LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. LA NEGATIVA DE ESE DERECHO EN DELITOS NO GRAVES REQUIERE DEL ANÁLISIS CRÍTICO POR LA AUTORIDAD JUDICIAL DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO.
AMPARO EN REVISIÓN 45/2005.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.-Los agravios hechos valer por el quejoso recurrente y que más adelante se mencionan, son infundados en una parte, y en otra esencialmente fundados y suficientes para modificar el fallo recurrido, por las razones que enseguida se vierten:
Por cuestión de método, en primer lugar se analizará el agravio en el que se aduce que se dejó en estado de indefensión al quejoso porque las documentales ofrecidas, como prueba por el Ministerio Público (copia de la averiguación previa 3496/04/2o./Cholula), debieron ofrecerse en el momento de la diligencia y no en forma posterior.
El anterior argumento es infundado, toda vez que de la lectura de las actuaciones que ya quedaron transcritas, se advierte que si bien el Ministerio Público dijo ofrecer la citada prueba y que en el momento oportuno la exhibiría; por su parte, el Juez del proceso, actuando en la misma diligencia y acto seguido, ordenó agregar a los autos la documental citada.
Por ende, contrariamente a lo aducido, la probanza mencionada sí fue ofrecida y glosada a la causa penal, en la propia diligencia y previamente a que se le negara al quejoso el beneficio de su libertad provisional bajo caución.
Más adelante ... se duele de que el Juez de Distrito no advirtió que la resolución señalada como acto reclamado, no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues dice, en ella la responsable omite efectuar una valoración lógica de las pruebas aportadas por el representante social al oponerse a que le fuera concedido el beneficio de su libertad provisional bajo caución.
Sigue manifestado el recurrente que la responsable, Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, tampoco estableció de qué manera y en qué grado, su libertad representa un riesgo para la sociedad y para el ofendido, pues si bien, dice, de las copias de la averiguación número 3496/2004/2o., aportadas por el Ministerio Público, se advierte que se encuentra involucrado en la comisión de hechos delictuosos, lo cierto es que dicha averiguación representa sólo la investigación de los mismos, pero no la determinación de su probable intervención en tales hechos y por tanto, en base a tales probanzas no debe negársele la obtención del beneficio solicitado en su favor (libertad provisional bajo caución).
Como ya se adelantó, los argumentos antes sintetizados son esencialmente fundados.
Cierto, todo acto de molestia, por imperativo constitucional, según lo dispone el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe de encontrarse debidamente fundado y motivado.
Sin embargo, tal como lo hace notar el quejoso, aquí recurrente, el Juez de Distrito omitió en el fallo recurrido, efectuar pronunciamiento respecto a si la determinación que constituye el acto reclamado se encuentra fundada y motivada; lo anterior no obstante que las violaciones formales, son de estudio preferente, puesto que de resultar que dicho acto reclamado adolece de la debida fundamentación y motivación, ello trae como consecuencia que se conceda al quejoso el amparo y protección solicitados e impide analizar las violaciones de fondo, porque precisamente estas cuestiones serán materia del nuevo acto de autoridad que emita la responsable.
Así las cosas, este Tribunal Colegiado considera desacertado el proceder del Juez de Distrito, puesto que en el caso se advierte que la determinación que constituye el acto reclamado carece de la debida fundamentación y motivación que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla como un imperativo para su emisión.
En efecto, para demostrar que el acto reclamado, auto de fecha siete de noviembre de dos mil cuatro, dictado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en autos de la causa penal 821/2004, carece de la debida fundamentación y motivación, basta leer dicha resolución y de ella se advierte lo siguiente:
La autoridad responsable, al atender la petición del representante social, hecha en el sentido de que se negara al inculpado el beneficio de su libertad provisional bajo caución que al efecto solicitó, invocó, como fundamento de su determinación, los numerales 20, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 350, fracción VI, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social vigente en la entidad.
Sin embargo, si bien es cierto que la autoridad responsable citó los numerales aplicables al caso concreto, también lo es que en ningún momento expresó razonamiento lógico-jurídico alguno para concluir que con las probanzas que mencionó, y que en el caso lo fueron las copias certificadas de la averiguación 3496/2004/2o., efectivamente se acredita que la libertad del inculpado ... pone en riesgo la seguridad del ofendido y de la sociedad.
En efecto, como se puede apreciar de la lectura de la resolución combatida, la responsable se concretó únicamente a hacer referencia de las documentales aportadas por la representación social y que se mencionan en párrafo anterior, en la que dijo "... consta que los indiciados (sic) de mérito se encuentran relacionados dentro de la averiguación previa 3496/2004/2o. ...", y "... con las que se justifica que la concesión del beneficio de la libertad bajo de fianza (sic) al inculpado representa un riesgo para la sociedad y la ofendida ..."
Sin embargo, como ya se dijo, la responsable omitió expresar los razonamientos que la llevaron a concluir que con las probanzas que mencionó se justifica que con la libertad del inculpado se pone en riesgo a la sociedad y al ofendido, pues como puede observarse, el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en ningún momento hizo un análisis de las probanzas aportadas, tampoco estableció en qué consistió la conducta que se reprocha al activo dentro de la averiguación 3496/2004/2o., y cómo es que objetivamente, y de manera fehaciente se demuestra que se pone en peligro a la sociedad o al ofendido, en caso de que el inculpado obtenga su libertad provisional.
Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia número 32, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 49, Tomo I, Materia Constitucional, Jurisprudencia SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Actualización 2002, Novena Época, que a la letra dice:
"LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE APORTAR PRUEBAS QUE JUSTIFIQUEN SU SOLICITUD DE QUE AQUÉLLA SE NIEGUE AL INCULPADO EN CASO DE DELITOS NO GRAVES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).-Del desarrollo legislativo y de una interpretación auténtica del primer párrafo de la fracción I del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el Ministerio Público debe aportar pruebas que acrediten los argumentos por los cuales, en el caso de los delitos no graves, solicita al Juez que niegue al inculpado la libertad provisional bajo caución, por considerar que dicha libertad representa un riesgo para el ofendido o para la sociedad. Esto es así, en atención a que, según se advierte del estudio del proceso legislativo del decreto de reformas a dicho precepto de la Carta Magna, publicado en el Diario Oficial de la Federación de tres de julio de mil novecientos noventa y seis, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia, del Distrito Federal, y de Estudios Legislativos, Primera Sección, del Senado de la República, expresamente modificaron la iniciativa del Ejecutivo Federal, en el punto que se analiza, por considerar que para negar al inculpado la libertad provisional bajo caución, en el caso de los delitos no graves, no bastaba el simple razonamiento del Ministerio Público, porque sería totalmente arbitrario y discrecional, por no contener ningún elemento objetivo que motivara la petición, ni que guiara la decisión judicial, por lo que se proponía, que se aportaran al Juez elementos que justificaran la petición, como lo era el riesgo que el inculpado representara para el ofendido o la sociedad, por su conducta precedente y las características del delito cometido; modificación que fue aceptada, y con la cual se aprobó el decreto respectivo."
También resulta de puntual aplicación la tesis aislada número 50, sostenida por este órgano colegiado, visible en la página 1403, Tomo XVIII, septiembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto que enseguida se transcriben:
"-Conforme al primer párrafo de la fracción I del apartado A del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Juez niegue la libertad bajo caución al inculpado en el caso de delitos no graves, el Ministerio Público debe aportar pruebas que acrediten los argumentos por los cuales considere que la libertad del inculpado por su conducta precedente representa un riesgo para el ofendido o para la sociedad, o cuando éste haya sido condenado con anterioridad por algún delito calificado como grave por la ley, tal como lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 106/2001-PS, que dio origen a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 54/2002, visible en la página 109 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, noviembre de 2002, Novena Época, bajo el rubro: ‘LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE APORTAR PRUEBAS QUE JUSTIFIQUEN SU SOLICITUD DE QUE AQUÉLLA SE NIEGUE AL INCULPADO EN CASO DE DELITOS NO GRAVES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL).’; pero la autoridad judicial no debe limitarse a contemplar las pruebas que aporte el Ministerio Público, sino que debe examinarlas para establecer, en principio, la conducta precedente del quejoso y de ahí desprender si su libertad representa un peligro para la sociedad o para los ofendidos, esto es, los argumentos en que se funde esa negativa no deben tener sustento en datos aislados de los que deriven simples conjeturas o deducciones, pues el considerarlo así no sería acorde con lo que prevé la diversa hipótesis contenida en dicho precepto constitucional, esto es, cuando el inculpado haya sido condenado con anterioridad por algún delito calificado como grave por la ley, lo que presupone lógicamente que el Ministerio Público deberá aportar prueba fehaciente que así lo demuestre, cuyo medio de prueba no sería otro más que la copia certificada de la sentencia ejecutoriada que contenga dicha condena, por lo que esta misma razón debe operar para el caso de que la libertad del inculpado representa peligro para el ofendido o la sociedad, es decir, que se sustente con medios de prueba que objetivamente lo demuestren."
Asimismo, es aplicable al caso la jurisprudencia número 204 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento sesenta y seis, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Séptima Época, de la voz y texto siguientes:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas."
En virtud de lo anterior, lo procedente es revocar el fallo recurrido en lo que es materia de la revisión, y en su lugar, conceder al quejoso recurrente el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó, para el efecto de que la autoridad responsable, Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, deje insubsistente el auto de fecha siete de noviembre de dos mil cuatro, sólo en la parte donde proveyó sobre el beneficio de la libertad provisional bajo caución solicitada por el quejoso, dictado en autos de la causa penal 821/2004 y en su lugar, dicte uno nuevo, con plenitud de jurisdicción, en el que resuelva lo que sea procedente en derecho y en el que analice las probanzas aportadas por la representación social y cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación exigidos, conforme a los lineamientos de esta ejecutoria.
La concesión del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados, puesto que éstos no se combaten por vicios propios.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se revoca la sentencia recurrida, en la materia de la revisión.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege al quejoso ... respecto del acto reclamado al Juez de lo Penal de Cholula, Puebla, consistente en el auto de siete de noviembre de dos mil cuatro, dictado en autos de la causa penal 821/2004, para los efectos precisados en la parte final del considerando séptimo de este fallo.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos del juzgado de su origen; y en su oportunidad archívese el expediente.
Así lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Enrique Zayas Roldán, presidente, Diógenes Cruz Figueroa y Tarcicio Obregón Lemus. Fue ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/18832-f098dd52/libertad-provisional-bajo-caucion-la-negativa-de-ese · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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