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Modo: Corpus Pro

ORDEN ESCRITA Y ACTA DE INSPECCIÓN PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 105 A 116 DEL CÓDIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, EMITIDAS POR AUTORIDADES MUNICIPALES. SON ACTOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO ADMINISTRATIVO.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 302/2014. · Registro digital (IUS): 25457
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-02-06
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, Pág. 2306.

AMPARO DIRECTO 302/2014. 23 DE OCTUBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VÍCTORINO ROJAS RIVERA. SECRETARIO: JUAN RAMÓN BARRETO LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación a estudio son esencialmente fundados y suficientes para conceder el amparo.

7.1. Así son los argumentos (6.9 a 6.12), en donde el quejoso sostiene que el acto administrativo, consistente en el acta de inspección de folio **********, es un acto de carácter definitivo y de molestia, porque deriva de una facultad de la autoridad para imponer sanciones que constituye un acto de molestia que debe colmar las formalidades del artículo 16 constitucional, pues, en el caso, se le atribuye una infracción en materia de desarrollo urbano y, como consecuencia, se restringe su actividad como perito responsable de la obra, lo cual surte efectos con carácter ejecutable.

Antes es necesario resaltar que en el sistema jurídico mexicano existen diversos recursos para reclamar actos de autoridad que se consideran violatorios de derechos humanos o, en su caso, ilegales; pero, su requisito principal -como regla general, no absoluta- es hacerlo contra la última decisión de la autoridad, lo que comúnmente se conoce en el ámbito jurídico como principio de definitividad.

En ese ámbito se ubican el juicio para la protección de los derechos fundamentales -juicio de amparo- y el juicio contencioso administrativo regulado en el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.

Así, en el juicio de amparo regulado por la nueva Ley de Amparo se sostiene que éste sólo procede contra actos de autoridad que tengan carácter definitivo, lo cual se observa del contenido del artículo 61, fracciones XVIII y XX, pero las excepciones se contienen ahí mismo -que derivan de la adopción de criterios de los tribunales federales del Poder Judicial de la Federación-.(1)

Lo anterior no estaba tan desarrollado en la Ley de Amparo publicada en mil novecientos treinta y seis en el Diario Oficial de la Federación, pues contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, sólo existía la excepción al principio de definitividad respecto de aquellos que carecían de fundamentación -artículo 73, fracción XV-.(2) Por tanto, fue el derecho y la jurisprudencia los que debieron desarrollar los supuestos de excepción al principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo.

En este sentido, se tiene que el derecho jurisprudencial interno es el que ha ampliado las excepciones al principio de definitividad atendiendo al caso concreto; una de ellas es la que se origina por la emisión de una orden de visita, la cual se autorizó su reclamación vía amparo indirecto, aunque no tenga el carácter de definitiva, porque el particular no estaba obligado a soportar sus violaciones hasta el final del procedimiento administrativo, con base en las consideraciones siguientes:

• La orden de visita domiciliaria es un acto administrativo discrecional de molestia, ya que la autoridad decide libremente la pertinencia de comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de un contribuyente determinado, a través de uno de los mecanismos creados por el legislador para ese efecto en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.

• Es un acto administrativo que implica causar molestias a los particulares notificados del inicio de las atribuciones de comprobación, en tanto que su ejecución sólo restringe provisionalmente o de forma preventiva un derecho, con el objeto determinado de comprobar el cumplimiento de obligaciones de carácter tributario.

• La orden de visita debe respetar los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional, por lo cual debe cumplir con los requisitos del cateo(3) y los generales,(4) con la consecuencia que, de no cumplir la diligencia con alguno de éstos, carecerá de valor o se provocará su inconstitucionalidad, respectivamente.

• El ejercicio de la atribución en materia tributaria se lleva a cabo a través de un procedimiento administrativo regulado por normas específicas, cuyo inicio parte de la notificación de una orden de visita. En virtud de este documento, la autoridad tributaria puede ingresar al domicilio de las personas y exigirles la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que han acatado las disposiciones fiscales.

• Con motivo de la comunicación de la orden al visitado, los efectos de esa actuación no sólo se limitan a causarle molestias en su domicilio, sino también en su persona, familia, papeles o posesiones.

• El artículo 16 constitucional prevé como un derecho subjetivo público de los gobernados el no ser molestados en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, lo cual implica, en principio, la inviolabilidad del domicilio.

• La protección a la inviolabilidad del domicilio ha sido reconocida por la comunidad internacional al firmar diversos convenios, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas -artículo 12-, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -artículo 17- y la Convención Americana sobre Derechos Humanos -artículo 11, punto 2-.

• Las órdenes de visita en materia fiscal federal se regulan, en cuanto a su existencia, desarrollo y conclusión, por los artículos 38, 42, fracciones III y V, 43, 44, 45, 46, 46-A, 47 y 63 del Código Fiscal de la Federación, para comprobar el cumplimiento de las cargas fiscales de los contribuyentes.

• Esta facultad se ejerce a través de una serie de actos concatenados, iniciando con la notificación al particular de la orden de visita correspondiente, de ahí que ese documento sea parte del procedimiento administrativo de vigilancia y fiscalización, por ser precisamente el sustento constitucional y legal de la diligencia, que permite el ingreso de los órganos del Estado al domicilio de los particulares, así como el examen de sus papeles.

• La consecuencia final de la visita domiciliaria no solamente puede ser la liquidación de una obligación tributaria a cargo del auditado, sino también la privación de su libertad derivada de la comprobación de la comisión de delitos fiscales, a través de los datos obtenidos en la diligencia.

• Si bien la emisión de la orden de visita, como conducta de la autoridad, es un acto que se agota en el momento de su dictado, no menos cierto es que el documento que la contiene debe cumplir cabalmente con todos los requisitos previstos en el artículo 16 constitucional; además, en virtud de su notificación al particular, implica la producción de efectos que se traducen en molestia a su esfera jurídica de manera continua o sucesiva.

• Los actos originados por la emisión de una orden de visita no se agotan con la notificación de ese documento, por verificarse a través de la realización de distintas conductas concretas vinculadas una con otra para obtener un objetivo específico.

• Por la serie de actos concatenados en los cuales la visita se desarrolla, implica un procedimiento administrativo cuyo pilar es la orden respectiva. En esa medida, debe tenerse en cuenta que la orden de visita puede transgredir diferentes derechos sustantivos por la intromisión de la autoridad en el domicilio del contribuyente.

• La orden de visita domiciliaria es susceptible de afectar en forma directa e inmediata los derechos sustantivos de los contribuyentes, consagrados en la Constitución Federal, como es, entre otros, el de la inviolabilidad de su domicilio, por lo que se requiere la existencia de un medio de control constitucional para constatar el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la Norma Fundamental y en las leyes secundarias.

• Por tanto, la orden de visita se puede impugnar de inmediato a través del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 114, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dentro del plazo legal establecido para ese efecto en el propio ordenamiento y hasta que cese la violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, lo cual no implica la imposibilidad de plantear posteriormente en el juicio de amparo, promovido contra la liquidación respectiva o la resolución que ponga fin a los medios ordinarios de defensa procedentes en su contra, al tenor de los párrafos tercero y cuarto de la fracción XII del artículo 73 de la ley referida, los vicios constitucionales o legales que pudiese tener la señalada orden cuando no haya sido motivo de pronunciamiento en diverso juicio de amparo.

• No es posible que el contribuyente tenga que esperar y soportar la orden de visita hasta la conclusión de ésta, no obstante su posible inconstitucionalidad, para reclamarla vía el amparo, pues la protección de la Justicia Federal sería insuficiente para restablecer a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales transgredidos por la actuación del ente de gobierno y no podría tener como efecto la expulsión del domicilio del particular del personal que practica la auditoría, ni la paralización definitiva del examen de los datos del visitado.

• La práctica de una visita domiciliaria sin orden escrita de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, o sin cumplir con todos y cada uno de los requisitos constitucionales, equivale a una violación directa al derecho sustantivo consagrado en el artículo 16 constitucional, que hace procedente el juicio de amparo indirecto.

• La procedencia del juicio de amparo indirecto promovido en contra de una orden de visita domiciliaria, está supeditada a la diligencia y al cumplimiento de todos los requisitos constitucionales y legales correspondientes, entre ellos, que sea presentada la demanda dentro del término legal previsto para ese efecto, y que no hayan cesado los efectos de la violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio.

Consideraciones de las cuales surgió la jurisprudencia P./J. 2/2012 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA. PUEDE SER IMPUGNADA EN AMPARO CON MOTIVO DE SU DICTADO O, POSTERIORMENTE, EN VIRTUD DE QUE SUS EFECTOS NO SE CONSUMAN IRREPARABLEMENTE AL PROLONGARSE DURANTE EL DESARROLLO DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA AL TRASCENDER A LA RESOLUCIÓN QUE DERIVE DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. Conforme al principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la orden de visita domiciliaria expedida en ejercicio de la facultad del Estado para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de los contribuyentes debe: a) constar en mandamiento escrito; b) ser emitida por autoridad competente; c) contener el objeto de la diligencia; y, d) satisfacer los demás requisitos que fijan las leyes de la materia. Ahora bien, en virtud de dicho mandamiento, la autoridad tributaria puede ingresar al domicilio de las personas y exigirles la exhibición de libros, papeles o cualquier mecanismo de almacenamiento de información, indispensables para comprobar, a través de diversos actos concatenados entre sí, que han acatado las disposiciones fiscales, lo que implica la invasión a su privacidad e intimidad. En esa medida, al ser la orden de visita domiciliaria un acto de autoridad cuyo inicio y desarrollo puede infringir continuamente derechos fundamentales del visitado durante su práctica, ya sea que se verifique exclusivamente en una diligencia o a través de distintos actos vinculados entre sí, debe reconocerse la procedencia del juicio de amparo para constatar su apego a lo previsto en la Constitución General de la República y en las leyes secundarias, con el objeto de que el particular sea restituido, antes de la consumación irreparable de aquellos actos, en el goce pleno de los derechos transgredidos por la autoridad administrativa. Por ende, la orden de visita se puede impugnar de inmediato a través del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 114, fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dentro del plazo legal establecido para ese efecto en el propio ordenamiento y hasta que cese la violación al derecho fundamental de inviolabilidad del domicilio, lo cual no implica la imposibilidad de plantear posteriormente en el juicio de amparo, promovido contra la liquidación respectiva o la resolución que ponga fin a los medios ordinarios de defensa procedentes en su contra, al tenor de los párrafos tercero y cuarto de la fracción XII del artículo 73 de la Ley referida, los vicios constitucionales o legales que pudiese tener la señalada orden cuando no haya sido motivo de pronunciamiento en diverso juicio de amparo."(5)

Ahora, en relación con la procedencia del juicio administrativo regulado en el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, se tiene que la regla general es que en éste sólo se pueden impugnar actos o resoluciones de carácter definitivo, como lo disponen los artículos 3, fracción XXII,(6) 154, primer párrafo,(7) 205, fracción V,(8) de ese ordenamiento.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el criterio para determinar si se está en presencia de una resolución definitiva para efectos del juicio contencioso administrativo, además de ponderar la atacabilidad de la resolución administrativa -principio de optatividad- a través de los recursos ordinarios en sede administrativa, necesariamente debe considerar la naturaleza de tal resolución, la cual debe constituir el producto final de la manifestación de la autoridad administrativa expresada como aquella que pone fin a un procedimiento, o bien, que sin requerir de procedimientos que le antecedan, refleja la voluntad definitiva de la administración pública.(9)

Dentro de los diversos tipos de visitas domiciliarias que existen en el sistema jurídico municipal de Morelia, Michoacán -para que las autoridades administrativas se cercioren del cumplimiento de los reglamentos sanitarios y de policía-, para exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar el acatamiento de las disposiciones fiscales, se pueden ubicar dos supuestos:

i. Uno, en el que, al concluir el desahogo de la visita domiciliaria se conmina al particular a acudir a las oficinas correspondientes, únicamente con el objeto de que le sea calificada la infracción y se determine el monto de la misma, lo que implica que esa decisión ya es un acto firme; sólo falta determinar su monto.(10)

ii. Otro, en el cual, al término de la visita se le otorga la oportunidad al particular para que alegue lo que en su derecho corresponda y ofrezca pruebas en un plazo de tres días posteriores.

En la última hipótesis encuadra el acto de autoridad impugnado ante la autoridad responsable. Esto es así, porque tiene su origen en la orden de autoridad de catorce de enero de dos mil trece, emitida por el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio de Morelia, Michoacán, dirigida a "********** propietario, poseedor y/o responsable" con base en la cual se llevó a cabo el acta de inspección de la misma fecha en el domicilio ubicado en "el número ********** de la calle **********, entre las calles ********** y **********, de la colonia **********, de este Municipio", con el objeto de "verificar obra y bitácora."

Luego, el resultado fue la "falta de anotaciones en la bitácora de licencia **********, con avance de 90%". Por lo cual se le hizo saber a "**********, propietario y/o responsable" que disponía del "término de 3 tres días hábiles computables al día siguiente de su notificación para que comparezca ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente ... a manifestar lo que a sus intereses convenga respecto de lo asentado en la presente acta."

Esto es así, en razón de que el artículo 432 del Código de Desarrollo Urbano del Estado señala que las inspecciones se sujetarán a lo dispuesto por el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán y a los reglamentos municipales de la materia.

Los artículos 105 a 116 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán regulan las visitas de inspección en los términos siguientes:

- Las inspecciones se dividen en ordinarias y extraordinarias -las primeras se desarrollan en días y horas hábiles; en cambio, las segundas en cualquier tiempo-.

- Deberán estar provistas de una orden escrita, expedida por autoridad competente, debidamente fundada y motivada, donde se precise el lugar o zona a inspeccionar, el objeto de la visita y el alcance de ésta.

- La obligación de los particulares -a quienes se dirige la orden- de permitir el acceso y dar facilidades a los inspectores.

- La obligación de los inspectores de identificarse con la persona con quien se entienda la diligencia.

- La necesidad de la designación de los testigos al iniciar la inspección y sus formalidades.

- La obligación de los inspectores de levantar acta circunstanciada.

- El cumplimiento de los requisitos del acta.

- El derecho de la persona con quien se entienda la diligencia a formular observaciones y ofrecer pruebas en relación con los hechos contenidos en ella, o bien, hacerlo dentro del plazo de los tres días siguientes.

- La facultad de las autoridades de imponer las medidas de seguridad o sanciones, según el resultado de la inspección, sea una o más conductas las que constituyan la infracción, sin perjuicio de las penas que correspondan por delitos.

Ahora, con base en esos antecedentes, el tribunal responsable(11) determinó que el acto administrativo que contiene la orden escrita y el acta de inspección con folio **********, no se trata de un acto definitivo en el cual se determine una sanción a cargo de **********, pues eso dependerá de actos posteriores de autoridad competente.

Efectivamente, el acto administrativo que contiene la orden escrita y el acta de inspección con folio **********, que es el impugnado en el juicio contencioso administrativo, en sí mismo no es un acto definitivo, al otorgar el derecho a **********, para hacer manifestaciones y ofrecer pruebas dentro del plazo de los tres días siguientes. De ahí que no haya existido ningún pronunciamiento definitivo al momento del desahogo de la visita de inspección.

Sin embargo, no se debe perder de vista que el acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, consiste en la "orden escrita de la autoridad competente de folio número **********, de catorce de enero de dos mil trece", que se encuentra dirigida a "**********, propietario, poseedor y/o responsable"; por tanto, es un acto de autoridad que, en sí mismo -siguiendo la línea argumentativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, es susceptible de afectar en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del particular, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como es, entre otros, el de la inviolabilidad de su domicilio,(12) por lo que se requiere la existencia de un medio de control constitucional y convencional para constatar el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la Constitución Federal, tratados internacionales y leyes secundarias.

El proceso contencioso administrativo regulado por el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, aun cuando, en esencia, es un juicio que analiza la legalidad de los actos de autoridad, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado tiene la facultad de estudiar por medio de éste -al igual que en el juicio de amparo indirecto-, ya su constitucionalidad, ya su convencionalidad(13) de acuerdo con el nuevo bloque de constitucionalidad que rige en el sistema jurídico mexicano, en donde los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional conforme al cual deben analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano.(14)

En ese sentido, el juicio contencioso administrativo local debe cumplir con el propósito de ser un recurso efectivo con el cual se garanticen los derechos humanos de las personas.

Por tanto, acorde con el texto del artículo 1o. constitucional -vigente desde el once de junio de dos mil once-, en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.

Las garantías de protección de los derechos humanos son técnicas y medios para lograr la eficacia de los mismos. En su ausencia, el goce de los derechos que reconoce la Constitución Federal no puede materializarse en las personas.

En el contenido de los derechos humanos residen expectativas de actuación por parte de los entes de autoridad, por lo que las personas deben contar con los medios que garanticen la realidad de tales aspiraciones.

En ese sentido, con el fin de lograr la tutela de los derechos humanos, las garantías pueden adoptar diversas formas, por ejemplo: aquellas que permitan invalidar o anular el acto que no ha respetado los derechos de las personas; las que busquen producir el acto que promueve o protege tales derechos, así como aquellas que sancionen la omisión de actuación por quienes están constitucionalmente exigidos a promover, respetar y proteger los derechos humanos.

Lo anterior se traduce en la generación de actos en sentido positivo o en sentido negativo por parte de las garantías de protección de los derechos de las personas. Unos u otros dependerán de la naturaleza de la protección que persiga la garantía correspondiente; es decir, si busca producir un acto que promueva, respete o proteja los derechos.

Inclusive, una garantía, para lograr la protección de un derecho, podrá consistir en exigir un acto positivo por el que se repare o corrija la afectación que se haya causado en el derecho de una persona.

Ahora, es de recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido(15) que un recurso es eficaz cuando es capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido. En el caso particular, respecto de los recursos establecidos en la jurisdicción contenciosa administrativa, ha considerado que:

"210. Al evaluar la efectividad de los recursos internos llevados a cabo por la jurisdicción contencioso administrativa nacional, la Corte debe determinar si las decisiones tomadas en aquélla han contribuido efectivamente a poner fin a la impunidad, a asegurar la no repetición de los actos lesivos y a garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos protegidos por la Convención."(16)

"184. La Corte ha entendido que para que exista un recurso efectivo no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Por otra parte, al evaluar la efectividad de recursos incoados ante la jurisdicción contencioso administrativa nacional, la Corte ha analizado si las decisiones tomadas en aquélla han contribuido efectivamente a poner fin a una situación violatoria de derechos, a asegurar la no repetición de los actos lesivos y a garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos protegidos por la Convención. El Tribunal no evalúa la efectividad de los recursos interpuestos en función a una eventual resolución favorable a los intereses de la presunta víctima."(17)

"82. En consecuencia, en el presente capítulo la Corte analizará si dichos procedimientos se desarrollaron con respeto a las garantías judiciales y dentro de un plazo razonable, así como si constituyeron un recurso efectivo para asegurar los derechos de los recurrentes. Para ello, la Corte recuerda que el debido proceso legal debe respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas."(18)

En ese sentido, el juicio contencioso administrativo regulado por el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, no sólo es un recurso que existe formalmente, sino que ha demostrado ser efectivo, porque tiene mecanismos que pueden dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos reconocidos, ya en la Constitución, ya en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte o en la ley, lo cual implica que es un recurso idóneo -no sólo porque está previsto en la ley-(19) y prueba de ello es la facultad de examinar el acto administrativo a la luz de la Constitución.

En dichos términos, si ********** impugnó ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán el acto de autoridad consistente en la orden escrita y el acta de inspección con folio **********, de catorce de enero de dos mil trece, la cual puede, por sí, transgredir diferentes derechos sustantivos por la intromisión en el domicilio del particular, por ser un acto de molestia no sólo a su domicilio sino, además, a su persona, familia, papeles y posesiones, así como a su privacidad e intimidad.

Luego, es indudable que es un acto de autoridad que debe ser analizado en su integralidad por el tribunal responsable para determinar si cumple con los requisitos legales, constitucionales y convencionales; una, porque es un acto de autoridad de su competencia que, por sí mismo, puede violar derechos sustantivos del particular; otra, porque el juicio contencioso administrativo regulado por el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, es un medio de control de los actos de autoridad municipales, por lo que en, el caso concreto, se actualiza una excepción al principio de definitividad de los actos de autoridad que son sometidos a la jurisdicción de dicho tribunal.

La impugnación se debe hacer de forma inmediata a la notificación de la orden de autoridad o al momento en que se tenga conocimiento de ésta, dentro del plazo legal previsto en el artículo 223 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, y siempre que no hayan cesado los efectos de la violación al derecho fundamental -que consisten en que haya manifestación expresa de la autoridad de la no imposición de sanción; es decir, deben quedar destruidas las posibles afectaciones del acto de autoridad en la esfera jurídica del particular de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere declarado su nulidad-, porque, en ese supuesto, debe sobreseerse el juicio contencioso administrativo.

Lo anterior, ante el innecesario soporte del particular del acto de autoridad hasta la emisión de la resolución definitiva, pues por la afectación de derechos fundamentales que puede causar con perjuicios a la esfera jurídica del particular, sería insuficiente la declaración de una sentencia para restituir al particular en el ejercicio de sus derechos violados -como lo previene el artículo 280 del Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán-, que se emita hasta que haya una resolución definitiva como lo pretende la autoridad responsable.

Esto es así, porque un acto de autoridad que viole directamente derechos fundamentales no puede ser consentido por los particulares y mucho menos por los órganos jurisdiccionales, bajo argumentos formalistas de leyes internas, cuando la obligación de éstos es, en caso de violaciones a los derechos humanos, la de reparar a las personas por esa conculcación de derechos, conforme a lo que establezcan las leyes, el cual deberá, en principio, restituir a la persona en el pleno goce de los derechos violados o, en su defecto, utilizar un método alternativo de reparación del daño causado.(20)

Además, porque un particular no puede esperar hasta que exista una resolución definitiva después de desahogada la diligencia de inspección, cuando exista violación flagrante de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte.

Sin que lo anterior impida al particular -de no haber impugnado la orden de visita en el plazo siguiente a su notificación- que pueda impugnar el acto de autoridad al momento en que se le notifique la existencia de una resolución donde se le haya impuesto una sanción.

Por tanto, si el juicio de amparo indirecto es procedente -por regla general- contra actos de autoridad administrativa de órdenes de carácter definitivo(21) y el derecho jurisprudencial ha desarrollado supuestos de excepción, en el caso, el juicio contencioso administrativo regulado por el Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán también tiene esa regla general para su procedencia contra actos o resoluciones administrativas de carácter definitivo.

Pero lo anterior no implica que en el juicio contencioso administrativo local no puedan existir excepciones al principio de definitividad -aparte del principio de optatividad- para su procedencia, como es el caso concreto que se estudia, pues este tipo de juicios, para cumplir con el requisito de ser efectivos, deben proceder contra órdenes de autoridad que violen derechos fundamentales sustantivos, como el de la inviolabilidad del domicilio.

Máxime que son las propias autoridades, aquí terceras interesadas, quienes al contestar la demanda confesaron que el acto de autoridad es definitivo, al existir la imposición de una multa tanto al responsable como al propietario de la obra, al expresar que "... la multa que se impone es por las violaciones cometidas al Reglamento de Construcción y de los Servicios Urbanos para el Municipio de Morelia, pues no hizo las anotaciones del avance de la obra en la bitácora que se le autorizó para ese efecto, como puede apreciarse en el rubro de observaciones del acta de inspección número **********, de 14 de enero de 2013; la infracción cometida dio origen a la imposición de la multa de $**********, mediante la orden de pago folio **********; multa que se impone al director responsable de la obra y/o al pr

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25457-c4bb4986/orden-escrita-y-acta-de-inspeccion-previstas-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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