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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SOLICITA CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITOS QUE NO AMERITAN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LOS EFECTOS DE SU CONCESIÓN IMPIDEN QUE EL QUEJOSO SEA DETENIDO CUANDO COMPARECE ANTE EL JUEZ DE CONTROL, AUNQUE SE AUTORICE COMO MEDIDA CAUTELAR LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 44/2023. · Registro digital (IUS): 31859
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2023-10-20
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PR
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Octubre de 2023, Tomo IV, Pág.4403.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 44/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA CARLA ISSELIN TALAVERA Y DE LOS MAGISTRADOS SALVADOR CASTILLO GARRIDO (PRESIDENTE) Y JESÚS RAFAEL ARAGÓN. PONENTE: MAGISTRADO SALVADOR CASTILLO GARRIDO. SECRETARIA: ROSA MARÍA VÁZQUEZ SÁNCHEZ.

III. COMPETENCIA

13. Este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Sur, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, es competente para conocer y resolver la contradicción de criterios entre los sustentados por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, Colima, y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con domicilio en Zapopan, Jalisco; atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 y 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 67/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, al tratarse de una denuncia de contradicción de criterios emanados de Tribunales Colegiados provenientes de dos Circuitos (Trigésimo Segundo y Tercero) que comprenden la Región Centro-Sur señalada en el artículo 8, del acuerdo antes citado, cuya especialización (penal) corresponde a este Pleno Regional.

IV. LEGITIMACIÓN

14. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(2) ya que fue hecha valer por el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, Colima, quien falló el recurso de queja 410/2023, de su índice, mismo que motivó la presente denuncia.

V. CRITERIOS CONTENDIENTES

15. Se estima conveniente precisar las consideraciones que sustentaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitir sus resoluciones.

16. El Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, Colima, al resolver el recurso de queja 410/2023, consideró lo siguiente:

17. Juicio de amparo indirecto. Una persona física promovió juicio de amparo indirecto en contra de diversas autoridades, de quienes reclamó –entre otros actos– la orden de aprehensión girada en su contra y su ejecución.

18. En el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, el quejoso, bajo protesta de decir verdad, relató:

"... 1.- El pasado 6 de agosto de 2023 fui informado por un conocido, que agentes policiacos se presentaron a su domicilio laboral ubicado en la Ciudad de Colima a preguntar por el suscrito, ello bajo el argumento de que el aquí quejoso frecuentaba el mismo. Con motivo de lo anterior me di a la tarea de investigar y de ello derivó información en el sentido de que fue girada una orden de privarme de la libertad por parte de las autoridades ordenadoras, en ese sentido, informo a su Señoría que tengo información que indica que fueron emitidos los actos reclamados en mi contra.—2.- Si bien es cierto que desconozco exactamente el acto reclamado, tengo conocimiento certero de que se intentó ejecutar, y que la misma provenía de ‘un juez penal’, y si bien desconozco a qué Juez se referían, todos esos aspectos podrán corroborarse únicamente cuando las responsables rindan sus respectivos informes previos o justificados.—3.- No dejo de manifestar que el suscrito no he cometido conducta alguna que se encuentra considerada como delito, motivo por el cual, es que comparezco en términos de esta demanda de amparo a buscar el amparo y protección de la justicia federal ..."

19. Asimismo, solicitó la suspensión provisional del acto reclamado para los efectos siguientes:

"... 1.- Si se trata de delitos que NO impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión se solicita para el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia, por tanto, se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la responsable en caso de que se niegue el juicio de amparo, entre ellas, acudir ante la responsable cuantas veces sea requerido para la continuación del proceso penal que en su caso existiere. Con fundamento en los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, toda vez que de concederse la suspensión en este supuesto la libertad del suscrito se encontrará a disposición de este Juzgador, pido a su Señoría que expresamente en el auto de suspensión establezca que en caso de resultar cierto el acto reclamado y obligarme a comparecer ante la responsable, ésta mientras me encuentre bajo los efectos del mandato cautelar constitucional, no pueda imponer medida cautelar alguna que limite o restrinja la libertad del hoy impetrante, ello en razón de que, reitero, la libertad del aquí impetrante se encontrará a disposición del órgano de amparo y no de la responsable, de ahí que ésta, no pueda disponerla.—2. Para que en el caso de que el delito sea de los considerados como de prisión preventiva oficiosa, que se encuentren contenidos en el artículo 19 Constitucional, se otorgue en términos de ley ..."

20. El Juez de Distrito –a quien por turno correspondió el conocimiento de la demanda– ordenó el trámite del incidente de suspensión respectivo y resolvió conceder la medida cautelar solicitada por el impetrante para el efecto de que si se trataba de delitos que no implicaran prisión preventiva oficiosa, tal suspensión se otorgaba con la finalidad de que el impetrante no fuera detenido, bajo las medidas de aseguramiento que consideró, las cuales estimó necesarias a fin de que no evadiera la acción de la justicia, se presentara al proceso penal para su continuación y pudiera ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtuviera la protección constitucional; sin embargo, destacó que una vez que la parte quejosa se presentara ante la autoridad jurisdiccional responsable, no surtiría efecto alguno la suspensión decretada, atinente a las determinaciones que se adopten en la audiencia inicial, como lo es, el auto de vinculación o medidas cautelares, por tratarse de actos dictados con un sentido distinto a un mandamiento de captura, no obstante que también puedan afectar la libertad del accionante, porque son actos futuros, pues serían emitidos con posterioridad a la presentación de la demanda.

21. Inconforme con la anterior decisión, el quejoso por conducto de su autorizado, interpuso recurso de queja.

22. Consideraciones de la ejecutoria que contiene el criterio denunciado. En principio, el Tribunal Colegiado precisó que contrario a lo que indicaba la parte recurrente, el Juez Federal sí se ocupó de atender lo solicitado por el accionante; sin embargo, dicho juzgador apreció que lo adecuado para conservar la materia del juicio, era otorgar la medida con los efectos que estableció, ello porque así lo dispone expresamente la Ley de Amparo, sin que esto le acarreara perjuicio, debido a que al margen de que la parte quejosa solicitara determinados efectos que habría de producir la suspensión, es el órgano de amparo quien debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia de éste hasta su conclusión, lo cual implica que el legislador –en el contenido del artículo 147 de la referida ley– reconoció la potestad del Juez de Distrito para pronunciarse sobre los actos materia de la suspensión, así como de los efectos de tal medida.

23. Sostuvo que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, no resulta legalmente adecuado establecer los efectos solicitados por el quejoso, esto es, que no pueda ejecutarse ninguna medida cautelar privativa de la libertad en contra del mismo en el proceso penal de origen.

24. Subrayó que no sería jurídicamente correcto conceder la suspensión como la solicita el accionante, por las siguientes razones fundamentales:

a) Porque se estaría resolviendo la suspensión respecto a un acto que no es materia de la demanda de amparo. Es decir, se estaría alterando la litis al incluir un tópico que no es materia de reclamo constitucional.

b) Ese otro acto –que sería la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva justificada– es futuro e incierto. Se requeriría como presupuesto que hubiera una imputación de hechos determinados y, además, que debatiera sobre la necesidad y proporcionalidad y que derivado de ello se impusiera precisamente esa medida y no otra.

c) No se podría decidir sobre la suspensión en la forma que lo solicitó el peticionario de amparo, porque en el eventual caso de que se impusiera la medida cautelar en cita, ello tendría como base un debate y la información que se genere en una audiencia de imposición de esas restricciones. Lo que no era del conocimiento ni del quejoso ni del Tribunal Colegiado, precisamente por ser futuro e incierto.

25. Adujo que no existía noticia acerca de si la medida cautelar pudiera tener como justificación un riesgo en la posible víctima del delito, riesgo de otras personas o que existiera posibilidad de evasión; es decir, si se limitara al Juez a imponer una medida cautelar distinta de la prisión preventiva justificada, ello se traduciría en cerrar la posibilidad que tiene la Fiscalía de hacer el planteamiento con base en cuestiones de hecho y de derecho que estimara pertinente, y de haber víctima u ofendido también se le coartaría el derecho de pronunciarse sobre la pretensión de la Fiscalía, lo cual resultaría inadmisible, porque se podría afectar el interés social o contravenir disposiciones de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana, a saber, los artículos 1o., 153, 154, 155, 156, 157 y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regulan esa etapa del procedimiento.

26. Esgrimió que la finalidad del acto reclamado era que al justiciable se le presente por conducto de la fuerza pública a la audiencia inicial, esto es, se le conduzca a proceso privado de su libertad, lo que se desprende de lo dispuesto por el numeral 141 del referido código adjetivo.

27. Sin embargo, –señaló– la medida cautelar (consistente en la prisión preventiva) que pudiera imponerse al justiciable en la audiencia inicial, de conformidad con diverso artículo 153 del ordenamiento en cita, tiene como finalidad la de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento y/o garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o evitar la obstaculización del procedimiento.

28. Sostuvo que por esa razón, tal actuar no puede considerarse como una consecuencia de la ejecución de la orden de aprehensión, comparecencia y/o de privación de la libertad reclamada, ya que la imposición de una medida cautelar propiamente sería derivada de la prosecución del procedimiento penal.

29. Insistió que al tratarse de una circunstancia eventual, era incierta y obedecería, en su caso, primero a que hubiera elementos para vincular a proceso al justiciable y, en segundo lugar, méritos legales para imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pero sobre todo la posible privación de la libertad que derivaría de actos que aún no se han actualizado, incluso no eran parte de la demanda de amparo.

30. Arguyó que al resolver sobre la suspensión provisional de la orden de aprehensión reclamada, el tribunal de amparo no estaba en condiciones de hacer un análisis de un debate entre las partes que figuran en la causa penal, ni de la decisión que pudiera adoptar la o el Juez de Control, que no ha tenido lugar y, admitir lo contrario, implicaría que una resolución sobre esa medida cautelar se basara en meras especulaciones y sobre actos que obviamente, no existen, lo cual resultaba inadmisible.

31. Precisó que a diferencia de lo que indicó la parte recurrente, la resolución no era contradictoria, pues la eventual privación de la libertad ya no derivaría de la orden de aprehensión, comparecencia y/o de privación de la libertad reclamada sino de lo debatido, informado y decidido en un acto diverso que aún no tiene verificación –esto es– la audiencia de medidas cautelares.

32. Consideró que era inexacto que por medio de la suspensión provisional otorgada en contra de la orden de aprehensión, comparecencia y/o de privación de la libertad, la o el Juez de Control –como rector del proceso– tuviera que dejar de ejercer las facultades previstas en el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

33. Indicó que era factible concluir que en los casos donde el acto reclamado constituye una orden de aprehensión, comparecencia y/o de privación de la libertad y su ejecución, el otorgamiento de la suspensión no puede comprender la prohibición de privar al quejoso de la libertad si ello deriva de un diverso acto procesal, como lo sería la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva justificada.

34. Dijo que si se tomaba en cuenta que la facultad depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión, no puede llegar al extremo de ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque era obvio que no son la materia del juicio, y la litis en el incidente de suspensión debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande.

35. Bajo esa tesitura –adujo– que los efectos para los cuales se concedió la suspensión del acto reclamado resultaban idóneos para conservar la materia del juicio, puesto que se dijo expresamente que se continuara el procedimiento, lo que implicaba la imputación, vinculación y determinación de medidas cautelares, las cuales de imponerse no constituirían un efecto directo de la ejecución de la orden de aprehensión, comparecencia y/o de privación de la libertad.

36. Esgrimió que conforme a lo anterior, se hacía patente que la intención del legislador al mantener la redacción contenida en el quinto párrafo del numeral 136 de la Ley de Amparo abrogada, y en la fracción II del artículo 166 de la actual ley de la materia, fue la de proteger el derecho a la libertad del quejoso, pero no se podía dejar de atender al interés social y al orden público en cuanto a la aplicación de la legislación penal relativa en una etapa específica del procedimiento.

37. Sostuvo que por ello no procedía una suspensión con efectos más amplia, porque el disidente pretendía no ser privado de su libertad y se le impusieran medidas que garantizaran lo anterior, pues la medida cautelar sólo debía atender los actos reclamados, que se estiman ciertos a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, y no actos futuros e inciertos, ya que era obvio que debía coincidir el sistema de la suspensión de los actos reclamados con el diseño del sistema penal acusatorio y respetar, desde luego, los principios que rigen a este último, como son los de contradicción e igualdad, así como mantener incólumes las atribuciones del Juzgado de Control para pronunciarse sobre las pretensiones de las partes y resolver el debate que, en su caso, se abra sobre las medidas cautelares.

38. Invocó –para apoyar sus consideraciones– las jurisprudencias de rubros: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN."(3) y "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE QUE EL JUEZ DE DISTRITO PREVENGA AL QUEJOSO PARA QUE LA AMPLÍE CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, CUANDO LA RECLAMADA EN LA DEMANDA INICIAL RESULTÓ INEXISTENTE."(4)

39. Apuntó que no podía anticipar ni tener como hecho cierto que el fiscal solicitará la prisión preventiva justificada y, en caso de que así fuera, la o el Juez de Control debe actuar en ejercicio de las facultades constitucionales y legales para dirimir las cuestiones de hecho y de derecho que se sometan a su consideración.

40. En razón de ello –subrayó– que existe un interés de la sociedad en que se respeten la supremacía constitucional y el principio de legalidad, además de que el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana son disposiciones de orden público, vinculantes para el Estado Mexicano, y debe coexistir la aplicación armónica de la normativa del proceso penal acusatorio con el juicio de amparo, y así no impedir la aplicación de las normas penales.

41. Sostuvo que desde esa perspectiva, si se concediera la suspensión para que no se prive al quejoso de su libertad se cerraría –sin justificación jurídica– el derecho de la Fiscalía para que solicitara la prisión preventiva justificada, así como los alegatos de la víctima u ofendido encaminados a respaldar esa pretensión, al igual que el derecho a aportar medios de prueba para que el Juzgado de Control dirimiera la pretensión condigna, lo cual no resultaba lógico ni jurídico pues era evidente que el Tribunal Constitucional debe respetar esas reglas que rigen tal etapa del procedimiento y, por ello, debe acotar la protección que deriva de la medida cautelar al acto reclamado, que es justamente la orden de aprehensión y su ejecución, como con acierto lo estimó el Juez de Distrito al pronunciarse sobre ese particular.

42. Precisó que las partes (Fiscalía y la víctima u ofendido) tienen derecho a solicitar al Juzgado de Control las medidas cautelares que estimen apropiadas para asegurar la buena marcha del procedimiento y, a la vez, la persona imputada y la defensa a allanarse u oponerse a tales medidas, que deben dictarse atendiendo a los diversos principios que las rigen, entre otros, los de proporcionalidad y legalidad.

43. Dijo que si se limitara a dicha autoridad judicial y se determinara con la suspensión provisional que no impusiera la prisión preventiva justificada, ello se traduciría en que a pesar de que las partes plantearan sus pretensiones y defensas, la o el Juez de Control tendría que mantenerse como simple espectador porque no podría resolver sobre esa medida cautelar en una etapa en que debe dirimirla inexorablemente.

44. Además –indicó– que, si se encuentran involucrados, en su caso, los derechos de las víctimas u ofendidos es necesario recordar que tienen la capacidad de actuar en la causa penal, en cualquier etapa del procedimiento, de acuerdo con los principios que inspiran a la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas para el Estado de Colima, cuyas normas son de orden público.

45. Adujo que si el Ministerio Público solicitara la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y la víctima u ofendido respaldara esa petición y se presentara algún medio de prueba, sería incorrecto limitar las facultades del Juzgado de Control para que no resolviera al respecto, porque se contravendrían los artículos 11 y 13 de la Ley de Víctimas para el Estado de Colima.

46. Sostuvo que en congruencia con esas consideraciones, se tornan ineficaces los agravios que formula el recurrente, encaminados a demostrar la idoneidad y proporcionalidad de las medidas cautelares, con excepción de la prisión preventiva justificada –que dice no es "absolutamente indispensable para conseguir la permanencia del inculpado en el lugar en que se lleva a cabo el juicio"– pues la autoridad judicial de la potestad común, una vez abierto el debate y conocidas las pretensiones y defensas de las partes, debe decidir con libertad considerando la medida cautelar que resulte conveniente para asegurar la conducción del proceso penal.

47. Señaló que esa aproximación al caso garantizaba la observancia del artículo 5o. de la Ley General de Víctimas, que obliga a las autoridades encargadas de aplicar la ley, es decir, a las magistraturas y judicaturas, tanto federales como estatales, a respetar y proteger los derechos de las víctimas; ese cometido no puede lograrse si no se escucha a las víctimas, de ahí lo infundado de los agravios propuestos, pues con tal decisión ningún perjuicio le irrogaba al recurrente. 48. Citó como apoyo a lo expuesto la jurisprudencia de epígrafe: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA."(5)

49. Por último –señaló– que no compartía los criterios que invocó el recurrente, precisamente porque los límites de la suspensión se circunscriben a los actos reclamados y debe evitarse lógicamente que se obstaculice a las partes del proceso penal el ejercicio de sus derechos y dar primacía a los principios que lo rigen, así como respetar la libertad de decisión de la o el Juez de Control para dirimir el debate y resolver sobre las medidas cautelares que fueron objeto de la audiencia respectiva.

50. Por ello, –insistió– el tribunal constitucional debe centrarse sólo en el acto expresamente reclamado. Además que la tesis aislada de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CONTRA ÓRDENES DE APREHENSIÓN O REAPREHENSIÓN POR DELITOS QUE NO AMERITAN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. DURANTE LA VIGENCIA DE SUS EFECTOS NO PUEDE EJECUTARSE, EN CASO DE QUE SE DECRETE MEDIDA CAUTELAR ALGUNA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DEL QUEJOSO, COMO LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA."(6); y aquellas que citó el impetrante en sus motivos de agravio, por provenir de órganos de igual jerarquía, no eran obligatorias para ese tribunal, de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo; por tanto, al existir una probable contradicción de criterios, con fundamento en el numeral 227 de la referida legislación, denunció la contradicción de criterios entre el sustentado en dicha ejecutoria, con el diverso de la tesis aislada I.1o.P.23 P (11a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, así como la ejecutoria relativa al recurso de queja 80/2023, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco.

51. Respecto a la jurisprudencia de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO SE IMPUGNEN ACTOS DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL RELACIONADOS CON LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZARLA, EN CASO DE SER PROCEDENTE, EL ÓRGANO MINISTERIAL NO EJERZA LA ACCIÓN PENAL.",(7) advirtió que no beneficiaba a los intereses del inconforme, pues en la especie, no reclamó actos relacionados con la integración de una averiguación previa, como advirtió del estudio del caso.

52. Finalmente, el órgano colegiado declaró infundado el recurso de queja.

53. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, al conocer del recurso de queja 80/2023, tomó en cuenta lo siguiente:

54. Juicio de amparo indirecto. El quejoso, por conducto de su apoderado legal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los Jueces del Sistema Penal Acusatorio y del Sistema Tradicional del Estado de Jalisco, Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio con sede en la misma entidad federativa y otras autoridades ejecutoras, de quienes reclamó, –entre otra– la orden de aprehensión, así como la ejecución de la misma.

55. En el apartado de antecedentes del acto reclamado –bajo protesta de decir verdad–, el quejoso manifestó:

"... 1. El día 03 de abril del año en curso, fui informado por el personal que labora en el domicilio del quejoso, que elementos de la Fiscalía General del Estado, quienes se presentaron en el mismo domicilio particular del quejoso mismo que se encuentra en Guadalajara, Jalisco con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, el cual manifestaron provenía de autoridades constituidas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.—2. En efecto, se tiene conocimiento que particulares están intentando acciones en contra del quejoso, en contubernio con las responsables, para obtener finalmente un mandamiento de captura, inventando hechos y probanzas, inclusive las responsables se están prestando para integrar expedientes sin dar el mínimo derecho fundamental de audiencia y defensa, lo anterior con un fin eminentemente desleal, pues escuchando a una sola de las partes, están integrando y emitiendo los actos reclamados con el fin último de privar la libertad del hoy quejoso sin siquiera dar la oportunidad de enterarlo de la existencia de una carpeta de investigación, sus antecedentes, los procedimientos administrativos que le preceden, todo con el fin de emitir un acto privativo de libertad.—3.- De ahí que proceda por el momento la suspensión de los actos reclamados por esta vía y en su momento el amparo y protección de la justicia federal, pues el quejoso no ha cometido delito alguno o ilícito que merezca la privación de su libertad, por lo mismo no debió dictarse orden alguna en su contra con el fin de menoscabarle, suprimirle o en forma alguna limitarle su libertad personal ..."

56. Asimismo solicitó la suspensión provisional para los siguientes efectos:

"... I. Si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 Constitucional, la suspensión sólo produzca el efecto de que el aquí quejoso queden (sic) a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación, por otro lado;—II. Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión produzca el efecto de que el quejoso no sea detenido, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y puedan (sic) ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal.—Para decidir sobre la medida cautelar que aquí se solicita, se pide a Usted Juez/a de Control Constitucional observar el siguiente criterio de jurisprudencia:—Época: Décima Época, Registro: 2016417, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 12/2018 (10a.), Página: 1026. ‘INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. PARA SU TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DEBE APLICARSE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. (Se transcribe)’.—En la ejecutoria de contradicción de tesis que emitió el Alto Tribunal y da origen al criterio antes invocado, se desprende lo siguiente:—‘... Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, arriba al convencimiento de que a partir del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, día siguiente en que entró en vigor el Decreto por el que se reformaron diversos cuerpos normativos, entre ellos la ley en comento y se derogó el artículo décimo transitorio del diverso Decreto, en toda solicitud que se realice de apertura del incidente de suspensión derivado de un juicio de amparo indirecto en materia penal, para el trámite y resolución de la medida cautelar el órgano jurisdiccional deberá atender a los lineamientos establecidos por la Ley de Amparo vigente.—Con base en ello, se estima que en modo alguno debe considerarse que la autoridad jurisdiccional deba analizar a priori la naturaleza jurídica del procedimiento del que deriva el acto controvertido para determinar si éste se emitió en uno de corte mixto o bien, si se trata de uno acusatorio y oral, porque no lo determinó así el legislador.—Máxime que para la tramitación del incidente de suspensión no es necesario atender a las disposiciones especiales de la materia del juicio de origen, puesto que el proceso constitucional autónomo de amparo, tiene su propia normatividad especial, que es la Ley de Amparo y la medida cautelar, de igual manera cuenta con su capítulo específico para su tramitación y resolución’.—En ese sentido, a partir del 18 de junio de 2016 al atender una solicitud de suspensión –como sucede en el caso que nos ocupa–, el juzgador de ninguna manera debe considerar o hacer referencia al tipo de procedimiento del cual derive la orden de aprehensión, es decir, si deriva de uno de corte mixto, o bien, si se trata de uno acusatorio y oral, incluso, NO ES NECESARIO ATENDER A LAS DISPOSICIONES ESPECIALES QUE RIGEN LA MATERIA DEL JUICIO DE ORIGEN.—En efecto, el décimo transitorio del decreto relativo a la ley de amparo vigente, establecía –pues hoy se encuentra derogado– lo siguiente:—‘DÉCIMO. ... En los casos donde no haya entrado en vigor el nuevo sistema de justicia penal a que se refiere la reforma constitucional referida en el párrafo anterior, la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose conforme a la Ley de Amparo a que se refiere el artículo segundo transitorio de este Decreto’.—La citada porción normativa obligó a los juzgadores de control constitucional y al resolver sobre la suspensión en contra de una orden de aprehensión, al menos cuando esta estuvo vigente, a hacer una distinción tomando en consideración la naturaleza jurídica del procedimiento que precedía a la citada orden de captura, por lo mismo el auto de suspensión en contra de un acto de esta naturaleza tenía que distinguir, a la postre:—Si el acto reclamado provenía de un procedimiento acusatorio y oral, en este supuesto era aplicable el artículo 166 de la ley de amparo vigente, por el contrario;—Si el acto reclamado provenía de un procedimiento de corte mixto o tradicional, en este supuesto era aplicable el artículo 136 de la abrogada ley de amparo.

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31859-790f0ac1/suspension-provisional-en-el-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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