AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN CONTRA EL AUTO QUE DESECHA LA DEMANDA, AUN CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NO LE HAYA RECONOCIDO ESE CARÁCTER.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 99/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO, EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO Y EL ANTERIOR TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO, ACTUALMENTE TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de esta denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo 5/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en tanto que los asuntos de los que deriva el punto de contradicción son del orden penal, materia de la exclusiva competencia de esta Sala.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia proviene de parte legítima, en tanto fue formulada por un Magistrado de Circuito, y por ello su caso encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, conforme al cual dichos funcionarios están legitimados para denunciar la contradicción.
TERCERO. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. Este órgano jurisdiccional, al resolver el amparo en revisión ********** el veintiséis de febrero de dos mil nueve se enfrentó a la siguiente problemática: un quejoso privado de su libertad promovió juicio de amparo indirecto en contra de la resolución por cuya virtud se decidió un incidente no especificado de compurgación simultánea de penas; en su demanda, el quejoso señaló a una cierta persona como su autorizado en los términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo.
El Juez de Distrito desechó la demanda, pero en el auto relativo no hizo ningún pronunciamiento sobre el reconocimiento del autorizado; en contra de este auto, el propio autorizado interpuso recurso de revisión.
Del recurso conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, y en lo que interesa, reconoció la personería del promovente, con base en tres argumentos: 1) la legitimación de éste devenía de la manifestación de voluntad expresa del quejoso en la demanda de amparo, y no del reconocimiento que de ella hiciera el Juez en el auto inicial; 2) al tratarse de un asunto penal, el no reconocer la legitimación, conllevaría a la negación de su derecho de defensa, y 3) precisamente por ser un asunto de la materia penal en el que valores fundamentales estaban en juego, exigir que el Juez hubiera tenido como autorizado al promovente para concederle legitimación al presentar el recurso, se traduciría en un requisito excesivo.
Sus consideraciones expresas son las siguientes:
"SEGUNDO. El recurso de revisión interpuesto por el recurrente es procedente, conforme a lo dispuesto por los artículos 83, fracción I, y 86, de la Ley de Amparo, toda vez que se interpuso contra un acuerdo dictado por un Juez de Distrito, que desechó una demanda de amparo; asimismo, la interposición del recurso ocurrió dentro del término que para ese efecto concede la ley, pues el acuerdo impugnado se notificó a la parte quejosa el nueve de diciembre del dos mil ocho, por lo que el término transcurrió del once al veinticuatro siguiente, y el recurso se interpuso el doce de diciembre del citado año.
"No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, el hecho de que el presente recurso fue interpuesto por ********** autorizado del quejoso **********, respecto de quien en el auto en que se desecha la demanda de garantías no se dijo si le reconocía o no tal carácter; sin embargo, el artículo 27 de la Ley de Amparo, faculta a los quejosos para que tengan autorizados en la gestión de los actos procesales que les atañen, y si en el caso, el quejoso al presentar su demanda de garantías, autorizó al recurrente en esos términos, entonces éste puede recurrir, con independencia de que el juzgador emitiera o no un acuerdo en ese sentido, ya que su legitimación deviene de la voluntad del quejoso al haberlo plasmado así en su demanda de garantías; máxime que tratándose de materia penal, en donde se ve afectada la libertad del quejoso, no es posible que las facultades que le otorga la propia ley, se vean limitadas a las facultades declarativas del juzgador, pues ello traería como consecuencia limitar su defensa. De ahí, que tratándose de materia penal debe prevalecer la garantía de acceso efectivo a la justicia, la cual se vería violentada al hacer nugatorio su derecho a que se resuelva en definitiva la cuestión planteada, ante la exigencia de requisitos excesivos, atento a los valores fundamentales que se encuentran en juego, con independencia de que el recurso pudiera desecharse por alguna causa diversa.
"Apoya a lo anterior, por su contenido la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número P. LX/95, Materia Común, visible en la página 75 del Tomo II de octubre de 1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: ‘AUTORIZADO CON FACULTADES AMPLIAS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. A QUIEN SE DEBE RECONOCER ESE CARÁCTER PARA EFECTOS DE LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN. Debe reconocerse el carácter de autorizado en los términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, para efectos de admitir el recurso de revisión que se interpone en contra de la sentencia de primera instancia, a quien el quejoso designe en su demanda de garantías, aunque en el auto admisorio no se le conceda tal carácter, sino únicamente el de autorizado en términos restringidos para oír notificaciones e imponerse de los autos, si en el escrito de revisión manifiesta tener registrada su cédula profesional en el juzgado del conocimiento y se advierte que en el curso del juicio se le reconoció la legitimación necesaria para ofrecer pruebas y se le tuvo como autorizado de la parte quejosa al tener por recibido el escrito de revisión, porque la valoración conjunta de estas circunstancias basta para generar la convicción de que se trata de un profesionista legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado.’
"De igual forma, sirve de apoyo por identidad jurídica substancial, el criterio aislado de la Novena Época, número I.7o.P.27 P, que emitió el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 1057 mil cincuenta y siete del Tomo XVII de abril de 2003 dos mil tres del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘AUTORIZADO EN TÉRMINOS DE LA PRIMERA PARTE DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN, AUN CUANDO EL JUEZ DESECHARA LA DEMANDA Y NO LE HAYA RECONOCIDO ESE CARÁCTER. En términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado; sin embargo, como en todo juicio, la personalidad puede ser originaria, si el propio interesado es quien despliega los actos procesales que le atañen, o derivada, si quien los ejerce es un tercero que interviene en su nombre; la segunda encuentra fundamento, en el juicio constitucional, en la autorización prevista en la primera parte del párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de Amparo, vigente a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, para cuyo ejercicio el legislador estableció, como única condicionante, que se traduzca en actos necesarios para la defensa de los derechos del autorizante, como lo es la interposición de recursos. En este tenor, si la revisión se interpuso una vez que el agraviado presentó la demanda y designó autorizado, delegándole las facultades procesales que prevé el dispositivo en comento, éste puede recurrir, con independencia de que el a quo desechara, por notoriamente improcedente, la demanda de garantías, porque su legitimación deviene de la voluntad del quejoso. Concluir lo contrario significaría una interpretación restrictiva del texto legal, pues si las facultades concedidas al autorizado se restringieran al acto declarativo del Juez para su reconocimiento, harían inútil que se permita el ejercicio de cualquier acto de defensa, máxime que el juicio se instaura con la presentación de la demanda y, en materia penal, la autorización no se condiciona, como en otras áreas, a que se acredite la facultad del autorizado para ejercer la profesión de abogados luego, dada la trascendencia en el juicio constitucional, resultaría más perjudicial para el agraviado la negativa del tribunal para reconocer la personalidad del autorizado recurrente que los propios actos de autoridad reclamados, porque se le impediría en definitiva defenderse contra éstos, incluso en el supuesto en que el titular del derecho no esté en aptitud de interponer personalmente el recurso.’
"Sin embargo, la lectura del criterio mencionado en el párrafo que antecede, discrepa con el que sustentó el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, número IV.3o. J/26, de la Novena Época, publicado en la página 563 quinientos sesenta y tres del Tomo IV de septiembre de 1996, materia común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: ‘REVISIÓN, RECURSO DE. DEBE INTERPONERLO EL DIRECTAMENTE QUEJOSO CUANDO SE DESECHE SU DEMANDA DE AMPARO Y EL JUEZ DE DISTRITO NO HACE PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL AUTORIZADO. El artículo 27 de la Ley de Amparo faculta a los quejosos y a los terceros perjudicados, para que autoricen a una o más personas en la gestión de los actos procesales que les atañen; sin embargo, en los términos del numeral en cita, el autorizado sólo cuenta con una personalidad derivada, la que, como no puede darse mas que en el juicio constitucional, precisa el reconocimiento del juzgador para que ejercite los actos procesales favorables a sus representados (ofrecimiento de pruebas, alegatos e interposición de recursos) y, como el juicio sólo se estima instaurado con el auto admisorio de la demanda, es claro que a pesar de que la autorización dimana de la manifestación del quejoso o del tercero perjudicado, y su reconocimiento es un acto simplemente declarativo de los tribunales de amparo; tal autorización no es susceptible de operar en tanto no se admita la demanda y el Juez haga pronunciamiento alguno respecto de tal designación, por lo que el recurso de revisión que interponga el autorizado contra el desechamiento de la demanda es improcedente por no tener su personalidad reconocida.’
"Ahora bien, al advertirse de los transcritos criterios que sustentaron el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito; cabe indicar, que para que se actualice el supuesto de contradicción de tesis se requiere, entre otras cosas, que los tribunales contendientes al resolver un mismo punto jurídico adopten posiciones o criterios discrepantes, lo que acontece en los referidos criterios que emitieron los señalados órganos de control constitucional. Por tanto, procede denunciar la aludida contradicción, por lo que se hace formal denuncia y además se remite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, copia autorizada de esta resolución, para los efectos del artículo 197-A de la Ley de Amparo."
CUARTO. Criterio del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Este órgano jurisdiccional, al resolver el amparo en revisión ********** el dieciséis de enero de dos mil tres, por mayoría de votos, emitió el siguiente criterio aislado:
"No. Registro: 184,529
"Tesis aislada
"Materia(s): Penal
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"XVII, abril de 2003
"Tesis: I.7o.P.27 P
"Página: 1057
"AUTORIZADO EN TÉRMINOS DE LA PRIMERA PARTE DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN, AUN CUANDO EL JUEZ DESECHARA LA DEMANDA Y NO LE HAYA RECONOCIDO ESE CARÁCTER. En términos del artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto reclamado; sin embargo, como en todo juicio, la personalidad puede ser originaria, si el propio interesado es quien despliega los actos procesales que le atañen, o derivada, si quien los ejerce es un tercero que interviene en su nombre; la segunda encuentra fundamento, en el juicio constitucional, en la autorización prevista en la primera parte del párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de Amparo, vigente a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, para cuyo ejercicio el legislador estableció, como única condicionante, que se traduzca en actos necesarios para la defensa de los derechos del autorizante, como lo es la interposición de recursos. En este tenor, si la revisión se interpuso una vez que el agraviado presentó la demanda y designó autorizado, delegándole las facultades procesales que prevé el dispositivo en comento, éste puede recurrir, con independencia de que el a quo desechara, por notoriamente improcedente, la demanda de garantías, porque su legitimación deviene de la voluntad del quejoso. Concluir lo contrario significaría una interpretación restrictiva del texto legal, pues si las facultades concedidas al autorizado se restringieran al acto declarativo del Juez para su reconocimiento, harían inútil que se permita el ejercicio de cualquier acto de defensa, máxime que el juicio se instaura con la presentación de la demanda y, en materia penal, la autorización no se condiciona, como en otras áreas, a que se acredite la facultad del autorizado para ejercer la profesión de abogado; luego, dada la trascendencia en el juicio constitucional, resultaría más perjudicial para el agraviado la negativa del tribunal para reconocer la personalidad del autorizado recurrente que los propios actos de autoridad reclamados, porque se le impediría en definitiva defenderse contra éstos, incluso en el supuesto en que el titular del derecho no esté en aptitud de interponer personalmente el recurso.
"Amparo en revisión 1917/2002. 16 de enero de 2003. Mayoría de votos. Disidente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Ponente: Miguel Ángel Aguilar López. Secretaria: Araceli Trinidad Delgado."
El caso del que derivó este asunto fue también de la materia penal: por su propio derecho y en representación de diversas asociaciones de familiares de desaparecidos políticos y de familiares de desaparecidos, un grupo de personas promovió amparo indirecto en contra de: 1) un precepto del Código de Justicia Militar; 2) la integración de diversas averiguaciones previas en el fuero militar en contra de elementos del Ejército Mexicano; 3) el auto de radicación de un Juez militar para juzgar a algunos militares; y 4) la negativa de las autoridades ministeriales comunes para integrar averiguaciones previas en contra de los mismos militares.
En la demanda, dos de los promoventes designaron a una cierta persona como autorizado en los términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo.
El Juez de Distrito desechó la demanda, y en el auto respectivo nada dijo sobre si tenía como autorizada a la persona señalada. En contra de esta determinación, uno de los quejosos y la persona autorizada en términos del artículo 27 interpusieron recurso de revisión.
El Tribunal Colegiado, en lo que interesa, estableció que el autorizado en términos amplios por dos de los promoventes del amparo estaba legitimado para interponer revisión contra al auto de desechamiento, sobre la base de que: 1) su legitimación tenía como fuente la manifestación de voluntad expresa en la demanda de amparo y no el reconocimiento que de ella hiciera el Juez en el auto inicial, que no era sino un acto meramente declarativo; 2) el artículo 27 de la Ley de Amparo no imponía como condición dicho reconocimiento; 3) a diferencia de las materias civil y administrativa, en la penal ni siquiera se exigía que el autorizado contara con la calidad de abogado; 4) al tratarse de un asunto penal, el no reconocer la legitimación, conllevaría a la negación de su derecho de defensa, y 5) el juicio de amparo iniciaba con la mera presentación de la demanda, de modo que la autorización expresa en ella, surtía sus efectos desde ese momento, sin que se necesitara de ningún acto por parte del Juez.
Sus consideraciones expresas son las siguientes:
"SEGUNDO. Previo al análisis de la sustantividad del presente recurso, es pertinente realizar la precisión técnica jurídica siguiente:
"El medio de impugnación fue interpuesto por **********, quien por tener el carácter de quejoso en el juicio de amparo de origen, se encuentra legitimado para su interposición; asimismo, por **********, quien se ostentó como autorizado de los quejosos ********** y **********, en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo; carácter que lo legitima para interponer recursos en el juicio de garantías y, en consecuencia, debe procederse a su estudio.
"No constituye obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que la autorización que le confirieron los quejosos a ********** conste en la demanda de garantías, que fue desechada, de plano, por el a quo, en el auto recurrido en esta vía, en el cual no se pronunció sobre la personalidad del autorizado, pues la autorización que legitima su actuar deviene de la voluntad de los impetrantes de garantías y no del reconocimiento que de la misma realice el Juez constitucional.
"En efecto, no se soslaya que de acuerdo con lo establecido en el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; sin embargo, en el juicio de amparo, como en cualquier procedimiento judicial, la personalidad puede presentarse de dos formas, una de manera originaria, cuando el propio interesado es quien despliega los actos procesales que le atañen (por derecho propio), y otra, de forma derivada, cuando quien los ejerce es un tercero que en su nombre interviene en el juicio, en la especie, el autorizado en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, quien, por contar con una personalidad derivada, no precisa el reconocimiento del juzgador constitucional para el ejercicio de los actos procesales respectivos (como lo es la interposición de recursos), porque el juicio se estima instaurado desde el momento en que es presentada la demanda.
"Así lo ha sustentado la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, en la jurisprudencia 2a./J. 4/90, publicada en la página ciento veinticinco del Tomo VI, primera parte, correspondiente de julio a diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubro y contenido son:
"‘JUICIO DE AMPARO. CUÁNDO SE INICIA. El juicio de garantías se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano judicial, y por ello, los proveídos como el de incompetencia y los relativos a la medida cautelar, anteriores a la admisión son de carácter netamente procesal y se dan durante la tramitación del juicio mismo, atento a lo cual, resulta desafortunado señalar que se trata de acuerdos prejudiciales, pues la decisión sobre la incompetencia y el acuerdo de suspensión se dan dentro del procedimiento que se inicia con la presentación de la demanda.’
"En este tenor, resulta claro que si en la demanda consta la manifestación expresa de voluntad de los quejosos, para autorizar a un tercero que actúe en su nombre, su reconocimiento reviste un acto simplemente declarativo de los tribunales de amparo, que no condiciona sus efectos; luego, si en la especie, el a quo desechó, de plano, la demanda de garantías, es intrascendente que no se pronunciara respecto de la personalidad del autorizado, ahora recurrente, ********** en virtud de que la presentación de este recurso se llevó a cabo una vez que los agraviados presentaron la demanda y designaron autorizado, delegándole las facultades procesales que contempla el párrafo segundo del artículo 27 de la ley de la materia.
"En efecto, una vez autorizada la persona con capacidad legal para realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, en términos de la primera parte del párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de Amparo, éste ya cuenta con la facultad de interponer el presente recurso.
"Lo anterior encuentra sustento en el alcance de las facultades que el legislador otorgó al referido autorizado, en el dispositivo en comento, reformado el veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, vigente a partir del quince de enero siguiente, el cual establece:
"‘Artículo 27. ...
"‘El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá sustituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de este párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, y deberán proporcionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización; pero las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo.’
"De cuyo contenido vigente, se colige que el legislador transformó de manera radical la participación del autorizado para escuchar notificaciones, al ampliar sus facultades (que en el texto anterior eran limitativamente enunciadas) con la única condicionante para su ejercicio, de que se traduzcan en actos necesarios para la defensa de los derechos del autorizante; y, en materias civil, mercantil y administrativa, con la restricción de que los autorizados acreditaran encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de abogado.
"En consecuencia, el texto vigente otorga al autorizado amplias facultades, cuyo ejercicio únicamente se encuentra condicionado a que sea otorgada la autorización e inicia en el juicio con la presentación de la demanda.
"Al respecto resulta aplicable la tesis 2a. LXIV/98, de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, publicada en la página 584, del Tomo VII, mayo de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en los términos siguientes:
"‘AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. LA ENUMERACIÓN DE SUS FACULTADES EN ESE PRECEPTO ES ENUNCIATIVA. La enumeración de facultades que establece esa disposición a favor del autorizado para intervenir en términos amplios en el juicio de amparo es enunciativa y no limitativa, pues además de precisar las de interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir que se dicte sentencia para evitar la consumación del plazo de la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal, señala la de realizar cualquier acto que resulte necesario para la defensa de los derechos del autorizante, que entraña una diversidad importante de facultades de representación, cuyo ejercicio dentro del juicio debe entenderse que se inicia con la presentación de la demanda de garantías en la que se confiere tal representación y subsiste mientras exista un acto qué realizar en relación con el juicio constitucional.’
"De ahí que resulta inconcuso que el autorizado en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de Amparo, sí encuentra dentro del cúmulo de facultades que le son conferidas por el acto de autorización, la necesaria para interponer el presente recurso y, ello obliga a este tribunal a su examen íntegro.
"Encuentra apoyo este criterio, por analogía, la tesis de jurisprudencia cuyo rubro y texto son:
"‘AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. ESTÁ FACULTADO PARA PROMOVER LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. Aun cuando en el artículo 27 de la Ley de Amparo no se encuentra precisada explícitamente, a favor del autorizado para oír y recibir notificaciones, la facultad de ampliar la demanda de garantías, esta circunstancia no puede conducir a negar su existencia, ya que la enumeración de las facultades que el mencionado precepto establece, evidentemente, es enunciativa y no limitativa, pues además de indicar las relativas a la interposición de los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal, señala la de realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, lo que entraña una diversidad importante de facultades de representación, cuyo ejercicio, dentro del juicio constitucional, debe entenderse que inicia con la presentación de la demanda respectiva y subsiste mientras exista un acto que realizar en relación con el juicio de amparo, lo que, en principio, pone de manifiesto la existencia de la facultad del autorizado para ampliar la demanda de garantías. Lo anterior se corrobora con el hecho de que en la práctica pueden presentarse diversos supuestos en los que el titular del derecho no esté en aptitud de promover personalmente esa ampliación, lo cual traería como consecuencia que se le dejara en estado de indefensión, pues el propósito que anima la existencia del juicio es el de proteger al gobernado de los actos de autoridad que violen sus garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, sería más perjudicial para el quejoso la negativa del juzgador de admitir la ampliación de demanda promovida por el autorizado para recibir notificaciones en los amplios términos del referido artículo 27, que los propios actos de autoridad reclamados, toda vez que en esa medida se le impediría en definitiva defenderse de los actos que pudiera reclamar mediante dicha ampliación.’
"No se soslaya que si la autorización tiende a lograr la efectiva defensa de los agraviados, el reconocimiento de su personalidad puede darse tácita o expresamente, pues no puede estimarse que la omisión del juzgador de amparo, para pronunciarse sobre la personalidad del autorizado, en el auto que desechó, por notoriamente improcedente, la demanda de garantías, limite al autorizado para interponer recursos, dada la trascendencia en el juicio constitucional.
"Pues tal omisión resulta irrelevante cuando el legislador reconoce la autorización en amplios términos, es decir, sin limitación alguna, máxime que en materia penal no se condiciona, como en otras áreas, a que se acredite la facultad del autorizado para ejercer la profesión de abogado. Caso en el cual, debe constatarse tal carácter, para no incurrir en legitimar a quien carece de la facultad legal correspondiente.
"Conforme a lo anterior, es de advertir que en la especie, el a quo reconoció implícitamente la personalidad del autorizado, porque en los citatorios para practicar la notificación a los quejosos, asentó, textualmente, los nombres de los peticionarios de garantías y, bajo el rubro ‘autorizados’, al ahora recurrente, ********** entre otras personas (fojas 27, 29 y 31 del cuaderno de amparo).
"Una conclusión opuesta implicaría hacer la interpretación restrictiva del texto legal, sin que existan bases para ello, pues si las facultades concedidas al autorizado se restringieran al acto declarativo del Juez para su reconocimiento, harían inútil que se permita el ejercicio de cualquier acto de defensa.
"Máxime que en la práctica pueden presentarse diversos supuestos en los que el titular del derecho no esté en aptitud de interponer personalmente el recurso, de tal forma que resultaría más perjudicial para el quejoso la negativa del tribunal para resolver el recurso, que los propios actos de autoridad reclamados, porque en esa medida se le impediría en definitiva defenderse de los actos que pudiera reclamar mediante el interpuesto por su autorizado."
QUINTO. Criterio del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. Por su parte, este órgano jurisdiccional, en asuntos de la materia administrativa y laboral, frente a la misma problemática (la interposición del recurso de revisión por parte del autorizado en la demanda, en contra del auto de desechamiento omiso en tenerlo como tal), determinó que la autorización sólo tenía efectos si la demanda era admitida y el Juez hacía pronunciamiento expreso sobre el punto.
De los casos que conoció este tribunal dimanó la jurisprudencia siguiente:
"No. Registro: 201,583
"Jurisprudencia
"Materia(s): Común
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"IV, septiembre de 1996
"Tesis: IV.3o. J/26
"Página: 563
"REVISIÓN, RECURSO DE. DEBE INTERPONERLO EL DIRECTAMENTE QUEJOSO CUANDO SE DESECHE SU DEMANDA DE AMPARO Y EL JUEZ DE DISTRITO NO HACE PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL AUTORIZADO. El artículo 27 de la Ley de Amparo faculta a los quejosos y a los terceros perjudicados, para que autoricen a una o más personas en la gestión de los actos procesales que les atañen; sin embargo, en los términos del numeral en cita, e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22011-e1658b8f/autorizado-en-terminos-amplios-del-articulo-27-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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