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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL ACUERDO POR EL QUE EL JUZGADO DE DISTRITO RESERVA PROVEER SOBRE PRUEBAS QUE AMERITAN UN DESAHOGO POSTERIOR, HASTA EN TANTO OBREN LOS INFORMES JUSTIFICADOS DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 347/2023. · Registro digital (IUS): 32793
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-11-08
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo II, Volumen 1, Pág.395.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 347/2023. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO Y EL DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 13 DE MARZO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS YASMÍN ESQUIVEL MOSSA, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LENIA BATRES GUADARRAMA, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. PONENTE: LENIA BATRES GUADARRAMA. SECRETARIO: JULIÁN AGUIRRE GAONA.

ÍNDICE TEMÁTICO

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Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente del trece de marzo de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante el cual se resuelve la contradicción de criterios suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

El problema que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver consiste en determinar si es competente para resolver la denuncia de contradicción de criterios 347/2023 o en su caso, determinar la existencia de la contradicción y el criterio que debe prevalecer.

I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO

1. Denuncia. Mediante resolución de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, dictada en la contradicción de criterios 266/2023, el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte señaló que carecía de competencia legal para conocer de la aparente contradicción denunciada por , entre el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa al resolver el recurso de queja 302/2023 y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito al resolver el recurso de queja 109/2023.(1)

2. Por lo que acordó remitir las constancias a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que determinará lo que en derecho corresponda.

3. Trámite. Por auto de veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, la Ministra Presidenta de esta Suprema de Justicia de la Nación admitió a trámite la denuncia de posible contradicción de criterios indicada, con el número 347/2023, toda vez que los citados Tribunales Colegiados de Circuito pertenecen a distintas regiones.

4. Por otra parte, al tratarse de ejecutorias en Materia Administrativa, turnó el presente asunto a la Ministra Loreta Ortiz Ahlf, integrante de esta Segunda Sala de este Alto Tribunal.

5. Mediante Oficio 1711/II, de fecha veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, la Magistrada Presidenta del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia en Materia Administrativa, hace del conocimiento de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no ha sido superado el criterio sustentado en la resolución emitida en el recurso de queja Q.A.302/2023, mismo que, por tanto, se encuentra vigente.

6. Por su parte, mediante oficio 8831/23, la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, informó a este Tribunal que el criterio sostenido al resolver el recurso de queja 109/2022 continuaba vigente.

7. El veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el auto de avocamiento respectivo para el conocimiento del asunto.

8. Returno. Con fecha tres de enero de dos mil veinticuatro, se hizo constar que la Ministra Loretta Ortiz Ahlf quedó adscrita a la Primera Sala de este Alto Tribunal y que el Pleno del Senado de la República tomó protesta a Lenia Batres Guadarrama como Ministra, de este Alto Tribunal, además teniendo en cuenta que el presente asunto fue turnado originalmente a la Ministra citada en primer término quien ya no forma parte de la integración de esta Segunda Sala; en consecuencia, se returnó el expediente en el que se actúa a la Ministra Lenia Batres Guadarrama.

II. COMPETENCIA

9. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, párrafo I, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 107, fracción XIII , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción II,(2) de la Ley de Amparo vigente y 21, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013, así como lo dispuesto en los artículos 7(3) y 8(4) del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales, al tenor de los cuales, se establece que corresponde al Pleno o a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dilucidar las contradicciones de criterios entre Tribunales Colegiados de Circuito pertenecientes a distintas regiones.

III. LEGITIMACIÓN

10. La denuncia de contradicción de criterios fue formulada por **********, parte quejosa-recurrente, en el recurso de queja 302/2023.

11. Por tanto, se actualiza el supuesto de legitimación, previsto en los artículos 227, fracción II, en relación con el artículo 226, fracción II, de Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

IV. CRITERIOS DENUNCIADOS

12. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el recurso de queja 109/2022, el veintiocho de abril de dos mil veintidós.

13. Ese asunto tuvo como antecedente que una persona física impugnó mediante el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, el auto de veintiséis de enero de dos mil veintidós, dictado por el secretario encargado del despacho del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Tuxpan, Veracruz, en el juicio de amparo 486/2021, por el que acordó el escrito en el que dicha persona ofreció como pruebas la "documental de informe" del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz e inspección ocular, reservándose de proveer respecto de dichas probanzas hasta en tanto obraran en autos los informes justificados de las autoridades responsables.

14. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito al resolver el referido recurso de queja, estableció que eran fundados los agravios del quejoso recurrente porque esa determinación de reservar acordar lo conducente sobre dichas pruebas hasta que obraran en autos los informes justificados, era ilegal.

15. El Tribunal explicó que de la interpretación de lo previsto en los artículos 119, 120, 122, 123 y 124, de la Ley de Amparo se advertía que la prueba testimonial, pericial e inspección judicial, o cualquier otra que amerite desahogo posterior, debía ofrecerse antes de la audiencia constitucional, a más tardar, cinco días hábiles antes de la primera fecha fijada para la audiencia, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia.

16. Luego de explicar cómo se prepara cada una de esas pruebas, el Tribunal indicó que la Ley de Amparo establecía la regla general de que las pruebas debían ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional; sin embargo, atendiendo a la circunstancia de que existían pruebas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y otras que ameritan preparación, la propia Ley establecía cuáles eran los casos de excepción en que las pruebas debían ofrecerse y desahogarse previamente a la audiencia constitucional, como son la testimonial, la pericial y la inspección judicial, o cualquier otra que amerite preparación y, al efecto, establecía las reglas para su ofrecimiento oportuno, esto es, cinco días previos al de la primera fecha fijada para celebrar la audiencia constitucional, sin contar el de su ofrecimiento y el de la propia audiencia, así como las formalidades que debían seguirse para tenerlas por ofrecidas debidamente y dar trámite a su preparación, es decir, dichas pruebas debían recibirse con anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional.

17. Consideró que si bien la Ley de Amparo no establecía expresamente cuál era el momento procesal oportuno para pronunciarse sobre la admisión o desechamiento de las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que ameritara desahogo posterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 13/2000, determinó que desde su anuncio, el Juzgador de amparo puede y debe desechar pruebas que requieran previa preparación cuando sea patente su falta de idoneidad y no reservarse hasta la celebración de la audiencia.

18. A partir de esa jurisprudencia, estableció que en relación con los principios de expeditez del procedimiento de amparo, que derivaba de su naturaleza sumaria y el de respeto al derecho de defensa del oferente, se llegaba a la conclusión de que era al momento en que se ofrecía alguna de las pruebas que se ubicaban en la excepción destacada (que ameritan preparación), cuando el Juez de Distrito debe determinar si la admitía o desechaba, para lo cual debía calificar su oportunidad, esto es, que se presentó con la anticipación que prevé la Ley de Amparo, su idoneidad y pertinencia en relación con el hecho que se pretendía probar y finalmente, verificar que al momento de su ofrecimiento se cumpliera con los requisitos formales que imponía la Ley de Amparo, pues en caso contrario se tendría que requerir al oferente y apercibirlo que de no hacerlo, no se tendría por ofrecida la prueba. Todo ello, en aras de respetar el derecho público subjetivo del quejoso a una justicia pronta y completa, y el respeto al derecho de defensa, pues en caso de que deseche la prueba, estará en oportunidad de controvertir esa determinación a través del recurso de queja.

19. De manera que, dijo, la decisión del juzgador de reservar proveer respecto de las probanzas hasta en tanto obraran los informes justificados de las autoridades responsables, no estaba apegada a derecho porque al margen de que no se citaba fundamento alguno, ni se justificaba argumentativamente el porqué de esa determinación, el momento procesal oportuno para determinar si se admitía o se desechaban las pruebas de que se trataba era precisamente al acordar el escrito de ofrecimiento respectivo.

20. Lo anterior era así, porque la falta de pronunciamiento en relación con la admisión o desechamiento de una prueba que, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, debía ofrecerse previamente a la audiencia constitucional por ameritar desahogo posterior, y prepararse antes de la celebración de aquella, causa un agravio trascendental y grave no reparable en la sentencia definitiva en la que vulneraba dos principios básicos de la prosecución judicial del juicio constitucional, como son el de la expeditez del procedimiento de amparo, que deriva de su naturaleza sumaria y el de respeto al derecho de defensa del oferente.

21. Que al no emitirse pronunciamiento en relación con la calificación de la prueba ofrecida, se atentaba contra el derecho público subjetivo del quejoso a obtener una justicia pronta y completa, ante la eventual prolongación innecesaria del juicio, al supeditar dicho pronunciamiento a la circunstancia contingente de que obran los informes justificados de las autoridades responsables, pues aun cuando en un auto posterior se calificara dicha prueba desechándola o admitiéndola, el tiempo transcurrido hasta ese momento no sería reparable con el dictado de la sentencia, aunado a que en caso de que la reserva del dictado del acuerdo correspondiente aconteciera con anterioridad al último día que la ley establece para el ofrecimiento de las pruebas testimonial e inspección judicial, si estas fueran desechadas por no exhibir el interrogatorio o el cuestionario original, se haría nugatorio el derecho del oferente a subsanar las deficiencias advertidas en su primer ofrecimiento cuando aún se encontraba en tiempo para hacerlo, con el objetivo de que le fueran admitidas, lo que apoyó en la jurisprudencia PC.XV. J/39 K (10a.) del Pleno del Décimo Quinto Circuito.(5)

22. Finalmente, agregó que ante la eventual circunstancia de que las autoridades responsables omitieran rendir sus informes justificados, al celebrar la audiencia constitucional, el juzgador de amparo tendría que pronunciarse respecto a las pruebas de informe e inspección judicial, lo que podría causar un perjuicio trascendental al oferente, toda vez que, en caso de que las pruebas ofrecidas fueran admitidas, no sería posible lograr su preparación y desahogo durante la sustanciación de la audiencia constitucional, pues el momento procesal oportuno para ello acontece con anterioridad a su celebración, esto es, a más tardar cinco días hábiles antes de ella, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la misma, ya que la Ley de Amparo no preveía la suspensión de dicha audiencia para tal efecto, pues sólo podía suspenderse con motivo del trámite del incidente de objeción de falsedad de documentos.

23. Por tanto, el Tribunal declaró fundado el recurso de queja.

Criterio del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja 302/2023 (relacionada con la queja 303/2023), el trece de septiembre de dos mil veintitrés.

24. En este caso, una persona física promovió un juicio de amparo en materia administrativa en el que reclamó en lo sustancial, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, entre otras, la discriminación de la que consideró ser objeto, entre otras cosas, porque las autoridades responsables estaban destinando recursos humanos, económicos y materiales, con la finalidad de desarrollar y ejecutar programas encaminados a estimular las lluvias en diversos territorios de la República Mexicana, sin que al día de hoy destinen recursos a los territorios del Estado de Veracruz.

25. Posteriormente, dicha persona ofreció en un escrito aparte de la demanda de amparo, la prueba pericial en materia ambiental, impacto ambiental e hidrología.

26. Por auto de uno de mayo de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de amparo indirecto 841/2023, por la titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, reservó proveer sobre el ofrecimiento que hizo el quejoso de la prueba pericial en materia ambiental, impacto ambiental e hidrología, hasta en tanto rindieran informe justificado las autoridades responsables.

27. Inconforme con esa determinación, el quejoso interpuso el recurso de queja 302/2023 (relacionado con la queja 303/2023), resuelto por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de trece de septiembre de dos mil veintitrés, en el sentido de desecharla.

28. Dicho órgano jurisdiccional, consideró que no se actualizaba el supuesto a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, porque en el auto recurrido la Juez de Distrito únicamente reservó su pronunciamiento sobre el escrito por el cual el quejoso ofreció la prueba pericial en materia ambiental, impacto ambiental e hidrología forense, hasta en tanto obraran los informes justificados de las autoridades responsables. De manera que una vez que las autoridades rindieran los informes debía proveer sobre su admisión o desechamiento, previo a la celebración de la audiencia constitucional y, por tanto, no se causaba al recurrente un perjuicio trascendental y grave.

29. Explicó el Tribunal que, al llegar los informes justificados de las autoridades responsables, la juzgadora federal tendría más elementos para resolver sobre el escrito en mención y debía pronunciarse sobre la admisión o no de la prueba ofrecida; por lo que en ese momento se podría determinar si existía un perjuicio para el quejoso y, en su caso, a partir de lo resuelto por la juzgadora, en ese momento se podría hacer valer el recurso de queja respectivo.

30. Insistió el Tribunal Colegiado que, en el acuerdo recurrido, la jueza federal no desechó la prueba pericial ofrecida por el quejoso ni reservó su pronunciamiento hasta la celebración de la audiencia constitucional, sino únicamente hasta que se rindieran los informes de las autoridades responsables.

31. Explicó que no pasaba inadvertida la jurisprudencia P./J. 37/97(6) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "PRUEBAS. SU DESECHAMIENTO EN UN JUICIO DE AMPARO, MEDIANTE AUTO DICTADO POR UN JUEZ DE DISTRITO ANTES DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, ES IMPUGNABLE EN QUEJA Y NO EN REVISIÓN", estableciendo que no resultaba aplicable al caso en virtud de que la jueza no desechó la prueba pericial en materia ambiental, sino que reservó su decisión sobre la admisión hasta en tanto obraran en el sumario constitucional los informes justificados de las autoridades responsables, de manera que es factible, hasta este momento procesal, que la prueba en cuestión pueda ser considerada pertinente y se prepare para su admisión, o bien, que se deseche, en cuyo caso el oferente tendrá la posibilidad de impugnar tal proveído.

32. Agregó que la Juez de Distrito acordó reservar sobre el proveído de la prueba pericial hasta que las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación, no hasta la celebración de la audiencia constitucional, lo cual tenía relevancia porque la reserva a proveer sobre una prueba hasta la celebración de la audiencia sí pudiera implicar una afectación trascendental y grave, en la medida que, respecto de aquellas pruebas que requieren preparación, ya no podría llevarse a cabo.

33. Indicó el Tribunal Colegiado que, en determinados casos resultaba conveniente que el juez esperara a la llegada de los informes justificados para proveer sobre la admisión o desechamiento de una prueba, en virtud de que al contar con mayores elementos podría apreciar mejor su necesidad o pertinencia.

34. Finalmente, indicó que no pasaba inadvertido que el recurrente acompañó la ejecutoria de veintiocho de abril de dos mil veintidós, emitida en el recurso de queja 198/2022, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito; no obstante, por las razones antes expuestas se consideró que no se causaba un perjuicio no reparable al recurrente.

35. Por tanto, desechó el recurso de queja.

V. EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN.

36. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la contradicción de criterios se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales. Al respecto se tiene en consideración la siguiente jurisprudencia:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES".(7)

37. En ese sentido, es aplicable también la siguiente tesis aislada, cuyo rubro es el siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE AUN CUANDO LOS CRITERIOS DERIVEN DE PROBLEMAS JURÍDICOS SUSCITADOS EN PROCEDIMIENTOS O JUICIOS DISTINTOS, SIEMPRE Y CUANDO SE TRATE DEL MISMO PROBLEMA JURÍDICO".(8)

38. Por otro lado, la mecánica para la solución de contradicción de criterios no requiere que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, porque basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano contendiente de que se trata, al tenor de la jurisprudencia de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY."(9)

39. Atento a lo anterior, esta Segunda Sala, determina que sí existe la contradicción de tesis denunciada.

40. En ese sentido, se hace énfasis en que el Tribunal Pleno de Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostiene el criterio consistente en que a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, no solamente deben resolver las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o, por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo.

41. Así pues, en el caso, la contradicción de criterios que nos ocupa fue denunciada respecto de la temática esencial relativa a determinar la procedencia del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, interpuesto en contra de la determinación del Juez de Distrito en la que se reserva proveer respecto de su admisión hasta en tanto obren en autos los informes justificados de las autoridades responsables.

42. Se procede, por tanto, a determinar la existencia de contradicción de criterios respecto de ese punto.

43. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, si bien no efectuó consideraciones expresas sobre si era procedente el recurso de queja en términos del artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en contra del auto del Juez de Distrito, en que reserva proveer sobre la admisión de pruebas ofrecidas que ameriten un desahogo posterior, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, lo cierto es que en forma implícita admitió dicha procedencia, tanto por el sentido de su fallo (declaró fundado el recurso), como por la circunstancia de que consideró que la falta de pronunciamiento en relación con la admisión o desechamiento de una prueba, causa un agravio trascendental y grave no reparable en la sentencia definitiva.

44. En efecto, dicho Tribunal Colegiado no calificó en forma directa o separada del fondo del asunto la procedencia del recurso de queja; empero, esa decisión está implícita en sus consideraciones pues, en esencia, resolvió que el tiempo transcurrido hasta el momento en que se emitiera el pronunciamiento respectivo no era reparable con el dictado de la sentencia, aunado a que en caso de que la reserva del dictado del acuerdo correspondiente aconteciera con anterioridad al último día que la ley establece para el ofrecimiento de las pruebas testimonial e inspección judicial, si estas fueran desechadas por no exhibir el interrogatorio o el cuestionario original, se haría nugatorio el derecho del oferente a subsanar las deficiencias advertidas en su primer ofrecimiento, cuando se encontraba en tiempo para hacerlo, con el objetivo de que le fueran admitidas.

45. Este último aspecto, esto es, el relativo a la existencia de un agravio trascendental y grave es, precisamente, uno de los requisitos para la procedencia del recurso de queja.

46. En este sentido, se debe tener en consideración que el Tribunal Pleno, sostuvo el criterio relativo a que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito.

47. Se tiene en consideración la jurisprudencia de rubro:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO".(10)

48. Luego, en este caso se estima que la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito contiene consideraciones implícitas sobre el problema central relacionado con la procedencia del recurso de queja en el supuesto referido.

49. En contraposición a esa decisión del citado Tribunal, el diverso Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, resolvió desechar el recurso de queja, porque en su opinión no se cumplía con lo previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, para la procedencia del recurso de queja, debido a que la determinación de reservar el acuerdo sobre la admisión de la prueba pericial, no tenía la naturaleza trascendental y grave, pues no se traducía en un desechamiento de ese medio de convicción ni tampoco indicó que proveería al respecto hasta la celebración de la audiencia constitucional.

50. Explicó el referido Tribunal que, la jueza federal no desechó la prueba pericial ofrecida por el quejoso ni reservó su pronunciamiento hasta la celebración de la audiencia constitucional, sino únicamente hasta que se rindieran los informes de las autoridades responsables.

51. En estas condiciones, al margen de las razones concretas vertidas por los Tribunales Colegiados; lo cierto es que el punto de toque se da precisamente, en la procedencia o no del recurso de queja en contra del acuerdo dictado dentro de un juicio de amparo indirecto en materia administrativa, que reserva proveer respecto del ofrecimiento de pruebas que ameriten desahogo posterior, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, hasta que obren los informes justificados de las autoridades responsables; lo cual revela que el problema jurídico abordado por los Tribunales Colegiados de Circuito es el mismo.

52. De acuerdo con las consideraciones formuladas por cada Tribunal Colegiado, es patente que se está ante una contradicción de criterios, dado que analizaron una misma cuestión de derecho; a saber:

53. Procedencia del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en contra del acuerdo dictado en un juicio de amparo en materia administrativa que reserva proveer respecto del ofrecimiento de pruebas que ameriten desahogo posterior, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, hasta que obren los informes justificados de las autoridades responsables; y,

54. A partir de dicha cuestión jurídica, resolvieron en sentidos contradictorios.

55. Se hace necesario resaltar que esta Segunda Sala, no inadvierte que las pruebas ofrecidas por los quejosos en los respectivos juicios de amparo no fueron las mismas, puesto que en el asunto analizado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, el juzgador de amparo respectivo reservó proveer respecto de la "prueba de informe del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz" y una inspección judicial; en tanto, que en el diverso asunto analizado por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, se reservó una prueba pericial en materia ambiental, impacto ambiental e hidrología.

56. No obstante, lo relevante para esta Sala, estriba en que las pruebas ofrecidas en ambos asuntos encuadraban en el supuesto de aquellas que ameriten desahogo posterior conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo y, este es el punto de partida de donde derivaron los criterios en contraposición.

57. Así también, no se inadvierte que ambos Tribunales Colegiados, inclusive de modo coincidente, afirmaron que la reserva a proveer sobre las pruebas hasta la audiencia constitucional, sí pudiera irrogar perjuicio grave a los oferentes; empero, esas consideraciones son irrelevantes para este asunto y en nada influyen para determinar la existencia de la contradicción, atento a que los casos examinados por los Tribunales Colegiados, versaron sobre la reserva a proveer hasta en tanto se contara con los informes justificados y no hasta la audiencia. Punto en el cual, como se ha venido demostrando, sí arribaron a conclusiones disímbolas y sobre el cual se resolverá la contienda de criterios.

VI. ESTUDIO DE FONDO

58. Esta Segunda Sala arriba a la conclusión de que debe prevalecer el siguiente criterio:

59. El recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, es improcedente en contra del acuerdo dictado en un juicio de amparo en materia administrativa, que reserva proveer hasta que obren los informes justificados de las autoridades responsables, respecto del ofrecimiento de pruebas que ameriten desahogo posterior conforme a la Ley de Amparo.

60. Para atender este punto, es necesario referirse al artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, el cual establece que:

"(...)

Artículo 97. El recurso de queja procede:

I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:

(...)

e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional;

(...)".

61. Se advierte del precepto reproducido que el recurso de queja procede en contra de resoluciones que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva.

62. En relación con ese recurso en la referida hipótesis,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32793-623d082d/recurso-de-queja-previsto-en-el-articulo-97 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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