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Modo: Corpus Pro

APELACIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADA EN EL INCIDENTE DE REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN PROVISIONAL DE ALIMENTOS (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, VIGENTE HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2008).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2009. · Registro digital (IUS): 22166
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO (ANTES CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO) Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO (AN
Localización: Novena Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, , Pág. 88.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO (ANTES CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO) Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO (ANTES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO) DEL MISMO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, constitucional, 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por tratarse de una denuncia de posible contradicción de criterios que fueron emitidos por Tribunales Colegiados sobre un tema de materia civil, la cual es del conocimiento exclusivo de esta Primera Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, toda vez que la formuló el presidente del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito (antes cuarto).

TERCERO. Ahora bien, con el fin de establecer y delimitar la materia de esta contradicción, se estima conveniente transcribir las partes considerativas de las ejecutorias dictadas en los asuntos que oportunamente fueron sometidas a la potestad jurisdiccional de los Tribunales Colegiados contendientes, a fin de estar en aptitud de resolver si existe o no la controversia de criterios anunciada.

El Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito (antes cuarto), al resolver el nueve de julio de dos mil ocho, el amparo en revisión civil 137/2008, deducido del juicio de amparo 238/2008, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, en lo que interesa consideró:

"CUARTO. Los agravios son sustancialmente fundados, pues atento a las razones que más adelante se indicarán, no es manifiesta ni indudable la causa de improcedencia invocada por el Juez de Distrito en el auto recurrido. Veamos el porqué de lo así determinado. El título décimo séptimo, capítulo I, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, contiene las disposiciones generales que regulan la jurisdicción voluntaria, es decir, los artículos 1189 a 1199, en tanto, el diverso capítulo VIII del propio título del ordenamiento legal invocado, lo relativo a los alimentos provisionales, en los numerales 1291 a 1299. Dichos preceptos por lo que ve a las disposiciones generales establecen: ‘1189. La jurisdicción voluntaria, o vía de autorización, comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiere la intervención del Juez sin que se haya promovido ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. 1190. Cuando fuere necesaria la audiencia de una persona, se le citará conforme a derecho, advirtiéndole en la citación, que quedan las actuaciones por tres días en la secretaría del Juzgado para que se imponga de ellas y haga valer sus derechos en forma legal , para lo que se oirá también al que haya promovido el expediente. 1191. Se oirá precisamente al Ministerio Público: I. Cuando la solicitud promovida afecte los intereses públicos; II. Cuando se refiera a la persona o bienes de menores de edad o incapacitados; III. Cuando tenga relación con los derechos o bienes de algún Ayuntamiento, o de cualquier establecimiento público que esté sostenido por el erario, o que se encuentre bajo la protección del gobierno, sin que esto importe la falta de audiencia del síndico o del representante del establecimiento público de que se trate; IV. Cuando tenga relación con los derechos o bienes de un ausente, conforme al artículo 649 del Código Civil; V. En los demás casos que lo prevengan las leyes.’. ‘1192. Se admitirán cualesquiera documentos que se presentaren e igualmente las justificaciones que ofrecieron, sin necesidad de citación ni de ninguna otra solemnidad. 1193. Si a la solicitud promovida se opusiere alguno que tenga derecho para hacerlo, el negocio se hará contencioso y se sujetará a los trámites establecidos para el juicio que corresponda. El Juez, al declarar contencioso el asunto, señalará un término de ocho días al opositor para que presente su demanda. Si no lo verificare dentro del término establecido, a petición del promovente, se declarará infundada la oposición y continuarán las diligencias de jurisdicción voluntaria sus trámites. 1194. Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el Juez la desechará de plano. Igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando el derecho al opositor. 1195. El Juez podrá variar o modificar las providencias que dictare, sin sujeción estricta a los términos y formas establecidas respecto de las de jurisdicción contenciosa. No se comprenden en esta disposición los autos que tengan fuerza de definitivos y contra los que no se hubiere interpuesto recurso alguno, a no ser que se demostrara que cambiaron las circunstancias que determinaron la resolución dictada. 1196. Las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria son apelables en ambos efectos, si el recurso lo interpusiere el promovente de las diligencias, o un tercero; pero respecto de este último, sólo cuando no se admita su oposición presentada en tiempo hábil, o cuando ésta fuere desestimada en la resolución que apruebe las diligencias. En cualquier caso, el recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días siguientes al de la notificación respectiva. 1197. El Juez sobreseerá sin ulterior recurso las diligencias de jurisdicción voluntaria que se inicien hallándose otras en trámite sobre igual asunto. Esta propia regla se observará cuando cualquier interesado promueva diligencias sobre cuyo asunto haya juicio resuelto o en trámite. 1198. Los actos de jurisdicción voluntaria de que no hiciere mención especial este código, se sujetarán a lo dispuesto en este capítulo. 1199. Los actos de que tratan los capítulos siguientes se sujetarán a las reglas que en ellos se establecen y a las contenidas en el presente, en cuanto no se opongan a lo establecido en sus respectivos capítulos.’. De una interpretación sistemática de los artículos en comento se desprende: a) La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que por disposición de la ley o la solicitud de los interesados se requiere la intervención del Juez, sin que se promueva cuestión alguna entre partes determinadas, caracterizando a dicha figura por la ausencia de controversia, litigio o conflicto entre las partes, esto es, no existe oposición de intereses, ni tiene partes por falta de adversario. b) Al existir oposición por alguien que se considere lesionado por la solicitud en comento, el acto judicial se transforma en contencioso; el Juez al declarar contencioso el asunto señalará un término de ocho días al opositor para que presente su demanda, si no lo hiciere dentro del término establecido, a petición del promovente, declarará infundada la oposición y continuarán las diligencias de jurisdicción voluntaria sus trámites. c) La oposición a solicitudes hechas en jurisdicción voluntaria sólo puede hacerse por quienes tengan derecho a ello. Aquí cabe puntualizar, la admisión de una oposición no significa que el Juez reconozca derecho alguno al opositor o que sea justa la causa de su oposición, sino que al declarar contencioso el asunto, su resolución tiene como consecuencia única, la disputa se dilucide, mediante los procedimientos que la ley fija, para los distintos casos de jurisdicción contenciosa. d) La oposición presentada por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el Juez la desechará de plano; lo mismo acontece cuando quien teniendo derecho a la oposición, ésta fuere presentada después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando el derecho al opositor. Lo que quiere decir, la oposición por quien tiene derecho a oponerse a la solicitud de jurisdicción voluntaria, debe presentarse en un término hábil, esto es, antes de que se efectúe el acto de jurisdicción voluntaria. e) El Juez podrá variar o modificar las providencias que dicte en las diligencias de jurisdicción voluntaria, sin sujeción estricta a los términos y formas establecidas en la jurisdicción contenciosa, no se comprenden en esta disposición las que tengan fuerza definitiva y contra las que no se hubiere interpuesto recurso alguno, a no ser que se demuestre que cambiaron las circunstancias que determinaron su resolución. El artículo 1196, establece una excepción a la regla de que todas las resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria son apelables en ambos efectos, por el promovente de las mismas o por un tercero, por cuanto que en lo atinente a éste, condiciona la procedencia de la interposición del recurso de apelación, únicamente, como ya se vio, cuando no le sea admitida la oposición a la solicitud de las aludidas diligencias, presentada en tiempo hábil o cuando la oposición le fuere desestimada en la resolución que apruebe las diligencias. Resultando así, por lo que ve al tercero, no cualquier resolución dictada en la jurisdicción voluntaria es susceptible de impugnarse a través del recurso de apelación toda vez que dicho medio de impugnación, se insiste, sólo procede contra las resoluciones que no ‘admitan su oposición’ presentada en tiempo, o cuando la ‘oposición’ se declare infundada en la resolución que apruebe las diligencias. Dicho en otras palabras, el recurso de apelación por parte del tercero procede únicamente contra resoluciones dictadas en jurisdicción voluntaria en las que está permitido la ‘oposición’ de aquél ‘al derecho’ del promovente de las mismas, ello de acuerdo a la exégesis de los artículos 1193, 1194 y 1196 del código adjetivo local de la materia. f) Las diligencias de jurisdicción voluntaria, al no tener por objeto la resolución de un litigio, ameritan una regulación diferente a la que opera en relación con la función jurisdiccional contenciosa, en cuanto a los recursos se refiere, (acorde a lo dispuesto por los ordinales 1189, 1196, 1198 y 1199 del código en cita). Por su parte, los preceptos que rigen la fijación de los alimentos provisionales señalan: ‘1291. Para decretar alimentos provisionales a quien tenga derecho de exigirlos, se necesita: I. Que acredite cumplidamente el título en cuya virtud se pidan; II. Que se justifique, aproximadamente cuando menos, el caudal del que deba darlos; III. Que se acredite suficientemente la urgencia y necesidad que haya de los alimentos provisionales.’. ‘1292. La prueba de que trata la fracción I del artículo anterior, será el testamento, el contrato o la ejecutoria que contenga la obligación de dar alimentos; el contrato deberá estar reducido a escritura pública. 1293. Cuando los alimentos se pidan por razón de parentesco, deberán de presentarse los documentos que prueben hallarse el interesado en los casos señalados en los artículos 261 a 264, 1232 y relativos, del Código Civil. 1294. Cuando los pida un cónyuge, deberá presentar el acta o partida de matrimonio. 1295. Rendida la justificación prevenida en los artículos anteriores, el Juez, si creyere fundada la solicitud, hará la designación de la suma en que deban consistir los alimentos y dictará sentencia, mandando abonarlos por meses anticipados, en todos los casos. Contra la resolución en que se otorguen los alimentos no cabe recurso alguno, cuando lo interpusiere el obligado a pagarlos. En cuanto al acreedor alimentario regirá la regla del artículo 1196. 1296. Inmediatamente que se dicte sentencia otorgando alimentos provisionales, se exigirá al que deba abonarlos, el pago de la primera mensualidad. 1297. Si no lo verificare, se procederá al embargo y venta de bienes bastantes a cubrir su importe, en la forma y por los trámites prevenidos por la ejecución de las sentencias. Lo mismo se hará con las subsecuentes mensualidades. 1298. En esta diligencia no se permitirá ninguna discusión sobre el derecho de percibir alimentos; cualesquiera reclamaciones que sobre ese derecho se hicieren, se sustanciarán en juicio sumario y entre tanto seguirá pagándoles la suma señalada para alimentos. 1299. Las cuestiones que se promuevan sobre la cantidad de los alimentos, se decidirán en la forma de incidentes, sin perjuicio de seguirse abonando al acreedor alimentista, durante la sustanciación de aquéllos, la cantidad que se le haya asignado.’. De los ordinales en cuestión, se desprende lo siguiente: a) Las diligencias de jurisdicción voluntaria, son actos fuera de juicio en que no se admite contradicción, sino simplemente satisfacer por parte de quien demanda los alimentos los extremos que marcan los artículos 1291, 1292, 1293 y 1294, del Código de Procedimientos Civiles, los cuales tienen por objeto alcanzar que los alimentos se suministren con toda oportunidad a quien los requiere, pues por la propia naturaleza del derecho de alimentos, éste tiene un rango especial dentro del derecho familiar que exige y requiere disposiciones especiales, ya que carecería de sentido y falta de protección a la familia cuyas necesidades de alimentación son imperativas, que los medios y recursos que se derivan de su derecho fueran inoportunos por una discusión prolongada, que puede provocarse otorgando el derecho de contradicción al deudor alimentario, previamente a la resolución judicial que la índole misma del derecho a alimentos, exige se dicte con la mayor prontitud y expedición posibles. b) Contra las resoluciones en que se otorguen alimentos provisionales no cabe recurso alguno, cuando lo interpusiere el obligado a pagarlos. Las circunstancias asentadas con antelación, es menester establecer, no infringen la garantía de audiencia porque al no decretarse los alimentos en forma definitiva el obligado puede contradecir en el juicio sumario, el derecho que se ejerce, y en el incidente la determinación de la cuantía de los alimentos. En esa tesitura, a diferencia de otros actos objeto de jurisdicción voluntaria, en tratándose de los alimentos provisionales dentro de las diligencias en mención, no se permite la oposición del deudor alimentario, sino hasta con posterioridad al dictado de la resolución que otorgue los alimentos; pues esa oposición ‘al derecho’ del acreedor alimentista, como ya se vio, se tramita en jurisdicción contenciosa, en un juicio sumario, artículo 1298 del código adjetivo. Entonces, después de concluido el trámite de las diligencias de jurisdicción voluntaria, el obligado a pagar alimentos puede contradecir el derecho del promovente de aquéllas, establecido en la resolución donde se otorgaron en forma provisional, esa oposición debe ventilarse o resolverse, en el juicio contencioso, en la vía sumaria, acorde a lo dispuesto, como ya se dijo, por el artículo 1298, y no a través del incidente establecido en el diverso numeral 1299, ambos del código adjetivo, pues mediante este último, sólo se puede objetar la cuantía de los alimentos que se haya asignado al obligado a cubrirlos, más no el derecho del acreedor de los alimentos; de ahí que bajo tales circunstancias, al tramitar el incidente a que se hizo mérito, debe entenderse, existe un reconocimiento de ese derecho y por ende, no hay oposición al mismo. De donde se sigue, si el obligado al pago de alimentos determinados en forma provisional, promueve el incidente de referencia a fin de que se reduzca el monto de la pensión impuesta, ello no conlleva a que se conceptualice al incidente como una oposición al derecho del acreedor; puesto que se reitera, la objeción al quántum de la pensión alimenticia, no constituye una ‘oposición al derecho’ de quien o quienes tramitaron las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre el pago de alimentos, en tanto únicamente se controvierte la cuantía de la pensión. Consecuentemente, las resoluciones dictadas en los incidentes de que se trata, no son apelables en términos de lo dispuesto por la regla general contenida en el ordinal 1196 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán; y a pesar de que sería sano, ese tipo de interlocutorias fueron combatidas mediante el recurso de apelación, porque teóricamente pudiera estimarse como una oposición, como se vio, el legislador no lo consideró así. Sin que este tribunal comparta el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado de este Décimo Primer Circuito, en la tesis de jurisprudencia XI.2o.149 C, publicada en la página 2458, Tomo XXVI, julio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: ‘APELACIÓN. PROCEDE CONTRA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADA EN EL INCIDENTE SOBRE REDUCCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA PROMOVIDO POR EL OBLIGADO A CUBRIRLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN) ...’ (se transcribe). En esa virtud, conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordena denunciar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que se estima constituye una contradicción entre el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado y este órgano pluripersonal, ambos del Décimo Primer Circuito. Consecuentemente, contra la resolución dictada en las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre incidente de reducción alimenticia, no procede el recurso de apelación previsto en el aludido numeral 1196 del código adjetivo local, no obstante que dicho incidente se haya tramitado dentro de las propias diligencias promovidas respecto del pago de alimentos provisionales; de ahí que debe estarse a la regla establecida en el numeral 911 del ordenamiento legal invocado."

El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del mismo Circuito (antes segundo), al fallar el once de abril de dos mil siete, el amparo en revisión 381/2006, deducido del juicio de amparo indirecto 784/2006-II, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán; en lo que interesa consideró:

"QUINTO. Son fundados los agravios que se hacen valer, supliendo su deficiencia en términos del artículo 76 Bis, fracción VI, de la Ley de Amparo, por advertir este órgano de control constitucional una violación manifiesta a la ley, en contra del quejoso hoy recurrente, que lo dejó sin defensa. Para así considerarlo cabe establecer que haciendo una interpretación de la última fracción del citado numeral que refiere a las materias civil, mercantil y administrativa, al utilizar la expresión ‘en otras materias’, es decir, en las no contempladas en las fracciones anteriores de ese precepto legal, a saber, la penal, agraria y laboral, respecto de las cuales se establecen reglas propias para cada una de ellas al regularse la procedencia de la suplencia de la queja deficiente; la procedencia de la suplencia de la queja deficiente debe examinarse con independencia de que tal suplencia opere en cualquier materia, incluidas las reguladas en la fracción citada, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte o para favorecer a menores de edad o incapaces en los términos de las fracciones I y V del artículo invocado. Ahora bien, ‘violación manifiesta de la ley que deje sin defensa’, se entiende aquella actuación en el auto reclamado de las autoridades responsables (ordenadoras o ejecutoras) que haga visiblemente notoria e indiscutible la vulneración a las garantías individuales del quejoso, ya sea en forma directa, o bien indirectamente, mediante la transgresión a las normas procedimentales y sustantivas que rigen el acto reclamado, e incluso la defensa del quejoso ante la emisión del acto de las autoridades responsables; sin que en el caso sea necesario la demostración del promovente del amparo, para acreditar la ilegalidad o inconstitucionalidad del acto, o bien de allegarse de cuestiones ajenas a la litis planteada, porque de ser así, ya no se estaría ante la presencia de una violación manifiesta de la ley que deje sin defensa al quejoso o agraviado. Respecto a esa exigencia legal consistente en que la violación manifiesta de la ley haya dejado sin defensa al quejoso o al particular recurrente, es de aplicarse por analogía la tesis de jurisprudencia número 17/2000, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 189, Tomo XII, octubre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: ‘SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA ADMINISTRATIVA. PROCEDENCIA.’ (se transcribe). Como se advierte de la jurisprudencia transcrita, la correcta interpretación de la fracción VI del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, es la de que procede la suplencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando la infracción manifiesta a la ley por parte de la responsable coloca al quejoso o al particular recurrente en una situación de seria afectación de sus derechos que de no corregirse equivaldría a dejarlo sin defensa. Por su parte, el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, exige para la plena satisfacción de la garantía de audiencia previa al acto privativo de la vida, de la libertad y de las propiedades, posesiones o derechos, la existencia de un ‘juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho’. El Tribunal Pleno del Máximo Tribunal de la República, en su jurisprudencia 47/95, publicada en la página 133, Tomo II, diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a la Novena Época, determinó que las formalidades esenciales del procedimiento son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: a) notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; c) oportunidad de alegar; y d) dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. La tesis de que se trata, cuya observancia es de carácter obligatorio, en términos del primer párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, es del tenor literal siguiente: ‘FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.’ (se transcribe). En consecuencia, supliendo la deficiencia de la queja a favor del aquí recurrente, el auto que constituye el acto reclamado a través del cual se le desecha el recurso de apelación en contra de la interlocutoria que resuelve el incidente sobre reducción de pensión alimenticia, constituye una violación a la garantía de audiencia al impedírsele hacer uso de los medios ordinarios que la ley establece, lo que lógicamente implica colocarlo en un serio estado de indefensión, proceder con el cual se le está mermando en su detrimento las formalidades esenciales del procedimiento que, como parte de la garantía de audiencia tutela el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución General de la República, pues dicha interlocutoria sí admite el recurso de apelación en términos del artículo 1196 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, como más adelante se considerará. Previamente, cabe establecer que no pasa inadvertido para este órgano de control constitucional, que el Juez Noveno de Distrito en el Estado, en el fallo recurrido al considerar que la Magistrada responsable actuó apegada a derecho al desechar el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, aquí recurrente, contra la sentencia interlocutoria emitida por el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro, Michoacán, en que estimó improcedente el incidente de reducción de pensión alimenticia, que promovió en contra de la fijación provisional de alimentos a favor de sus menores hijos ********** dentro de las diligencias de jurisdicción voluntaria número 733/2004, se apoyó en que: a) Conforme a lo dispuesto por los numerales 911, 1196 y 1295 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, concretamente en la interpretación que este cuerpo colegiado hizo de ellos, al resolver con fecha diez de enero de dos mil uno, el amparo en revisión (improcedencia civil) 358/2000, promovido por ********** contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. b) Ejecutoria en la cual se determinó que conforme al numeral 1196 del citado ordenamiento legal invocado, las resoluciones pronunciadas en jurisdicción voluntaria son apelables para un tercero, con la salvedad de que únicamente lo será cuando no se le admita su oposición presentada en tiempo hábil, o cuando ésta fuere desestimada en la resolución que apruebe las diligencias; y que en el caso no era de atenderse a dicho dispositivo, por cuanto que el acto reclamado lo era la resolución interlocutoria que decidió sobre el incidente que sobre reducción de pensión alimenticia se promovió por el citado ********** y no de cualquier otra resolución dictada en esa vía, esto es, de las diligencias de jurisdicción voluntaria, no obstante que la aludida incidencia se haya tramitado dentro de éstas; por lo que se debería estarse a las disposiciones ‘De los incidentes en general’, contempladas en el capítulo I, del título décimo segundo, del referido Enjuiciamiento Civil del Estado, entre las cuales el artículo 911, establece que la sentencia de los incidentes será apelable en los casos en que lo fuere la sentencia en lo principal, y que por ello la interlocutoria de que se trata, debería estarse a dicha disposición específica y no a aquella general para la jurisdicción voluntaria. c) Concluyendo que en ese caso, la sentencia en lo principal lo constituía la resolución que había decretado los alimentos provisionales, contra la que conforme a lo dispuesto por el artículo 1295, segundo párrafo, ibídem, no cabía recurso alguno, cuando quien lo interpusiere fuera el obligado a pagarlos; esto es, que era válido concluir que la sentencia en lo principal no era apelable para el deudor alimentista; y por ende, contra la interlocutoria que decidió el incidente sobre reducción de pensión alimenticia, tampoco procedía ese recurso ordinario; consideraciones de las que derivó la tesis aislada del rubro: ‘APELACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DICTADA EN EL INCIDENTE SOBRE REDUCCIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA PROMOVIDO POR EL OBLIGADO A CUBRIRLA, PORQUE PARA ÉSTE ES INAPELABLE LA RESOLUCIÓN EN QUE SE DECRETÓ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).’ (Novena Época. Instancia: Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, mayo de 2001, tesis XI.2o.103 C, página 1083). Sin embargo, este cuerpo colegiado haciendo una nueva reflexión sobre ese particular determina apartarse de las anteriores consideraciones y estimar que es procedente el recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria dictada en el incidente sobre reducción de pensión alimenticia promovido por el obligado a cubrirla, atento las consideraciones siguientes: Se puede afirmar que los procesos de impugnación tienen como finalidad el brindar una seguridad jurídica a las partes en conflicto; seguridad jurídica que en el ámbito del proceso jurisdiccional, no es otra cosa que la garantía dada al individuo que acude a los órganos jurisdiccionales de que sus derechos procesales no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas la protección y reparación; imponiendo la necesidad de contar con ordenamientos procesales que contemplen la existencia de instrumentos que pretendan la corrección de los actos y resoluciones judiciales, ya sea ante el mismo Juez que los emitiera, o bien, ante uno de mayor jerarquía. Cierto es que el Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su artículo 1295, establece que contra la resolución en que se otorguen los alimentos provisionales no cabe recurso alguno, cuando lo interpusiere el obligado a pagarlos; también lo es que del texto de los numerales 1298 y 1299 del mismo ordenamiento, lleva a concluir que el deudor puede, si estima que se le afecta sin motivo legal, controvertir en juicio sumario el derecho del acreedor solicitante -como podría ser el hecho de que considerara que el acreedor no tiene derecho a percibirlos- o bien reclamar en la vía incidental la reducción de la cuantía de los alimentos; esto es, que se da al deudor alimentario oportunidad de ser oído, aunque con posterioridad a la fijación de la pensión alimenticia provisional, puesto que, como se acaba de indicar, puede contradecir el derecho del acreedor o reclamar la reducción de la pensión. Luego, si el quejoso, aquí recurrente, en contra de la fijación de alimentos a la que fue condenado provisionalmente, hizo uso del derecho que los últimos de los numerales le otorgan, esto es, de tramitar en la vía incidental la reducción de los alimentos, en su calidad de tercero a las diligencias de jurisdicción voluntaria, incuestionable resulta que con ello se está conceptuando como opositor a las diligencias de jurisdicción voluntaria, a quien al haberle sido desestimada la incidencia planteada, debe sujetarse a la regla específica establecida en el artículo 1196 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es decir, a que las resoluciones dictadas en las referidas diligencias son apelables en ambos efectos, lo que deberá hacerse por escrito dentro de los tres días siguientes a la notificación, y no a las disposiciones ‘De los incidentes en general’, como lo refiere el diverso numeral 911 del ordenamiento legal invocado, al establecer que la sentencia de los incidentes será apelable en los casos en que lo fuere la sentencia en lo principal; que fue como se consideró por este

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22166-e5482a8f/apelacion-procede-este-recurso-contra-la-sentencia-interlocutoria · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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