EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL ARTÍCULO 163, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA QUE AUTORIZA, EXCEPCIONALMENTE, A LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA DE INICIO DE VISITA DE INSPECCIÓN SIN LA PRESENCIA DE TESTIGOS, NO VULNERA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 179/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL DÉCIMO SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 5 DE JUNIO DE 2013. CINCO VOTOS; VOTÓ CON SALVEDAD MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis debe estimarse que proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor al día siguiente de su publicación, el cual establece que podrán denunciar la contradicción de tesis sustentada entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito, o sus Tribunales de diversa especialidad, así como entre los Tribunales Colegiados de diferente circuito, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron.
La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por el Magistrado integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, órgano colegiado que emitió uno de los criterios materia de la presente contradicción.
TERCERO. Contenido de las ejecutorias que participan en la contradicción de tesis.
El Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver el diecinueve de julio de dos mil doce el amparo directo 311/2012, sostuvo, en la parte que interesa, lo que a continuación se transcribe:
"SÉPTIMO. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación expresados.
"En efecto, el impetrante del amparo arguye que el último párrafo del artículo 163 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, transgrede el artículo 16 de la Constitución Federal, al determinar que el inspector o verificador puede llevar a cabo el desahogo de la visita de inspección en materia forestal sin la presencia de testigos.
"Que cuando ese numeral que rige el acto, señala que la diligencia puede levantarse sin la asistencia de testigos, otorga validez y eficacia probatoria plena al acta de visita, violando con ello, el precepto constitucional en consulta, en sus párrafos primero, décimo primero y décimo sexto, en lo referente a que el levantamiento del acta administrativa debe contener de manera circunstanciada que se realizó ante la presencia de dos testigos, de ahí que sea lógico y jurídico concluir, que el último párrafo del artículo 163 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es inconstitucional.
"Cita en apoyo a su argumento la jurisprudencia 2a./J. 37/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘VISITA DOMICILIARIA. LA NOTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, DEBE HACERSE CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA FIRMADA POR DOS TESTIGOS, Y LEVANTADA EN LA FECHA EN QUE DICHA NOTIFICACIÓN SE REALICE.’, así como la tesis aislada del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: ‘EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 163 DE LA LEY RELATIVA, QUE AUTORIZA LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA SIN PRESENCIA DE TESTIGOS CUANDO NO SE ENCUENTRE EN EL LUGAR DE LA VISITA A PERSONA QUE PUEDA SER DESIGNADA COMO TAL, VIOLA LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’
"Que si la Sala responsable aplicó el último párrafo del artículo 163 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para declarar la validez de la resolución impugnada, es evidente que con ello se transgrede la garantía establecida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues al carecer de validez el acta relativa, debió declarar la nulidad lisa y llana de la resolución; sin embargo, la responsable consideró lo contrario, por lo que deberá otorgarse la protección constitucional.
"Asimismo, señala que la resolución reclamada viola el artículo 16 de la Constitución Federal, pues reconoció la validez de la resolución emitida por la delegada en Oaxaca de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y ésta es ilegal, ya que como se planteó en el concepto de impugnación relativo, dicha autoridad, al dictar la resolución de fecha veintinueve de julio de dos mil once, dentro del expediente administrativo PFPA/26.3/2C.27.2/0011-11, se apoya en el acta de inspección de fecha veintiocho de enero de dos mil once y ésta es ilegal por haberse firmado ante un solo testigo, no acatando lo que dispone el artículo 16 constitucional, que exige dos testigos.
"Ahora, la norma tildada de inconstitucional, establece: ‘Artículo 163.’ (se transcribe)
"Como se hace valer, la porción normativa que se tilda de inconstitucional, transgrede el artículo 16 de la Constitución Federal, puesto que otorga validez al acta de inspección, aun cuando no se lleve a cabo en presencia de dos testigos como lo exige el precepto invocado.
"En efecto, el artículo 16 de la Constitución Federal, establece: (se transcribe)
"Del precepto transcrito, se desprende que, por mandato constitucional, las visitas domiciliarias deben sujetarse a las formalidades establecidas para los cateos, lo que ha sido determinado, también, por el Máximo Tribunal del País, como se aprecia en la tesis 2a. VI/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, en la página 337, de rubro y texto:
"‘VISITAS DE INSPECCIÓN. EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA (ABROGADO), QUE FACULTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE PARA ORDENAR AQUÉLLAS, NO INFRINGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). Asimismo, tal característica se advierte de la jurisprudencia citada por el propio impetrante del amparo 2a./J. 37/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes:
"VISITA DOMICILIARIA. LA NOTIFICACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, DEBE HACERSE CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA FIRMADA POR DOS TESTIGOS, Y LEVANTADA EN LA FECHA EN QUE DICHA NOTIFICACIÓN SE REALICE.’ (se transcribe).
"Por otra parte, el Texto Constitucional no prevé como excepción a la obligación de levantar acta circunstanciada, en presencia de dos testigos, la hipótesis de que no puedan encontrarse personas en el lugar (o que se pueda efectuar con una sola persona), para que la diligencia tenga validez, por lo que dicho supuesto no puede servir para que la legislación secundaria restrinja el derecho fundamental previsto en el artículo 16 constitucional, y pueda consignarse para la validez del acta, aquella circunstancia únicamente, pues el artículo 1o. de la Carta Magna establece: (se transcribe)
"En tales circunstancias, el último párrafo del artículo 163 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que otorga validez al acta relativa a la visita de inspección, aun sin testigos, cuando no se encuentre a otra persona en el lugar, resulta inconstitucional como se plantea, al haberse fundado en un precepto contrario a un derecho fundamental, tutelado en el artículo 16 del Pacto Federal, que exige que las actas relativas se levanten en presencia de dos testigos designados por el visitado o ante su ausencia o negativa, por la autoridad administrativa que lleva a cabo la diligencia. ..."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito al resolver el amparo directo 405/2008, en la parte que interesa, sostuvo:
"... Tales conceptos de violación resultan fundados, habida cuenta de que como lo sostiene la promovente del amparo, el artículo 163, último párrafo, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, es violatorio del diverso 16 constitucional.
"Para arribar a la anterior conclusión, resulta pertinente invocar la jurisprudencia 61/2000 del Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, junio de 2000, página 13, que es del tenor literal siguiente:
"‘INTERPRETACIÓN HISTÓRICA TRADICIONAL E HISTÓRICA PROGRESIVA DE LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe)
"Así las cosas, lo que procede de manera inicial es interpretar y fijar el alcance del artículo 16 constitucional, en la parte que interesa, a fin de corroborar si el diverso 163, último párrafo, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente es violatorio de aquél, para lo cual, se recurre a los métodos de interpretación literal, sistemático y causal teleológico, a fin de fijar el alcance de la norma reglamentaria controvertida, como se verá a continuación.
"La orden de visita domiciliaria tiene su fundamento en el artículo 16 de la Constitución General de la República, cuyos párrafos primero, octavo y undécimo, establecen, respectivamente: (se transcriben)
"El texto de la Norma Constitucional establece que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias sujetándose, en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades previstas para los cateos.
"De acuerdo al método de interpretación literal o gramatical, señalado en primer orden por la jurisprudencia del Tribunal Pleno, ya citada, debe atenderse al texto de la Norma Constitucional.
"En ese tenor, la palabra practicar tiene los siguientes significados:
"‘Ejercitar, poner en práctica una cosa que se ha aprendido y especulado. ... Usar o ejercer algo continuadamente. ... Ejecutar, hacer; llevar a cabo.’ (Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, Tomo II, México, Editorial Espasa, 2001, página 1816).
"En tanto que la palabra formalidad significa:
"Cada uno de los requisitos para ejecutar algo. ... Modo de ejecutar con la exactitud debida un acto público. ... Seriedad, compostura en algún acto." (Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, vigésima segunda edición, tomo I, México, Editorial Espasa, 2001, página 1077)
"Tomando en cuenta estas acepciones de las palabras practicar y formalidades, utilizadas en el texto de la Norma Constitucional, la autoridad administrativa puede realizar o ejecutar la visita domiciliaria, lo que, en principio, sería distinto a ordenar o mandar ejecutarla, sujetándose para ello, a determinados requisitos para llevar a cabo dicho acto. Esta interpretación no resuelve del todo el problema jurídico en estudio, lo que hace necesario acudir al método sistemático.
"Conforme a la interpretación sistemática, las leyes son un conjunto de normas jurídicas unificadas y vinculadas entre sí para la consecución de una finalidad, formando así un sistema orgánico congruente.
"...
"Conforme a la interpretación sistemática, los párrafos del artículo 16 que regulan las visitas domiciliarias, no deben analizarse aisladamente, sino de manera conjunta por encontrarse relacionados en lo relativo a los cateos y las visitas domiciliarias, evitando las contradicciones y oposiciones entre ellos.
"En ese tenor, debe considerarse que el primer párrafo del artículo 16 constitucional establece categóricamente como uno de los requisitos del acto de molestia, que sea emitido por autoridad competente, en el entendido de que la competencia es el atributo legal, por virtud de la cual, se otorgan facultades a la autoridad para actuar en determinado sentido.
"Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia número P./J. 10/94, del Tribunal Pleno, cuyos contenido y datos de publicación son los siguientes:
"‘COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACIÓN ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD.’ (se transcribe)
"A su vez, el párrafo octavo del citado artículo dispone que la orden de cateo sólo puede ser expedida por autoridad judicial, de manera escrita, en el que se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente deberá limitarse la diligencia, levantándose al concluirla un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.
"En tanto que el párrafo undécimo, precisa que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose, en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.
"De ahí que analizando en su conjunto tales párrafos y no de manera aislada, se aprecia que las autoridades administrativas dentro del ámbito de su competencia, pueden practicar visitas domiciliarias, las cuales, al igual que los cateos, deben constar por escrito, estar fundadas y motivadas, expresando el nombre del sujeto pasivo visitado, el domicilio en el que debe llevarse a cabo la visita, su objeto, que es a lo que debe limitarse la diligencia respectiva, y que al concluirla se levante acta debidamente circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el sujeto visitado y, ante su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.
"Ilustran lo anterior, las jurisprudencias cuyos contenido y datos de publicación son los siguientes:
"‘VISITAS DOMICILIARIAS, ÓRDENES DE. REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER.’ (se transcribe)
"‘ÓRDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS.’ (se transcribe)
"Ahora bien, para reforzar las anteriores conclusiones, se impone interpretar el artículo 16 constitucional, conforme al método causal-teleológico, que autoriza no sólo la jurisprudencia citada en primer término, sino también, la tesis aislada número P. XXVIII/98, sustentada por el Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos contenido y datos de publicación son los siguientes:
"‘INTERPRETACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. ANTE LA OSCURIDAD O INSUFICIENCIA DE SU LETRA DEBE ACUDIRSE A LOS MECANISMOS QUE PERMITAN CONOCER LOS VALORES O INSTITUCIONES QUE SE PRETENDIERON SALVAGUARDAR POR EL CONSTITUYENTE O EL PODER REVISOR.’ (se transcribe)
"...
"De las partes del proceso de formación del artículo 16 constitucional, acabadas de reproducir, en lo referente a las órdenes de visita domiciliaria, se destaca que durante el debate y discusión de dicho numeral, los Constituyentes establecieron lo siguiente:
"1. Que las visitas domiciliarias no son cateos.
"2. Que los ordenamientos secundarios, previendo las necesidades concretas, determinarán cuándo los administradores puedan ordenar las visitas domiciliarias.
"3. Que para la práctica de las visitas domiciliarias, al igual que los cateos, se requiere levantar acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el interesado, o en caso de su ausencia o negativa, será nombrados por la autoridad.
"El acercamiento al quehacer jurídico del Constituyente de mil novecientos diecisiete es, por excelencia, la mejor manera de entender su pensamiento, los valores e instituciones que pretendió salvaguardar, es conocer de la fuente auténtica, las ideas y conceptos más depurados que constituyen su propia doctrina.
"De esta manera, los elementos del proceso de formación del artículo 16 constitucional, descubiertos al amparo del método causal-teleológico, permiten establecer que la intención del Constituyente fue establecer que tanto los cateos, como las visitas domiciliarias son una excepción al principio de inviolabilidad del domicilio, consignada en el propio artículo 16 constitucional, por lo que en estos casos de excepción, la esfera de privacidad que representa el domicilio debe ceder ante la presencia de un interés general aún más importante, como lo es, el correcto cumplimiento de determinadas obligaciones en la que está interesada la sociedad directamente, ya que afectan su existencia misma.
"Sin embargo, en tales casos de excepción, estuvieron a discusión las formalidades con las que deberán realizarse a fin de evitar arbitrariedades por parte de la autoridad respectiva y, por ende, la inseguridad jurídica del gobernado; de ahí, que en el proceso legislativo se concluyó en cuanto a las visitas domiciliarias, que deberán realizarse en los supuestos que la ley secundaria autorice, y sujetarse a los requisitos previstos para los cateos, como lo es, que se levante acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el visitado, o en caso de ausencia o negativa, por la autoridad administrativa.
"En apoyo de lo hasta aquí expuesto, es pertinente transcribir, en la parte conducente, las consideraciones que rigen el amparo en revisión número 140/99, resuelto por el Tribunal Pleno el día cinco de junio del año dos mil, en el cual, se hizo un estudio comparativo de las órdenes de visita y de cateo, que resulta ilustrativo al caso. (se transcribe)
"Por tanto, de las interpretaciones literal o gramatical, sistemática y, causal o genético teleológica, del artículo 16 constitucional en su conjunto, nos permite arribar a la conclusión de que la inviolabilidad del domicilio constituye un derecho subjetivo del gobernado elevado a rango de garantía individual y que sólo se autoriza la introducción de la autoridad administrativa a aquél, mediante el cumplimiento de determinadas formalidades y requisitos, entre ellos, que la orden de visita domiciliaria, a similitud de los cateos, como acto de molestia, conste en mandamiento escrito de autoridad competente, en el que se exprese el nombre del sujeto pasivo visitado, el domicilio en el que debe llevarse a cabo la visita, los fundamentos y motivos de la orden respectiva, su objeto, que es a lo que debe limitarse la diligencia relativa y que al concluirla se levante acta debidamente circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el sujeto visitado y ante su ausencia o negativa, por la autoridad que practique dicha diligencia.
"De ahí, que la autoridad no puede válidamente, introducirse al domicilio o ámbito privado de los gobernados, sino sólo, en los casos previstos por el artículo 16 constitucional, esto es, por cateos o visitas de la autoridad administrativa, siguiendo estrictamente las formalidades antes destacadas, como lo informa la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXVII, página 3297, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguientes:
"‘DOMICILIO, INVIOLABILIDAD DEL.’ (se transcribe)
"En ese orden de ideas, cabe señalar que la protección al domicilio que establece el artículo 16 constitucional, no se encuentra reducida al lugar en que una persona puede ser localizada, es decir, al lugar en el que establece su residencia habitual, sino a todo aquel espacio en el que desarrolla actos y formas de vida calificadas como íntimas o privadas.
"Lo anterior, se corrobora con las consideraciones de que la Primera Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 75/2004, quien sostuvo en lo que interesa, lo siguiente: (se transcribe)
"Como se ve de la anterior transcripción, la protección a la inviolabilidad del domicilio prevista en el artículo 16 constitucional, atiende, no sólo al elemento objetivo que es el lugar de residencia habitual de una persona, sino también al subjetivo, esto es, al propósito o destino que el sujeto concede a determinado espacio, en el que desarrolla actos y formas de vida calificadas como íntimas o privadas.
"De ahí, que la protección al domicilio, no sólo está encaminada a la del bien inmueble, a la del espacio físico, sino también y de manera esencial, al ámbito del asiento de intimidad de la persona; es decir, todo aquel espacio en el que desarrolla actos y formas de vida calificados como íntimos o privados.
"Por otra parte, conviene precisar también que el Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el contenido del artículo 16 constitucional, sostuvo que cuando éste se refiere a la práctica de visitas domiciliarias con el fin de verificar el cumplimiento de los reglamentos ‘sanitarios y de policía’, no se está limitando esa facultad a las normas que tengan por contenido aspectos relativos a la salud y al orden social, en un sentido meramente administrativo, sino que debe entenderse que se trata de cualquier norma jurídica que otorgue facultades a las autoridades administrativas, para regular la conducta de los particulares, y cerciorarse de que se ajusta a las normas de orden público aplicables, con la finalidad de prevenir que su actividad atente contra el orden público y el interés social.
"Tal interpretación, se contiene en la tesis publicada en el Apéndice 2000, Novena Época, página 2055, que es del tenor literal siguiente:
"‘VISITAS DOMICILIARIAS. LA CLAUSURA COMO MEDIDA DE SEGURIDAD Y SANCIÓN NO VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, SI EL ACTO DE MOLESTIA CONSTA POR ESCRITO, EN EL QUE SE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO.’ (se transcribe)
"Ahora bien, el artículo tildado de inconstitucional, lo es el 163 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, que al efecto dispone: (se transcribe)
"Dicho precepto se encuentra contenido dentro del capítulo II ‘Inspección y vigilancia’, del título sexto, denominado ‘Medidas de control y de seguridad y sanciones’, del citado ordenamiento, en donde se precisan todos los aspectos atinentes a los actos de inspección y vigilancia que abarcan los artículos 161 a 169.
"En dichas normas, se alude expresamente a la manera en que deben desarrollarse las visitas de inspección, orientadas a verificar el cumplimiento de las disposiciones del propio ordenamiento y de las que de éste deriven, así como los actos que posteriormente debe emitir la autoridad administrativa, en aquellos casos en que las visitas de inspección arrojen la existencia de deficiencias o irregularidades.
"Tales preceptos, relativos a la verificación del cumplimiento a las disposiciones que regulan el equilibrio ecológico y la protección ambiental, tutelan como bienes jurídicos el equilibrio al entorno ecológico y el derecho fundamental que la población en general tiene a gozar de un medio ambiente adecuado, garantizado en el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Así, para la práctica de las diligencias de inspección en dicha materia, el personal autorizado, en términos del artículo 163 del ordenamiento en consulta, debe conducirse en los siguientes términos:
"1. Al iniciar la inspección, debe identificarse debidamente con la persona con quien entienda la diligencia, mediante la exhibición de la credencial vigente con fotografía, expedida por autoridad competente, que lo acredite para realizar visitas de inspección en la materia.
"2. Debe mostrarle a la misma persona, la orden respectiva y entregarle copia de ésta con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos.
"3. En caso de negativa o de que los designados no acepten fungir como testigos, el personal actuante puede nombrarlos; situación que debe hacerse constar en el acta que se levante. Si no es posible encontrar en el lugar de la visita, persona que pudiera ser designada como testigo, tal circunstancia se debe asentar también en el acta.
"Sentado lo anterior, del estudio comparativo de los textos constitucional y legal, es decir, del artículo 16 de nuestra Carta Magna y 163, en su último párrafo, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, permite concluir que este último contraviene al primero, al no observarlo en sus términos.
"Lo anterior es así, pues la norma constitucional prevé categóricamente la posibilidad de que las autoridades administrativas en general puedan ordenar y practicar visitas domiciliarias, siempre que se sujeten a las leyes respectivas y a las formalidades previstas para los cateos; en lo que interesa, que se levante acta circunstanciada en presencia de dos testigos designados por el interesado, o en su ausencia o negativa por la autoridad administrativa, lo cual, le otorga validez a la referida actuación; en tanto que el dispositivo legal que se controvierte, establece la posibilidad de que la autoridad lleve a cabo la visita sin la designación de testigos en el caso de que no fuera posible encontrar en el lugar a persona que pudiera ser designada como tal, sin que ello, afecte su validez.
"De ahí, que ello contraviene el precepto constitucional, pues como se vio, la intención del Constituyente reflejada en el mismo, implica la protección al domicilio y la seguridad jurídica del gobernado, evitando arbitrariedades de las autoridades administrativas, pues incluso, sólo de manera excepcional se prevé que aquéllas designen los testigos, esto es, porque no se encuentre el interesado, o en caso de negativa; empero, no precisa la posibilidad de que se lleve a cabo la diligencia sin la presencia de dos testigos, pues es precisamente tal formalidad la que le otorga validez a tal actuación y protege las garantías individuales tuteladas en dicho precepto constitucional.
"En ese orden de ideas, tenemos que la autoridad responsable sostiene dentro del acto reclamado, la validez de la resolución cuya nulidad se reclamó, bajo la consideración toral de que el acta de inspección que motivó el procedimiento administrativo al cual, recayó la citada determinación, se realizó con apego al artículo 163 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en virtud de que se efectuó con la presencia de un solo testigo, porque al momento de la visita no había otra persona que pudiera ser designada como tal, lo cual, se circunstanció en el acta relativa, por lo que no se afectó la validez de la diligencia."
Asimismo, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 168/2008, en la parte que interesa, sostuvo:
"...
"QUINTO. Es fundado el concepto de violación sobre inconstitucionalidad del artículo 163 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, lo que basta para conceder el amparo.
"El quejoso aduce la inconstitucionalidad del artículo 163 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, porque prevé que la visita de inspección se realice sin la asistencia de testigos, lo que señala el quejoso, es violatorio del artículo 16 de la Constitución Federal, que establece, entre otras formalidades para las visitas domiciliarias, que se lleven a cabo ante dos testigos, argumento que se estima fundado y suficiente para conceder el amparo.
"La disposición tildada de inconstitucional establece: ‘Artículo 163.’ (se transcribe)
"El artículo transcrito, en el último párrafo, supone la práctica de la inspección sin la asistencia de testigos, cuando en el lugar no se encuentre persona que pueda ser designada con tal carácter; lo anterior, resulta contrario a lo previsto en el artículo 16 constitucional que dispone: (se transcribe)
"Del precepto transcrito se desprende que, por mandato constitucional, las visitas domiciliarias deben sujetarse a las formalidades establecidas para los cateos, lo que ha sido determinado, también, por nuestro Máximo Tribunal, como se aprecia en la tesis 2a. VI/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, en la página 337, de rubro y texto: ‘VISITAS DE INSPECCIÓN. EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA (ABROGADO), QUE FACULTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE PARA ORDENAR AQUÉLLAS, NO INFRINGE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe)
"Por otra parte, el Texto Constitucional no prevé como excepción a la obligación de levantar acta circunstanciada, en presencia de dos testigos, la hipótesis de que no se encuentre ninguna otra persona en el lugar cateado o visitado, por lo que dicho supuesto, no puede servir para que la legislación secundaria restrinja la garantía individual prevista en el artículo 16 constitucional, pues el artículo 1o. de la Carta Magna establece: ‘En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece ...’; luego, el artículo 163 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que autoriza levantar el acta relativa a la visita domiciliaria sin testigos, cuando no se encuentre a otra persona en el lugar, resulta violatoria del Texto Constitucional; en consecuencia, la sentencia reclamada en este juicio de amparo resulta inconstitucio
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24583-3a3c678a/equilibrio-ecologico-y-proteccion-al-ambiente-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PREVISTO EN LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA POR EL HECHO D (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- VISITAS DE INSPECCIÓN EN MATERIA ECOLÓGICA. REQUISITOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE QUE LAS PRACTICAN. (XXI.1o.P.A.32 A)
- ACTA DE VISITA DOMICILIARIA DE INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN. CARECE DE VALIDEZ CUANDO AL LEVANTARLA, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DESIGNADOS PARA LA PRÁCTICA DE LA DILIGENCIA EN EL ACUERDO (II.1o.A.152 A)
- EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL ARTÍCULO 163, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA QUE AUTORIZA, EXCEPCIONALMENTE, A LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA DE INICIO (2a./J. 121/2013 (10a.))
- EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 163 DE LA LEY RELATIVA, QUE AUTORIZA LEVANTAR ACTA ADMINISTRATIVA SIN PRESENCIA DE TESTIGOS CUANDO (I.17o.A.5 A)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis