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TESTIGOS EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUZGADOR FEDERAL DEBE REDUCIRLOS OFICIOSAMENTE CUANDO EL OFERENTE SEÑALA, PARA UN SOLO HECHO, MÁS DE 3, ACORDE CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 196/2011. · Registro digital (IUS): 23176
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Pág. 1337.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 196/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y NOVENO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 24 DE AGOSTO DE 2011. CINCO VOTOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, dado que el tema a dilucidar, aunque es común a ambas Salas de este Alto Tribunal, no requiere la intervención del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues fue formulada por el presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios que participan en la presente contradicción, concretamente el que recayó en el recurso de queja **********, por lo que se actualiza el supuesto previsto en el párrafo primero del artículo 197-A de la Ley de Amparo.(1)

TERCERO. Contenido de las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis.

Las consideraciones vertidas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver en sesión de veinticinco de marzo de dos mil once el recurso de queja número **********, en la parte conducente, son las siguientes:

"Es infundado lo aducido por la recurrente en el sentido de que el auto recurrido le causa agravio, toda vez que el a quo efectuó una indebida aplicación del artículo 151 de la Ley de Amparo. Argumenta la recurrente que lo anterior es así, toda vez que si bien era cierto que la hoy recurrente ofreció cuatro testigos cuando el artículo 151 de la Ley de Amparo sólo permite tres respecto de cada hecho a demostrar, también lo era que la reducción de esos testigos correspondía elegirla a la hoy inconforme mas no así a la a quo. A efecto de evidenciar lo infundado de dichos motivos de inconformidad, resulta necesario hacer cita de lo establecido en el artículo 151 de la Ley de Amparo:

"Artículo 151." (se transcribe).

"De lo transcrito se aprecian las reglas que rigen para el juicio de garantías en relación con el ofrecimiento de los medios de convicción que pretendan aportarse al procedimiento constitucional, de las cuales se advierte, en relación con la prueba testimonial, lo siguiente:

"1. Debe anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento, ni el señalado para la propia audiencia y se debe exhibir copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos.

"2. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho.

"De lo anterior transcrito (sic) se aprecia que la Ley de Amparo tasa la forma en que la prueba testimonial debe ofrecerse tanto en relación con el tiempo como en el número de los testigos.

"De tal manera que depende del oferente el correcto ofrecimiento de dicho medio de convicción, ya que la Ley de Amparo es muy clara en los requisitos que deben cumplirse en relación con el ofrecimiento de la prueba testimonial. Por consiguiente, las partes en el juicio de garantías desde que es su intención ofrecer como medio de convicción el testimonio de personas que presenciaron el hecho a demostrar dentro del juicio de garantías, saben que dicho medio de convicción tiene el requisito temporal de anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia; el documental de exhibir copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos y el cuantitativo de ofrecer por cada hecho a demostrar hasta tres testigos.

"Ahora bien, ese medio de convicción descansa en el dicho de una persona extraña al litigio, sobre hechos que presenció y percibió a través de sus sentidos, el propio vocablo ‘testigo’ proviene del latín testibus que significa otorgar fe de la veracidad de algo. Así, el ofrecimiento de los testigos refleja una convicción, por parte de quien los pretende presentar, de que todos presenciaron el mismo hecho y una confianza en que cualquiera de ellos dará su testimonio en relación con ese hecho.

"En la especie, la hoy recurrente ofreció en el juicio de garantías materia de la presente queja la prueba testimonial a cargo de cuatro testigos.

"En el auto recurrido y con fundamento en el artículo 151 de la Ley de Amparo, el a quo de oficio seleccionó de entre los cuatro testigos a tres de ellos para que la testimonial cumpliera con el número establecido en dicho precepto legal.

"Determinación que este Tribunal Colegiado estima apegada a derecho, en virtud de que la Ley de Amparo es muy clara al establecer cuáles son los requisitos que debe reunir la prueba testimonial para su ofrecimiento.

"a. Temporal: Anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia.

"b. Documental: Exhibir copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos.

"c. Cuantitativo: Un máximo de tres testigos por hecho a demostrar.

"Así, la circunstancia de que el Juez de Distrito reduzca de oficio el número de testigos al establecido en la Ley de Amparo y para ello escoja a los testigos que deben participar en el desahogo de dicho medio de convicción aporta un beneficio procesal, que incide positivamente en los principios de celeridad y economía procesal, toda vez que no se entorpece el procedimiento de garantías mediante un requerimiento a la parte que ofreció indebidamente el medio de convicción para que subsane esa circunstancia.

"Asimismo, ningún perjuicio ocasiona al oferente que sea el juzgador quien reduzca el número de testigos y para ello escoja de entre los propuestos quienes deben ser las personas que participen en el desahogo de esa probanza. Lo anterior es así, toda vez que, en primer término, se subsana una negligencia de la parte oferente de no ofrecer la prueba conforme a los requisitos establecidos en la ley.

"En segundo lugar, hay que tomar en consideración que la prueba testimonial se erige con el dicho de una persona extraña al litigio, sobre hechos que presenció y percibió a través de sus sentidos; de tal manera que el ofrecimiento de los testigos refleja dos circunstancias relevantes:

"1. La convicción por parte de quien los pretende presentar de que todos presenciaron el mismo hecho.

"2. Una confianza en que cualquiera de ellos dará su testimonio en relación con ese hecho y que resulta apto para acreditar las pretensiones de su representante.

"De tal manera que ningún perjuicio ocasiona al hoy recurrente que el Juez de Distrito en el auto impugnado hubiera reducido el número de testigos y escogiera quiénes serían los que participarían en el desahogo de dichos medios de convicción, ya que el propio recurrente les estableció a todos como idóneos para dar su testimonio respecto del hecho a demostrar a cualquiera de ellos.

"Sobre todo si se toma en consideración que la prueba testimonial colegiada se erige sobre la coincidencia que tengan dos o más testigos respecto de un mismo hecho, en relación con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscitó, mas no así en la complementariedad de su dicho, ya que aquellas circunstancias que adicionen los testigos y no sean avaladas por otro testimonio no son aptas para generar en el juzgador una plena convicción respecto de lo narrado.

"De ahí que los agravios objeto de estudio en la presente queja deban desestimarse por infundados.

"Por lo antes expuesto, este Tribunal Colegiado no comparte el criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito publicado en la página setecientos veinte, Tomo VII, junio de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘TESTIGOS, REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 151 de la Ley de Amparo dispone que no se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Cuando se ofrece el testimonio de un número mayor al permitido legalmente, el Juez de Distrito no debe elegir de entre los propuestos al que será eliminado, sino prevenir al oferente para que éste indique qué testigo debe ser excluido.’."

Las consideraciones que sustentó el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver con fecha cinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho el recurso de queja número **********, son en lo conducente, las siguientes:

"QUINTO. ... Por otro lado, del mismo escrito de ofrecimiento de pruebas se advierte que la parte quejosa propuso la testimonial a cargo de **********, a lo cual recayó acuerdo en el que se tuvo por anunciada la testimonial referida, sin embargo, se denegó la admisión del testimonio de **********, con el argumento de que el artículo 151 de la Ley de Amparo señala que no se admitirán más de tres testigos por cada hecho, y que el interrogatorio presentado se formuló en idénticos términos para cada uno de los testigos.

"Contra tal determinación, la parte recurrente afirma que en el juicio de amparo el quejoso puede ofrecer conforme al artículo citado la testimonial a cargo de diversas personas, por tanto, como a él corresponde tal ofrecimiento, también le concierne la reducción del número de testigos cuando excede el permitido por la ley, debiendo señalar qué testigo debe suprimirse; de ahí que se viola en su perjuicio el dispositivo legal en consulta, en relación con los preceptos 222, 348, 349 y 351 del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque la Juez de Distrito antes de reducir el número de testigos debió requerir a la quejosa para esos efectos.

"Le asiste razón a la recurrente en el anterior agravio, toda vez que si bien el artículo 151 de la Ley de Amparo dispone que no se admitirán más de tres testigos por cada hecho, sin embargo, cuando como ocurre en el especie, se ofrece el testimonio de un número mayor al permitido legalmente, el Juez de Distrito no debe elegir de entre los propuestos el que deba ser eliminado, sino que debe prevenir al oferente para que sea éste (sic) le indique qué testigo no desea presentar y obviamente será en la audiencia constitucional donde se proveerá sobre la admisión de la testimonial.

"Por tanto, de acuerdo con las consideraciones que anteceden, al resultar fundado el segundo de los agravios examinados, debe modificarse el auto recurrido en queja, a fin de que la Juez de Distrito prevenga a la quejosa con el propósito de que señale cuál de los testigos cuyo testimonio ofreció, no desea presentar, debiendo quedar intocado en sus partes restantes."

CUARTO. Análisis de la existencia de contradicción de tesis. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 197 y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias, el Pleno de este Alto Tribunal o sus Salas, según corresponda, deben decidir cuál tesis ha de prevalecer.

Para determinar si se acreditan los extremos citados, debe atenderse a las consideraciones que sustentan los Tribunales Colegiados de Circuito.

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró, en lo medular, lo siguiente:

a) Consideró infundado el planteamiento del quejoso en el sentido de que el Juez Federal efectuó una indebida aplicación del artículo 151 de la Ley de Amparo, al haber reducido oficiosamente el número de testigos ofrecidos.

b) Lo anterior, en virtud de que la agraviada ofreció cuatro testigos cuando el artículo 151 de la Ley de Amparo sólo permite tres respecto de cada hecho a demostrar.

c) Que depende del oferente el correcto ofrecimiento de dicho medio de convicción, ya que la Ley de Amparo es muy clara en los requisitos que deben cumplirse en relación con el ofrecimiento de la prueba testimonial.

d) Que ese medio de convicción descansa en el dicho de una persona extraña al litigio, sobre hechos que presenció y percibió a través de sus sentidos. Así, el ofrecimiento de los testigos refleja una convicción por parte de quien los pretende presentar, consistente en que todos presenciaron el mismo hecho y, por ende, el oferente tiene confianza en que cualquiera de ellos dará su testimonio en relación con ese hecho.

e) Que por ello, la circunstancia de que el Juez de Distrito reduzca de oficio el número de testigos al establecido en la Ley de Amparo y para ello seleccione a los testigos que deben participar en el desahogo de dicho medio de convicción, aporta un beneficio procesal que incide positivamente en los principios de celeridad y economía procesal, toda vez que no se entorpece el procedimiento de garantías mediante un requerimiento a la parte que ofreció indebidamente el medio de convicción para que subsane esa circunstancia.

f) Que ningún perjuicio ocasiona al oferente que sea el juzgador quien reduzca el número de testigos y para ello escoja de entre los propuestos quiénes deben ser las personas que participen en el desahogo de esa probanza, porque el juzgador subsana una negligencia de la parte oferente que no se acogió al número previsto por la ley y porque la prueba testimonial se erige con el dicho de una persona extraña al litigio sobre hechos que presenció y percibió a través de sus sentidos.

g) Que ningún perjuicio ocasiona al hoy recurrente que el Juez de Distrito en el auto impugnado hubiera reducido el número de testigos y escogiera quiénes serían los que participarían en el desahogo de dichos medios de convicción, ya que el propio recurrente estableció a todos como idóneos para dar su testimonio respecto del hecho a demostrar.

h) Además, la prueba testimonial colegiada se erige sobre la coincidencia que tengan dos o más testigos respecto de un mismo hecho en relación con las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se suscitó, mas no así en la complementariedad de su dicho, ya que aquellas circunstancias que adicionen los testigos y no sean avaladas por otro testimonio no son aptas para generar en el juzgador plena convicción respecto de lo narrado.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró lo siguiente:

a) Que es fundado el argumento que se plantea en el sentido de que corresponde al oferente de la prueba testimonial la reducción del número de testigos cuando excede del permitido por la ley.

b) Que actuar en sentido contrario implica violación a lo dispuesto en los artículos 222, 348, 349 y 351(2) del Código Federal de Procedimientos Civiles, porque la Juez de Distrito antes de reducir el número de testigos debió requerir a la quejosa para esos efectos.

c) Que el Juez de Distrito no debe elegir de entre los testigos propuestos, el o los que deban ser eliminados, sino que previo requerimiento, el oferente debe indicar qué testigo no desea presentar y será en la audiencia constitucional en la que el juzgador proveerá sobre la admisión de la probanza.

De los elementos pormenorizados se sigue que en el caso sí se configura la divergencia de criterios denunciada en los términos que se puntualizan a continuación:

El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia número P./J. 72/2010, visible en la página 7, Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."

De la citada jurisprudencia se advierte que para que exista contradicción de tesis, deben actualizarse los siguientes requisitos:

a) Que al resolver negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios discrepantes;

b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,

c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.

Como se adelantó, el análisis comparativo de las sentencias reseñadas en el considerando precedente, revela que sí existe contradicción de tesis, pues se advierte, por un lado, que: a) Los distintos criterios provienen del examen de los mismos elementos; y, por otro, que: b) La diferencia de criterios se presentó en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, en donde, respecto de una cuestión jurídica esencialmente igual, se adoptaron criterios discrepantes.

Lo anterior es así, en virtud de que del contenido de las ejecutorias se observa que ambos órganos colegiados se pronunciaron en torno a una misma problemática jurídica derivada de la interpretación del artículo 151 de la Ley de Amparo, arribando a conclusiones opuestas.

Así, mientras el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito consideró que cuando en un juicio de amparo se ofrece la prueba testimonial en un número mayor de tres, el Juez de Distrito puede decretar oficiosamente su reducción, en virtud de que el oferente incurre en una irregularidad al ofrecer la probanza en un número mayor al permitido por la ley y porque tal ofrecimiento obedece a que en opinión del oferente, todos resultan idóneos y en razón de que el valor de la testimonial no deriva de la complementariedad sino de la coincidencia en el dicho de los testigos.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al pronunciarse sobre la misma temática, concluyó que en ese supuesto de ofrecimiento de un número mayor de testigos al previsto en la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el Juez debe requerir al oferente a efecto de que sea éste el que determine a cuáles de los testigos selecciona para desahogar la probanza y que será en la audiencia constitucional cuando el juzgador deba proveer sobre la admisión de la testimonial.

Así las cosas, resulta válido colegir que en el caso se han reunido los extremos precedentemente señalados para la existencia de una contradicción de criterios del conocimiento de esta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que los tribunales contendientes han expresado una posición contrastante en torno a un tema determinado, en el que se controvierte el mismo planteamiento jurídico.

De conformidad con lo expuesto en esta consideración, la materia del estudio queda limitada a determinar si el Juez Federal puede decretar oficiosamente la reducción de testigos cuando el oferente ha excedido el número de tres previsto en el artículo 151 de la Ley de Amparo, o bien si debe prevenir al interesado para que sea él quien decida a qué testigo desea eliminar.

QUINTO. Habiéndose delimitado la materia de la presente contradicción de tesis, se procede a determinar la que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, al tenor de las siguientes consideraciones:

Para abordar la materia de la litis en los términos que han quedado puntualizados, es menester hacer referencia a algunas consideraciones generales que rigen la materia probatoria.

La oportunidad otorgada a las partes en el juicio de probar los hechos que sustentan su pretensión constituye una formalidad esencial del procedimiento. Todo proceso jurisdiccional debe satisfacer un conjunto de condiciones mínimas que hacen posible otorgar al afectado la posibilidad de defensa.

Las formalidades esenciales del procedimiento encuentran su razón de ser en la propia naturaleza de todo procedimiento en el que se desarrolla una función jurisdiccional, esto es, en el que se pretende resolver un conflicto jurídico. La decisión de un conflicto jurídico impone la necesidad de conocerlo, y para que el órgano jurisdiccional tenga un real y verdadero conocimiento del mismo, se requiere que el sujeto respecto del que se suscita manifieste y acredite sus pretensiones.

De esta manera, el órgano competente tiene como obligación ineludible observar esa prerrogativa, la cual se encuentra sujeta a la satisfacción de ciertos principios y formalidades previstas en la ley.(3)

Entre estos principios se ha reconocido, por ejemplo, el de carga procesal, esto es, que quien afirma se encuentra obligado a probar. En este sentido, los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo prevén:

"Artículo 81. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones."

"Artículo 82. El que niega sólo está obligado a probar:

"I. Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho;

"II. Cuando se desconozca la presunción legal que tenga a su favor el colitigante, y

"III. Cuando se desconozca la capacidad."

El principio general establecido en estos preceptos pone en evidencia que corresponde a las partes en el juicio, la carga de aportar y poner a disposición del juzgador todos los elementos de convicción necesarios para acreditar sus acciones y defensas.

Las cargas y obligaciones procesales obedecen al interés propio del titular de un derecho que ejercita una acción y son, en consecuencia, inherentes al litigio.

Es importante destacar que la procedencia de la prueba se encuentra condicionada a que resulte idónea respecto de los hechos que se pretenden probar.

En ese contexto, la calificación de necesidad de una prueba debe hacerse atendiendo a la estrecha vinculación que la misma tiene con el acto reclamado, de modo tal que de no tenerse a la vista ese medio de convicción, el juzgador se encuentre en una imposibilidad jurídica de hacer el pronunciamiento correspondiente sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que se reclama, constituyendo uno y otro pronunciamiento el fin perseguido por las partes en el juicio.

Esta última exigencia rige como un principio relacionado con la eficacia jurídica porque debe ser apta para conducir al juzgador al conocimiento real de los hechos.

En adición a este principio, destacan los diversos de interés público y de veracidad o lealtad, en virtud de que no obstante que son los particulares los que ponen en movimiento los procesos constitucionales, existe paralelamente un interés público en su resolución, por las consecuencias jurídicas.

Este postulado rige tanto para las partes en los procesos constitucionales como para los eventuales testigos, peritos y funcionarios que tengan relación con el desahogo de la prueba.

Cabe hacer hincapié en que en los procesos constitucionales -a diferencia de lo que ocurre en los procesos ordinarios-, el Juez tiene una participación activa en procurar la prueba necesaria para resolver los casos sometidos a su jurisdicción. De entre estas atribuciones destaca la conferida al Juez para auxiliar o incluso, sustituir a las partes en la tarea de obtener y aportar al juicio todos los medios de prueba necesarios para descubrir la verdad de los hechos debatidos.(4)

En materia constitucional, la carga de la prueba adquiere matices diferentes según se esté en presencia del amparo directo o bien del intentado en la vía indirecta. En la vía uniinstancial no se rinden pruebas pero el quejoso puede apoyarse en las ofrecidas ante la autoridad responsable.

Por otro lado, en el amparo indirecto(5) sí hay un periodo probatorio comprendido desde la presentación de la demanda hasta la celebración de la audiencia constitucional, lapso en el que el quejoso puede aportar las probanzas que estime conducentes.

Esa situación se evidencia de la lectura del artículo 147 de la Ley de Amparo, que establece:

"Artículo 147. Si el Juez de Distrito no encontrare motivos de improcedencia, o se hubiesen llenado los requisitos omitidos, admitirá la demanda y, en el mismo auto, pedirá informe con justificación a las autoridades responsables y hará saber dicha demanda al tercer perjudicado, si lo hubiere; señalará día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, y dictará las demás providencias que procedan con arreglo a esta ley.

"Al solicitarse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le remitirá copia de la demanda, si no se hubiese enviado al pedirle informe previo.

"Al tercero perjudicado se le entregará copia de la demanda por conducto del actuario o del secretario del Juzgado de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio, en el lugar en que éste se siga; y, fuera de él, por conducto de la autoridad responsable, la que deberá remitir la constancia de entrega respectiva, dentro del término de cuarenta y ocho horas."

Precisado lo anterior, se procede al análisis de las reglas que en específico rigen para la prueba testimonial en el amparo. El artículo 151 de la propia ley prevé:

"Artículo 151. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental que podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el Juez haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.

"Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peritos. El Juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la testimonial y la pericial. ..."

Como se anticipó, es de este último precepto del que derivan en concreto las reglas que deben observarse tratándose de la prueba testimonial, materia de análisis en la presente ejecutoria.

De dicha disposición deriva la obligación del oferente de:

• Anunciar la prueba testimonial cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia de garantías, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia.

• Exhibir copia de los interrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos.

• No proponer más de tres testigos por cada hecho, en virtud de que no se admitirán más de este número.

La exhibición de los interrogatorios, al tenor de los cuales serán examinados los testigos, permitirá la preparación de la prueba, toda vez que el Juez estará en aptitud de ordenar la entrega de la copia de los interrogatorios a cada una de las partes, para que éstas puedan formular y preparar las repreguntas que podrán hacer, verbalmente o por escrito, al momento de la celebración de la audiencia constitucional.

Además de lo anterior, de los artículos 151 de la Ley de Amparo y 165 y 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles(6) deriva que:

• La obligación de presentar a los testigos para el desahogo de la prueba corre a cargo del oferente, a excepción de que manifieste imposibilidad para ello.

•El órgano de control constitucional podrá apercibir al oferente del medio probatorio que la consecuencia de incumplir la obligación antes mencionada será la declaración de deserción de la probanza.

• El juzgador debe desahogar la probanza dentro de la audiencia constitucional.

Atendiendo a este marco normativo, se procede a dilucidar las facultades con las que cuenta el juzgador de amparo cuando el oferente de la prueba excede por cada hecho el número de tres testigos, permitido conforme a la ley de la materia:

I. En una primera hipótesis puede suceder que el oferente proponga desde el escrito inicial de demanda más de tres testigos pero en relación con hechos distintos.

En este supuesto, el juzgador deberá admitirlos siempre y cuando sean ofrecidos satisfaciendo el resto de los requisitos de oportunidad y forma. Esto obedece a que no obstante exceder el número de tres, se refiere a hechos distintos y, consecuentemente, no es dable que el juzgador decrete su reducción porque, como se ha visto, en términos del artículo 151 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, la ley de la materia permite tres testigos por cada uno de los hechos que se pretenden acreditar.

II. Puede suceder también, que desde el escrito inicial de demanda el oferente anuncie la prueba testimonial excediendo el número de tres, sin especificar respecto de qué hechos se vinculan cada uno de ellos.

En tal hipótesis, el juzgador deberá mandar prevenir al promovente para que aclare o corrija la irregularidad en que haya incurrido, en virtud de que tal situación puede equipararse a los supuestos que regula el artículo 325 del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuyo tenor se reproduce a continuación:

"Artículo 325. Si la demanda es oscura o irregular, el tribunal debe, por una sola vez, prevenir al actor que la aclare, corrija o complete, para lo cual se la devolverá, señalándole, en forma concreta, sus defectos. Presentada nuevamente la demanda, el tribunal le dará curso o la desechará.

"El auto que admita la demanda no es recurrible, el que la desecha es apelable."

Lo anterior, en razón de que la prueba ha sido ofrecida con mayor anticipación a la exigid

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23176-724bc357/testigos-en-el-juicio-de-amparo-el-juzgador · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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