IMPEDIMENTO EN EL RECURSO DE QUEJA DE TRÁMITE URGENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. NO PUEDE CONFIGURARSE RESPECTO DE LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL QUE SE HUBIERE TURNADO EL ASUNTO, POR LO QUE NO PROCEDE TRAMITAR LA INCIDENCIA RESPECTIVA COMO CUESTIÓN DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 211/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I. , JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. AUSENTE: YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIA: IVETH LÓPEZ VERGARA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en lo establecido en los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, además de que se estima innecesaria la intervención del Tribunal Pleno para dirimir el punto jurídico en contienda.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, en relación con el diverso 226, fracción II, de la Ley de Amparo, pues el denunciante –Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito– es uno de los órganos que sostuvieron los criterios materia de la contradicción de tesis, a saber, el adoptado en la excusa administrativa 20/2019 del índice de dicho tribunal.
TERCERO.—Tema y criterios contendientes. El denunciante anunció que el problema jurídico a resolver es determinar si es procedente o no que un Magistrado de Circuito resuelva el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo cuando considera que se actualiza alguna de las causas de impedimento a que se refiere el artículo 51 del mismo ordenamiento. Al respecto, los Tribunales Colegiados contendientes se pronunciaron en los términos siguientes:
I. El Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver la excusa administrativa 20/2019, dictó el fallo de siete de mayo de dos mil diecinueve que, en lo que interesa, establece:
"... De ahí que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que la interpretación que se debe dar al precepto debe ser de orden teleológico, lo cual conduce a determinar que el supuesto de impedimento referido en el cardinal 51, fracción VI, de la Ley de Amparo, opera por regla general, cuando el juzgador tenga el carácter de agraviado o tercero interesado en un juicio de amparo similar.
"Las consideraciones expuestas quedaron reflejadas en la jurisprudencia 1a./J. 60/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Tomo I, diciembre de 2018, página 222, con registro digital: 2018674, que dice: ‘IMPEDIMENTO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO SEMEJANTE AL DE SU CONOCIMIENTO.’ (se transcribe).
"Bajo ese contexto, basta la afirmación del Magistrado Lizárraga Velarde en el sentido de que promovió un juicio de amparo indirecto en el que dicho funcionario figura como quejoso y donde señaló como acto reclamado uno semejante al que es materia en el incidente de suspensión derivado del sumario constitucional y que a su vez originó el recurso de queja sometido a su potestad, para determinar que debe calificarse de legal el impedimento planteado.
"Sin que para lo anterior sea necesario acompañar constancia del juicio de amparo en el que figura como solicitante de amparo con las que se corrobore que se trata de acciones respecto del mismo acto reclamado a que se refiere el asunto materia de la excusa, puesto que basta la manifestación contundente en ese sentido para así tenerlo por acreditado, ya que se trata de una declaración formulada en el contexto del desempeño imparcial de los juzgadores que no se encuentra sujeta a prueba. ...".
II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el impedimento administrativo 12/2019, dictó la resolución de uno de marzo de dos mil diecinueve que, en lo que interesa, establece:
"... Cobra relevancia que en el particular, el impedimento surge en la sustanciación de un recurso de queja interpuesto en términos del artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo contra el auto que acordó la suspensión provisional de los actos reclamados.
"Medio de impugnación que, de acuerdo a lo previsto en el numeral 101, último párrafo, del referido ordenamiento legal, es de carácter urgente y debe resolverse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes; esto es, se está en presencia de un asunto que requiere celeridad para ser resuelto a efecto de evitar que a la parte quejosa pueda ocasionársele daños irreparables.
"En ese contexto procesal, la legislación de mérito impone al cuerpo colegiado que correspondió por turno conocer de la queja urgente, precisamente el deber de avocarse al conocimiento y resolución del mencionado recurso conforme al mandato constitucional previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que no se puede pasar por alto.
"Así las cosas, si bien es cierto que los integrantes del órgano colegiado cuyos integrantes estiman estar impedidos, aduciendo una de las causas de impedimento establecidas en el artículo 51 de la Ley de Amparo, también lo es que todo tribunal tiene la responsabilidad y el deber jurídico de conocer el recurso de queja citado, en razón de que es de resolución urgente, de conformidad con el artículo 97, fracción I, inciso b), de la citada ley, y no admite demora, porque tal suspensión en materia de amparo busca mantener viva la materia de éste.
"Ello, de acuerdo con lo dispuesto en el diverso ordinal 53 de la ley de trato el que conmina a proveer sobre la suspensión excepto cuando se aduzca tener interés personal en el asunto, salvo cuando proceda legalmente la suspensión de oficio.
"Máxime, que en la especie, los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, no manifestaron tener un interés personal en el recurso de queja administrativa origen del presente asunto; aunado a que no se advierte en la Ley de Amparo que el legislador hubiese hecho distingo alguno para resolver sobre la suspensión en relación a la fracción VII del artículo 51 de la norma en comento.
"Ahora, para mejor ilustración de lo aducido, conviene atraer parte de los razonamientos vertidos en el quinto considerando de la ejecutoria emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 237/2012, en la inteligencia de que si bien se analizó lo dispuesto por la fracción XI del artículo 95 de la Ley de Amparo abrogada, subsisten sus lineamientos interpretativos, dado que en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo vigente, prevalece sustancialmente idéntica disposición. Ejecutoria enunciada, cuya literalidad en lo conducente, indica: (se reproduce).
"De la resolución preinserta emanó la jurisprudencia 2a./J. 123/2012 (10a.) sustentada por la mencionada Segunda Sala del Alto Tribunal del País, cuyo epígrafe indica: ‘QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL QUE SE TURNE EL RECURSO NO PUEDE ALEGAR INCOMPETENCIA LEGAL POR MATERIA SINO QUE DEBE RESOLVERLO DE PLANO, ATENTO A SU NATURALEZA URGENTE.’ (se transcribe).
"En ese orden de ideas, una interpretación extensiva de los razonamientos jurídicos que dieron luz a la citada jurisprudencia [2a./J. 123/2012 (10a.)], permiten arribar a la conclusión –en similitud a la temática referida–, que aquellos casos en que algún titular integrante de un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, que corresponda por turno conocer de un recurso de queja de trámite urgente a que se refiere el inciso b) de la fracción I del artículo 97 de la Ley de Amparo en vigor, no obstante que estime que se ubique en alguna de las hipótesis de impedimento previstas por el artículo 51 de dicho ordenamiento legal, por excepción y atendiendo a la naturaleza urgente y debida celeridad que caracteriza a aquel medio de impugnación (recurso de queja urgente) no puede dejar de resolver dicho medio de impugnación.
"Es decir, el Tribunal Colegiado que conozca del recurso de queja previsto en el inciso b) de la fracción I del artículo 97 de la Ley de Amparo en vigor, debe resolver dicho medio de impugnación, aun y cuando considere que en su caso, pueda actualizarse alguna de las hipótesis de impedimento establecidas por el artículo 51 de la misma legislación; ello en atención a la naturaleza de ese medio de impugnación.
"Lo anterior, dado que la naturaleza de la medida cautelar y su fin explican por sí solos que un Tribunal Colegiado por regla general no puede anteponer una cuestión de impedimento frente a la resolución de un recurso de queja previsto en el inciso b) de la fracción I del artículo 97 de la Ley de Amparo vigente, ya que esa determinación sería contraria a los fines que persigue la medida cautelar, esto es, mantener viva la materia del amparo, impidiendo que se consumen irreparablemente el acto o actos reclamados; en otras palabras, si el Tribunal Colegiado privilegia el pronunciamiento relativo al impedimento frente a la resolución del recurso de queja, estaría de alguna forma inobservando los fines que persigue la medida cautelar, pues ello implicaría poner en riesgo la materia del juicio de amparo, al posponer el análisis de la legalidad del pronunciamiento del Juez de Distrito sobre la medida cautelar.
"...
"Se reitera que la importancia de la medida cautelar se refleja en la voluntad del legislador, al regular el medio de impugnación aludido, pues estableció plazos breves tanto para su presentación como para su resolución, es decir, ordenó que su presentación se lleve a cabo en un plazo de veinticuatro horas, adjuntando a éste las constancias pertinentes, y que el recurso se resuelva de plano dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes; de donde se entiende que dotó de un rasgo de urgencia a la realización de esos actos, pues tomó en cuenta que la suspensión provisional existe hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva, pero sobre todo, en atención a que con esos plazos se entiende que buscó crear las condiciones para que los fines de la medida cautelar se cumplieran y, por ende, se mantenga viva la materia del amparo.
"En esa perspectiva jurídica, considerando la importancia de la medida cautelar y los plazos que el legislador fijó para la tramitación y resolución del recurso de queja, se concluye que: turnado el medio de impugnación a un Tribunal Colegiado, éste no puede alegar alguna de las causas de impedimento para dejar de resolver el recurso, pues esa determinación podría atentar contra la materia del juicio de amparo, es decir, aun y cuando el Tribunal Colegiado llegase a estimar que esté impedido para conocer del recurso de queja, esa razón no puede impedir o prevalecer frente a la resolución del medio de impugnación, toda vez que el dictado de la determinación, respecto de la legalidad de la concesión o no de la medida cautelar por parte del Juez de Distrito, es de resolución urgente. ...".
CUARTO.—Existencia. El objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar criterios discrepantes a fin de procurar seguridad jurídica; por lo que, para determinar si existe o no una contradicción de tesis, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados con el objeto de identificar si en algún aspecto de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones, si no necesariamente contradictorias, sí distintas y discrepantes. Al respecto, es de atenderse a la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 7, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.—De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución".
También debe observarse la tesis XLVII/2009 del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, julio de 2009, página 67, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS.—El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA’, sostuvo su firme rechazo a resolver las contradicciones de tesis en las que las sentencias respectivas hubieran partido de distintos elementos, criterio que se considera indispensable flexibilizar, a fin de dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional, de modo que no solamente se resuelvan las contradicciones claramente inobjetables desde un punto de vista lógico, sino también aquellas cuya existencia sobre un problema central se encuentre rodeado de situaciones previas diversas, ya sea por la complejidad de supuestos legales aplicables o por la profusión de circunstancias de hecho a las que se hubiera tenido que atender para juzgarlo. En efecto, la confusión provocada por la coexistencia de posturas disímbolas sobre un mismo problema jurídico no encuentra justificación en la circunstancia de que, una y otra posiciones, hubieran tenido un diferenciado origen en los aspectos accesorios o secundarios que les precedan, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes a un problema jurídico central, perfectamente identificable y que amerite resolverse. Ante este tipo de situaciones, en las que pudiera haber duda acerca del alcance de las modalidades que adoptó cada ejecutoria, debe preferirse la decisión que conduzca a la certidumbre en las decisiones judiciales, a través de la unidad interpretativa del orden jurídico. Por tanto, dejando de lado las características menores que revistan las sentencias en cuestión, y previa declaración de la existencia de la contradicción sobre el punto jurídico central detectado, el Alto Tribunal debe pronunciarse sobre el fondo del problema y aprovechar la oportunidad para hacer toda clase de aclaraciones, en orden a precisar las singularidades de cada una de las sentencias en conflicto, y en todo caso, los efectos que esas peculiaridades producen y la variedad de alternativas de solución que correspondan."
Conforme a los criterios aquí reproducidos, para que exista la contradicción de tesis, es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:
A. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
B. Llegado a conclusiones encontradas respecto de la resolución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, es decir, que, aun sin valorar elementos de hechos idénticos, los órganos jurisdiccionales contendientes estudien la misma cuestión jurídica –el sentido de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general–, y que, a partir de ésta, arriben a decisiones encontradas; sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.
Además, es pertinente destacar que es innecesario que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, porque basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano contendiente de que se trata, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 94/2000 de esta Segunda Sala, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de 2000, página 319, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.—Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo 195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que ya existiendo ésta, hay tesis a pesar de que no se haya redactado en la forma establecida ni publicado y, en tales condiciones, es susceptible de formar parte de la contradicción que establecen los preceptos citados".
Ahora, procede determinar los elementos fácticos y jurídicos que, en el caso, fueron considerados en las decisiones materia de esta contradicción de tesis, a saber:
A) Excusa administrativa 20/2019, fallada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito.
1. Un grupo de personas promovió el juicio de amparo indirecto 1681/2018 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Durango, en el que reclamaron: a) los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y b) los artículos 217 bis, 217 ter, primero y segundo transitorios del Código Penal Federal derivados del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de cinco de noviembre de dos mil dieciocho.
2. Por auto de diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito del conocimiento, entre otras cosas, tramitó el incidente de suspensión, reservó señalar fecha para la celebración de la audiencia incidental hasta en tanto se resolviera la excusa planteada por él (artículo 51, fracción VI, de la Ley de Amparo –figura como parte en un juicio de amparo semejante–), y negó la suspensión provisional de los actos reclamados.
3. Inconforme con lo anterior, el presidente de la República interpuso el recurso de queja 24/2019 del Índice del Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito –recibido en ese órgano jurisdiccional el tres de mayo de dos mil diecinueve–.
4. El seis de mayo de dos mil diecinueve, uno de los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del conocimiento planteó una excusa para conocer del asunto por la actualización del supuesto de impedimento previsto en el artículo 51, fracción VI, de la Ley de Amparo(2) (por figurar como quejoso en un juicio de amparo que aborda el mismo tema).
5. Tramitada la excusa bajo el expediente 20/2019, se declaró fundada en sesión de siete de mayo de dos mil diecinueve y, a continuación, bajo la actuación de un secretario de tribunal en funciones de Magistrado, se falló el recurso de queja de origen en el sentido de desecharlo, porque la negativa de la suspensión provisional no causa afectación alguna en detrimento de los intereses de la autoridad recurrente.
La excusa fue fallada conforme a las consideraciones siguientes:
?• La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 48/2018, se pronunció respecto del alcance del supuesto de excusa previsto por el artículo 51, fracción VI, de la Ley de Amparo; y concluyó que la interpretación debe ser de orden teleológico, lo cual conduce a determinar que el supuesto de impedimento referido opera, por regla general, cuando el juzgador tenga el carácter de agraviado o de tercero interesado en un juicio de amparo similar [consideraciones reflejadas en la jurisprudencia 1a./J. 60/2018 (10a.)].
• En ese sentido, basta la afirmación del Magistrado solicitante en el sentido de que promovió un juicio de amparo indirecto en el que señaló como acto reclamado uno semejante al que es materia en el incidente de suspensión derivado del sumario constitucional y que a su vez originó el recurso de queja sometido a su potestad, para determinar que debe calificarse de legal el impedimento planteado.
B) Impedimento administrativo 12/2019, fallado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.
1. Un grupo de personas promovió el juicio de amparo indirecto 1071/2018 del Índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, en el que reclamó: a) los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y b) los artículos 217 bis, 217 ter, primero y segundo transitorios del Código Penal Federal derivados del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho.
2. Por auto de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito, entre otras cosas, ordenó la tramitación del incidente de suspensión y concedió la suspensión provisional de los actos reclamados.
3. Inconforme con la anterior decisión, el presidente de la República, en su calidad de autoridad responsable, interpuso el recurso de queja 78/2019 del Índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito –radicado en ese órgano jurisdiccional el veintiuno de febrero de dos mil diecinueve–.
4. Previamente a la resolución del recurso de queja, mediante escrito de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se planteó el impedimento administrativo 12/2019 formulado por los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado del conocimiento al estimar actualizado el supuesto previsto en el artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo(3) (por tener una amistad estrecha con algunos quejosos).
5. Tocó conocer del asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y, en sesión extraordinaria de uno de marzo de dos mil diecinueve, se declaró infundado el impedimento planteado por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con base en las consideraciones siguientes:
• La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 237/2012, analizó lo dispuesto por el artículo 95, fracción XI, de la Ley de Amparo abrogada (equivalente al artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo vigente), y aprobó la jurisprudencia 2a./J. 123/2012 (10a.) de rubro: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL QUE SE TURNE EL RECURSO NO PUEDE ALEGAR INCOMPETENCIA LEGAL POR MATERIA SINO QUE DEBE RESOLVERLO DE PLANO, ATENTO A SU NATURALEZA URGENTE.".
• Con base en la aplicación por analogía de la citada jurisprudencia, sostuvo que, tratándose del recurso de queja de trámite urgente a que se refiere el inciso b) de la fracción I del artículo 97 de la Ley de Amparo, a pesar de que se estime que se ubica en alguna de las hipótesis de impedimento previstas en el artículo 51 de la mencionada ley, por excepción y atendiendo a la naturaleza urgente y de celeridad no puede dejar de resolverse el referido medio de impugnación.
• De lo contrario, si el Tribunal Colegiado privilegia el pronunciamiento relativo al impedimento frente a la resolución del recurso de queja, estaría inobservando los fines que persigue la suspensión como medida cautelar, ya que implicaría poner en riesgo la materia del juicio de amparo al posponer el análisis de la legalidad del pronunciamiento del Juez de Distrito sobre la suspensión.
• Del asunto derivó la tesis XXI.2o.P.A.19 K (10a.) consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 66, Tomo III, mayo de 2019, de título y subtítulo: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. LOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL QUE SE TURNE, NO PUEDEN ALEGAR IMPEDIMENTO, POR EXCEPCIÓN, SINO QUE DEBEN RESOLVERLO DE PLANO, ATENTO A SU NATURALEZA URGENTE".
De los antecedentes y consideraciones sustentadas por cada uno de los órganos contendientes, se advierte que existe la contradicción de tesis denunciada habida cuenta de que:
A. La actuación de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes revela que analizaron un mismo punto jurídico, a saber, si tratándose del recurso de queja de trámite urgente a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo es factible que los Magistrados integrantes del órgano jurisdiccional al que se hubiere turnado el asunto expresen la actualización de alguna causal de impedimento y, por ende, que se tramite la incidencia respectiva como cuestión de previo pronunciamiento a la resolución de la queja.
B. Los órganos contendientes adoptaron actitudes opuestas, dado que el Cuarto Tribunal Cole
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29107-f401ab01/impedimento-en-el-recurso-de-queja-de-tramite · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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