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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO CONTRA LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. ES IMPROCEDENTE CON EFECTOS RESTITUTORIOS, NI AUN CON LO RESUELTO POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO, AMBOS VS. MÉXICO.

Tipo de asunto: QUEJA 172/2023. · Registro digital (IUS): 32401
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-05-03
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Mayo de 2024, Tomo V, Pág.5259.

QUEJA 172/2023. 2 DE AGOSTO DE 2023. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: RAÚL VALERIO RAMÍREZ. ENCARGADO DEL ENGROSE: RICARDO PAREDES CALDERÓN. SECRETARIO: MARIO ALBERTO GARCÍA ACEVEDO.

CONSIDERANDO:

42. OCTAVO. Decisión. El recurso interpuesto es infundado, sin que se advierta alguna deficiencia que amerite ser atendida, de conformidad con la suplencia de la queja deficiente. De ahí que se declarará, en ese sentido, el medio de impugnación hecho valer.

43. En primer lugar, con acierto, el Juzgado de Amparo determinó que la materia del incidente de suspensión tramitado y por el cual emitió un pronunciamiento fue, única y exclusivamente, por lo que respecta a la imposición de la medida cautelar consistente en la imposición de la prisión preventiva oficiosa.

44. Lo que, de forma correcta se sostuvo debido a que del análisis del escrito por el cual solicitó la suspensión constitucional, la parte quejosa encaminó su petición en afirmar que:

"... se conceda la suspensión respecto a la medida de prisión preventiva oficiosa. ... "

45. Sin que, acertadamente, el Juzgado de Amparo hubiere pasado desatendido que en la primera parte del escrito respectivo, el quejoso hubiere afirmado que solicitaba la suspensión de cada uno de los actos reclamados, pues del análisis integral de la promoción correspondiente se aprecia una clara intención para someter al análisis de la suspensión únicamente lo relativo a la imposición de la medida cautelar recién mencionada.

46. Sentado lo anterior, el Juzgado de Amparo especificó que la suspensión provisional solicitada era procedente pero únicamente para los efectos que establece el artículo 166 de la Ley de Reglamentaria –lo que se declaró firme en la Consideración Jurídica anterior– y determinó que no resultaba viable acceder a la petición del promovente, en el sentido de restituirlo –de forma anticipada– de su derecho de libertad ambulatoria.

47. Lo que sustentó, esencialmente, en los argumentos siguientes:

48. – Refirió que, si bien, no desconocía que el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte resolvió la Contradicción de Criterios 40/2023, aún no resultaba obligatoria en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 1/2021 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

49. Lo anterior porque el criterio que derivará de esa resolución no ha sido publicado en el Semanario Judicial de la Federación.

50. – Añadió que tampoco desconocía lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el caso Tzompaxtle Tecpile y otro Vs. México en el que se condenó al Estado Mexicano en relación con la prisión preventiva oficiosa, por la violación de diversos derechos humanos.

51. Sin embargo, indicó que de acceder a su pretensión, se dejaría sin materia al juicio constitucional porque ordenar dejar insubsistente la decisión que impuso la prisión preventiva implicaría ordenar a la autoridad responsable a seguir el trámite de la imposición de otra medida cautelar en la que se evalúe la necesidad de cautela.

52. De ahí que, por esa razón, se resolvería en definitiva sobre el acto reclamado; lo que implicaría dejar sin materia el juicio, respecto de esa pretensión específica.

53. Indicó que esa limitación, de la procedencia de la suspensión con efectos restitutorios –de tutela judicial anticipada–, se sustentaba en la jurisprudencia 2a./J. 22/2023 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2026730, de rubro siguiente:

"SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CON EFECTOS RESTITUTORIOS. PARÁMETROS QUE DEBE TOMAR EN CUENTA EL JUZGADOR AL ANALIZAR LA POSIBILIDAD DE CONCEDERLA ANTE LA EVENTUALIDAD DE QUE, CON ELLO, SE DEJE SIN MATERIA EL JUICIO DE AMPARO EN LO PRINCIPAL."

54. Posicionamiento del Juzgado de Amparo que se comparte y, en consecuencia, fue correcto que se concediera la suspensión para los efectos decretados en el auto recurrido.

55. Se explica.

56. En primer lugar, el argumento resumido con el inciso (a) es infundado.

57. En ese planteamiento, el recurrente sostiene que la negativa de la concesión de la suspensión provisional impide que el juicio de amparo se traduzca en un recurso judicial efectivo, al no haberle restituido su libertad ambulatoria, como una medida de tutela judicial anticipada.

58. Afirmación que no le asiste razón porque, al resolver el Amparo Directo en Revisión 4102/2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó que el hecho que las pretensiones de los gobernados no sean resueltas de forma favorable a sus intereses no implica, en sí mismo, una transgresión al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, tutelado convencionalmente.

59. De la resolución del asunto invocado, se emitió el criterio 1a. CXCVIII/2014 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2006472, de rubro siguiente:

"DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL."

60. Incluso, robustece el posicionamiento sostenido por este órgano, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), invocada por el propio recurrente, en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el hecho que el sistema jurídico prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para el análisis y acceso a las prerrogativas que le asisten al gobernado no se traducen en un obstáculo al derecho humano a contar con un recurso judicial efectivo.

61. El criterio mencionado está publicado en el sistema de consulta mencionado con registro digital: 2005917, de rubro siguiente:

"DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL."

62. Por otra parte, es importante no perder de vista que los criterios que ha emitido nuestro Alto Tribunal sobre el juicio de amparo como un "recurso judicial efectivo", en términos del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos han sido en el sentido de calificar a la totalidad del juicio constitucional con dicho atributo.

63. Es decir, incluye la resolución del fondo del asunto y no únicamente la medida cautelar que se prevé en la Ley Reglamentaria, consistente en la suspensión del acto reclamado.

64. Por el contrario, la tutela al derecho fundamental indicado se satisface con el diseño total del juicio de amparo. De modo que, si el gobernado no obtiene una tutela judicial anticipada –sustentada en la apariencia del buen derecho– la protección a la prerrogativa indicada está salvaguardada con la propia resolución de fondo que se emita al resolver el asunto, en el cual, el Juzgado de Distrito podrá determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación.

65. En lo que interesa, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 12/2016 (10a.), de la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2010984, de rubro siguiente:

"RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS."

66. De ahí que el agravio resumido con el inciso (a) sea infundado.

****

67. Continuando con el estudio y con fundamento en lo previsto por el artículo 76 de la Ley de Amparo,(4) los agravios identificados con los incisos (c), (d) y (e) serán analizados de forma conjunta, para facilitar su estudio y comprensión, al tener puntos en común.

68. Recordemos, en primer lugar, la parte quejosa solicitó –de forma genérica– que, al momento de resolver este recurso, se le concediera el mayor beneficio posible, respecto de su solicitud.

69. Además, pidió que se aplicara lo resuelto en la Contradicción de Criterios 40/2023, fallada por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, que ordena la aplicación de la concesión con efectos restitutorios en tutela anticipada, cuando se reclama la imposición de la prisión preventiva oficiosa.

70. Finalmente, solicitó se tomara en cuenta lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Tzompaxtle Tecpile y otro Vs. México, en el que se determinó que "corresponde recordar que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone en su artículo 27 que un Estado parte no puede invocar disposiciones de su derecho interno, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para dejar sin efecto el cumplimiento de los tratados internacionales y efectuar un adecuado control de Convencionalidad."

71. De modo que esa resolución sea tomada en cuenta como suficiente para conceder la suspensión provisional solicitada, con fines restitutorios y de tutela judicial anticipada.

72. Argumentos que no le asisten razón, por las razones siguientes:

73. – Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resolvieron los casos Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, así como el diverso García Rodríguez y otros Vs. México, por sí mismas, no modificaron la configuración normativa del Estado Mexicano.

74. – De conformidad con la doctrina jurisprudencial vigente y obligatoria, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es jurídicamente posible llevar a cabo un control de constitucionalidad o convencionalidad sugerido por el recurrente.

75. – La Constitución Federal no ha sufrido algún cambio en relación con las disposiciones que prevén la figura de prisión preventiva oficiosa.

76. En el mismo sentido, la Ley de Amparo tampoco ha sido reformada en aquellos aspectos que hace referencia a la medida cautelar indicada.

77. Para mejorar la comprensión de los argumentos recién mencionados, se llevará a cabo un estudio pormenorizado de cada uno de ellos, en apartados individuales.

****

(I) Sobre las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su incorporación al derecho interno mexicano

78. Como se anticipó, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en automático, no derogan las disposiciones constitucionales ni legales.

79. Por el contrario, es necesario aclarar que las sentencias del citado órgano jurisdiccional tienen la naturaleza de fungir como una declaratoria de incompatibilidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, se declara el incumplimiento de una obligación internacional, por parte del Estado parte del tratado internacional.

80. Tratándose de los casos contenciosos, es necesario recordar que Derecho Internacional descansa, esencialmente, en el principio de buena fe o pacta sunt servanda, el cual, es entendido como el compromiso que asumen los Estados contratantes (partes) para cumplir con lo que han determinado pactar.(5)

81. En el caso específico del Sistema Interamericano el compromiso para cumplir con las decisiones que emita la Corte Interamericana de Derechos Humanos está contenido en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece lo subsecuente:

"Artículo 68.

"1. Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. ... ."

82. En el mismo sentido, la Corte Interamericana ha manifestado, especialmente, en sus resoluciones de supervisión de sentencias que:

"... la obligación de cumplir lo dispuesto en las decisiones del Tribunal corresponde a un principio básico del Derecho Internacional, respaldado por la jurisprudencia internacional, según el cual los Estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda) y, como ya ha señalado la Corte y lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, aquéllos no pueden, por razones de orden interno, dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida."(6)

83. Al momento de buscar el cumplimiento e iniciar las reparaciones ordenadas, se puede generar la duda sobre cómo se determina la institución estatal o autoridad pública encargada de adoptar lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

84. Sobre esta aparente incertidumbre, la propia Corte ha señalado que "las obligaciones convencionales de los Estados Partes vinculan a todos los poderes y órganos del Estado",(7) por lo que la obligación se debería entender que será exclusiva responsabilidad interna del Estado el determinar o adecuar la normativa para el procedimiento y cumplimiento íntegro de la sentencia. Por esta razón, se ha determinado que:

"Los Estados Partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. ..."

85. Partiendo de lo anterior, es necesario no perder de vista que el propio Sistema Interamericano prevé un sistema de cumplimiento de sentencias que, a pesar de no contar con un mecanismo de coacción –como sucede en sede interna–, sí se reconoce una serie de facultades que permiten a la Corte Interamericana evaluar el acatamiento –o no– del fallo dictado.

86. El sistema de supervisión que es equiparable a un procedimiento de "ejecución", se denomina en sede interamericana etapa de supervisión de cumplimiento de la sentencia y está regulado en los artículos 67 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como 69 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

87. Precisado, de forma breve, el marco normativo interamericano aplicable, resulta conveniente hacer referencia a los fallos recientemente emitidos por la Corte Interamericana que sustentan, esencialmente, la pretensión de la parte quejosa, a fin de poner de contexto cuáles son los alcances y los límites de esas decisiones internacionales.

88. En la sentencia de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, que resolvió el caso García Rodríguez y otros Vs. México, el citado Tribunal Interamericano condenó al Estado Mexicano a realizar las acciones siguientes:

"C. Garantías de no repetición

"C.1. Reformas legislativas

"...

"292. La Corte nota que la solicitud de reparación presentada por los representantes y la Comisión, relacionada con una reforma normativa, se refiere tanto a la figura del arraigo como a la figura de la prisión preventiva oficiosa. Con respecto a ello, corresponde recordar que en Capítulo VIII.1 de esta Sentencia, la Corte concluyó que el Estado era responsable por una violación a los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, en relación con su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de la Convención Americana, en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar, porque les fueron aplicadas las figuras legales del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, reguladas en el artículo 19 de la Constitución mexicana luego de que fuera reformada en el año 2008, así como en los artículos 77, 154 y 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México de 2000, que resultaban per se, contrarias a la Convención Americana (supra párrs. 187 y 188).

"...

"La Corte recuerda que el deber general del Estado establecido en el artículo 2 de la Convención Americana, incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías.

"...

"Por otra parte, en lo que se refiere a la figura de la prisión preventiva oficiosa, esta Corte ordena al Estado, como lo ha hecho en otros casos, adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana. Para tales efectos, el Estado deberá tomar en consideración lo indicado en los párrafos 154 a 163, y 184 de la presente Sentencia, en donde se establecen los requisitos que deben cumplir las medidas de esa naturaleza para que sean compatibles con el referido tratado.

"...

"PUNTOS RESOLUTIVOS

"...

"5. El Estado es responsable por la violación a los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia, a la igualdad ante la Ley reconocidos en los artículos 7.1, 7.3, 7.5, 8.2, y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todos ellos en relación con la obligación de respetar y de garantizar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la Convención, así como la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno contenida en el artículo 2 de dicho instrumento, por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, en los términos de los párrafos 152 a 185, y 188.

"...

"14. El Estado deberá adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa, en los términos de los párrafos 292 y 293, 295 a 299 y 301 a 303. ... ." (Énfasis añadido).

89. Sin que resulte necesario retomar lo que se dispuso en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México –como lo hace valer el recurrente–, ya que en la sentencia citada en el párrafo anterior se retoman las consideraciones realizadas en esta última.

90. Retomando los extractos de la sentencia recién invocada, se puede acotar que, respecto de la temática que nos ocupa (vigencia de la prisión preventiva oficiosa, regulada a nivel constitucional), la Corte Interamericana condenó al Estado Mexicano a:

91. (a) Revisar la pertinencia de mantener las medidas cautelares.

92. (b) Adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa.

93. Asimismo, en el mismo fallo invocado en múltiples ocasiones se estableció que la Corte Interamericana supervisará el cumplimiento íntegro de esa sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma.

94. Por tanto, en el caso, no hay operatividad inmediata de la sentencia internacional invocada por el recurrente, en los términos que pretende.

95. Lo anterior porque, para dar cumplimiento al fallo interamericano, como lo pretende el recurrente, es necesario atender previamente a la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se estableció al Estado Mexicano la obligación de adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa.

96. Reparación que, analizando la composición normativa actual de nuestro país, aún no ha sido llevada a cabo por el poder al que le compete realizar una modificación constitucional, en nuestro país, de conformidad con lo establecido en la propia Carta Maga.

97. En relación con la temática analizada, resulta adecuado citar un posicionamiento que sostuvo el entonces Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carlos Ayala Corao,(9) en el que refirió lo siguiente:

"... En definitiva, la obligación de los Estados de adoptar las decisiones necesarias para dar cumplimiento a las decisiones de la CIDH y la Corte IDH puede materializarse en actos de naturaleza legislativa, ejecutiva, judicial o de cualquier otra. Ello dependerá en definitiva de la naturaleza de la medida reparatoria que sea necesario adoptar en el derecho interno para dar cumplimiento efectivo a la decisión del órgano internacional. En este sentido, es al Estado a quien le corresponde adoptar en su derecho interno las medidas necesarias para hacer efectiva la decisión internacional. Así, en algunos casos la medida reparatoria puede consistir total o parcialmente en la derogación de una ley. En tales casos, le corresponderá al órgano del poder legislativo correspondiente adoptar la medida legislativa derogatoria." (Énfasis añadido). 98. En esa línea, como lo refiere el académico, para dar cumplimiento a las sentencias emitidas por la Corte deben analizarse los casos y formas de las medidas reparatorias impuestas al Estado pues, a partir de ellas, se determina –en gran medida– a la autoridad estatal que le corresponde emprender las medidas de reparación, en atención a las facultades que constitucionalmente tiene reconocidas, cada una.

99. En relación con una medida del tipo que ahora se analiza (una reforma constitucional y legal), el académico en cita recuerda que existe una pluralidad de precedentes de tal naturaleza, en sede internacional,(10) de las que se desprende que el cumplimiento prioritario, para reformar un cuerpo legal, ha sido llevado a cabo por una autoridad legislativa, quienes son las encargadas de la elaboración y abrogación de normas, en ejercicio de sus funciones primordiales.

100. Ahora, este Tribunal Colegiado no desconoce que en sede internacional –tanto en una pluralidad de fallos, como en textos especializados, como el recientemente indicado–, se ha puesto especial énfasis en el papel que tiene el Poder Judicial, como rama del poder público en la tutela de los derechos humanos y, en específico, en su facultad de revisión de regularidad normativa tanto constitucional, como convencionalmente.

101. A pesar de lo anterior, resulta indispensable dejar en claro que, dado el contexto normativo actual, sobre todo la interpretación constitucional realizada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación impiden que se lleve a cabo un control de constitucionalidad o convencionalidad sobre las disposiciones que son materia del presente estudio, como se explicará en el apartado subsecuente.

****

(II) La prisión preventiva oficiosa y el control judicial, a la luz de la doctrina jurisprudencial obligatoria y vigente

102. En el presente apartado, nos ocuparemos de dar respuesta a la interrogante siguiente:

¿Es posible que los órganos de amparo, de menor jerarquía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realicen un control constitucional o convencional sobre la disposición constitucional que contiene la prisión preventiva, así como las normas legales que la contemplan en algún sentido?

103. La pregunta debe responderse en un sentido negativo, es decir, las autoridades de amparo de menor rango a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no están facultadas para realizar un control de constitucionalidad y/o convencionalidad sobre el contenido del artículo 19 de la Carta Magna, en el apartado relativo a la prisión preventiva oficiosa ni en relación con alguna disposición que la implique.

104. Para dar respuesta a la interrogante formulada, resulta indispensable tomar en cuenta que, al resolver la Contradicción de Tesis 293/2011, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la existencia del denominado bloque de constitucionalidad.

105. Tomando en cuenta la génesis del concepto –proveniente esencialmente del ámbito internacional y de los estudios especializados en materia constitucional–, se especificó que el parámetro de regularidad normativa se compone de disposiciones nacionales –esencialmente por la Constitución Federal– y se complementa con disposiciones de otra clase.

106. En el entendido que, por tratarse de la litis esencial del asunto, se indicó que las normas internacionales completan y expanden el abanico de prerrogativas y garantías que se contemplen en sede doméstica.

107. Del resultado de la discusión del asunto y en un clima de divergencias sustentadas por la entonces composición del Tribunal Pleno de nuestro Alto Tribunal –que quedó patente en la emisión de diversos votos–, se determinó establecer que, cuando exista una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, en el texto constitucional, se debería estar a lo que indica esta última.

108. Las consideraciones torales, sobre el argumento indicado, se condensaron y quedaron aprobadas en la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, con registro digital: 2006224, de rubro siguiente:

"DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL."

109. En relación con la aplicación del criterio que antecede, los integrantes de este órgano de control constitucional no ignoran que no existe un consenso sobre qué comprende una restricción constitucional expresa al ejercicio de los derechos, como es posible apreciar de los votos que se emitieron en la propia Contradicción de Tesis 293/2011, así como en las recientes intervenciones que realizaron los peritos que declararon en los casos recientemente resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –entre ellos, el Ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz y el Secretario de Estudio y Cuenta Arturo Bárcena Zubieta–.

110. Aun ante la falta de delimitación concreta del concepto, se estima que la prisión preventiva oficiosa sí debe otorgársele tal carácter porque se trata de una restricción al derecho de libertad personal, de una persona imputada, sobre el principio de presunción de inocencia; y, precisamente, esa limitación está consagrada en una norma de rango constitucional.

111. Establecido este primer parámetro normativo, en las líneas subsecuentes, se explicarán los motivos por los cuales no es factible desacatar el criterio invocado ni aún so pretexto de otorgar una protección más amplia al gobernado.

112. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que el artículo 217 de la Ley de Amparo prevé que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción del propio Tribunal Constitucional.

113. De modo que, mientras un criterio emitido por nuestro Alto Tribunal no sea abandonado por la propia Corte,(11) éste permanece vigente y continúa siendo obligatorio para todas las autoridades jurisdiccionales del país.

114. Como ocurre con la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.), transcrita párrafos atrás que, hasta el momento y aún con la resolución de los asuntos fallados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no ha sido abandonada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

115. De esta forma, la aplicación de la jurisprudencia recién invocada es obligatoria.

116. En suma de lo anterior, resulta conveniente precisar que la resolución de los casos Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México, así como el diverso García Rodríguez y otros Vs. México no son una razón que encuentre sustento legal para desatender el criterio recién invocado.

117. Lo anterior porque el propio Pleno de nuestro Alto Tribunal, al resolver la Contradicción de Tesis 299/2013, estableció expresamente que la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es susceptible de someterse a control de constitucionalidad y/o convencionalidad, por órganos jurisdiccionales de menor jerarquía.

118. Sobre el punto controvertido, se explicó que, en caso de que un criterio judicial emitido por nuestro Alto Tribunal pudiera desatender, en alguna forma, un derecho humano, existen los mecanismos legales para que se subsane ese aspecto [como puede suceder con el abandono del criterio, propiciado por el propio órgano].

119. Y, sobre el argumento sostenido, reiteró que aun partiendo del modelo de interpretación constitucional actual –que se sustenta en la protección de los derechos humanos–, no es posible determinar que la jurisprudencia del Máximo Tribunal del país pueda ser objeto de la decisión de un órgano de menor grado que tienda a inaplicarla, como resultado del ejercicio de control de convencionalidad, porque permitirlo daría como resultado que perdiera su carácter de obligatoria, ocasionando falta de certeza y seguridad jurídica.

120. Las consideraciones torales del asunto quedaron condensadas en la jurisprudencia P./J. 64/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el medio de consulta indicado, con registro digital: 2008148, de rubro siguiente:

"JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES SUSCEPTIBLE DE SOMETERSE A CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y/O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO POR ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE MENOR JERARQUÍA."

121. En relación con la temática que se analiza, este órgano colegiado no inobserva que ha existido una evolución jurisprudencial en materia de las denominadas restricciones constitucionales al goce y ejercicio de los derechos y libertades.

122. Por ello, uno de los precedentes que merece la pena tomar en cuenta es el Amparo Directo en Revisión 583/2015, en el que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la existencia de tales restricciones no impiden una interpretación armónica, sustentada en el principio pro persona (que implica atender a lo más favorable para el gobernado).

123. Sin embargo, del análisis del propio criterio que se aprobó con motivo de la resolución de ese asunto –y otros cuatro–, se establecieron dos limitaciones para llevar a cabo esa tarea:

124. – En primer lugar, por la forma en que quedó redactado el criterio, puede deducirse que ese ejercicio quedó reservado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

125. Lo que encuentra sustento en la razón subyacente que la Corte es la última intérprete de la Constitución Federal; de modo que, si se cuestionan los límites y alcances de una restricción constitucional, a la luz de otro precepto del mismo rango, nuestro Al

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32401-05c35aaa/suspension-provisional-en-el-amparo-contra-la-prision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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