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SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITOS QUE AMERITAN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. LA JURISPRUDENCIA PR.P.T.CN. J/3 P (11a.) ES APLICABLE AUN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA REFORMA DE 31 DE DICIEMBRE DE 2024 AL ARTÍCULO 19, PÁRRAFO SEGUNDO, CONSTITUCIONAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 20/2025. · Registro digital (IUS): 33225
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-05-23
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATER
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Mayo de 2025, Tomo III, Volumen 1, Pág.513.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 20/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 3 DE ABRIL DE 2025. TRES VOTOS DE LA MAGISTRADA OLGA ESTREVER ESCAMILLA, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, Y DE LOS MAGISTRADOS MIGUEL BONILLA LÓPEZ Y SAMUEL MERAZ LARES. PONENTE: MIGUEL BONILLA LÓPEZ. SECRETARIO: JAIME GÓMEZ AGUILAR.

Ciudad de México. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión ordinaria de tres de abril de dos mil veinticinco, dicta la siguiente:

SENTENCIA

1. Con la que se resuelve la contradicción de criterios en materia penal 20/2025, suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito con el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

2. Los puntos a resolver son comprobar si la contradicción de criterios se actualiza y, de ser el caso, determinar si a la luz de la parte final del segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del uno de enero de dos mil veinticinco, continúa siendo aplicable la jurisprudencia PR.P.T.CN. J/3 P (11a.), de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. DEBE CONCEDERSE PARA EL EFECTO DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO SEA DETENIDA, CUANDO RECLAME LA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITOS QUE AMERITEN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA."

I. TRÁMITE DE LA DENUNCIA

3. El veintiocho de febrero de dos mil veinticinco se recibió en este Pleno Regional el oficio suscrito por los integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante la cual denunciaron la contradicción de criterios entre lo resuelto por ese órgano en el recurso de queja 55/2025, contra lo determinado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en la queja 55/2025 y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la queja 42/2025.

4. En esa misma data la presidencia de este Pleno Regional admitió a trámite la contradicción y la turnó a la ponencia del Magistrado Miguel Bonilla López.

5. Durante el trámite de este asunto los Tribunales Colegiados de Circuito implicados informaron que su criterio continuaba vigente, remitieron copia digital certificada de las resoluciones que dictaron y habilitaron su expediente electrónico.

6. El Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicó que durante los últimos seis meses no se encuentra radicada en ese órgano alguna contradicción de criterios cuya temática tenga relación con este asunto.

7. Como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y de la jurisprudencia P./J. 74/2006 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, con registro digital 174899, de rubro: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO.", se hace ver que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el diecinueve de marzo del presente año, resolvió la contradicción de criterios 124/2024, en la que determinó la inexistencia de la misma, en la que se había establecido la siguiente temática:

"EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN. DETERMINAR SI EN CASO DE QUE TENGA SU ORIGEN EN UN DELITO QUE AMERITE LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA SUSPENSIÓN DEBE RESTRINGIRSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166 FRACCIÓN I DE LA LEY DE AMPARO, SIN REALIZAR UN CONTROL DE CONVENCIONALIDAD CON MOTIVO DE LAS DETERMINACIONES RELATIVAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS O, SI EN EL CASO, LOS EFECTOS TENDRÁN EL ALCANCE DE QUE LA QUEJOSA NO SEA DETENIDA Y QUE INCLUSO DURANTE SU VIGENCIA NO SE PUEDA EJECUTAR LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA, PARA ADOPTAR UN ENFOQUE INTERPRETATIVO PRO PERSONA."

8. Tópico afín con el tema de esta contradicción de criterios (como puede advertirse en la página electrónica https://www2.scjn.gob.mx/ConsultasTematica/Detalle/333673. Consultada el 3 de abril de 2025).

9. El veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco, quedó integrada la contradicción de criterios y se confirmó el turno electrónico al magistrado ponente.

10. Ninguna persona ni institución presentó opinión (amicus curiae), como lo dispone el artículo 45 del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

II. COMPETENCIA

11. Este Pleno Regional es legalmente competente para conocer y resolver la presente contradicción de criterios, toda vez que se origina entre Tribunales Colegiados de Circuito que, por corresponder al Primer y Segundo Circuitos, pertenecen a la Región Centro-Norte, donde este órgano ejerce jurisdicción; además, es semiespecializado en la materia sobre la que versa la contradicción (penal).

12. Es aplicable lo dispuesto por los artículos 94, párrafos quinto y séptimo y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 14, fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, reformado por el diverso Acuerdo General 1/2024; y, 2 del Acuerdo General 108/2022 del citado Pleno, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur, así como su competencia, jurisdicción territorial y domicilio, modificado por el Acuerdo General 38/2023.

III. LEGITIMACIÓN

13. La denuncia de contradicción de criterios proviene de parte legitimada en términos de lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que fue formulada por los integrantes de uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes.

IV. POSTURAS CONTENDIENTES

14. Las circunstancias y razonamientos de las ejecutorias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción de criterios, son las siguientes:

A. Primera Postura. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en el recurso de queja 55/2025

15. Contexto. El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado a diversos Jueces de Control, referente a la orden de aprehensión librada en su contra por la probable comisión de delitos contra los que procede la prisión preventiva oficiosa.

16. El Juez de Distrito al que correspondió el conocimiento del asunto admitió la demanda y abrió el cuaderno incidental en el que concedió la suspensión provisional para los efectos exclusivos que establecen los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo.

17. Contra esa determinación el quejoso interpuso el recurso de queja. Medio de impugnación del que tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la queja 55/2025. Resolvió declarar infundado tal recurso.

18. Consideraciones que sustentan el criterio. El órgano colegiado determinó que el agravio formulado por el recurrente era infundado; además sostuvo no advertir ninguna irregularidad.

19. En su motivo de disenso el inconforme estableció que había sido incorrecto que el Juzgado de Distrito hubiera limitado los efectos de la suspensión otorgada a lo previsto en el artículo 166 de la Ley de Amparo, sin que atendiera la jurisprudencia PR.P.T.CN. J/3 P (11a.), con número de registro digital 2028568, cuyo rubro dispone:

"SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. DEBE CONCEDERSE PARA EL EFECTO DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO SEA DETENIDA, CUANDO RECLAME LA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITOS QUE AMERITEN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA."

20. El Tribunal Colegiado de Circuito dijo que no le asistía razón al recurrente, toda vez que la configuración actual del artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos restringe que los órganos del Estado –en un sentido amplio– realicen una interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial, de las previsiones ahí contenidas.

21. Añadió que la aplicabilidad –o no– de un criterio de carácter obligatorio depende y está condicionado a que la norma interpretada no haya sido modificada o derogada.

22. Entonces, a su entender, el criterio jurisprudencial en cita se emitió antes de que el propio texto constitucional vedara (prohibiera) la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales interpretaran las disposiciones que se refieren a la prisión preventiva oficiosa en un sentido distinto al literal; lo que pudiera implicar que se inaplicara la figura de mérito y las consecuencias que se pueden generar con motivo de ésta.

23. Razón de índole constitucional (por derivar de una reforma constitucional vigente, por no haberse modificado o invalidado a la fecha con base en algún mecanismo legal), sostuvo en su opinión, que envuelve dejar en desuso el citado criterio judicial, en la medida que la configuración normativa actual es distinta a la que existía en el momento en que se emitió la decisión interpretativa de origen. De ahí que, según su entender, no resultaba viable adherirse al planteamiento argumentado por el quejoso.

24. Puntualizó, según su particular forma de ver las cosas, que esa restricción no estaba limitada al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que, por el contrario, debía entenderse a todas las normas que hicieran referencia a la prisión preventiva oficiosa, tanto de forma directa como indirecta.

25. Indicó que no inobservaba lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros vs México, así como García Rodríguez y otros vs México; sin embargo, en su concepto, esos fallos no derogaron en automático las disposiciones constitucionales en materia de prisión preventiva ni las normas secundarias.

26. Estableció, según su propia apreciación, que, dado el contexto normativo actual, sobre todo la interpretación constitucional realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impedía que se llevara a cabo un control de constitucionalidad o convencionalidad sobre las disposiciones materia del asunto en estudio, como se obtenía de los criterios jurisprudenciales P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 64/2014 (10a.), con registros digitales 2006224 y 2008148, de rubros siguientes:

"DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL."

"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA."

27. Adicionó que si bien la interpretación que adoptó pudiera ser calificada de regresiva; era importante no perder de vista que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los ejercicios de regresividad son posibles y requieren una justificación robusta, como se estableció en la jurisprudencia 1a./J. 87/2017 (10a.) de la Primera Sala, con número de registro digital 2015304, cuyo título expresa:

"PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA PROHIBICIÓN QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DE ADOPTAR MEDIDAS REGRESIVAS NO ES ABSOLUTA, PUES EXCEPCIONALMENTE ÉSTAS SON ADMISIBLES SI SE JUSTIFICAN PLENAMENTE."

28. Evidentemente, este tribunal pasó por alto que el criterio que citó se refiere a derechos sociales, en los que es necesaria la ministración de recursos para hacerlos efectivos, lo cual se desprende directa y claramente de su texto, mientras que el asunto que tuvo a su consideración se refiere a derechos de índole muy diversa, como son el de libertad personal y el de acceso a la justicia en su vertiente de recurso judicial efectivo.

29. Expuso, según su forma de ver las cosas, que en el caso analizado advertía que el constituyente permanente estableció una serie de razones que calificó de "objetivas", las que, en su concepto, justificaron la reforma constitucional:

a) El aumento en la incidencia delictiva.

b) El establecimiento de medidas eficaces para combatir la delincuencia y procurar la administración de justicia.

c) Establecer un marco jurídico que sancione a los infractores y garantice el bienestar social.

d) Proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes –en la prevención del consumo de drogas y en la participación de delitos contra la salud–.

e) Salvaguardar los derechos de vida, patrimonio privado de la población, así como el patrimonio público (para garantizar las funciones del Estado, en favor de la población).

30. En ese sentido, concluyó, en ninguna irregularidad incurrió el Juzgado de Distrito al aplicar la norma en su sentido literal.

31. Agregó que el juzgador recurrido fundamentó su decisión en disposiciones que, a la fecha, se encuentran vigentes porque la Ley de Amparo no ha sido reformada, lo que encontraba sustento en la contradicción de tesis 397/2016, en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó que, en la actual Ley de Amparo, el legislador se ocupó de elaborar un apartado especial para regular la suspensión en materia penal.

32. Lo que se debió, explicó, a la necesidad de evitar confusiones en torno a los efectos que debían darse a esa medida cautelar en la materia penal, pues se asumió que no existía un criterio uniforme respecto a los alcances que debía darse a la suspensión en cada caso concreto.

33. Por lo cual, conforme su propia forma de ver las cosas, la vigente configuración legislativa "descartó" la posibilidad que los jueces constitucionales tengan un margen para determinar cuáles deben ser los efectos que deben imprimirse a los actos que están regulados en ese apartado; en donde se incluye la imposición de la prisión preventiva oficiosa. De modo que, si el legislador estableció efectos explícitos para esa clase de actos, el juzgador de amparo no goza de facultades discrecionales para establecer sentido diverso al expuesto por el legislador. Véase desde ahora que su razonamiento está referido a la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pero que el caso que examinó tenía que ver con un acto muy diferente, esto es, la orden de aprehensión por un delito que amerita esa medida.

34. Completó su postura al exponer que, según su propia idea, la redacción actual de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha determinado un rumbo de la política criminal a seguir en el país, sin que las autoridades jurisdiccionales tengan competencia para intervenir en el diseño institucional que determinen los poderes competentes.

35. De modo que si tanto el Legislador como el Ejecutivo Federal –al presentar la iniciativa de origen–, establecieron la política criminal relacionada con la materia de seguridad, específicamente con los límites y alcances de la prisión preventiva oficiosa, en relación con dicha actividad, es que, según su propia intelección, los órganos jurisdiccionales deben interpretar las normas de conformidad con los postulados constitucionales vigentes y no sobrepasar o extender los límites vedados expresamente por el constituyente permanente.

36. Por lo que, aseveró conforme a su particular punto de vista, se debía optar por la sincronía del sistema normativo, en el entendido que el texto constitucional establece las pautas de interpretación de las normas secundarias que, en el caso analizado, eran de estricto cumplimiento y de interpretación literal, esto es, sin que exista la posibilidad de complementar el contenido normativo con otras técnicas de interpretación.

37. Concluyó que la tesis jurisprudencial PR.P.T.CN. J/3 P (11a.) perdió vigencia con motivo de la reforma constitucional publicada el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, de modo que el agravio hecho valer por el recurrente resultaba infundado.

38. Atento a los argumentos anteriores declaró infundado el recurso de queja.

B. Segunda Postura. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito al resolver las quejas 55/2025 y 42/2025

• Recurso de queja 55/2025

39. Narración de hechos. La parte quejosa promovió demanda de amparo indirecto contra el acto que reclamó al Juez de Control, consistente en una orden de aprehensión.

40. El Juzgado de Distrito que conoció de la demanda la admitió a trámite y otorgó la suspensión provisional para los efectos que disponen los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo.

41. Dicho órgano primario apuntó que no soslayaba la existencia de la tesis jurisprudencial PR.P.T.CN. J/3 P (11a.); sin embargo, dijo, debía considerarse que el artículo 19 constitucional buscó establecer un catálogo de delitos de naturaleza dañosa que aquejan gravemente a la sociedad, y respecto de los cuales las personas juzgadoras deben tener cuidado en el establecimiento de medidas cautelares, por lo cual, debido a que en ese momento no se tenía la certeza del delito que podía atribuirse al quejoso, su naturaleza ni las consideraciones para el dictado de una orden de captura, consideró que la suspensión debía tener los efectos mencionados hasta contar con mayores datos que permitieran hacer un estudio más profundo.

42. El quejoso interpuso el recurso de queja contra esa resolución. Atañó su conocimiento al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la queja 55/2025. Declaró fundado dicho medio de impugnación.

43. Razonamientos del órgano colegiado. Expresó que no compartía lo resuelto por el Juzgado de Distrito, puesto que la suspensión provisional que debe otorgarse respecto de una orden de aprehensión librada por delito que amerite prisión preventiva oficiosa, es para efectos de que la parte quejosa no sea detenida con motivo del procedimiento del que deriva el acto reclamado.

44. Adicionó que si bien el juzgador de amparo consideró que dichos efectos podían ser restringidos, como lo hizo al atender lo dispuesto por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ende puede ser ejecutable la orden de aprehensión en los casos en que se dicte por un delito que amerite prisión preventiva oficiosa; lo cierto era que con dicha restricción se pierde de vista el principio pro persona que opera en favor del quejoso, al preferir una interpretación que restringe su derecho fundamental a la libertad personal.

45. Por tanto, señaló, cuando se reclame en amparo indirecto una orden de aprehensión por delito que amerite prisión preventiva oficiosa, debe concederse la suspensión provisional para el efecto de que, durante su vigencia, la parte quejosa no sea detenida, en acatamiento a la jurisprudencia PR.P.T.CN. J/3 P (11a.), con registro digital 2028568.

46. Refirió que de dicha tesis se apreciaba lo referente a la concesión de la suspensión provisional, tratándose de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, cuyos efectos hagan efectivo el derecho humano a la libertad personal del quejoso, mientras se resuelve el caso, lo que involucra el cumplimiento del mandato constitucional de aplicar y hacer valer en todo momento el principio pro persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 47. Sin que ello significara que la medida cautelar tuviera el efecto de paralizar la continuación del procedimiento de donde deriva el acto reclamado, tal como lo establece el artículo 150 de la Ley de Amparo, por lo que el juzgador natural tiene competencia legal para continuar con el procedimiento.

48. Reiteró que no compartía lo resuelto en la determinación recurrida, pues la restricción señalada por la juzgadora de amparo relativa a que el artículo 19 constitucional buscó establecer un catálogo de delitos de naturaleza dañosa que aquejan gravemente a la sociedad, y respecto de los cuales las personas juzgadoras deben tener cuidado en el establecimiento de medidas cautelares; pierde de vista la obligación que se tiene cuando en caso de conflicto interpretativo, se debe favorecer la interpretación que mejor proteja los derechos humanos y respete los estándares internacionales en dicha materia, como acontece respecto del derecho a la libertad que asiste a la parte quejosa.

49. Determinó que, en caso de que la orden de aprehensión reclamada se hubiera librado por delito que ameritara prisión preventiva oficiosa, el quejoso no debería ser detenido. Para ello, la Jueza de Distrito, a fin de constatar su comparecencia en el procedimiento, debería establecer las medidas de aseguramiento que estimara procedentes.

50. Explicó que con dicha determinación se velaba por la protección de derechos de doble fuente, pues el quejoso atenderá cualquier medida de aseguramiento que sea ordenada con el propósito de garantizar su presencia las veces que fuera requerido.

51. Resolvió declarar fundado el recurso.

• Recurso de queja 42/2025

52. Narrativa de los sucesos. El quejoso promovió juicio de amparo indirecto contra el acto reclamado a diversos Jueces de Control, referente a una orden de aprehensión.

53. El juzgador de amparo que conoció de la demanda la admitió a trámite y formó el cuaderno incidental en el que otorgó la suspensión provisional para los efectos que estatuyen los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo.

54. Expuso que no desconocía la existencia de la tesis jurisprudencial PR.P.T.CN. J/3 P (11a.); no obstante, dijo, dado que el treinta y uno de diciembre del dos mil veinticuatro se publicó en Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformó el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, atendió a la literalidad de ese mandato constitucional.

55. En contra de esa decisión el quejoso interpuso el recurso de queja. Medio de refutación del que incumbió conocer al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la queja 42/2025. Resolvió declarar fundado el recurso.

56. Consideraciones en que se apoya el criterio. El Tribunal Colegiado de Circuito explicó que en el auto impugnado, al abordar los efectos de la suspensión cuando la orden de aprehensión sea por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, se concedió para el siguiente efecto: "una vez que se detenga al peticionario de amparo, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere, en el lugar en que se le recluya y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para la continuación del mismo."

57. No obstante, manifestó, la a quo debió atender los lineamientos establecidos en la jurisprudencia PR.P.T.CN. J/3 P (11a.), con registro digital 2028568, de rubro:

"SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN AMPARO INDIRECTO. DEBE CONCEDERSE PARA EL EFECTO DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO SEA DETENIDA, CUANDO RECLAME LA ORDEN DE APREHENSIÓN POR DELITOS QUE AMERITEN PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA."

58. Agregó que, entre otros aspectos, el Pleno Regional puntualizó que es necesario adoptar un enfoque interpretativo pro persona, que busque maximizar la protección de los derechos humanos cuando se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

59. Que de acuerdo con las reglas generales de la suspensión, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, los resolutores constitucionales no deben limitarse al efecto mencionado en la fracción I del artículo 166 de la Ley de Amparo, toda vez que no beneficia al quejoso ni protege de manera efectiva su derecho humano a la libertad personal mientras se resuelve el caso.

60. Se enfatizó en que lo anterior no implicaba paralizar el proceso penal, pues el juez de amparo puede conceder la suspensión provisional para efecto de evitar la detención del quejoso y a su vez tomar las medidas necesarias para asegurar su comparecencia mientras se resuelve el fondo del asunto.

61. Añadió que este Pleno Regional destacó que lo anterior significaba el cumplimiento del mandato constitucional de aplicar y hacer valer en todo momento el principio pro persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que, expuso, la jurisprudencia de referencia es de observancia y aplicación obligatoria en términos del artículo 217, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, misma que no ha dejado de tener vigencia, ni ha sido superada por criterio en contrario.

62. Refirió que no soslayaba que el treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformó el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, y que por ello la a quo atendió a su literalidad.

63. Sin embargo, expresó, fue otro el criterio y las razones de estudio que dieron origen a la citada jurisprudencia; motivo por el cual la reforma a dicho precepto constitucional no impedía la aplicación de la misma, ya que ésta atiende a la interpretación que se efectuó al artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, y no así a la restricción constitucional a que hizo referencia la Jueza de Distrito.

64. Por lo que, en atención a la jurisprudencia PR.P.T.CN. J/3 P (11a.), concedió al quejoso la suspensión provisional, en caso de que la orden de aprehensión reclamada se refiriera a un delito que ameritara prisión preventiva oficiosa, para el efecto de que, durante su vigencia, no fuera detenido, sin perjuicio de la continuación del procedimiento penal de donde emanó; ello, hasta en tanto se resolviera sobre la medida suspensiva en forma definitiva.

65. Por ende, declaró fundado el recurso de queja.

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS

66. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para la actualización de una contradicción de criterios, basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.

67. De esta manera, para la existencia de una divergencia de criterios deben reunirse los siguientes requisitos:

i. Los órganos jurisdiccionales deben resolver alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de una interpretación mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

ii. Entre las interpretaciones efectuadas debe existir alguna parte de encuentro, es decir, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y

iii. Lo anterior debe dar lugar a la formulación de una interrogante sobre si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

68. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte determina que tales exigencias se satisfacen, por lo que sí existe la contradicción de criterios entre los sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, frente a lo determinado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.

69. De acuerdo con lo reseñado advertimos que al solventar las cuestiones litigiosas los órganos colegiados contendientes se vieron en la necesidad de resolver una misma cuestión jurídica para llegar a una solución determinada.

70. En efecto, los tres Tribunales Colegiados de Circuito involucrados se pronunciaron sobre un tema jurídico que fue sometido a su consideración y recurrieron a su arbitrio judicial para determinar si la jurisprudencia PR.P.T.CN. J/3 P (11a.), emitida por este Pleno Regional, continúa siendo aplicable o no a partir de la reforma de treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, al artículo 19, párrafo segundo, última parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

71. Percibimos que en los argumentos efectuados por los órganos colegiados se ha dado un punto de desencuentro, pues fijaron posturas diametralmente opuestas sobre la aplicación o no del criterio jurisprudencial en cita cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión por un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, derivado de la reforma del artículo 19, segundo párrafo, parte in fine, constitucional.

72. Para el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito la configuración actual del artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos restringe que los órganos del Estado –en un sentido amplio– realicen una interpretación análoga o extensiva que pretenda inaplicar o hacer nugatorios sus términos o su vigencia, ya sea de manera total o parcial, de las previsiones ahí contenidas.

73. Y advirtió que el criterio jurisprudencial PR.P.T.CN. J/3 P (11a.), se emitió antes de que el propio texto constitucional vedara (prohibiera) la posibilidad de que los órganos jurisdiccionales interpretaran las disposiciones que se refieren a la prisión preventiva oficiosa en un

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33225-d9c24201/suspension-provisional-contra-la-orden-de-aprehension-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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