QUEJA, SUPLENCIA DE LA, EN MATERIA PENAL. ALCANCES.
AMPARO EN REVISIÓN 356/2001.
CONSIDERANDO:
V.-Son infundados por una parte e inoperantes por otro, los agravios que se hacen valer.
Es infundado el motivo de inconformidad que se hace consistir en que "... si del auto de formal prisión emana el acto reclamado, por consiguiente se está en el supuesto de que se reclama conjuntamente el auto de formal prisión ... el Juez de Distrito debió tomar en cuenta el artículo 76 bis de la Ley de Amparo.".
Lo anterior es así, porque de la lectura absoluta de la demanda de garantías, se colige que el aquí inconforme reclamó del Juez Segundo Penal de Cuantía Menor en Cuatitlán, México, y de dos autoridades ejecutoras, exclusivamente, la orden de identificación administrativa y su cumplimiento, vertiendo conceptos de violación dirigidos a combatir la legalidad de esa orden bajo el argumento de que "tengo la calidad de presunto responsable por estar pendiente de dictarse la sentencia definitiva y siendo así, todavía no se sabe si se me declarará culpable o inocente ... las responsables se están adelantando al resultado de la sentencia ... están juzgando a priori una situación que no se ha resuelto. Mientras no se dicte sentencia, las responsables están impedidas para ficharme o identificarme", estimando aplicable el criterio de rubro: "IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESADO. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL AUTO QUE LA ORDENA.".
Luego, si bien la fracción II del artículo 76 bis de la Ley de Amparo establece que: "En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios del reo."; no obstante, tal suplencia sólo se contrae a las deficiencias de que adolezcan los motivos de inconformidad en los que se expresan los razonamientos jurídicos respectivos, o bien, cuando no se expresan tales motivos (deficiencia máxima en materia penal), pero de manera alguna autoriza a cambiar el acto reclamado o añadir otro al expresado en la demanda de garantías; en consecuencia, el argumento que se atiende deviene infundado, pues el Juez Federal jurídicamente se encuentra impedido para variar el acto combatido, como equivocadamente lo pretende el hoy inconforme en este recurso.
Ilustra este criterio y resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 1, publicada en la página quinientos sesenta y siete del Tomo III, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y seis, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO.-Si bien es verdad que el artículo 76 bis, fracción II de la Ley de Amparo, establece que, en materia penal, operará la suplencia de la queja, aun ante la ausencia de conceptos de violación, o de agravios del reo, también es cierto que la suplencia de la deficiencia de la queja, en materia penal, de conformidad con lo preceptuado por el artículo en comento, consiste únicamente en suplir razonamientos por los cuales el quejoso estima que se violaron sus garantías constitucionales y los preceptos que consideró violados con el acto reclamado. Sin embargo, tal suplencia de la queja no autoriza a cambiar los elementos del juicio de amparo que el quejoso señaló, como lo es la indicación del acto reclamado y de la autoridad responsable.".
Consecuencia de lo anterior es desprender infundados los agravios donde se expresa que el Juez de Distrito viola los preceptos del 76 al 81 de la Ley de Amparo porque, aduce, no abordó el análisis del acto reclamado, sobreseyendo en el juicio al considerar actualizada una causal de improcedencia que, dice el recurrente, no es aplicable "a su situación jurídica", por lo que, concluye, la resolución impugnada no se encuentra fundada.
Nada más lejos de la verdad. Del examen de la resolución recurrida se advierte que el Juez Federal cumplió cabalmente con los dispositivos que cita el inconforme, pues únicamente se constriñó a lo expuesto por éste respecto del acto que reclamó, efectuando una fijación clara y precisa del mismo cuya certeza derivó del informe justificado y copias certificadas que remitió la autoridad responsable ordenadora, y exponiendo los fundamentos en que se apoyó para sobreseer en el juicio para concluir con el resolutivo correspondiente, de todo lo cual se colige su debida fundamentación.
Por otro lado, los argumentos donde el recurrente expresa que "tengo la calidad de presunto responsable por estar pendiente de dictarse la sentencia definitiva ... mientras tanto no debe de identificárseme administrativamente ...", son inoperantes, pues se dirigen a combatir la legalidad de la orden de identificación administrativa, lo que atiende al fondo del asunto, cuyo análisis no se abordó en la resolución recurrida al haberse sobreseído en el juicio de garantías.
Es aplicable, en este sentido, la tesis publicada en la página ochenta y cinco del Tomo III, Segunda Parte-1, correspondiente a los meses de enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, de este tenor: "AGRAVIOS, INOPERANCIA DE LOS, SI NO SE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES QUE FUNDAN EL SOBRESEIMIENTO.-Si en la resolución materia de la revisión se sobreseyó en el juicio y el recurrente en vez de combatir las consideraciones aducidas para fundar el sobreseimiento, invoca argumentos relacionados con el fondo del asunto, los agravios resultan inoperantes.".
Precisado lo anterior, se destaca que es correcto el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito; sin embargo, la causal de improcedencia que invoca (hipótesis general -fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo-) es inadecuada, pues, sobre el particular, el acto derivado de otro consentido como causa de improcedencia, se encuentra previsto en la diversa fracción XI del precepto en cita, razón por la cual ha de confirmarse el sentido de la resolución recurrida en los términos que a continuación se razonan.
Así como lo considera el Juez Federal, la identificación administrativa es una consecuencia directa del auto de formal prisión decretado en contra del quejoso, aquí inconforme, de donde deriva la relación causa-efecto entre ambos; por tanto, siendo la orden de identificación administrativa una consecuencia del dictado del auto en comentario, si éste no se reclama, entonces, sus consecuencias (como es la orden reclamada), por sí mismas, no resultan violatorias de garantías, de conformidad con la tesis número veinticuatro, publicada en la página quinientos sesenta y tres del Tomo II, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESADO. NO IMPORTA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS.-La orden de identificación administrativa del procesado, como consecuencia del auto de formal prisión, no le irroga perjuicio al quejoso, en virtud de que se trata de un acto procesal que es consecuencia de dicha resolución y si ésta no fue reclamada, sus consecuencias, por sí solas no pueden ser violatorias de garantías.".
Consiguientemente, como la orden de identificación administrativa, en los términos del artículo 182 del Código de Procedimientos Penales del Estado, sólo implica una medida de índole procesal inherente al auto de formal prisión y opera como consecuencia de dicho auto; si éste no es reclamado en la demanda de garantías, no es el caso de juzgar acerca de la justificación legal o inconstitucionalidad de aquélla, porque deriva de un acto consentido así estimado en la especie por el Juez Federal al no haberse combatido, o bien, expresando concepto de violación alguno contra el auto de bien preso del cual emanó la orden de identificación administrativa; de ahí que, en este caso, por tratarse el acto reclamado derivado de otro consentido, se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XI del artículo 72 de la Ley de Amparo, la que con fundamento en la diversa III del precepto 74 de la misma ley, motiva el sobreseimiento en la instancia constitucional de que se trata.
Bajo ese panorama, siendo infundados por un lado e inoperantes por otro, los agravios expuestos por el impetrante, ahora recurrente, sin advertirse deficiencia que suplir en su favor, procede confirmar la sentencia recurrida y, en los términos precisados en esta ejecutoria, sobreseer en el juicio de amparo indirecto de que se trata.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.-Se confirma la sentencia recurrida; en consecuencia,
SEGUNDO.-En los términos precisados en esta ejecutoria, se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por ... contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de la misma, vuelvan los autos al juzgado federal de su procedencia y, en su oportunidad, archívese este toca.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados presidente Antonio Legorreta Segundo, Rogelio Sánchez Alcáuter y Luis Pérez de la Fuente, siendo ponente el primero de los nombrados.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/17536-5b5ad730/queja-suplencia-de-la-en-materia-penal-alcances · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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