AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. CESAN SUS EFECTOS CUANDO ES RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y CON POSTERIORIDAD SE APLICA UN CRITERIO DE OPORTUNIDAD QUE PRODUCE EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL.
AMPARO EN REVISIÓN 219/2022. 9 DE NOVIEMBRE DE 2022. CINCO VOTOS DE LAS MINISTRAS NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ Y ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, Y LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: MINISTRA PRESIDENTA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: EDWIN ANTONY PAZOL RODRÍGUEZ.
ÍNDICE TEMÁTICO
Hechos: Una persona militar con grado de oficial, se encontraba cumpliendo encame en su domicilio particular, y no contaba con autorización para salir de plaza, no obstante, se separó de la plaza a la que pertenecía, esto a más de 80 kilómetros, sin el permiso de algún superior que estuviera facultado para concederlo.
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Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al nueve de noviembre dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 219/2022, interpuesto por el señor **********, en contra de la resolución dictada el seis de septiembre de dos mil veintiuno por el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en el juicio de amparo **********.
El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo.(1)
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. De las constancias que obran en los autos del juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se advierten los antecedentes siguientes:
2. Hechos. El señor ********** forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Fue asignado al Hospital Militar de Zona "El Vergel", en Iztapalapa, plaza Ciudad de México, con el cargo de subteniente de informática.
3. Del cinco al diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, el señor ********** se encontraba cumpliendo encame en su domicilio particular ubicado en **********, **********, razón por la cual no contaba con autorización para salir de la plaza.
4. A pesar de ello, el trece de agosto de dos mil diecinueve el señor ********** se separó de la plaza a la que pertenecía, esto a más de 80 kilómetros, sin el permiso de algún superior que estuviera facultado para concederlo, porque ese día fue detenido por personal de la Policía Federal en el tramo carretero que se encuentra en el ********** más ********** de la carretera **********, denominación **********, tramo carretero **********, **********, ello por su probable participación en el delito de robo. Es importante señalar que el hecho relacionado con el robo no es materia de análisis en la presente resolución.
5. Audiencia inicial. En audiencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, la Ministerio Público militar formuló imputación en contra del señor ********** por el hecho que la ley señala como delito de deserción, en la modalidad de abandono de plaza, previsto en el artículo 269, fracción V(2) y sancionado en el diverso 270, fracción II,(3) ambos del Código de Justicia Militar, en virtud de que se separó por más de 80 kilómetros, de la plaza a la que pertenecía, sin el permiso de algún superior que estuviera facultado para concederlo y solicitó se le vinculara a proceso.
6. Para evidenciar que la parte quejosa no se encontraba en encame y que se separó de la plaza a la que pertenecía, esto a más de 80 kilómetros, sin el permiso de algún superior que estuviera facultado para concederlo, la Ministerio Público militar ofreció como dato de prueba un dictamen en cartografía que determina que la distancia existente en línea recta entre las instalaciones del Hospital Militar del Vergel y el tramo carretero **********, **********, lugar en donde fue detenido, es de 323 kilómetros, 241 metros.
7. De igual forma, ofreció la certificación de quince de agosto de dos mil diecinueve signada por el coronel médico cirujano **********, director del Hospital Militar de Zona el Vergel, en Iztapalapa, Ciudad de México, en la que señala que el señor ********** se encontraba en un encame domiciliario y no contaba con autorización para salir de la plaza.
8. Ante el escenario anterior, el Juez Primero Militar de Control de la Primera Región Militar dictó auto de vinculación a proceso en contra del señor **********, por su probable participación en el hecho con apariencia de delito de deserción, en la modalidad de abandono de plaza, previsto y sancionado en los artículos 269, fracción V y 270, fracción II, ambos del Código de Justicia Militar.
9. Demanda de amparo indirecto. El señor ********** (por conducto de su defensora particular **********) promovió juicio de amparo indirecto en contra del auto de vinculación a proceso y del artículo 269, fracción V, del Código de Justicia Militar, en los términos siguientes:
a) Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional: la aprobación y expedición del artículo 269, fracción V, del Código de Justicia Militar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de mil novecientos treinta y tres.
b) Cámara de Senadores del Congreso de la Unión: la aprobación y expedición del artículo 269, fracción V, del Código de Justicia Militar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de mil novecientos treinta y tres.
c) Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: la aprobación y expedición del artículo 269, fracción V, del Código de Justicia Militar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de agosto de mil novecientos treinta y tres.
d) Juez del Primer Juzgado Militar de Control de la Primera Región Militar: el auto de vinculación a proceso e imposición de medida cautelar, de treinta de septiembre de dos mil veinte, dentro de la causa penal **********.
e) Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Sexta Región del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán: la ejecución de la medida cautelar impuesta dentro de la causa penal militar **********.
f) Jefe de la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, Región Apatzingán, Michoacán: la ejecución de la medida cautelar impuesta dentro de la causa penal militar **********.
10. En su demanda, el señor ********** planteó, en esencia, los siguientes conceptos de violación:
a) El Juez de Control vulneró el principio de igualdad entre las partes, pues asesoró a la Ministerio Público militar cuando le indicó en qué fase de la audiencia inicial era en la que se encontraba.
b) Se le sometió a un proceso penal militar con base en datos de prueba ilícitos, ya que derivaron de una detención ilícita.
c) El Juez de Control omitió analizar la hora en que se efectuó el hecho delictivo.
d) Existe insuficiencia probatoria, por lo que no se colmaron los requisitos del artículo 312, fracción III, del Código Militar de Procedimientos Penales.(4)
e) El Juez de Control omitió verificar si el delito por el que se le vinculó está prescrito.
f) Es inconstitucional el delito de deserción previsto en el artículo 269, fracción V, del Código de Justicia Militar. Lo anterior, porque vulnera la taxatividad y la seguridad jurídica en perjuicio del personal militar, ya que no les permite transitar libremente en todo el país, incluso salir del mismo, ya que la autoridad facultada para autorizar dicha salida es una dependencia con facultades exclusivas.
11. Admisión de la demanda de amparo. El veintitrés de octubre de dos mil veinte, el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México admitió la demanda de amparo, la registró con el número **********, solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.
12. Sentencia de amparo. El seis de abril de dos mil veintiuno, el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia, la cual se terminó de engrosar el seis de septiembre de dos mil veintiuno.
13. En relación con la constitucionalidad del artículo 269, fracción V, del Código de Justicia Militar, el Juez de Distrito negó el amparo con base en los argumentos siguientes:
a) Para el delito de deserción previsto en el artículo 269, fracción V, del Código de Justicia Militar, es necesario que el sujeto activo:
• Haya sido incorporado al Ejército, que adquiera la condición de militar, y que sea titular de los derechos y obligaciones de tal condición.
• Ostente alguno de los grados de los señalados en los artículos 129 y 130 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.(5)
• Se separe del organismo operativo y administrativo que se encuentra jurisdiccional y subordinadamente a una zona en las plazas cuya importancia táctica o estratégica requieren de la presencia militar para el mando, control y coordinación de actividades y el servicio militar de plaza.
b) El delito de deserción protege la existencia y la seguridad del Ejército como bien jurídico. En específico, la presencia de los militares en sus unidades y la efectiva prestación del servicio, así como el debido control de los militares por sus mandos superiores. No es exigible un perjuicio específico, pues no es un delito de resultado material, sino de puesta en peligro en el marco de lealtad exigible a los militares en la realización de sus deberes.
c) El artículo impugnado no es violatorio del principio de taxatividad previsto en el artículo 14 de la Constitución, porque cuenta con un grado de determinación suficiente que permita al destinatario de la norma conocer lo que es objeto de prohibición. Además, la descripción de la conducta no es vaga o imprecisa, sino que está claramente definida, lo que confiere certeza jurídica al tipo penal.
d) Tampoco vulnera el artículo 11 de la Constitución Política del País(6) que establece el derecho que goza todo individuo para desplazarse por el territorio nacional sin necesidad de autorización o permiso previo de la autoridad, porque las Fuerzas Armadas se rigen bajo sus propias leyes; además, la libertad de tránsito no guarda relación con el delito de deserción antes referido.
e) La subsistencia del fuero militar, en términos del artículo 13 de la propia Constitución,(7) constituye una excepción que no se basa en consideraciones especiales a la persona como militar ni a su jerarquía, sino que obedece a razones de orden público y de especial disciplina, que tienden a garantizar la paz y la seguridad nacional y que exigen una rápida y oportuna intervención de quien tiene mayor conocimiento y capacidad, por su adecuada preparación, para juzgar a las personas regidas por la ley militar. Basó sus consideraciones en la contradicción de tesis 381/2010,(8) del índice de esta Primera Sala.
f) La eficaz defensa del Estado Mexicano, implica que el régimen disciplinario militar no se encuentra ajeno al resto de principios constitucionales, especialmente a las exigencias derivadas de los derechos fundamentales. Apoyó sus consideraciones en el amparo en revisión 448/2010, resuelto por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que se determinó cuál es la función y alcance constitucional de la disciplina en el ámbito militar como principio organizativo de las Fuerzas Armadas.(9)
14. Recurso de revisión. Inconforme, el señor ********** interpuso recurso de revisión. En sus agravios, respecto de la inconstitucionalidad del artículo 269, fracción V, del Código de Justicia Militar, adujo lo siguiente:
a) La determinación del Juez de Distrito transgrede el principio de exhaustividad que debe de regir en las sentencias, así como los de debida motivación y fundamentación, pues omitió dar respuesta a los argumentos que hizo valer en la demanda de amparo.
15. Admisión y determinación del Tribunal Colegiado. El trece de octubre de dos mil veintiuno, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito admitió el recurso de revisión, y lo registró como **********.
16. El Tribunal Colegiado dictó sentencia el veintiuno de abril de dos mil veintidós, en la que advirtió que el Juez de amparo omitió analizar las causales de improcedencia hechas valer por el Juez de Control militar, ante lo cual, reasumió jurisdicción y las analizó, en los siguientes términos:
A. El Juez de Control militar indicó que el juicio de amparo es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo,(10) porque los conceptos de violación no controvierten todas las consideraciones expresadas en las resoluciones reclamadas.
El Tribunal Colegiado determinó que esta causa de improcedencia no se actualizó, porque de un análisis integral de la demanda de amparo advirtió razonamientos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, además, el señor ********** tiene el carácter de inculpado en la causa **********, por lo que le asiste la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.(11)
B. El Juez militar de control afirmó que se actualizó la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 77, ambos de la Ley de Amparo,(12) porque la concesión del amparo no tendría efecto al no asistirle al señor ********** un derecho al haber abandonado su plaza por deserción.
El Tribunal Colegiado expresó que esta causa de improcedencia no se actualizó, porque eventualmente el estudio de fondo permitiría determinar si se cumplieron o no los requisitos constitucionales y legales para emitir el auto de vinculación a proceso y la medida cautelar.
17. Bajo estas consideraciones, el Tribunal Colegiado, por una parte, modificó la sentencia recurrida mientras que, por otra, reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación con el análisis de constitucionalidad del artículo 269, fracción V, del Código de Justicia Militar.
18. Trámite en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recibidos los autos en esta Suprema Corte, por acuerdo de la presidencia de trece de mayo de dos mil veintidós, se asumió la competencia originaria para conocer del recurso de revisión, ordenó su registro con el número 219/2022 y turnó el asunto a la ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
19. La presidenta de esta Primera Sala recibió el expediente, señaló que la Sala se avocaba al conocimiento del asunto y ordenó el envío del asunto a su ponencia mediante auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós.
20. Acuerdo mediante el cual se informa el estatus del procedimiento ordinario en contra del señor **********. El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante oficio presentado ante esta Suprema Corte el dieciocho de julio de dos mil veintidós, comunicó que el fiscal militar autorizó la aplicación de un criterio de oportunidad a favor del señor ********** y que en audiencia de once de julio de dos mil veintidós el Primer Juzgado Militar de Control de la Primera Región Militar decretó el sobreseimiento en la causa penal **********.
21. Vista de la actualización de una causa de improcedencia. En términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, toda vez que se advirtió una causa de improcedencia que no fue alegada por alguna de las partes, ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior,(13) mediante auto de seis de octubre de dos mil veintidós, la presidenta de esta Primera Sala ordenó dar vista a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera,(14) lo que ocurrió el trece de octubre de dos mil veintidós,(15) de ahí que el plazo para que realizara manifestaciones transcurrió del diecisiete al diecinueve de octubre de dos mil veintidós, sin que realizara manifestación al respecto.
I. COMPETENCIA
22. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Juez de Distrito en materia de amparo penal, en un juicio de amparo indirecto en el que se impugnó la constitucionalidad del artículo 269, fracción V, del Código de Justicia Militar, cuyo análisis de constitucionalidad subsiste, lo que ocasiona que esta Suprema Corte reasuma su competencia originaria para conocer del asunto, sin que se considere necesaria la intervención del Tribunal Pleno.(16)
II. OPORTUNIDAD Y LEGITIMACIÓN
23. Debido a que el Tribunal Colegiado admitió el recurso de revisión, resulta innecesario pronunciarse sobre la oportunidad y legitimación del recurrente, pues el tema ya fue analizado.
III. IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO
24. Para esta Primera Sala la procedencia del amparo es de orden público y su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, pues al asumir jurisdicción para conocer del problema de constitucionalidad planteado, está en condiciones de emprender un análisis respecto de las causales de improcedencia sobrevenidas, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo.(17)
25. Si bien el Tribunal Colegiado se pronunció sobre la procedencia de este recurso, de las constancias remitidas a esta Suprema Corte durante el trámite del presente recurso se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce al sobreseimiento en el juicio. Esa causal prevé lo siguiente:
"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ...
"XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado ..."
26. Como se establece en el párrafo 8 de esta sentencia, el Juez Primero Militar de Control de la Primera Región Militar dictó auto de vinculación a proceso en contra del señor ********** por su probable participación en el hecho con apariencia de delito de deserción, en su modalidad de abandono de plaza, previsto en el artículo 269, fracción V,(18) y sancionado en el diverso 270, fracción II,(19) ambos del Código de Justicia Militar.
27. Inconforme, el señor ********** promovió amparo indirecto en el que reclamó la determinación de vinculación a proceso y la inconstitucionalidad del citado artículo 269, fracción V, del Código de Justicia Militar.
28. Al resolver dicho amparo, en lo que interesa, el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México negó la protección constitucional respecto de la inconstitucionalidad del artículo 269, fracción V, del Código de Justicia Militar. Consideró que no vulnera el principio de taxatividad ni tampoco el derecho del que goza todo individuo para desplazarse por el territorio nacional sin necesidad de autorización o permiso previo de la autoridad, porque las Fuerzas Armadas se rigen bajo sus propias leyes; además, la libertad de tránsito no guarda relación con el delito de deserción antes referido.
29. En desacuerdo, el señor ********** interpuso recurso de revisión y formuló agravios en los que reiteró las razones por las cuales considera que el artículo impugnado es inconstitucional. El Tribunal Colegiado remitió los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación al subsistir el problema de constitucionalidad del artículo 269, fracción V, del Código de Justicia Militar.
30. Luego, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante oficio presentado el dieciocho de julio de dos mil veintidós en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicó que el Ministerio Público autorizó la aplicación de un criterio de oportunidad a favor del señor **********. En consecuencia, el Primer Juzgado Militar de Control de la Primera Región Militar, en audiencia de once de julio de dos mil veintidós, decretó el sobreseimiento en la causa penal **********, que se le seguía por la comisión del delito de deserción en su modalidad de abandono de plaza, previsto en el artículo 269, fracción V y sancionado en el diverso 270, fracción II, ambos del Código de Justicia Militar. 31. De lo anterior se desprende que el fiscal militar autorizó la aplicación de un criterio de oportunidad en favor del señor **********, lo cual se comunicó al Juez Primero Militar de Control de la Primera Región Militar quien ante tal cuestión decretó el sobreseimiento en la causa penal militar. Por ello, esta Primera Sala considera que lo procedente es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo,(20) al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del citado ordenamiento legal,(21) relativa a que han cesado los efectos del acto reclamado. Por lo anterior, debe sobreseerse en el juicio respecto del auto de vinculación reclamado y de la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del artículo 269, fracción V, del Código de Justicia Militar, porque se reclamó con motivo de su acto concreto de aplicación.
Criterio de oportunidad en el sistema penal acusatorio
32. Al respecto se tiene que la figura del criterio de oportunidad está prevista en el artículo 21 de la Constitución Política del País,(22) el cual establece que el Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.
33. De la lectura del artículo constitucional se advierte que la aplicación del criterio de oportunidad por parte del Ministerio Público, no radica en una obligación que le exija aplicarlos en todos los casos que se le presenten, aun y cuando se encuentre en los casos que prevea la ley ni tampoco de la actuación o aceptación de la persona imputada. Es decir, la Fiscalía al determinar que existe un delito y además que es probable la responsabilidad de un individuo, puede no presentar el asunto ante la autoridad judicial.
34. El Código Militar de Procedimientos Penales recoge parte de lo establecido en el artículo 21 constitucional, pues en el artículo 252 del código citado se establece que para la procedencia de un criterio de oportunidad no se requiere de actuación del imputado, ya que es un supuesto en el cual la Fiscalía militar decide no ejercer la acción penal debido a que hacerlo reportaría un beneficio ínfimo.(23)
35. Acorde con el numeral indicado, el Ministerio Público es la autoridad facultada para solicitar dicho criterio, esto sobre la base de razones objetivas y sin discriminación, valorando las circunstancias especiales en cada caso, y que su aplicación podrá ordenarse por el Ministerio Público en cualquier momento del proceso penal y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio, en términos del artículo 252 del Código Militar citado. El efecto de la aplicación del criterio de oportunidad es la extinción de la acción penal, en términos del artículo 253 del Código Militar de Procedimientos Penales.(24)
36. De lo anterior se desprende que la operatividad de un criterio de oportunidad no requiere de la voluntad del imputado o que éste tenga que admitir algún tipo de responsabilidad en el delito que se le imputa, sino que es una facultad de la Fiscalía el solicitarlo, tal y como lo prevé el artículo 128, fracción XIII, del Código Militar de Procedimientos Penales.(25)
Causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado
37. Respecto de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, esta Primera Sala estableció en la contradicción de tesis 1/2021,(26) que se actualiza cuando el acto reclamado ha quedado insubsistente y han desaparecido del mundo jurídico y material todos sus efectos.
38. En la ejecutoria la Sala estableció que la causal de improcedencia se actualiza siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) La existencia del acto reclamado;
b) Que un acto de autoridad sobrevenga y deje insubsistente de forma permanente el acto reclamado;
c) Una situación de hecho o de derecho que destruya en forma definitiva el acto reclamado, de modo que se vuelva al estado anterior a la violación; y,
d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora.
39. Al respecto, la Sala estableció que para la actualización de la cesación de efectos del acto reclamado es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá en la esfera jurídica de la parte quejosa, que amerite ser borrada con la protección constitucional de la Justicia Federal.
40. De la citada contradicción de tesis 1/2021, derivó la jurisprudencia 1a./J. 44/2022 (11a.) del índice de esta Primera Sala, de rubro y texto:
"ESTUDIO CONSTITUCIONAL DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY EN LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO HA SIDO LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA, AUN SI SOBREVIENE UNA RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES QUE LA CONFIRMA.
"Hechos: Los tribunales contendientes llegaron a conclusiones opuestas sobre la procedencia o no del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la ley en la materia, referente a la cesación de efectos, cuando el acto reclamado es la imposición de la prisión preventiva en el proceso penal y sobreviene una resolución de revisión de medidas cautelares que la deja subsistente.
"Criterio jurídico: Cuando en el juicio de amparo se reclama la imposición de la prisión preventiva, aun cuando luego sobrevenga una revisión de medidas cautelares y se resuelva mantener su subsistencia en el proceso penal, esto no hace improcedente el estudio constitucional de la prisión preventiva reclamada de origen, precisamente, porque no ha sido modificada ni revocada, sino que la misma permanece y sigue afectando a la persona que la sufre.
"Justificación: La medida cautelar de prisión preventiva debe ser revisada en el proceso penal, tanto por su propia naturaleza como por su especial gravedad y excepcionalidad; esto implica que puede o no mantenerse. Así, si la imposición de la prisión preventiva fue impugnada en el juicio de amparo, es claro que cuando se ha resuelto su subsistencia bajo su revisión por la autoridad en el proceso penal, resulta procedente su estudio conforme al parámetro de control de regularidad constitucional. Por ello, se impone a los tribunales de amparo un mayor y estricto escrutinio en el estudio constitucional de esta grave y excepcional medida cautelar, desde el origen de la prisión preventiva como acto reclamado y cuando precisamente subsiste en el proceso penal en perjuicio de la persona que instó la acción constitucional. Esta Primera Sala ya ha interpretado la causal de improcedencia correspondiente a la cesación de efectos del acto reclamado, concluyendo que no basta que la autoridad responsable modifique tal acto, sino que es necesario que destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que la cesación no deje huella que amerite ser reparada por la protección constitucional. Por consecuencia, si la prisión preventiva subsiste, resultaría un contrasentido desestimar su estudio constitucional cuando sea revisada eventualmente en el proceso penal, pero finalmente mantenida en perjuicio de la persona que la resiente al estar interna en un centro de reclusión."(27)
Actualización de la causa de improcedencia de cesación de efectos
41. El juicio de amparo es un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional.
42. En el caso, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque se actualizó una cesación de efectos en el acto reclamado.
43. Lo anterior, porque la parte quejosa fue vinculada a proceso por el delito de deserción en su modalidad de abandono de plaza, previsto en el artículo 269, fracción V y sancionado en el diverso 270, fracción II, ambos del Código de Justicia Militar; determinación que reclamó en amparo indirecto, así como la inconstitucionalidad del artículo 269, fracción V, del código referido.
44. Posteriormente, la causa penal de la cual derivó el acto reclamado fue sobreseída por el Juez de Control al tener conocimiento que el fiscal militar autorizó la aplicación de un criterio de oportunidad en favor del señor **********.
45. Ante tal cuestión, la pretensión de la parte quejosa al promover el juicio de amparo (inconstitucionalidad de la decisión del Juez de Control de vincularlo a proceso, y del artículo en el que apoyó su determinación) han cesado sus efectos, pues con el sobreseimiento en la causa penal, actualiza la causa de improcedencia referida, ya que con la apli
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31317-3a4cd690/auto-de-vinculacion-a-proceso-cesan-sus-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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