IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SE PONE EN RIESGO CUANDO EL SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA DE SUS SALAS, SIMULTÁNEAMENTE, TIENE LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE ALGUNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO, LO QUE AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO PARA QUE SE DEJE INSUBSISTENTE LA SENTENCIA EN QUE HUBIERE INTERVENIDO, SIN PERJUICIO DE QUE SE ANALICEN OTRAS VIOLACIONES PROCESALES COMETIDAS, A FIN DE QUE AL CUMPLIMENTARSE EL FALLO QUEDEN ZANJADAS TODAS. IMPEDIMENTOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. OPERAN RESPECTO DE LOS SECRETARIOS DE ACUERDOS DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
AMPARO DIRECTO 280/2011. 27 DE OCTUBRE DE 2011. UNANIMIDAD EN LOS RESOLUTIVOS, MAYORÍA EN EL CRITERIO. DISIDENTE: SALVADOR GONZÁLEZ BALTIERRA. PONENTE: EMMANUEL G. ROSALES GUERRERO. SECRETARIO: ENRIQUE OROZCO MOLES.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Por razones de método se procede, en primer orden, al estudio del segundo concepto de violación, el cual resulta fundado.
La parte quejosa manifiesta que la sentencia reclamada viola en su agravio, el artículo 17 constitucional, ya que quien fungió como secretaria de Acuerdos y proyectó el fallo reclamado fue la licenciada **********, también designada en su momento como delegada de las autoridades demandadas en el juicio, en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, destacando que su legitimación procesal respecto de la parte demandada, se concretó al momento de contestar la demanda, motivo por el cual dicha funcionaria jurisdiccional tenía afectada su objetividad e imparcialidad para elaborar el proyecto y participar en la emisión de la sentencia definitiva de tres de enero de dos mil once.
El concepto de violación relativo es fundado.
En lo que interesa, el artículo 17 constitucional establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que dicten la leyes, garantizando también dicho aspecto que las resoluciones que éstos dicten sean emitidas de manera pronta, completa e imparcial.
Los anteriores derechos se encuentran reconocidos por la jurisprudencia del Alto Tribunal, en los términos siguientes:
"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales."(8)
Por otro lado, y en suma a lo anterior, conforme al artículo 1o. de la Constitución Federal, vigente a partir del once de junio de dos mil once, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, entendiendo que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de tal manera que sus resultados sean conformes a la Constitución y a dichos tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo momento la protección más amplia posible a los ciudadanos.
Dicha reforma constitucional -que entró en vigor de manera inmediata al día siguiente de su publicación, es decir, el once de junio de dos mil once-, por ser una regulación de orden constitucional es de aplicación inmediata,(9) pues lo contrario implicará desaplicar el orden constitucional, además que su vigencia no se rige por los mismos principios que regulan el funcionamiento de las leyes secundarias, ni se puede argumentar su inaplicabilidad por motivos de sobreveniencia de la regulación.
Ese precepto constitucional debe ser analizado conjuntamente con los diversos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno, que establecen:
"Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."
"Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."
Con independencia de la mencionada reforma constitucional, que obliga a considerar los instrumentos internacionales de derechos humanos, el fundamento convencional anterior ha sido entendido por la Segunda Sala del Alto Tribunal en los siguientes términos:
"DERECHOS HUMANOS. LA GARANTÍA JUDICIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8o., NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA, ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES. El citado artículo 8o., numeral 1, al disponer que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, resulta concordante con los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que llegue al extremo de ampliar las prerrogativas de audiencia y acceso a la justicia en ellos contenidas, porque la prerrogativa de que "toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías", está establecida en el segundo párrafo del indicado artículo 14, que prevé la garantía de audiencia en favor del gobernado mediante un juicio en el que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y la referencia de que la garantía judicial en comento debe otorgarse "dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial", está en consonancia con el mencionado artículo 17, en lo concerniente a la tutela jurisdiccional de manera pronta, completa e imparcial, que previene que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes."(10)
De los anteriores elementos, específicamente y en lo que para el caso interesa, se desprende que el concepto de imparcialidad, como parte de la tutela judicial efectiva y de las garantías jurisdiccionales, exige de los tribunales que éstos tengan una característica de Estado de derecho específica, la cual se observa, no en función de los resultados producidos por los actos de autoridad jurisdiccional, sino a un nivel de preocupación.
Es decir, la imparcialidad exige que el órgano decisor, al enterarse de la controversia, lo haga efectivamente, sin interés e incluso sin que exista sospecha de que puede preferir a alguna de las partes en el juicio, lo cual, por este solo hecho representaría, en sí mismo, una parcialidad, si la imparcialidad tiene su base en acentuar el carácter de tercero del órgano decisor en los repartos coactivos; entonces, es evidente que dicho impartidor no debe ser parte en el litigio en sentido material ni formal.
De ahí que la imparcialidad no es una representación descriptiva sino prescriptiva que debe garantizarse, incluso, antes de los actos de decisión jurisdiccional, y su protección también debe encontrarse referida a ese momento previo considerándola como un conjunto de cánones deontológicos que aseguren la existencia verdadera del compromiso del Juez de no dejarse condicionar por finalidades externas a la investigación de lo verdadero, y sobre la base que asegure que las decisiones se tomarán con base en criterios objetivos y homogéneos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas.
De todo lo anterior se concluye que si en un tribunal existen peculiaridades que pudieran llevar a estimar que se encuentra amenazada o que vuelve dudosa la imparcialidad, esta circunstancia debe ser objeto de tutela por la justicia constitucional, sobre todo con base en el esquema de derechos humanos vigente.
Lo anterior permite advertir que asiste razón al quejoso, al momento que insistentemente señala que existen rasgos que comprometen y vuelven dudosa la imparcialidad del órgano emisor de la sentencia reclamada, sobre todo cuando esos aspectos pudieron ser suprimidos o evitados mediante la aplicación de las formalidades del procedimiento; es decir, si tan sólo se hubiera atendido a las normas aplicables para evitar estas situaciones durante la secuela procesal.
De esta forma le asiste la razón al quejoso, porque de autos se aprecia que la licenciada **********, tuvo simultáneamente el cargo de secretaria de Acuerdos de la Tercera Sala Regional Hidalgo-México y, además, el de delegada de las autoridades; lo cual comprometió la característica de imparcialidad del tribunal, lo que, además, conforme a las normas aplicables, le representaba un serio y razonable impedimento para fungir como secretaria de Acuerdos y proyectar la sentencia.
Consta en la hoja 54 de la contestación de demanda, como acertadamente lo señala la quejosa, que en el capítulo "designación de delegados", dicha persona fue designada con esos efectos por parte de la entonces autoridad demanda:
Se lee en la contestación referida (ver página 363, reverso, del expediente de origen), lo siguiente:
"Designación de delegados. Se designan como delegados en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a los CC. Licenciados ... ********** ...".
Ahora bien, el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece:
"Artículo 5o. Ante el tribunal no procederá la gestión de negocios. Quien promueva a nombre de otra deberá acreditar que la representación le fue otorgada a más tardar en la fecha de la presentación de la demanda o de la contestación, en su caso. La representación de los particulares se otorgará en escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario o ante los secretarios del tribunal, sin perjuicio de lo que disponga la legislación de profesiones. La representación de los menores de edad será ejercida por quien tenga la patria potestad. Tratándose de otros incapaces, de la sucesión y del ausente, la representación se acreditará con la resolución judicial respectiva. La representación de las autoridades corresponderá a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, según lo disponga el Ejecutivo Federal en su reglamento o decreto respectivo y en su caso, conforme lo disponga la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Tratándose de autoridades de las entidades federativas coordinadas, conforme lo establezcan las disposiciones locales. Los particulares o sus representantes podrán autorizar por escrito a licenciado en derecho que a su nombre reciba notificaciones. La persona así autorizada podrá hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos. Las autoridades podrán nombrar delegados para los mismos fines. Con independencia de lo anterior, las partes podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este párrafo."
La representación de que goza un delegado de las autoridades, acorde con el precepto transcrito, permite que quien tenga esa calidad pueda, a nombre de quien se la otorga, actuar de la siguiente manera:
* Recibir notificaciones.
* Presentar promociones de trámite.
* Rendir pruebas.
* Presentar alegatos.
* Interponer recursos.
De acuerdo a lo anterior, los profesionales en derecho a los que la autoridad delegó facultades en el juicio de origen, tienen las atribuciones anteriormente listadas, para actuar en su representación, y entre esos delegados se encuentra la licenciada **********.
Es de destacar que no consta en autos del juicio contencioso administrativo, como certeramente lo invoca la quejosa, que después de que se presentó la contestación de demanda a la licenciada **********, se le hubiere revocado la calidad de delegada que se le confirió, por lo cual cuando actuó como secretaría de Acuerdos y dio fe al momento de emitirse el acto reclamado, tenía simultáneamente, además del cargo jurisdiccional referido el de delegada de las autoridades, con las facultades antes apuntadas.
La intervención de la licenciada **********, en el dictado de la sentencia definitiva de tres de enero de dos mil once, se constata con la lectura de las hojas 1 y 59 (ver páginas 408 y 437 del expediente de origen) del acto reclamado:
"Tercera Sala Regional Hidalgo-México. Expediente: **********. **********. Magistrado instructor: Lic. **********. Secretaria de Acuerdos: **********. Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a tres de enero de dos mil once. Vistos los autos del presente juicio y estando debidamente integrada la Tercera Sala Regional Hidalgo-México, en sesión de esta misma fecha, por los CC. Magistrados licenciados **********, como instructor en el presente juicio, **********, en su carácter de presidenta de la Sala y **********, ante la presencia de la licenciada **********, secretaria de Acuerdos que da fe, y toda vez que se encuentra debidamente cerrada la instrucción del juicio, con fundamento en los artículos 8o., 9o., 49 y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se procede a dictar sentencia definitiva en los siguientes términos: ... Así lo resolvieron y firman los Magistrados que integran la Tercera Sala Regional Hidalgo-México del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ante la secretaria de Acuerdos Lic. **********, que da fe."
Es indudable que la secretaria de Acuerdos que intervino en la emisión de la sentencia definitiva, al momento de hacerlo, tenía una doble función incompatible: a) era delegada de las autoridades demandadas, con las facultades que confiere el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y b) tenía el cargo jurisdiccional de secretaria de Acuerdos en la Sala responsable.
Ese doble carácter implica una posición inconciliable y antagónica de la licenciada **********, pues al momento en que se dictó la resolución definitiva gozaba de todas las facultades que le confiere el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo para actuar en representación de la autoridad entonces demandada, por lo cual es incongruente, como lo señala la quejosa, que siendo delegada de las autoridades actuara como secretaria de Acuerdos, elaborara el proyecto de sentencia y diera fe al momento de emitirse el acto reclamado, pues evidentemente, como se citó, tenía un serio motivo para no intervenir en el asunto.
Por tanto, no resulta razonable que la citada licenciada ********** hubiera actuado como secretaria de Acuerdos, en el dictado de una sentencia, en un juicio contencioso administrativo en el cual, a la vez, tuvo carácter de delegada de las autoridades demandadas, lo cual afecta la característica de imparcialidad de la responsable y amerita consideración por parte de la justicia constitucional, sobre todo bajo el nuevo esquema de análisis exigido por la mencionada reforma fundamental de diez de junio de dos mil once.
Ante el doble carácter de delegada de las autoridades y secretaria de Acuerdos de la Sala responsable, la funcionaria jurisdiccional se encontraba impedida en términos del artículo 39, fracciones I, IX y XVII del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria,(11) en relación con los artículos 50, fracciones I, III, IV y VII, en relación con el diverso numeral 54, fracciones I, V, VIII, XI y XII de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,(12) por lo cual, de conformidad con el artículo 43 del referido cuerpo normativo, debió excusarse del conocimiento del juicio citado.
Los tramos normativos invocados establecen lo siguiente:
"Artículo 39. Fijada la competencia de un Juez, Magistrado o Ministro, conforme a lo dispuesto por el capítulo precedente, conocerá del negocio en que se haya fijado, si no se encuentra comprendido en los siguientes casos de impedimento: I. Tener interés directo o indirecto en el negocio; ... IX. Haber sido abogado o procurador, perito o testigo, en el negocio de que se trate; ... XVII. Estar en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga o más grave que las mencionadas."
"Artículo 43. Los Ministros, Magistrados, Jueces, secretarios y ministros ejecutores tienen el deber de excusarse del conocimiento de los negocios en que ocurra alguno de los impedimentos señalados en el artículo 39, expresando concretamente en qué consiste el impedimento."
No pasa por alto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo al desarrollar su capítulo de "Impedimentos y excusas" en los artículos 10 a 12,(13) únicamente hace mención de los impedimentos aplicables a Magistrados del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como a la forma para que éstos se excusen en el conocimiento de los asuntos, sin que en dicho apartado no exista referencia alguna dirigida a otro tipo de funcionarios, como los secretarios, al igual que tampoco existe una regla sobre impedimentos de los secretarios en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Sin embargo, no sería jurídicamente lógico estimar que la falta de previsión en las mencionadas Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pueda llevarse al extremo de considerar que el sistema de excusas e impedimentos en materia del juicio contencioso administrativo federal, sólo corresponde a Magistrados y no a otros funcionarios jurisdiccionales como los secretarios, quienes en términos de esas mismas legislaciones tienen obligación normativamente establecida de proyectar los autos y las resoluciones o sentencias, engrosarlas o autorizarlas (artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), así como abstenerse de realizar cualquier tipo de conductas que atenten o comprometan -en cualquier grado- la independencia de la función jurisdiccional bajo pena, incluso, de responsabilidad (artículo 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), en su caso, a lo cual debe añadirse que la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 constitucional, exige el máximo de imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Por lo anterior, resulta inconcuso que frente a la no razonabilidad de considerar un sistema de impedimentos en justicia administrativa que sólo comprenda a los Magistrados, tiene aplicación supletoria indudable y complementaria el antes referido sistema de impedimentos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el cual se prevé con claridad y detalle, el necesario sistema de impedimento respecto de los secretarios.
Como argumento adicional a todo lo antes expuesto, es de mencionarse también el derecho de las partes a recusar a Magistrados e incluso peritos, conforme al artículo 34 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo;(14) sobre esas bases, cabe señalar que si un perito puede ser objeto de recaudación y no sólo de tacha, entonces con mayor razón aún debe considerarse que los secretarios (obligados a la elaboración del proyecto de sentencia, entre otros actos jurisdiccionales) puede ser motivo de cuestionamiento en lo relativo a su imparcialidad, a más de que en el Código Federal de Procedimientos Civiles existe su obligación de autoproclamarse impedidos, lo cual no sólo es jurídico sino lógico.
Lo anterior debe considerarse en relación a que lo esencial en el tema de la imparcialidad jurisdiccional, es que la resolución sea motivada y fundada, es decir, razonable, congruente y justa; esta es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del Poder Judicial y de la interdicción de la indefensión y la irracionalidad, y esa congruencia lleva implícita que los agentes jurisdiccionales (secretarios de Acuerdos y Magistrados) que intervienen en la elaboración del fallo conducente sean objetivos e imparciales.
Por tanto, si uno de los funcionarios jurisdiccionales a cuyo cargo se encuentra el ejercicio de una determinada potestad jurisdiccional, en el caso, la elaboración de un proyecto de sentencia por parte de una secretaria de Acuerdos, el principio de tutela judicial obliga a que ese funcionario no tenga el más mínimo reproche respecto a su imparcialidad y objetividad en el desarrollo de sus funciones, porque de lo contrario se comprometería el principio referido, al no existir una certeza a propósito de la objetividad citada, lo que vulnera, además, los derechos fundamentales de la quejosa: La certeza no significa necesariamente dar la razón a quien recurre a la impartición de justicia, pero sí a recibir una respuesta razonable y oportuna y, sobre todo, objetiva, sin mácula alguna que pueda sugerir que el asunto no se analizó con la imparcialidad que impone una tarea de esa magnitud, porque de lo contrario se vulnerarían, además, derechos humanos del justiciable.
El único modo que tiene el Estado para exigir el cumplimiento del principio de tutela judicial efectiva es a través de una administración de justicia organizada en forma eficiente, que en todo momento garantice y asegure, sin lugar a la menor duda, una imparcialidad total.
Cuando la administración de justicia pierde esta imparcialidad por circunstancias como la precisada, la seguridad jurídica es remplazada por la irracionalidad y por la imprevisibilidad, desapareciendo la confianza y colocando a los miembros de una sociedad en estado de indefensión, porque la funcionaria jurisdiccional que elaboró el proyecto de sentencia simultáneamente tenía el carácter de representante de las autoridades tributarias y la función de elaborar el proyecto de sentencia correspondiente, aspecto contrario al Pacto de San José.
Si este engranaje de objetividad e imparcialidad se reciente en cualquiera de sus fases, se pone en peligro la seguridad jurídica y el Estado de derecho. Por eso, debe comprenderse que la tutela judicial efectiva, debe extenderse, sin lagunas ni fisuras, a todas las personas que intervienen en la función jurisdiccional, incluida, por supuesto, la secretaria de Acuerdos que actuó con el doble carácter incompatible ya relatado.
El derecho de acceso a la jurisdicción (que es parte del principio de tutela judicial efectiva), se vio gravemente afectado porque la imparcialidad y objetividad son dos de los pilares sobre los que se sustenta la jurisdicción, y cuando uno de los funcionarios que interviene en ese proceso jurisdiccional es, además de miembro del órgano resolutor, representante de la contraparte del actor en el juicio de origen, evidentemente y con independencia de la responsabilidad administrativa en que se incurra al interior del órgano jurisdiccional, al exterior afecta de manera sensible y notoria al justiciable porque un representante de su contraparte participará directamente en el dictado de la sentencia.
De esto se colige que aun cuando existan elementos para que posiblemente se llegara a determinar una responsabilidad administrativa al funcionario que consintió actuar con un doble carácter, el punto a considerar en este asunto es que no se concretan los más mínimos elementos que garanticen que la sentencia se dictó con imparcialidad, y ante la menor duda sobre el tema, la justicia constitucional no puede permitir que una sentencia se emita en estas condiciones, ni siquiera por la posibilidad de que al funcionario que no se excusó se le pudiese determinar una responsabilidad administrativa, pues el principio de tutela judicial efectiva está por encima de este tipo de procedimientos, e impele a que se revise y analice que los fallos sujetos a la revisión constitucional no tengan el más leve atisbo de incertidumbre.
En una sociedad democrática avanzada el derecho a una recta administración de justicia ocupa un lugar preeminente, por ello, tanto el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el denominado "Pacto de San José", propenden precisamente a que la administración de justicia esté revestida de un carácter de imparcialidad que no deje la menor duda de su objetividad, de modo que ante la más mínima posibilidad de que este carácter pueda estar en duda, en acatamiento al principio analizado, la justicia constitucional debe velar por su cumplimiento.
Por esas razones, debe entenderse que la tutela judicial efectiva, como derecho humano, prevalece sobre una posible responsabilidad de la funcionaria judicial que actuó con un doble carácter al participar en la emisión del acto reclamado, pues la afectación a la esfera jurídica del quejoso es evidente, y tan lo es, que existe un concepto de violación específico en ese sentido en el que se exponen las razones por las que presumiblemente existen elementos que permiten concluir que el doble carácter de la funcionaria pudo haber influido en el sentido del fallo.
El hecho de que se enderece un concepto de violación en ese sentido y que se desprenda de autos que la secretaria de Acuerdos era además representante de las autoridades entonces demandadas, es un motivo implícito más que suficiente para conceder la protección solicitada, pues existen dudas razonables y perfectamente identificables de la parte quejosa, que ponen en tela de duda la imparcialidad del acto reclamado, pues es a ese nivel donde se debe garantizar el derecho de referencia, ante la mera amenaza de su conculcación, aspecto que debe ser objeto de otorgamiento del amparo para el efecto de que en las actuaciones que se verifiquen en cumplimiento se aseguren por la responsable que no intervendrá la mencionada funcionaria.
No pasa por alto que -sobre todo en esquemas del pasado-, este tipo de situaciones eran motivo únicamente de los procedimientos de responsabilidades; sin embargo, en el contexto actual, la justicia constitucional no cuenta ya con esa característica que la limitaba.
La cuestión es determinar si el hecho de que la secretaria de Acuerdos -encargada de elaborar el proyecto y del cuidado del expediente conforme a la ley aplicable-, sea además delegada de la parte demandada (o dicho de otro modo, integrante de la representación procesal en juicio de la autoridad demandada) representa una amenaza a la imparcialidad del órgano, la que pudo evitarse de haberse impedido de conocer del asunto; como ciertamente esa amenaza a la característica de imparcialidad es real, entonces ello es suficiente para conceder el amparo, pues resulta indudable que, desde la perspectiva del quejoso, ese hecho representa una afectación verdadera a la tutela judicial efectiva por lo antes señalado.
No obstante que las consideraciones anteriores resultan suficientes para conceder el amparo, este Tribunal Colegiado procederá a analizar el tercer concepto de violación en el que también se hacen valer violaciones cometidas en el dictado del acto reclamado, con la finalidad de que al cumplimentarse la presente sentencia queden zanjadas todas las violaciones con las características descritas.
OCTAVO. En adición a lo expuesto en el anterior considerando, también es fundado el tercer concepto de violación, como se demostrará.
Medularmente, la quejosa aduce que no se estudiaron los conceptos de invalidez tercero y séptimo de su demanda, n
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24130-2e7e7afb/imparcialidad-del-tribunal-federal-de-justicia-fiscal-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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