ni predecirlo casuística e hipotéticamente, pues en realidad lo pueden efectuar en todo evento de esa índole cada ocasión que llegare a suceder. Es por ello que en los artículos segundo, quinto, sexto y sépt
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25115-576fef12/emergencia-policial-en-el-estado-de-nuevo-leon · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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