TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO QUE ACREDITA SU ENTERO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE IMPUGNA EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY RELATIVA. TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD LA QUE INTERVIENE EN EL ACTO QUE ORIGINE SU APLICACIÓN, AUN CUANDO NO SEA LA QUE REQUIRIÓ SU CUMPLIMIENTO.
AMPARO EN REVISIÓN 311/2005. AUDEL ALBA LABRA.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. En forma previa al estudio de los agravios expresados por la parte quejosa recurrente, y toda vez que se hace valer una causa de improcedencia del juicio de garantías, se analizarán en primer orden los motivos de agravio que la autoridad señalada como responsable ejecutora administrador fiscal estatal número uno, dependiente de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Guerrero, expresa en su escrito de revisión adhesiva (folios 26 a 39); por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente en cualquier estado del juicio, con fundamento en el artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, al igual que en la tesis número P. CXLIV/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 143, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, y la tesis de jurisprudencia número 821, sustentada por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que este tribunal comparte y que aparece publicada en la página 558, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, del rubro y texto siguientes:
"REVISIÓN ADHESIVA. SU FINALIDAD ES DIVERSA DE LA QUE PERSIGUEN LAS OBLIGACIONES QUE AL TRIBUNAL REVISOR IMPONEN LAS FRACCIONES I, III Y IV DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE AMPARO. La finalidad de la adhesión al recurso de revisión que prevé el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, es la de que quien obtuvo sentencia favorable en el juicio constitucional pueda expresar agravios que integren la litis de segunda instancia, cuando su contraparte a través del recurso impugnó la parte que le perjudica; agravios que pueden involucrar una materia diversa a la que es objeto de los argumentos vertidos por el recurrente y que deben ser analizados por el tribunal revisor, por regla general, de prosperar los agravios de la revisión. Esta finalidad debe distinguirse de las obligaciones que al revisor impone el artículo 91, fracciones I, III y IV de la Ley de Amparo, conforme a las cuales de ser fundados los agravios del recurso de revisión, debe considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador de primer grado, porque en este supuesto se subsana, oficiosamente, una omisión del órgano de primera instancia, que deriva de que estimen fundados los agravios de la recurrente contra las consideraciones que se ocuparon únicamente de algún concepto de violación, y no se hizo pronunciamiento expreso sobre otros; asimismo, que cuando resulte infundada la causa de improcedencia que motiva el sobreseimiento y no existe otro motivo legal para confirmar el sobreseimiento, debe revocar la resolución para estudiar los conceptos de violación, o sea, la cuestión de fondo y conceder o negar el amparo. Y, finalmente, la facultad de ordenar la reposición del procedimiento cuando advierta que se ha incurrido en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia correspondiente; o bien cuando indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley. La distinción radica en que para los casos previstos en el artículo 91 de la Ley de Amparo, que se han descrito, no es precisa la intervención de la parte que obtuvo sentencia favorable, porque queda a cargo del tribunal revisor el deber y la facultad de subsanar la omisión del órgano de primera instancia, resolver con plenitud de jurisdicción la litis de primera instancia u ordenar la reposición del procedimiento, según sea el caso; mientras que en el supuesto de la adhesión a la revisión, se trata de un derecho expreso para quien obtuvo sentencia favorable, y que opera a partir de que se admite el recurso de revisión y sólo está sujeto procesalmente a que proceda el estudio de los agravios de la adhesión a la revisión, después de que el tribunal revisor haya estudiado los agravios de la revisión principal, siempre que en la adhesión no se plantee alguna cuestión de orden preferente al de fondo, como serían la procedencia del juicio o del recurso."
"IMPROCEDENCIA, EXAMEN DE LA, EN LA SEGUNDA INSTANCIA DEL AMPARO INDIRECTO. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que debe examinarse previamente la improcedencia del juicio de garantías, sea que las partes la aleguen o no, por ser una cuestión de orden público (Tesis 111, Apéndice de 1965, Tomo Común al Pleno y a las Salas y 109 del mismo Tomo del Apéndice de 1975), es de obligatoria observancia, tratándose del juicio de amparo indirecto, no solamente para los Jueces de Distrito al dictar sentencia en la audiencia constitucional, sino también para los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando a través del recurso de revisión, conocen de tales juicios. De esta suerte, aun cuando el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, establece que si al conocer de los asuntos en revisión, los Tribunales Colegiados estiman infundada la causa de improcedencia expuesta por el Juez de Distrito podrán confirmar el sobreseimiento si aparece otro motivo legal, el precepto no debe interpretarse en forma restrictiva para determinar que sólo es factible el sobreseimiento en segunda instancia, cuando en primera se ha sobreseído y se estima infundado el motivo, sino que el dispositivo debe interpretarse en concordancia con el principio de oficiosidad en el estudio de las causales de improcedencia por parte del órgano judicial que conoce del juicio de amparo en cualquiera de sus instancias, derivado de la jurisprudencia aludida. De consiguiente, es dable y aun obligatorio para el Tribunal Colegiado analizar previamente en los asuntos de que conoce en revisión, si existe una causal de improcedencia, independientemente de que el Juez de Distrito haya decretado el sobreseimiento por la misma causa o por una diversa, o de que hubiere concedido o negado la protección federal con independencia también de que la causal que se advierta haya sido o no alegada por las partes en la primera instancia o en los agravios."
En el agravio único de la revisión adhesiva, aduce la autoridad recurrente, en síntesis:
Que la sentencia sujeta recurrida viola el contenido de los artículos 103, a contrario sensu, de la Constitución y 1o., a contrario sensu, 73, fracción XVIII, 74, fracciones III y IV y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, dado que, el recibo oficial exhibido por el quejoso no se puede considerar como un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y por consecuencia, no se puede decir que existan los actos de autoridad que se le imputan directamente a esa administración fiscal, por lo que el Juez de Distrito efectuó una ilegal, infundada e inmotivada apreciación del acto que se le reclama, ya que valorado correctamente el recibo oficial debió considerarse improcedente el juicio de amparo que se endereza en su contra y decretar el sobreseimiento del juicio.
Que del contenido del artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se desprende que en toda sentencia, el órgano de control constitucional debe de apreciar y valorar legalmente las pruebas existentes en autos de una manera legal, fundada y motivada, para determinar si existe el acto reclamado y establecer si a éste se le puede otorgar el carácter de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues de lo contrario resulta improcedente el juicio de garantías, porque de los artículos 103 de la Constitución Mexicana y 1o. de la ley de la materia, interpretados a contrario sensu, se desprende que el juicio de amparo sólo puede promoverse contra acto de autoridad, lo que quiere decir que resulta improcedente contra aquellos que no se pueden calificar como acto de autoridad para efectos del juicio de garantías.
Que de acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se entiende que un acto de autoridad necesita: a) Que se emita unilateralmente por un funcionario; b) Que debe de crear, modificar o extinguir por sí o ante sí (imperatividad), situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; y c) Que se debe de emitir sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales y además sin tener que lograr el consenso de la voluntad del afectado (coercitividad); por lo que de acuerdo con la jurisprudencia, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, el juzgador de amparo debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones (imperativas), que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deberá exigirse (coactivamente) mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.
Que dentro de la doctrina se define el acto de autoridad y sus elementos de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, en el sentido de que los actos de autoridad son los emitidos de manera unilateral, imperativa y coercitiva por un funcionario del Estado, sin tomar en cuenta la voluntad del gobernado y bajo una cierta coacción específica que se dirige en su contra, lo que significa, a contrario sensu, que los actos emitidos por un funcionario que no tienen la característica de ser unilaterales y que están desprovistos de coercitividad y de imperatividad, no se pueden considerar como actos de autoridad.
Que el recibo oficial exhibido por el quejoso únicamente acredita por un lado, que el impetrante entregó a la administración fiscal los montos de dinero por los conceptos que ahí se indican, y por otra parte, acredita que tales montos de dinero fueron recibidos por ésta, sin embargo, no acredita la existencia de algún acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en la medida que no acredita que el entero del impuesto que ampara ese recibo se le hubiera cobrado coactivamente al quejoso por esa administración fiscal, es decir, dicho recibo oficial de pago no demuestra que los montos y conceptos que ampara se hubieran recibido pero sin lograr el consenso del afectado.
Que el recibo oficial de pago demuestra precisamente que hubo el consenso o pago voluntario y espontáneo de las contribuciones por parte del quejoso, en consecuencia, demuestra que la liquidación de las contribuciones no deriva de una obligación de pago impuesta al quejoso de manera unilateral por la administración fiscal, esto es, dicho recibo no revela una relación de supra a subordinación, que de manera unilateral y coactiva le hubiera impuesto la obligación de pagar los montos y conceptos específicos que cubrió, de tal manera que, el recibo oficial sólo acredita el pago efectuado por el quejoso, pero de ninguna manera se puede considerar como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo por no reunir las características que los distinguen.
Que el recibo oficial de pago sólo demuestra que hubo una autoliquidación o autodeterminación del tributo por parte del quejoso y que el quejoso hizo el pago espontáneo del impuesto, pero no acredita que se hubieran determinado y cobrado coactivamente las cantidades que en él se precisan por los conceptos que se señalan, de tal manera que ese recibo oficial no acredita la existencia de algún acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, tan es así que el quejoso pudo abstenerse de liquidar las contribuciones que pagó, o bien pudo haberse pagado en una fecha diferente e incluso pudo haberlas liquidado en una administración fiscal diversa, sin que ello le trajera como consecuencia el cobro coactivo por parte de la autoridad recurrente adhesiva.
Que si el entero del impuesto fue voluntariamente entregado y erogado por el quejoso, en concepto de impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos y derechos por servicios de control vehicular, pero sin que fuera determinada por esta autoridad fiscal, ni mediara previamente ningún requerimiento de pago por el cual le hubiera impuesto concretamente al quejoso la obligación inexcusable de pagar indefectiblemente los montos precisos de dinero que ampara el recibo oficial expedido por la administración fiscal en un plazo perentorio y bajo el apercibimiento de ejercitar el cobro coactivo, el procedimiento administrativo de ejecución, o bien de ejercer alguna de las facultades económicas coactivas de las que se puede valer esta autoridad fiscal, debe entenderse que es improcedente el amparo que se endereza en contra de ese recibo oficial de pago, porque entonces las contribuciones fueron autodeterminadas y autoliquidadas espontáneamente por el quejoso, o sea, logrando su consenso y bajo su propia voluntad.
Que como el recibo oficial de pago no constituye una resolución impugnable en juicio de amparo indirecto, sino simplemente es el cumplimiento de la obligación tributaria a cargo del contribuyente, cuyo monto puede o no coincidir con el contenido de la propuesta de declaración que al efecto emita la autoridad hacendaria, pues siempre existe la posibilidad de que se pague una cantidad mayor o menor a ese monto, o bien, que en los casos en que no se cuente con dicha propuesta se autodetermine el monto del impuesto a pagar, supuestos en los cuales se evidencia que la autoridad no ha manifestado su voluntad en relación con el cumplimiento de esas obligaciones tributarias, el recibo de pago no contiene determinación de un crédito fiscal, ni es un acto de autoridad, de tal suerte que el juicio de amparo promovido en su contra por falta de fundamentación y motivación, resultaba improcedente y debió de sobreseerse el juicio de garantías, de conformidad con el artículo 73, fracción XVIII, en relación al 1o. a contrario sensu y 74, fracciones III y IV, todos de la Ley de Amparo.
Que del artículo 6o., tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, es claro que el cargo que se tiene que pagar por concepto de las contribuciones federales, por regla general, le corresponde autodeterminárselas al propio contribuyente, salvo disposición expresa en contrario, por lo que, debe entenderse que el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, le correspondió determinarlo al propio contribuyente que tiene que liquidarlo, porque la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, no establece una disposición expresa en contrario, es decir, porque dicho ordenamiento legal no establece expresamente que el impuesto relativo deba ser determinado por el propio contribuyente, tampoco que el tributo se deba determinar por la autoridad fiscal, de tal suerte que, como la propuesta que le haya podido hacer la administración fiscal al quejoso, solamente es un recordatorio que si bien contiene una proposición de la cantidad a la que asciende el pago del impuesto, no genera al contribuyente la obligación de acatar los cálculos ahí asentados, estando en aptitud de presentar su declaración con los que estime correcto, o bien, de aceptar la propuesta emitida por la autoridad fiscal, tal recibo de pago no es un acto de autoridad que se pueda impugnar en el juicio de amparo, por lo que debe de sobreseerse el juicio de garantías.
Que la interpretación literal, lógica, doctrinal e histórica progresiva de los antecedentes del artículo 6o., párrafo tercero, del vigente Código Fiscal de la Federación, revela que, por regla general, es el propio contribuyente el que debe autodeterminarse las contribuciones a su cargo, por ello, la circunstancia de que el quejoso se autodeterminara y haya autoliquidado un impuesto, por sí sola, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que les haya atribuido a las autoridades ejecutoras en el juicio de garantías, en la medida en que la existencia de un acto de autoridad no puede lógicamente hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, la circunstancia de que el impetrante se haya autoaplicado la ley fiscal al autodeterminarse y autoliquidar los tributos a su cargo, por sí solo no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que el quejoso le atribuyó a la administración fiscal recurrente.
Que para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la circunstancia de que el quejoso se haya autoliquidado el pago de un impuesto, con lo cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro que atribuyó a las autoridades ejecutoras, en la medida que la existencia de un acto de autoridad no puede lógicamente hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad.
Que como la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, no establece que el impuesto relativo deba ser determinado por el propio contribuyente, tampoco que el tributo se deba determinar por la autoridad fiscal, debe entenderse que cobra aplicación la regla general contenida en el tercer párrafo del precepto 6o. del Código Fiscal de la Federación, y en consecuencia, es el propio contribuyente el que debe determinarse el impuesto a liquidar, por lo que, la propuesta que le haya podido hacer la administración fiscal al quejoso, solamente es un recordatorio que si bien contiene una proposición de la cantidad a la que asciende el pago del impuesto, no genera al contribuyente la obligación de acatar los cálculos ahí asentados, estando en aptitud de presentar su declaración con los que estime correctos, o bien de aceptar la propuesta emitida por la autoridad fiscal, de tal forma que, el recibo de pago no es un acto de autoridad que se pueda impugnar en el juicio de amparo.
Son infundados los sintetizados motivos de agravio, por las razones que continuación se exponen:
En forma previa, se hace necesario determinar la naturaleza jurídica de la declaración-recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y derechos por servicios de control vehicular, número de folio 198391, expedido el cinco de enero de dos mil cinco, a nombre del quejoso Audel Alba Labra, por la autoridad señalada como responsable ejecutora Administración Fiscal Estatal Número 1, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero (folio 12), reclamado en el juicio de amparo que se revisa, donde el quejoso además de impugnar la inconstitucionalidad de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente para el año dos mil cuatro, concretamente su artículo 1o. A, fracción III, con motivo de su primer acto concreto de aplicación que se materializa precisamente con el pago del tributo realizado por el contribuyente mediante dicho documento que le fue expedido como comprobante de pago, también impugna la ilegalidad de tal acto de aplicación por vicios propios.
Para ello, se estima conveniente señalar que aun cuando es verdad que conforme a los diversos criterios doctrinarios y a la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de autoridad susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo, es necesario formular algunas reflexiones en torno al contenido del término de "autoridad", para los efectos del juicio de amparo; toda vez que, tanto el artículo 103 constitucional, al establecer que los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales, como el numeral 107 de la propia Constitución, en el que se consagran los principios procesales del juicio de amparo, no definen el término "autoridad", por lo que en este sentido se trata de normas programáticas.
Lo cual implica, que se deja al legislador ordinario la determinación del concepto contenido en el ordenamiento constitucional, sin embargo, en el artículo 11 de la Ley de Amparo, tampoco se definió el vocablo aludido, pues se limitó al efecto a un aspecto accidental del concepto y no a su esencia, al establecer que es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; es decir, el legislador únicamente aludió a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de garantías, pero no abordó las características que debe reunir ésta para ser considerada como tal para efectos de la procedencia de dicho juicio y, en consecuencia, el criterio que debe servir de base para definir los casos en que se está en presencia de un acto de autoridad, debe referirse no tanto a la disposición directa de la fuerza pública y la naturaleza jurídica de quien lo emite, sino a la naturaleza del acto mismo.
En esta línea de interpretación, el juzgador de amparo a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del amparo, debe ante todo atender a la norma legal para examinar si lo faculta o no, para tomar decisiones o dictar resoluciones que afecten, unilateralmente, la esfera jurídica del interesado, y que pueden exigirse ya sea directamente mediante el uso de la fuerza pública, o bien a través de otras autoridades que dispongan de ella; el concepto "autoridad" previsto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se refiere no tanto al empleo de la fuerza pública como al elemento definitorio de la autoridad para los efectos del juicio de garantías, sino a la naturaleza del acto reclamado, en tanto éste afecte la situación jurídica de un particular.
Por tanto, con la finalidad de determinar si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a la norma legal y examinar si faculta o no a la autoridad responsable para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades; para ello, deberá analizarse al caso concreto, como si en los actos emitidos con fundamento en una ley de origen público, las autoridades señaladas como responsables ejercen un poder jurídico de tal suerte que afecten por sí y ante sí, y de manera unilateral la esfera jurídica de los particulares, con independencia de que puedan o no hacer uso directo de la fuerza pública.
En ese orden de ideas, según las consideraciones que anteceden, es de concluirse que una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella; por tanto, las características de un acto de autoridad, para tales efectos, son las siguientes:
1. Que tenga características de órgano público.
2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar.
3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados.
Apoya lo expuesto, la tesis número P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 118, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, febrero de 1997, que dice:
"AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: ‘AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término «autoridades» para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.’, cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades."
No obstante, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes, ha establecido el criterio consistente en que el análisis de la procedencia del juicio de amparo contra normas generales debe partir, necesariamente, del examen de la naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa de éstas, para así determinar la oportunidad y condiciones en que pueden reclamarse; en ese sentido, para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra leyes, debe tenerse presente que si el gobernado reclama una ley heteroaplicativa, deberá ser en virtud de su primer acto concreto de aplicación, esto es, cuando de manera expresa o, incluso, tácita, se actualicen las hipótesis normativas correspondientes, de manera que se generen en relación con el gobernado los efectos de la norma, regulando o sancionando una situación jurídica concreta.
En ese contexto, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una norma general, con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí sola, considerada en abstracto, la ley; la estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, impide examinar al uno prescindiendo del otro, lo cual se hace manifiesto si se considera que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley; que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación (si no se combate por vicios propios); y, que la concesión del amparo contra la ley, por considerarla inconstitucional, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación.
Ahora, tratándose de normas tributarias (como Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, vigente para el ejercicio fiscal dos mil cuatro, que se reclama en el juicio de amparo materia de revisión), su aplicación puede presentarse, por regla general, en tres formas:
a) Por la actuación de la autoridad que por disposición de la ley es la encargada de su aplicación;
b) Por la actuación del propio agraviado que por sí mismo se coloca en los supuestos previstos en la norma; y,
c) Por parte de un particular en su carácter de tercero que actúa por mandato de la ley.
El primer acto de aplicación de una norma que establece un determinado tributo puede tener su origen tanto en la actuación de una autoridad que, en pleno ejercicio de sus facultades legales, concrete tales hipótesis normativas en perjuicio de un gobernado, como en la actualización que de tales normas realice el propio contribuyente constreñido a cumplir con la obligación tributaria -el pago del tributo- o bien, aquel particular que en auxilio de la administración pública aplique tales disposiciones, como es el caso de aquellos gobernados a quienes se les encomienda la retención o recaudación de una contribución.
Lo expuesto lleva a establecer que existen diferencias entre acto de aplicación y acto de ejecución de las leyes o normas generales; así, el acto de aplicación se actualiza cuando de manera expresa o tácita se actualicen las hipótesis previstas en la norma correspondiente, a grado tal que se generen en relación con el gobernado los efectos de la norma, regulando o sancionando una situación jurídica concreta, lo cual puede presentarse, como se ha dicho, por la actuación del propio gobernado, por la actuación de la propia autoridad o por la actuación de un particular auxiliar de la administración pública; por su par
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/19184-b3d9418a/tenencia-o-uso-de-vehiculos-el-recibo-que · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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