AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE SE CONCEDE, POR CONSIDERAR QUE CON LA LECTURA DE LAS CONSTANCIAS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, AL FORMULAR LA IMPUTACIÓN, SE INFRINGE EL PRINCIPIO DE ORALIDAD.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 10/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO, AMBOS DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO. 26 DE OCTUBRE DE 2015. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RICARDO RAMÍREZ ALVARADO, ALEJANDRO ROLDÁN VELÁZQUEZ, CARLA ISSELIN TALAVERA Y JUSTINO GALLEGOS ESCOBAR. DISIDENTE: FRANCISCO PANIAGUA AMÉZQUITA. PONENTE: RICARDO RAMÍREZ ALVARADO. SECRETARIA: ERIKA NAYELI TORRES SANTIAGO.
Cuernavaca, Morelos. Acuerdo del Pleno del Decimoctavo Circuito, correspondiente a la sesión de veintiséis de octubre de dos mil quince.
VISTOS, para resolver los autos de la contradicción de tesis 10/2014 suscitada entre el Primer y el Cuarto Tribunales Colegiados del Décimo Octavo Circuito; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia. Mediante oficio 7/2014-ST, recibido el siete de abril del dos mil catorce, en la presidencia del Pleno del Decimoctavo Circuito, el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado de este circuito, denunció la existencia de una posible contradicción de tesis, entre el criterio sustentado por dicho órgano al resolver el amparo en revisión 43/2013 y el sostenido por el Primer Tribunal Colegiado del mismo circuito, al fallar el recurso de revisión 242/2012.
Cabe indicar que el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito denunciante, adjuntó copia certificada de la resolución que ese Tribunal Colegiado de Circuito que dictó en los autos del amparo en revisión 43/2013.
SEGUNDO.-Trámite. Por auto de ocho de abril del dos mil catorce, el presidente del Pleno del Decimoctavo Circuito, admitió a trámite la denuncia y ordenó su registro con el número 10/2014; a través de dicho auto, se solicitó a la presidenta del Primer Tribunal Colegiado del propio circuito, copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 242/2012; así como también, se le solicitó informara si el criterio sobre el que se denunció la contradicción de tesis se encontraba vigente o, en su caso, se informara la causa por la que debía tenerse por superado o abandonado.
TERCERO.-Mediante oficio 449, recibido el diez de abril del año en curso, ante la oficialía de partes del Pleno del Décimo Octavo Circuito, la presidenta del Primer Tribunal Colegiado de Circuito informó que al resolverse los autos del amparo en revisión 242/2012, el Tribunal Colegiado de Circuito que preside determinó que la infracción al principio de oralidad por parte del Ministerio Público en la audiencia de formulación de imputación, repercute directamente en los requisitos legales para vincular a proceso al imputado; por lo que el amparo debía otorgarse contra el auto de vinculación respectivo, en forma lisa y llana. Cabe indicar, que la Magistrada a que se hace mérito, adjuntó al oficio en comento, copia certificada de la resolución dictada en los autos del expediente en revisión antes identificado.
CUARTO.-Por auto de once de abril del año en curso, el presidente del Pleno del Décimo Octavo Circuito, en apoyo de lo dispuesto en el artículo 41 Quáter 1, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación solicitó a los demás Tribunales Colegiados de este Décimo Octavo Circuito, informaran si habían dictado alguna resolución en la que hubiesen abordado alguno de los temas relativos materia de la contradicción de tesis que interesa.
QUINTO.-Con motivo de la anterior solicitud, en autos aparece que, mediante oficio de quince de abril del dos mil catorce, el secretario de tesis del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito informó al Magistrado presidente de dicho Tribunal Colegiado de Circuito, que en ese órgano jurisdiccional no se ha dictado ninguna sentencia en la que se hubiese abordado los siguientes temas: "LA INFRACCIÓN AL PRINCIPIO DE ORALIDAD, POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, REPERCUTE DIRECTAMENTE EN LOS REQUISITOS LEGALES PARA VINCULAR A PROCESO; POR LO QUE EL AMPARO QUE EN ESAS CONDICIONES SE OTORGUE CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN RESPECTIVO, DEBE SER LISO Y LLANO Y NO PARA LOS EFECTOS DE DEJAR INSUBSISTENTE LA AUDIENCIA Y CELEBRARLA DE NUEVO, DADO QUE ESE PROCEDER VULNERARÍA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL QUE RIGE EN EL SISTEMA ACUSATORIO." o el del rubro: "LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE ORALIDAD EN LA AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL JUICIO ACUSATORIO PUEDE SALVO CASOS EXCEPCIONALES, REPARARSE A TRAVÉS DEL AMPARO, SUBSANANDO LA VIOLACIÓN REFERIDA, PERO EN MODO ALGUNO TIENE EL ALCANCE DE CONCEDER EL AMPARO LISO Y LLANO, PUES NO SE TRATA DE VIOLACIÓN A UN DERECHO HUMANO SUSTANTIVO."
SEXTO.-El Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado de Circuito, mediante oficio recibido el veinticinco de abril del dos mil catorce informó que el Tribunal Colegiado de Circuito que preside no ha abordado el tema: "SI LA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE ORALIDAD EN LA AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL JUICIO ACUSATORIO, PUEDE O NO REPARARSE CONCEDIENDO EL AMPARO EN FORMA LISA Y LLANA O, BIEN, PARA EFECTOS."
SÉPTIMO.-Por oficio 171/2014, el Magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito informó que el Tribunal Colegiado de Circuito que preside, tampoco había abordado ningún asunto relacionado con el tema antes precisado.
OCTAVO.-Por auto de doce de mayo del dos mil catorce, se turnó la presente contradicción de tesis al Magistrado Nicolás Nazar Sevilla, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
NOVENO.-Una vez presentado el proyecto, el presente asunto fue listado para discutirse en la sesión correspondiente al seis de julio del presente año; en la cual, atento a las observaciones de los integrantes del Pleno, el Magistrado Ricardo Ramírez Alvarado, en su carácter de representante del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito, expuso que retiraba el proyecto.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia. Este Pleno del Decimoctavo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Federal y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis, sustentada entre Tribunales Colegiados de este circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis, proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito; de ahí que, formalmente, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO.-Posturas contendientes. A fin de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones que sustentan las ejecutorias de las que provienen los criterios materia de contradicción de tesis.
I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito
Conoció del amparo en revisión 242/2012, cuyos antecedentes relevantes son los siguientes:
1. ********** promovió juicio de amparo indirecto en contra del Juez de Control, de Juicio Oral y de Ejecución de Sanciones del Sexto Distrito Judicial del Estado, con sede en Cuautla, Morelos; señalando como acto reclamado el auto de vinculación dictado en su contra.
2. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo indirecto, al Juzgado Primero de Distrito en el Estado, el que la radicó bajo el número de expediente 303/2012, apareciendo que el Juez Segundo Auxiliar con sede en Acapulco, Guerrero; el cuatro de junio del dos mil doce, dictó sentencia en los autos del expediente antes identificado, en el sentido de conceder el amparo solicitado.
3. Inconformes con dicha sentencia, los quejosos interpusieron recurso de revisión, del que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, el que admitió a trámite el citado recurso con el número 242/2012 y el once de octubre de dos mil doce, falló el aludido recurso, en el sentido de modificar la sentencia recurrida y amparar y proteger al quejoso en contra de la vinculación a proceso decretada en su contra en la carpeta de investigación ********** por el Juez de Primera Instancia de Control, de Juicio Oral y de Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial, con sede en Cuautla, Morelos.
4. En la parte conducente de la ejecutoria, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito consideró:
"Cabe decir que al resolver la contradicción de tesis 412/2010, en sesión de seis de julio de dos mil once, la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el mencionado artículo 20 de la Ley Fundamental, como eje toral del nuevo proceso penal mexicano, en su primer párrafo, prevé a la oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, la cual se constituye en un instrumento de relevancia primordial, puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios de contradicción, inmediación y publicidad.-Los principios enunciados, deben observarse también en las audiencias preliminares al juicio, según lo manda la fracción X apartado A del referido numeral 20.-En relación con la oralidad, el artículo 366 del Código de Procedimientos Penales del Estado, establece la prohibición siguiente: ‘366. Prohibición de lectura de registros y documentos.-Salvo las excepciones previstas en este código, no se podrán incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el juicio oral, a los registros y demás documentos que dieren cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la policía, el Ministerio Público o ante el Juez de Control.’.-Con relación a las excepciones a dicha prohibición, los artículos 362, 364 y 365, parte inicial del primer párrafo, de la indicada codificación procedimental, establecen: 1. Podrán introducirse al juicio oral, previa su lectura o reproducción, los registros en que constaren anteriores declaraciones o informes de testigos o peritos, en todos los casos de prueba anticipada señalados por este código, sin perjuicio de que las partes exijan la comparecencia personal del testigo o experto, cuando sea posible.-2. Durante o después del interrogatorio o contrainterrogatorio al imputado, testigo o perito se les podrá leer o pedírseles que lean parte o partes de sus declaraciones anteriores o documentos por ellos elaborados, cuando fuere necesario para ayudar a la memoria, para demostrar o superar contradicciones o con el fin de solicitar las aclaraciones pertinentes.-3. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen.-También conviene destacar que el artículo 278 del Código de Procedimientos Penales del Estado establece que los requisitos para vincular a proceso al imputado, previa petición del Ministerio Público, son: I. Que se haya formulado la imputación.-II. Que el imputado ha tenido oportunidad de declarar o manifestado su deseo de guardar silencio.-III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, obren datos que establezcan se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.-IV. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o pretensión punitiva, o una excluyente de incriminación.-En caso de que no se reúna alguno de los requisitos previstos en el artículo que antecede, el artículo 279 de la indicada codificación, dispone que el Juez negará la vinculación del imputado a proceso y, en su caso revocará las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado.-No obstante señala el propio precepto, el auto de no vinculación del imputado a proceso, no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y, posteriormente, formule de nueva cuenta la imputación, salvo que la no vinculación a proceso haya causado ejecutoria y se fundamente en la fracción IV del artículo anterior.-La interpretación conforme de los citados artículos 278 y 279 del código represivo de la entidad, con el principio de oralidad previsto en el diverso 20, y atento a la prohibición de lectura de constancias normada en el cardinal 366 de la aludida codificación, permiten sostener que para el caso de que la representación social, al formular su imputación y en la exposición de los antecedentes de investigación que la respaldan, efectúe una lectura de las diligencias o actuaciones realizadas por él; ese actuar resulta contrario a los indicados principios que repercute directamente en las exigencias previstas en las mencionadas fracciones I y III para dictar auto de vinculación a proceso, pues al analizar los referidos reproches e historiales, es cuando el Juez dilucida si se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.-Esto es, si en la formulación de la imputación y en la exposición de los antecedentes por parte del representante social, éste infringió la oralidad, el Juez de Control debe tener por viciadas esas exigencias y debe tenerlas por no saldadas, cuyo resultado será la no vinculación a proceso.-Dar una interpretación diversa, permitiría la vulneración de la oralidad como un instrumento de relevancia primordial que marca una estructura general del procedimiento y, por ello, no se le daría consecución a los principios de contradicción, inmediación y publicidad.-En ese tenor, si la infracción referida se detecta en un fallo derivado de un juicio de amparo indirecto contra el auto de vinculación a proceso, la protección constitucional no puede concederse a fin de que se deje insubsistente ese acto y se reponga la audiencia relativa, puesto que esto último no es acorde al principio de igualdad procesal por conferirle una nueva oportunidad al representante social de perfeccionar su imputación o aportar nuevos medios de prueba o perfeccionar los aportados, por no ser ese momento el válido para obrar en ese sentido.-Esto último se afirma, en razón de que el Ministerio Público puede continuar con la investigación y formular de nueva cuenta imputación, de conformidad con el referido artículo 279 para el caso de que se haya resuelto la no vinculación a proceso, puesto que en el caso no se analiza el supuesto contemplado en el artículo 278, fracción IV.-Más aún, las consecuencias que generen los vicios acaecidos en las exigencias mencionadas (fracciones I y III), debe sopesarlas la representación social y no el quejoso; de ahí que lo equitativo es que el efecto del amparo es que, éste, no se le vincule a proceso.-Se precisa que, si bien es cierto, el principio de oralidad constituye una garantía procedimental y que, por ello, pudiera sostenerse que su contravención es una infracción de naturaleza procesal; también cierto es que, en la hipótesis tratada vulnera exigencias vinculadas con el fondo del asunto, por lo cual el amparo debe otorgarse de manera lisa y llana.-En el particular, de la resolución recurrida (folio 331 a 346), se advierte que fue concedida la protección de la Justicia Federal al doliente, contra la vinculación a proceso dictada en su contra en la carpeta de investigación **********.-La razón medular considerada por la resolutora federal, fue que la autoridad responsable, vulneró el principio de oralidad al permitir que en diversas ocasiones de la audiencia de quince de febrero de dos mil doce, la fiscalía diera lectura a todas las constancias que integran la carpeta de investigación, en la medida en que a las partes se les permite escuchar de viva voz las argumentaciones de la contraria para apoyarlas o rebatirlas, tan es así, que tanto el imputado y su defensor, así como el Ministerio Público, deben exponer al juzgador su versión de los hechos, mas no lectura (sic) de los mismos; principio que se encuentra consagrado en el primer párrafo, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentado por los diversos ordinales 3o., 317, 328 y 366, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Morelos.-La protección otorgada fue para los efectos siguientes: ‘... que la autoridad responsable deje sin efectos la audiencia de fecha quince de febrero de dos mil doce, y como consecuencia el auto de vinculación a proceso y, en su lugar, celebre otra en la cual omita los vicios formales a que se ha hecho referencia en el cuerpo de la presente y, una vez verificada dicha diligencia, resuelva con plenitud de jurisdicción la situación jurídica del hoy quejoso ...’. Sobre las bases expuestas, se considera que como bien lo aduce el amparista y en oposición a lo resuelto por la Jueza de Amparo, el efecto de la protección de la Justicia Federal debía ser para que se le dictara al quejoso auto de no vinculación a proceso y no para que se celebrara, de nueva cuenta, la audiencia respectiva.-Lo precedente, en razón de que si la juzgadora de distrito consideró infringido el principio de oralidad por habérsele permitido a la representación social la lectura de constancias al formular la imputación y exponer los antecedentes del caso lo adecuado en ese supuesto, según se expuso, era que tuviera por viciadas las exigencias previstas en la fracción I y III del artículo 278 del código procedimental penal de esta entidad federativa y, en vía de consecuencia, en términos del diverso 279 de la propia codificación, resolver la no vinculación a proceso del imputado.-No escapa a la atención de este tribunal, que la juzgadora subyacente también ponderó para conceder el amparo solicitado, que el Juez del proceso vulneró la garantía de igualdad durante el desarrollo de la audiencia, porque requirió al perito de la defensa, para que pusiera los documentos en que apoyaría su dictamen boca abajo, al ser su declaración de viva voz, sin poder consultar documento alguno; además de que se contravinieron los principios de imparcialidad, contradicción y equilibrio procesal, así como a las reglas sistemáticas consagradas en los dispositivos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atento a que el Juez de Control permitió la intervención del abogado defensor del quejoso, y antes de que éste acabara con dicha exposición, lo interrumpió sin permitirle concluir, acordando al respecto, sin tener plena certeza de lo que en su caso solicitaría dicho litigante; sin embargo, como esos yerros están ligados con la legalidad o no del desahogo de una prueba de descargo y la vulneración a la garantía de defensa adecuada, su naturaleza son la de violaciones procedimentales, la cuales no traen como consecuencia un mayor beneficio al otorgado líneas arriba.-Así las cosas, ante lo fundado de la inconformidad suplida en su deficiencia, lo procedente es modificar la sentencia impugnada y conceder el amparo solicitado de manera lisa y llana, en la inteligencia de que, como se dijo, esa circunstancia no impide que el Ministerio Público continúe con la investigación y, posteriormente, formule de nueva cuenta la imputación.-No es necesario analizar los agravios, mediante los cuales el doliente plantea que, la concesión del amparo se debió acotar a que la celebración de la nueva audiencia, no se le permitiera al representante social aportar nuevas pruebas, dado que este órgano colegiado resolvió en esta determinación la protección no puede otorgarse para que se efectúe otra vez esa actuación.-Se aclara que este tribunal federal está impedido para analizar los agravios del impetrante, relativos a evidenciar que debe atenderse a los conceptos de violación que impugnan el fondo del asunto, por depararle mayor beneficio, en razón de que atender a la petición del garante, implicaría convalidar la infracción detectada; esto es, que fue legalmente formulada la imputación y expuestos los datos de investigación por el Ministerio Público."
II. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito
Conoció del amparo en revisión 43/2013, cuyos antecedentes relevantes son los siguientes:
1. **********, **********, ********** y ********** promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la Juez de Primera Instancia de Control, de Juicio Oral y de Ejecución de Sanciones del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Jojutla, Morelos y del director de la Cárcel Distrital con sede en Jojutla, Morelos, reclamando, entre otros actos, la resolución mediante la cual se les decretó vinculación a proceso como probables responsables de la comisión del delito de extorsión agravada, previsto y sancionado por el artículo 146 del Código Penal vigente en el Estado, emitida dentro de la carpeta de investigación número **********, durante la audiencia de vinculación a proceso.
2. Dicha demanda de amparo quedó radicada en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado, bajo el número de expediente 1189/2012; seguido el procedimiento, se dictó sentencia el trece de diciembre del dos mil trece, en el sentido de conceder el amparo solicitado.
3. Inconforme con la anterior sentencia, los quejosos interpusieron recurso de revisión, el que por razón de turno correspondió conocer al Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, el que lo admitió a trámite con el número AR. 43/2013 y el cinco de abril de dos mil trece emitió la sentencia correspondiente, en la cual determinó confirmar la sentencia recurrida, para efectos de amparar y proteger a los quejosos y recurrentes.
4. Cabe señalar, que las consideraciones en que se sustentó dicho fallo y, que interesan a la presente contradicción de tesis, son las siguientes:
"Ahora, previo al estudio de los restantes motivos de inconformidad, es pertinente precisar que el Juez de Distrito estimó procedente conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los efectos siguientes: ‘Por tanto, debe convenirse que lo procedente es otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el fallo reclamado, consistente en el auto de vinculación a proceso de veintitrés de mayo del año en curso, y, en su lugar, con plenitud de jurisdicción emita un nuevo fallo en el que de manera fundada y motivada, determine la trascendencia de tal eventualidad, esto es, del hecho de que el Ministerio Público al momento de formular imputación en contra de los justiciables, se haya concretado a dar lectura a las diligencias que componen la carpeta de investigación, debiendo tomar en cuenta lo dispuesto por los artículos 22 y 366 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, ello en razón de que el primero de tales preceptos refiere que las prueba sólo tendrán valor si son debidamente incorporadas al proceso del modo que autoriza dicho código; en tanto que, el segundo de los numerales referidos señala que no se podrán incorporar o invocar como medios de prueba, ni dar lectura durante el juicio oral, a los registros y demás documentos que dieren cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la policía, el Ministerio Público o ante el Juez de Control, cuyo principio se conoce como prohibición de lectura de registros y documentos; debiendo además, fijar conforme al criterio jurídico, hasta qué punto está dentro o en exceso de los casos de excepción.-En la inteligencia, de que al momento de emitir la respectiva consideración, deberá tomar en cuenta los requisitos para la formulación de la imputación establecidos en el artículo 275 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, entre los que destaca el hecho de que al ofrecer la palabra al Ministerio Público, éste expondrá verbalmente el delito que se imputare, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención que se le atribuye al imputado en el mismo, así como el nombre de la persona que lo señala como responsable de los hechos.’.-Lo que concluyó luego de reproducir las grabaciones contenidas en los videos registrados en los discos compactos que remitió la Juez responsable, conforme a los artículos 32 y 32 Bis del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos,(1) y considerando lo siguiente: ‘En esencia, los impetrantes de garantías, aducen que el acto reclamado concerniente al auto de vinculación a proceso, de veintitrés de mayo del año en curso emitido por el Juez responsable en los autos de la causa penal **********, del índice del Juzgado de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y Ejecución del Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Jojutla, en contra de los justiciables por el delito de extorsión agravada, cometido en agravio de **********, resulta ser contrario a los artículos 22, 69, 332, 333 y 366 del Código de Procedimientos Penales de esta entidad federativa, en virtud de que la Juez responsable otorgó valor probatorio a la carpeta de investigación que contiene los hechos en los que se sustenta la fiscalía para formular imputación, a pesar de que dicha prueba no fue debidamente incorporada al juicio, habida cuenta de que el Ministerio Público solamente se concretó a dar lectura a dicha carpeta de investigación, en contravención al artículo 366 de la legislación penal antes indicada, puesto que claramente señala que no podrá incorporar o invocar como medios de prueba, ni dar lectura durante el juicio oral a los registros y demás documentos que dieren cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la policía, el Ministerio Público o ante el Juez de Control, de tal suerte que ante dicha irregularidad debió restarle cualquier valor probatorio a todas las diligencias que integran la mencionada carpeta de investigación.-Es esencialmente fundado lo argüido en el sentido antes expuesto.-Para demostrar lo anterior, se trae a colación que la fracción V del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en el proceso penal acusatorio, las partes tienen igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente y, con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda.-Cabe decir que al resolver la contradicción de tesis 412/2010, en sesión de seis de julio de dos mil once, la Primera Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el mencionado artículo 20 de la Ley Fundamental, como eje toral del nuevo proceso penal mexicano, en su primer párrafo prevé a la oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, la cual se constituye en un instrumento de relevancia primordial, puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios de contradicción, inmediación y publicidad.-Los principios enunciados, deben observarse también en las audiencias preliminares al juicio, según lo manda la fracción X, apartado A, del referido numeral 20.-En relación con la oralidad, el artículo 366 del Código de Procedimientos Penales del Estado, establece la prohibición siguiente: ‘366. Prohibición de lectura de registros y documentos.-Salvo las excepciones previstas en este Código, no se podrán incorporar o invocar como medios de prueba ni dar lectura durante el juicio oral, a los registros y demás documentos que dieren cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la policía, el Ministerio Público o ante el Juez de Control.’.-Con relación a las excepciones a dicha prohibición, los artículos 362, 364 y 365, parte inicial del primer párrafo, de la indicada codificación procedimental establecen: 1. Podrán introducirse al juicio oral, previa su lectura o reproducción, los registros en que constaren anteriores declaraciones o informes de testigos o peritos, en todos los casos de prueba anticipada señalados por este código, sin perjuicio de que las partes exijan la comparecencia personal del testigo o experto, cuando sea posible.-2. Durante o después del interrogatorio o contrainterrogatorio al imputado, testigo o perito, se les podrá leer o pedírseles que lean parte o partes de sus declaraciones anteriores o documentos por ellos elaborados, cuando fuere necesario para ayudar a la memoria, para demostrar o superar contradicciones o con el fin de solicitar las aclaraciones pertinentes.-3. Los documentos serán leídos y exhibidos en el debate, con indicación de su origen.-De la interpretación conforme de los citados preceptos en relación con el principio de oralidad previsto en el artículo 20, se estima se trata de una violación procesal que no trasciende a los derechos fundamentales de los solicitantes del amparo, pues lo que se contraviene es una infracción de naturaleza procesal, lo anterior se pone de manifiesto, de suyo, con la sola circunstancia legal de que la oralidad del juicio permite excepciones; lo cual desde luego, no ocurre tratándose de derechos fundamentales, cuya observancia no admite ni puede válidamente admitir excepción alguna.’.-Contra estas consideraciones, los recurrentes sostienen en el tercer motivo de agravio, que el Juez Federal no apreció correctamente el acto reclamado, al referir que el principio de oralidad no constituye una violación a un derecho fundamental, ya que, contrario a ello, en el nuevo sistema acusatorio adversarial, la oralidad constituye la parte estructural del nuevo sistema penal mexicano y se traduce no sólo en una ‘forma’, sino el debido proceso en el que se exige se cumplan las formalidades de acuerdo al principio pro homine, por lo que indudablemente constituye un derecho humano; de no ser así, sostienen, de qué serviría que se observaran las formalidades esenciales del procedimiento, si no se iban a respetar por las autoridades.-De ahí exponen en el primero y parte del séptimo motivo de inconformidad, que si bien se les concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que la responsable deje sin efecto el auto de vinculación a proceso por el delito de extorsión agravada dentro de la carpeta de investigación **********, y con plenitud de jur
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26307-7c5136bb/amparo-indirecto-en-materia-penal-efectos-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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