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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO RECLAMADO. LA EXCEPCIÓN DE PROVEER AL RESPECTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA CUANDO LA PERSONA JUZGADORA QUE SE EXCUSA ES PARTE PROCESAL EN EL JUICIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 114/2024. · Registro digital (IUS): 32797
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2024-11-08
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO,
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo II, Volumen 1, Pág.717.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 114/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 5 DE JUNIO DE 2024. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS ROSA ELENA GONZÁLEZ TIRADO, QUIEN EMITIÓ VOTO CONCURRENTE, Y MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY Y DEL MAGISTRADO ARTURO ITURBE RIVAS. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. SECRETARIO: RAMIRO IGNACIO LÓPEZ MUÑOZ.

Ciudad de México, cinco de junio de dos mil veinticuatro.

El PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO resuelve la contradicción de criterios señalada al rubro, conforme a lo que en lo sucesivo se expone.

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Denuncia. Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, JUEZ SEXTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, con residencia en Mexicali, presentó escrito dirigido a la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en el que denunció la posible contradicción de criterios entre lo resuelto por distintos Tribunales Colegiados que pertenecen tanto a la Región Centro- Norte como a la Región Centro-Sur.

SEGUNDO. La denuncia se radicó con el número de expediente Contradicción de Criterios 381/2023 en la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, la que emitió resolución el seis de marzo de dos mil veinticuatro, en la que determinó lo siguiente:

a). Declaró carecer de competencia legal para conocer de la contradicción de criterios denunciada.

b). Respecto a la denuncia de los Tribunales: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO; al resolver el recurso de queja administrativa 270/2023; el SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO al resolver el recurso de queja civil 43/2023 y el TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO Circuito al resolver el recurso de queja administrativa 104/2022, corresponde el conocimiento de la probable contradicción de criterios al PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-NORTE, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

c). Respecto de los criterios emitidos por los órganos siguientes: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO, con sede en Boca del Río, Veracruz, al resolver el recurso de queja administrativa 297/2018; el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, con residencia en Morelia, Michoacán, al resolver el recurso de queja administrativa Q.A. 61/2019; el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO, con sede en San Andrés Cholula, Puebla al resolver el recurso de queja civil Q.C.167/2021; el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, al resolver el recurso de queja penal 48/2022 y el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, con sede en Morelia, Michoacán, al resolver el recurso de queja civil Q.C. 147/2022 determinó que corresponde el conocimiento al PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

TERCERO. Trámite. Los asuntos dirigidos a este PLENO REGIONAL se radicaron por la Presidencia con el número de expediente de Contradicción de Criterios 114/2024; se admitió a trámite; se requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron la vinculación de los expedientes electrónicos, no así los informes sobre la vigencia de tales criterios dado que éstos ya habían sido rendidos en la contradicción de criterios de origen; se solicitó a la COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informara si ante ese ALTO TRIBUNAL está radicada alguna contradicción de criterios relacionada con la materia de este asunto y se turnó para su estudio a la magistrada MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. Turno que fue confirmado en proveído de diecisiete de abril del dos mil veinticuatro.

CUARTO. Informes y Amicus Curiae. Los tribunales contendientes cumplieron con lo requerido y el DIRECTOR GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informó que durante los últimos seis meses no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema que atañe a este expediente. No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en la cual se listó el presente asunto.

QUINTO. Aplazamiento. El asunto fue visto en sesión de quince de mayo de dos mil veinticuatro, en donde se acordó su aplazamiento para la reconsideración de algunos aspectos que surgieron de la discusión del asunto.

La decisión de este PLENO se sustenta en las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERO. Competencia.

Este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 226, fracción III, de la LEY DE AMPARO, 41 y 42 de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, en conformidad a lo previsto en el artículo 14 del ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES, y artículo 2 del ACUERDO GENERAL 108/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y DOMICILIO, este último reformado en el ACUERDO GENERAL 38/2023 POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR; Y QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A SU SEMIESPECIALIZACIÓN, COMPETENCIA Y DOMICILIO, en su artículo 3; así como en lo resuelto en la Contradicción de Criterios 381/2023 por la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; lo anterior, porque se trata de la posible contradicción de criterios emitidos por Tribunales Colegiados del Sexto, Séptimo; Decimoprimer y Decimotercer Circuitos integrantes de la Región Centro-Sur, los cuales resolvieron asuntos de naturaleza administrativa, civil y penal; y el que emitió primero en tiempo su resolución fue el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO en el recurso de queja administrativa Q.A. 297/2018.

SEGUNDO. Legitimación.

La contradicción de criterios se denunció por persona con legitimación conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción II, de la LEY DE AMPARO, toda vez que se formuló por JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; quién, además emitió la determinación que fue impugnada mediante el recurso de queja en materia administrativa 46/2023 del índice del SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOQUINTO CIRCUITO; el cual, si bien pertenece a la REGIÓN CENTRO-NORTE, en la denuncia también se señalaron a Tribunales Colegiados de la REGIÓN CENTRO-SUR, lo cual fue motivo de la distribución de competencias entre PLENOS REGIONALES realizada por la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

TERCERO. Elementos para determinar la existencia de la contradicción de criterios.

Para resolver sobre la existencia de contradicción de criterios se toma en cuenta lo que la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN(1) ha sentado en cuanto a los requisitos consistentes en que:

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Ahora, en la admisión del presente asunto se consideró preliminarmente que la denuncia de contradicción de criterios se relaciona con lo siguiente: “Suspensión provisional. Tratándose de la excusa invocada por el juez de amparo. Determinar cuáles deben ser los alcances de la expresión relativa al interés personal prevista en el artículo 53 de la Ley de Amparo, para abstenerse de proveer acerca de la medida cautelar. Y, en el caso de ser fundado el recurso por la abstención de pronunciarse respecto de la suspensión, si el Tribunal Colegiado debe reasumir jurisdicción o proceder al reenvío del asunto.”

En relación con los elementos apuntados se determinará lo conducente en el presente asunto.

CUARTO. Resumen de las resoluciones en la parte relacionada con la denuncia de contradicción de criterios.

Las cinco resoluciones que integran el presente asunto se resumen de la manera siguiente:

Ver asuntos

QUINTO. Inexistencia de la contradicción de criterios respecto del tema del reenvío del asunto.

Como se ha anunciado, uno de los temas de la contradicción de criterios consiste en que, en el caso de ser fundado el recurso por la abstención del juez o magistrado de amparo de pronunciarse respecto de la suspensión provisional, si el TRIBUNAL COLEGIADO debe reasumir jurisdicción para decidirla o proceder al reenvío del asunto.

Al respecto no existe contradicción de criterios porque en los asuntos no se dirimió controversia o cuestión alguna relacionada con el mencionado reenvío del asunto o la asunción del TRIBUNAL COLEGIADO revisor para resolver sobre la suspensión. Es más, en las cinco resoluciones recaídas a los recursos de queja los TRIBUNALES COLEGIADOS decidieron resolver sobre la suspensión; en unos casos concediéndola (en los recursos de queja Q.A. 297/2018 y Q.C. 167/2021) en otros casos negándola (queja penal 48/2022 y Q.C. 147/2022) y en otro caso el TRIBUNAL COLEGIADO resolvió el recurso en el que se impugnaba el otorgamiento de la suspensión (recurso de queja Q.A. 61/2019).

Es decir, en todos los casos los órganos jurisdiccionales de segunda instancia resolvieron las impugnaciones en cuanto al fondo, sin que reenviaran el asunto para que fueran los juzgadores de amparo recurridos los que resolvieran sobre la suspensión.

De ahí que por lo que hace a este tema no existe contradicción de criterios en lo que respecta a las cinco resoluciones denunciadas.

SEXTO. Inexistencia de la contradicción de criterios en dos resoluciones sobre el tema los alcances de la expresión relativa al interés personal prevista en el artículo 53 de la LEY DE AMPARO.

Como se anuncia, en las resoluciones dictadas en el recurso de queja civil QC-167/2021 del índice del PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO y la queja penal 48/2022 resuelta por el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO y no se advierte que los TRIBUNALES COLEGIADOS hayan sostenido expresa o implícitamente criterios jurídicos sobre el tema del alcance de la expresión tener “interés personal” en el asunto contenido en el artículo 53 de la LEY DE AMPARO y menos aún que pudieran resultar contrarios o contradictorios.

En efecto, en el recurso de queja civil QC-167/2021 si bien el respectivo TRIBUNAL COLEGIADO citó el artículo 53 de la LEY DE AMPARO, esto no fue para fijar el alcance del enunciado tener “interés personal” en el asunto sino para establecer lo que debía entenderse con la frase “en su caso” , conforme a la cual el juez de amparo manifestó que no proveería sobre la suspensión provisional debido a la imprecisión de los actos reclamados, que daba lugar a requerir la aclaración de la demanda, lo que presupondría su admisión, pese a la enemistad que guardaba con la promovente del juicio de amparo.

Por su parte, en el recurso de queja penal 48/2022 el correspondiente TRIBUNAL COLEGIADO resolvió que como el juez de amparo que conoció en primer término declaró tener interés personal en el asunto, el Juez de Distrito que conoció en segundo término –que fue el revisado- estaba obligado a proveer sobre la suspensión en términos del artículo 53 de la LEY DE AMPARO; que, al margen de las razones por las que no aceptó el conocimiento del asunto, de facto ya se había constituido en el homólogo que sustituye provisionalmente en el conocimiento de esa demanda al Juez que se estimó impedido y, por tanto, debió resolver lo correspondiente.

Así, queda de manifiesto que en las dos resoluciones de los TRIBUNALES COLEGIADOS en cita no existen posturas con relación al alcance del enunciado contenido en el artículo 53 de la LEY DE AMPARO, sobre a qué se refiere tener “interés personal” en el asunto” Más bien resolvieron cuestiones relacionadas, pero distintas, como son: qué debe entenderse por la expresión “en su caso” contenida en el citado precepto 53 (queja civil QC- 167/2021); o que el juez federal que conoció en segundo término la demanda de amparo se constituyó de facto en el juzgado sustituto que debió proveer sobre la suspensión provisional entretanto se calificaba el impedimento del Juez de Distrito al que en primer término le fue turnada la demanda de amparo (queja penal 48/2022).

Por tanto, en lo que se refiere a estas dos resoluciones la contradicción de criterios es inexistente.

SÉPTIMO. Existencia de la contradicción de criterios.

En cuanto al citado tema de determinar los alcances de la expresión tener “interés personal” en el asunto se estima que sí existe contradicción de criterios prevista en las resoluciones emitidas por el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO al resolver el recurso de queja administrativa Q.A. 297/2018; el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, con residencia en Morelia, Michoacán, al resolver el recurso de queja administrativa Q.A. 61/2019 y el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, el resolver el recurso de queja civil Q.C. 147/2022.

En estos casos, al resolver esos asuntos, los TRIBUNALES COLEGIADOS analizaron cuestiones jurídicas esencialmente iguales. Al examinar cada asunto a la luz del artículo 53 de la LEY DE AMPARO, los tres tribunales hicieron referencia e interpretaron el alcance del enunciado jurídico consistente en tener “interés personal” en el asunto; expresión contenida en la excepción a la regla sobre la obligación de proveer sobre la suspensión provisional a pesar de que se haga valer un impedimento.

Esto es, en el recurso de queja Q.A. 297/2018 el correspondiente TRIBUNAL COLEGIADO sostuvo que no puede estimarse que se actualice la excepción a la regla aludida de que el juez de amparo “tenga interés personal” en el asunto, cuando éste no figura como parte en el juicio de amparo que está examinando; textualmente dijo (énfasis añadido):

"(...) Artículo 53. (lo transcribe)

Como se advierte, el juzgador que se excuse de conocer un asunto deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto.

Lo anterior no deja lugar a dudas que por regla general el juzgador que se ha excusado de conocer un asunto debe resolver sobre la suspensión, con la única excepción del caso en que aduzca tener interés personal en el asunto, es decir, interés en el asunto en específico respecto del que se excusó de conocer.

En efecto, al margen de que el a quo manifieste en el acuerdo recurrido tener amistad con los promoventes de amparo y laborar junto con éstos en el mismo órgano jurisdiccional, lo cierto es que, de lo anterior, no puede estimarse que tenga interés personal en el asunto, pues no figura como parte en éste, de ahí que no se actualice la excepción prevista en el artículo 53 de la Ley Amparo.

(...)

SEXTO. Es necesario destacar que si bien los magistrados integrantes de este tribunal, entre otros juzgadores, promovimos demanda de amparo contra el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue admitida por el Juez Decimoquinto de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, lo cierto es que no tenemos un interés personal en el presente asunto, ya que no somos parte en él, por lo que en términos del artículo 53 de la Ley de Amparo, debe resolverse sobre la suspensión solicitada.

Lo anterior es así porque, como se ha explicado en el anterior considerando, por regla general el juzgador que se ha excusado de conocer un asunto debe resolver sobre la suspensión, con la única excepción del caso en que aduzca tener interés personal en el asunto, es decir, interés en el asunto en específico respecto del que se excusó de conocer. Por lo tanto, aun cuando pudiera darse el impedimento de los magistrados integrantes de este tribunal para conocer del asunto en términos del artículo 51, fracción VI, de la Ley de Amparo, ello no nos releva de la obligación de resolver sobre la suspensión solicitada por los quejosos.”

Así, se entiende que éste es el alcance que en la referida resolución se le otorga al artículo 53 de la LEY AMPARO, en lo que se refiere al concepto de tener “interés personal” en el asunto.

En cambio, en los recursos de queja Q.A. 61/2019 y Q.C. 147/2022, los respectivos TRIBUNALES COLEGIADOS sostuvieron que, aunque se aduzca una causa de impedimento, los juzgadores de amparo (jueces y magistrados) deben proveer sobre la suspensión, salvo que se ubiquen en la excepción consistente en tener “interés personal” en el asunto; excepción que consideraron se actualiza si lo que se hacía valer como causa de impedimento era la hipótesis prevista en el artículo 51, fracción II, de la LEY DE AMPARO que dice: “II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado (...)

En efecto, en las resoluciones de los recursos de queja Q.A. 61/2019 y Q.C. 147/2022, los Tribunales son coincidentes entre sí en cuanto que identifican y vinculan la expresión “interés personal” del artículo 53 con la fracción II del precepto 51, ambos de la LEY DE AMPARO.

En el recurso de recurso de queja Q.A. 61/2019 el TRIBUNAL COLEGIADO correspondiente sostuvo literalmente:

“(...) Mientras que el tercero –artículo 53-, alude a la suspensión y al imperativo legal de los titulares de los órganos jurisdiccionales federales de proveer sobre dicha medida cautelar, excepto cuando aduzcan tener “interés personal” en el asunto, salvo cuando proceda de oficio.

El interés personal concurre cuando la actuación administrativa o jurisdiccional para la que se predica la abstención puede producir consecuencias en la esfera jurídica del actuante o le puede reportar cualquier clase de beneficio o ventaja personal. El interés ha de ser propio y particular y directo, ya sea personal, ya de mandantes o parientes, que no cabe confundir con el interés cívico general o institucional.

En ese orden de ideas, la causa de impedimento por interés personal en el asunto, prevista en la fracción II del artículo 66, de la Ley de Amparo, 51, de la actual Ley en cita, ha sido

entendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés que muestre el funcionario sobre el asunto que va a fallar de manera directa desde el momento en que tuviese conocimiento del mismo, y debe entenderse como el interés material y económico que tenga el juzgador en el asunto, de tal manera que pueda obtener algún provecho de la materia del litigio, o sea, alguna participación de los asuntos controvertidos, sin que tal interés pueda derivarse del que tenga otra persona con la que el funcionario tenga alguna vinculación. Ilustra lo anterior, la tesis aislada de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: JUECES DE DISTRITO, IMPEDIMENTO DE LOS.

(se transcribe)

Así, de la interpretación sistemática y funcional de los comentados preceptos, se colige que el interés personal a que refiere el artículo 53 de la Ley de Amparo, en cuanto a la suspensión, se encuentra acotado al interés personal que tenga el juzgador en el asunto, que refiere la fracción II, del numeral 51, excluyendo los intereses personales que tengan su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción primera del citado numeral. En otras palabras, del texto de los dispositivos en cita, se advierte que el juez o magistrado puede invocar cualesquiera de las causas de impedimento que prevé el copiado precepto 51 de la Ley de Amparo en vigor, para no conocer del problema planteado en el juicio de amparo; empero, en tratándose de la suspensión a petición de parte, el legislador –en el artículo 53 de la propia legislación– sólo previó una: el interés personal del asunto, causal que, incluso, proscribió en tratándose de la suspensión de oficio.

De tal manera que el juzgador de amparo únicamente puede invocar la causal señalada en el precepto 53 de la Ley de Amparo vigente, para no conocer de la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa; por lo que no es dable a los intérpretes -magistrados- invocar como causa de impedimento una situación similar o parecida a las enumeradas en el artículo 51 de la legislación en consulta, por las cuales se pueda afectar la imparcialidad del juzgador en el conocimiento de fondo del asunto. (...)”

Por su parte, en el recurso de queja Q.C. 147/2022 se consideró lo siguiente:

“(...) Lo anterior, aunado a que el artículo 53 de la Ley de Amparo, dispone: (se transcribe)

Como se observa, la legislación de la materia ordena que, “el que se excuse”, es decir, con independencia de quién o qué órgano se excuse, deberá proveer sobre la suspensión.

Sin que en el caso concreto se actualice la excepción prevista en el numeral trascrito, consistente en que se aduzca tener interés personal en el asunto, esto es, que la causa de impedimento se funde en el artículo 51, fracción II, de la Ley de Amparo; pues, en la especie, la causa de impedimento invocada por el Magistrado del Primer Tribunal es la prevista en la fracción VII de dicho numeral, es decir, por tener una enemistad manifiesta con el apoderado jurídico y Delegado Fiduciario de la moral quejosa.

En mérito de lo anterior, lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja.

Se observa entonces que en estas resoluciones de los recursos de queja Q.A. 61/2019 y Q.C. 147/2022, los TRIBUNALES COLEGIADOS coinciden entre sí en que la expresión “interés personal” del artículo 53 se vincula con la causa de impedimento prevista en la fracción II del artículo 51, ambos de la LEY DE AMPARO.

Sentado lo anterior, se estima que con estas resoluciones se colman los requisitos para tener por configurada la contradicción de criterios, ya que en los tres asuntos se examinó la misma hipótesis jurídica, contenida en el artículo 53 de la ley de la materia, con elementos similares (asuntos en donde los jueces y magistrados de amparo manifestaron estar impedidos y no resolvieron lo que les correspondía sobre la suspensión provisional) a fin de determinar el alcance que debe tener el enunciado de “interés personal” en el asunto; y, al hacerlo, emitieron resoluciones que si bien en ambos casos concluyeron en el sentido de que los jueces y magistrados que se habían inhibido debieron haberse pronunciado sobre la suspensión provisional, lo hicieron cada uno luego de postular distintas interpretaciones normativas.

En efecto, mientras el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO al resolver el recurso de queja administrativa Q.A. 297/2018, consideró que no puede estimarse que el juez de amparo tenga “interés personal” en el asunto cuando no figura como parte procesal en ese específico juicio de amparo que está examinando, postura que evidencia un concepto objetivo e inmediato sobre la excepción contenida en el artículo 53 de la ley de la materia, mientras que en contrapartida, los otros tribunales contendientes consideraron que la expresión de tener “interés personal” en el asunto es un concepto vinculado con la causa de impedimento prevista en la fracción II del artículo 51 de la LEY DE AMPARO, y no otras, que se explica como un interés material y económico directo de jueces y magistrados, con exclusión del de su cónyuge o parientes.

Así, dado que no existe identidad plena entre el tener “interés directo, material y económico” con la diversa situación de que el juzgador sea parte procesal en el específico juicio de amparo de que se trate, en tanto que pueden darse casos en que sin necesariamente ser parte se tenga algún interés en el resultado del mismo, resultan ser estas dos interpretaciones jurídicas distintas de un mismo enunciado jurídico, ahí el punto de contraste, así sea que ambos al final hayan considerado que se debieron haber pronunciado quienes se habían excusado.

Las dos posturas apuntadas asignaron contenidos y alcances distintos a la referida expresión del multicitado artículo 53, como excepción al deber de resolver lo conducente respecto de la suspensión provisional solicitada, y es el caso resolver cuál de estas, u otra, es la que debe prevalecer.

No es óbice a la existencia de la presente contradicción de criterios, que la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN haya emitido la jurisprudencia 2a./J. 138/2019 (10a.)(2) cuyo contenido es:

“IMPEDIMENTO EN EL RECURSO DE QUEJA DE TRÁMITE URGENTE A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. NO PUEDE CONFIGURARSE RESPECTO DE LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AL QUE SE HUBIERE TURNADO EL ASUNTO, POR LO QUE NO PROCEDE TRAMITAR LA INCIDENCIA RESPECTIVA COMO CUESTIÓN DE PREVIO PRONUNCIAMIENTO.

En consistencia con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el derecho fundamental de acceso efectivo a la tutela judicial conformado de los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, el artículo 51 de la Ley de Amparo establece los motivos de impedimento cuya actualización obliga al juzgador a excusarse para conocer de un asunto. Sin embargo, tratándose del recurso de queja de trámite urgente contra la suspensión de plano o la provisional –que implica una decisión inicial por parte del juzgador de amparo y que, por ende, viene precedido por una expectativa prioritaria del quejoso de obtener la medida para lograr la paralización de la ejecución del acto de autoridad que considera violatorio de sus derechos fundamentales–, la interpretación de los artículos 53, 97, fracción I, inciso b), 98, fracción I, y 101, párrafos segundo y quinto, del indicado ordenamiento legal permite sostener que no es factible la configuración de un impedimento ni aun ante la apreciación de uno o más de los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito al que se hubiere turnado el asunto en cuanto a que se ubican en alguno de los motivos que la legislación citada prevé al efecto (excepción hecha del relativo a la existencia de un interés personal en el asunto en suspensión provisional), por lo que no procede tramitar la incidencia como una cuestión de previo pronunciamiento, sino que el órgano jurisdiccional debe pronunciarse de manera excepcional sobre la medida cautelar.”

(Énfasis añadido)

Lo anterior pues si bien la temática de la tesis se relaciona con casos como el abordado por el PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVAS Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO en el recurso de queja Q.A. 61/2029, e incluso afirma lo entonces afirmado por ese Colegiado en el sentido de que los magistrados de un TRIBUNAL COLEGIADO no deben abstenerse de resolver el recurso de queja en donde se impugna lo relacionado con la suspensión provisional del acto reclamado aun cuando invoquen estar impedidos, lo cierto es que el criterio jurisprudencial en comento exceptúa de ese proceder a la hipótesis del artículo 53 de la LEY DE AMPARO consistente en tener ‘interés personal’ en el asunto, sin que la tesis ni en su ejecutoria se dé mayor referencia a qué debe entenderse o cuándo hay ese “interés personal” sobre el que versa el precepto citado; siendo que se trató de un concepto que sí interpretó el TRIBUNAL COLEGIADO mencionado.

Tampoco obsta la circunstancia de que el criterio de ese TRIBUNAL COLEGIADO haya surgido de un recurso de queja en el que se calificaron las excusas por impedimento de dos magistrados de circuito; y que los otros tribunales colegiados lo dijeron respecto de jueces de distrito, pues lo sustancialmente relevante es que ambos interpretaron de modo distinto el alcance que debe darse al enunciado jurídico contenido en el artículo 53 de la LEY DE AMPARO, aplicable por igual a jueces y magistrados.

OCTAVO. Estudio de fondo.

Debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio consistente en que el alcance que debe darse al enunciado jurídico tener “interés personal” en el asunto contenido en el artículo 53 de la LEY DE AMPARO es cuando jueces o magistrados (en adelante juzgadores de amparo) figuran como parte procesal en ese específico juicio de amparo que está examinando, como a continuación se explica.

El citado artículo 53 tiene la siguiente

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32797-5c343219/suspension-provisional-del-acto-reclamado-la-excepcion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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