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Modo: Corpus Pro

IMPEDIMENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE Y EN ATENCIÓN A LA REGLA DE NECESIDAD ES FACTIBLE DESESTIMARLO CUANDO SE RECLAMA EL DECRETO RELATIVO A LA REFORMA JUDICIAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 211/2024. · Registro digital (IUS): 33382
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2025-07-04
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Julio de 2025, Tomo I, Volumen 1, Pág.723.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 211/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO, AMBOS DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 19 DE FEBRERO DE 2025. PONENTE: MAGISTRADA MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY. SECRETARIO: RAMIRO IGNACIO LÓPEZ MUÑOZ.

Ciudad de México, diecinueve de febrero de dos mil veinticinco.

El PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO resuelve la contradicción de criterios citada al rubro conforme a lo que en lo sucesivo se expone:

A N T E C E D E N T E S

PRIMERO. Denuncia. El JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, con residencia en CANCÚN, denunció la posible contradicción de criterios entre el sostenido por el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO con sede en la misma ciudad, en el impedimento 6/2024, y el sustentado por el TERCER TRIBUNAL COLEGIADO del mismo circuito y ciudad, en el impedimento 13/2024.

SEGUNDO. Trámite. La Presidenta de este PLENO REGIONAL radicó el asunto con el número de expediente 211/2024, lo admitió a trámite; requirió a los tribunales colegiados cuyos criterios se denunciaron que informaran si éstos subsistían; solicitó a la COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informara si ante ese ALTO TRIBUNAL está radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema “determinar si se actualizan las causas de impedimento previstas en el artículo 51, fracciones II y VI, de la Ley de Amparo, cuando se reclama el Decreto relativo a la reforma al Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. El asunto se turnó para su estudio a la magistrada María Amparo Hernández Chong Cuy. Turno que fue confirmado en proveído de veintiuno de enero de dos mil veinticinco.

TERCERO. Informes y Amicus Curiae. Los tribunales contendientes informaron que sus criterios se encuentran vigentes y el Director General de la COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE TESIS de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN informó que durante los últimos seis meses no se encuentra radicada alguna contradicción de criterios relacionada con el tema que atañe a este expediente.

No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en la cual se listó el presente asunto.

La decisión de este Pleno se sustenta en las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

PRIMERO. Competencia.

En términos del artículo séptimo transitorio de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN publicada el veinte de diciembre de dos mil veinticuatro, este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 226, fracción III, de la LEY DE AMPARO, 41 y 42 de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN abrogada, en conformidad a lo previsto en el artículo 14 del ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA Judicatura Federal que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos REGIONALES, éste reformado por el ACUERDO GENERAL 1/2024, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 67/2022, QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES en su artículo 14, fracción I, párrafo segundo; y artículo 2 del ACUERDO GENERAL 108/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y DOMICILIO, este último reformado en el ACUERDO GENERAL 38/2023 POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR; Y QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A SU SEMIESPECIALIZACIÓN, COMPETENCIA Y DOMICILIO, en su artículo 3; lo anterior, porque se trata de la posible contradicción de criterios emitidos por dos Tribunales Colegiados del Vigésimo Séptimo Circuito, circuito comprendido en la Región Centro-Sur, y tales resoluciones provienen de juicios de amparo en materia administrativa, aun cuando el tema en discrepancia sea del orden común.

SEGUNDO. Legitimación.

La contradicción de criterios se denunció por servidor público con legitimación conforme con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la LEY DE AMPARO, toda vez que fue formulada por el JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, quien manifestó ubicarse en causas de impedimento en los dos juicios de amparo de origen, impedimentos que fueron resueltos por los tribunales cuyos criterios se encuentra en pretendida oposición.

TERCERO. Antecedentes y consideraciones esenciales.

Los dos asuntos cuyas resoluciones están en pretendida contradicción tienen en común que los impedimentos fueron planteados por el mismo Juez de Distrito, en sendos juicios de amparo promovidos en contra del “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en materia de reforma del PODER JUDICIAL”, publicado en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, así como la inconstitucionalidad de los artículos 61, fracción I, y 148, párrafo tercero de la LEY DE AMPARO y otros actos que derivan del citado decreto.

En ambos asuntos, el juez federal manifestó que se ubicaba en la causa de impedimento prevista en el artículo 51, fracción II, de la LEY DE AMPARO, (“si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior”) porque él también había promovido demanda de amparo indirecto en términos similares a las demandas sometidas a su conocimiento.

Al resolver los impedimentos, los órganos jurisdiccionales de alzada analizaron que los planteamientos del juez federal se ubicaban en la hipótesis contenida en la fracción VI del artículo citado (“si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento;”) y sólo uno de ellos lo examinó conforme a la hipótesis prevista en la fracción II del mismo precepto. El SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO calificó el respectivo impedimento como fundado y el TERCER TRIBUNAL COLEGIADO lo calificó infundado, como se expone enseguida.

• Caso 1. Impedimento 6/2024 resuelto por el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO (resolución de dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro).

Como se puntualizó, este Tribunal Colegiado declaró fundado el impedimento de acuerdo con las consideraciones siguientes:

• Al respecto, cabe precisar que si bien el juez federal basa su impedimento en la fracción II del artículo 51 de la ley de la materia, sin embargo, de sus manifestaciones se evidencia que la hipótesis en que realmente sustenta su excusa en el conocimiento del asunto, se encuentra establecida en la fracción VI del mismo ordenamiento legal, pues al respecto expone que (...).

• En ese sentido, el pronunciamiento que realizará este tribunal en el presente asunto, se hará en razón de los hechos expuestos por el juzgador impedido a la luz de la fracción VI del artículo 51 de la Ley de Amparo, en la que realmente se ubica la causa de excusa que se ajusta a sus manifestaciones, y no en cuanto a la que erróneamente se invoca por el a quo.

• (...) la legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estatuye en su numeral 51 las causales de impedimento, las cuales pueden concebirse como las eventualidades que pueden concurrir en el juzgador que lo hacen no apto para poder impartir una justicia exenta de imparcialidad, lo cual encuentra su justificación en la referida necesidad de garantizar la independencia, neutralidad e imparcialidad de los juzgadores y una sentencia justa. El cual dispone: (se transcribe).

• Los siete supuestos específicos pueden clasificarse en función de poder constituir:

a).- Razones de parentesco, amistad o enemistad con las partes, sus abogados o representantes (fracciones I y VII).

b).- Interés que pueda tener en el asunto o en uno similar (fracciones II, III, V y VI).

c).- Responsabilidad que haya tenido o tenga en el asunto (fracción IV).

• Por tanto, de satisfacerse cualquiera de los supuestos legales aludidos, resulta forzosa la excusa del funcionario, pues la ley establece una presunción jure et de jure, con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso y es por ello que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador, dando por hecho que no existe independencia para conocer del negocio en los casos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, lo cual implica una declaración formal que deja intocada su respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama, con lo cual además se evita una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona.

• Bajo esas premisas, el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, se declara impedido para conocer del juicio de amparo indirecto (número), promovido por (nombre), en virtud de que refiere ser parte en diverso juicio de amparo semejante al de su conocimiento; lo cual a estimación de este tribunal se actualiza la causa de impedimento prevista en el artículo 51, fracción VI, de la Ley de Amparo.

• (...) en esos términos, este tribunal considera que se ve afectada la imparcialidad de (nombre) Juez Octavo de Distrito, pues al haber promovido demanda de amparo contra el propio decreto reclamado en el asunto en el que se declara impedido, incide en la imparcialidad que debe tener como juzgador federal para la resolución de ese juicio constitucional.

• En efecto, sobre el particular, la excusa se ajusta a lo establecido en el artículo 51, fracción VI, de la Ley de Amparo, cuya literalidad dice:

“Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento:

(...) VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento; [...]”.

• En esta fracción normativa se establece la obligación (se utiliza el vocablo “deberá”) que tienen los juzgadores de amparo de excusarse de conocer de aquellos juicios de amparo que resulten semejantes a otros en los que son parte.

• En esa guisa, se surte la excusa aquí planteada, en tanto que el juicio de amparo indirecto que afirma haber promovido por (nombre) es de similar temática a la demanda presentada por (nombre), Juez Octavo de Distrito, y, en esa medida, este último se encuentra impedido legalmente para conocer y resolver el juicio radicado con el (número), ya que figura como parte en un juicio de amparo semejante al de su conocimiento.

• Sustenta lo anterior, en la parte conducente, la jurisprudencia 1a./J. 60/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, página 222, con registro digital 2018674, que señala:

“IMPEDIMENTO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO UN JUEZ DE DISTRITO ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN JUICIO DE AMPARO SEMEJANTE AL DE SU CONOCIMIENTO.”

• Dado lo anterior, en términos del artículo 58 de la Ley de Amparo, que dispone que declarado impedido un juez de distrito, conocerá del asunto juez diverso adscrito al mismo circuito (...) es un hecho notorio que el titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, no ha presentado demanda de amparo indirecto en relación a los actos reclamados en el juicio de amparo de mérito.

• Este tribunal estima prudente ordenar se turne los autos del referido juicio de amparo (número) promovido por (...), al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, (...) para que sea dicho Juzgado el que dé continuidad al juicio de garantías.

• Caso 2. Impedimento 13/2024 resueltos por el TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO (dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro).

El Tribunal Colegiado declaró infundado el impedimento planteado por lo siguiente:

• De dicha norma se obtiene como causa de impedimento la relativa a cuando el juzgador tenga interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado, o bien, que lo tenga su cónyuge o parientes, en los grados expresados en la fracción I de dicho numeral (...).

• Sin embargo, al resolver la contradicción de criterios 114/2024, en fecha cinco de junio de dos mil veinticuatro, el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, estableció que la causa de impedimento prevista en el enunciado “interés personal en el asunto”, que establecen los artículos 57, fracción II y 53 de la Ley de Amparo, solo se actualiza cuando el juzgador es parte formal en el específico juicio constitucional que se examina.

• Por lo tanto, como el Juez (nombre), titular del Juzgado Octavo de Distrito, no es parte formal en el juicio de amparo (número) no se actualiza la causa de impedimento prevista en el artículo 51, fracción II, de la Ley de Amparo.

• (...) de manera adicional, y atendiendo a la manifestación del juez de distrito en el sentido de que ha promovido un diverso juicio de amparo contra los mismos actos reclamados, debe señalarse que tampoco se actualiza la diversa causal prevista en la fracción VI, de ese mismo numeral, que dispone que los juzgadores de amparo deberán excusarse cuando figuren como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento, esto atendiendo al principio de necesidad de hacer prevalecer los derechos de los gobernados al acceso a la jurisdicción que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, garantizar el derecho de los justiciables a recibir una justicia pronta y completa.

• Lo anterior es así, ya que si bien, por regla general, los titulares de los tribunales federales deben abstenerse de conocer de asuntos en los que exista riesgo de pérdida de imparcialidad conforme a las causas de impedimento previstas en la propia norma, también es verdad que debe ponderarse el derecho fundamental de acceso efectivo el Derecho Humano a la tutela judicial previsto en el artículo 17 constitucional, conformado a su vez por los principios de justicia pronta y completa.

• Lo anterior deriva de lo que se conoce como regla de necesidad (Rule of Necessity por su nomenclatura en inglés), por virtud de la cual, ante circunstancias excepcionales, se debe priorizar el mandato constitucional que faculta a los Tribunales Federales como intérpretes de la Constitución Federal para brindar efectividad al derecho fundamental de acceso a la justicia.

• En su formulación básica, la referida regla establece que “si no puede encontrarse algún juez que posea el grado requerido de imparcialidad con respecto a un caso particular, [entonces] el juez original asignado al caso no necesita ser descalificado”. La regla de necesidad establece que “un juez puede conocer de un caso en el que esté interesado, si no hay otro juez disponible”

• En esa lógica, aun cuando una persona juzgadora cuente con algún interés en el caso, no puede ni debe excusarse para conocer del mismo, cuando no exista otra persona juzgadora que pueda sustituirla, ya que ello impediría que el justiciable pueda acceder a la justicia. Así, la existencia de tal interés “no excusará a dicha persona de cumplir con su deber de juzgar si, el hecho de excusarse, resultaría en una denegación del derecho constitucional del litigante a que se resuelva una acción debidamente presentada ante tal tribunal”.

• Al respecto es aplicable lo sostenido por el entonces Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito [registro digital 2023528], al resolver la contradicción de tesis 8/2018, y que dio origen a la tesis de jurisprudencia PC.I.A. J/176 A (10a.), publicada en la página 2,374 del libro 5, tomo II, correspondiente a septiembre de dos mil veintiuno de la décima época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

“IMPEDIMENTO. NO SE ACTUALIZA LA EXCUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN INCIDENTAL Y DE QUEJAS DERIVADOS DE ASUNTOS SEMEJANTES A AQUELLOS EN QUE LOS MAGISTRADOS FIGURAN COMO PARTE QUEJOSA CUANDO SE IMPUGNA COMO SISTEMA NORMATIVO LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DISPOSICIONES RELACIONADAS.”

• En ese tenor, de la ejecutoria de la contradicción de tesis 8/2019, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que originó la jurisprudencia invocada, se aprecia, como ya se expuso en el considerando segundo, que la causa de impedimento prevista en el artículo 51, fracción VI, de la Ley de Amparo, no se actualiza en los casos en los que la totalidad de los juzgadores están propensos a desarrollar un interés directo o indirecto susceptible de comprometer la imparcialidad con la que deben resolver; de modo que al estar todos descalificados por su particular posición frente a la controversia jurídica que deben resolver y no existir en el sistema jurisdiccional algún otro que se encuentre en condiciones distintas, es decir, que los actos reclamados no incidan en su esfera jurídica, se les debe eximir del deber de excusarse y también requerirles que ejerzan su jurisdicción, esto con independencia de que figuren o no como parte en un juicio de amparo similar y diverso al que deben conocer.

• Así, atendiendo al referido principio de necesidad, debe tenerse presente que la finalidad del artículo 51, en relación con el diverso ordinal 55, ambos de la Ley de Amparo, es evitar que los juzgadores sienten precedentes que pudieran afectar la resolución del juicio de amparo en el que carecen de objetividad; no obstante, esa regla contiene una excepción, que es el principio de necesidad en comento, consistente en que los asuntos planteados ante los órganos jurisdiccionales no queden sin resolución.

• Por lo que en situaciones extraordinarias como la que se analiza, donde el Juez Federal pudiera tener un eventual interés en el tema que trata la demanda de amparo en la que se impugna la denominada “Reforma al Poder Judicial de la Federación”, y que no exista otro juzgador en una situación diversa, debe operar el principio de necesidad referido, consistente en que los asuntos planteados ante los órganos jurisdiccionales no queden sin resolución, con independencia de que los juzgadores figuren o no como parte en un juicio de amparo similar y diverso al que conocen.

• De no operar ese principio, se daría lugar a que no existiera posibilidad de combatirse el acto que se propone, dejando sin defensa a la parte quejosa, en virtud de que todos los miembros del Poder Judicial de la Federación, esto es, las personas titulares de órganos jurisdiccionales, al formar parte de ese ente, se excusarían del conocimiento del asunto, argumentando una posible pérdida de la imparcialidad.

• Por ello, en observancia al mandamiento de impartición de justicia y la prohibición del gobernado de hacerse justicia por sí mismo, previstas en el artículo 17 constitucional, los juzgadores federales están obligados a conocer del asunto que se les planteó, sin que pueda transmitirse el conocimiento del juicio constitucional a otros órganos o poderes, se reitera, independientemente de que los juzgadores figuren o no como parte en un juicio de amparo similar y diverso al que conocen. • Por esa razón, el principio de necesidad permite, como excepción, que los juzgadores participen en una controversia en cuyo resultado pudieran tener interés, e inclusive, tengan un juicio similar y diverso, cuando no sea posible sustituirlos o su participación sea necesaria para la resolución de un asunto, es decir, que participen en casos en los cuales tengan un interés, porque de lo contrario los asuntos sometidos a su jurisdicción no podrían resolverse y, por ende, no se podría cumplir con el ejercicio del derecho fundamental de acceso a la justicia.

• Bajo tal principio de necesidad subyace el diverso de que “donde todos los jueces están descalificados, ninguno está descalificado”.

• Así, en nuestro sistema jurídico dicha regla de necesidad encuentra justificación en el artículo 17 constitucional, al establecer el derecho de los gobernados de acceso a la justicia y la obligación del Estado de garantizar el disfrute de ese derecho, por lo que al no garantizarse el mismo, se privaría a la colectividad de un derecho fundamental, lo que constituye un aspecto de orden público, el cual debe ser salvaguardado por los órganos del Estado.

• Ahora bien, la Segunda Sala de nuestro Más Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 407/2019, de su índice, determinó que el impedimento planteado por los propios juzgadores constituye, en sí mismo, una apreciación personal a partir de la cual se externa un potencial riesgo de pérdida de imparcialidad; sin embargo, frente a la manifestación en la que el Juez de Distrito sustenta la excusa planteada, existe el principio de necesidad de hacer prevalecer los derechos de los gobernados al acceso a la jurisdicción, ya que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente previamente establecido.

• Situación que evidentemente no se lograría, si se calificara de legal la excusa que se analiza, ya que constituye un hecho notorio para este órgano colegiado, que atendiendo al contenido y efectos del acto reclamado, la totalidad de los juzgadores federales se encuentran en el supuesto que aduce el Juez (nombre), titular del Juzgado Octavo de Distrito, esto es, en cuanto a la afectación en su permanencia en el cargo de juzgadores federales, independientemente de que decidan o no impugnar vía juicio de amparo dicha reforma, ya sea desde el aspecto procedimental o procesal, de manera que difícilmente se encontraría algún juzgador que no manifestara tener un interés en el asunto, lo que generaría un obstáculo permanente en la tramitación y resolución del amparo indirecto de origen.

• En ese contexto, debe prevalecer el derecho de los gobernados al acceso a la justicia pronta y expedita que tutela el artículo 17 constitucional, y por tanto, no es el caso de calificar de legal el impedimento que hizo valer el Juez Mario Fernando Gallegos León, titular del Juzgado Octavo de Distrito, dentro del juicio de amparo indirecto que nos ocupa.

• Lo anterior, sobre todo, porque los juzgadores federales deben regirse por los principios y virtudes de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia, compromiso social, decoro, fortaleza, honestidad, humanismo, humildad, justicia, laboriosidad, lealtad, orden, patriotismo, perseverancia, prudencia, respeto, responsabilidad, sencillez y sobriedad, que contempla y describe el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación.

CUARTO. Existencia de la contradicción de criterios.

Para resolver sobre la existencia de contradicción de criterios se toma en cuenta lo que la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN(1) ha sentado en cuanto a los requisitos que deben colmarse:

a. Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

c. Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Los elementos que anteceden no se actualizan en lo atinente a la causa de impedimento prevista en la fracción II del artículo 51 de la LEY DE AMPARO, pero sí se surten en cuanto a lo decidido respecto a la causa establecida en la fracción VI de ese precepto.

Lo primero, porque en el caso 1, el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO sostuvo que el impedimento respectivo no lo examinaría con fundamento en la citada fracción II (cuyo enunciado dice “II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior;”) ya que el planteamiento del juez federal en realidad se ubica en la hipótesis prevista en la fracción VI de ese precepto (“VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento;”).

En cambio, en el caso 2, el TERCER TRIBUNAL COLEGIADO del mismo circuito desestimó que se actualizara la causa de impedimento prevista en la fracción II, por las razones ya transcritas.

Por ende, si uno de los tribunales no examinó el fondo de la excusa conforme a la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 51 de la LEY DE AMPARO, entonces no existe ejercicio interpretativo por parte de ese órgano jurisdiccional que admita ser contrastado con lo resuelto por el otro tribunal, toda vez que no se genera una interpretación judicial respecto de la misma cuestión litigiosa, motivo por el cual se estima que, en lo que a esa hipótesis jurídica se refiere, la contradicción de criterios es inexistente.

En cambio, por lo que respecta a la excusa fundada en la causa de impedimento prevista en la fracción VI del precepto en cita la contradicción de criterios sí se configura porque, con fundamento en esa norma, ambos tribunales examinaron similares excusas que fueron manifestadas, incluso, por el mismo Juez de Distrito, en dos juicios de amparo indirecto promovidos contra el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, en materia de reforma del PODER JUDICIAL”, publicado en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, así como la inconstitucionalidad de los artículos 61, fracción I, y 148, párrafo tercero de la LEY DE AMPARO, y otros actos relacionados.

Los hechos que sustentan las causas de impedimento guardan gran similitud, ya que en ambos casos el juez federal manifestó que promovió un diverso juicio de amparo indirecto cuya materia es semejante a la de los juicios que fueron hechos de su conocimiento, esto es, que se reclamó también la referida reforma al PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN de septiembre de dos mil veinticuatro.

Así, al resolver excusas por impedimento por hechos similares y el mismo fundamento (la fracción VI del artículo 51 de la LEY DE AMPARO) los Tribunales Colegiados ejercieron su arbitrio judicial y llegaron a conclusiones opuestas, ya que en el caso 1 se resolvió que el Juez de Distrito no debía conocer del respectivo juicio de amparo indirecto al actualizarse el citado supuesto jurídico de impedimento; y en el caso 2 se consideró que el juez federal sí debía conocer del asunto porque se generaba un caso de excepción en la referida causa de impedimento; lo cual denota que, en esencia, un tribunal afirma lo que el otro niega, respecto a la actualización de la misma causa de impedimento ante situaciones jurídicas similares.

No obsta a lo anterior que en el caso 1, al calificar como fundada la causa de impedimento, se haya considerado como hecho notorio que un Juez de Distrito en el ESTADO DE QUINTANA ROO no promovió demanda de amparo contra los actos reclamados descritos, por lo que la demanda de amparo objeto del impedimento debía remitirse a ese juzgado federal.

Para efectos de la existencia de la contradicción de criterios, esa consideración tiene la calidad de no esencial, y más bien es de carácter accesorio, ya que se emitió una vez que el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO ya había declarado que el respectivo impedimento era fundado, lo cual es explicable porque la remisión a otro órgano jurisdiccional es la consecuencia prevista en el artículo 58 de la LEY DE AMPARO.(2) Es decir, se advierte que tal consideración no constituye alguna de las razones por las que ese órgano colegiado calificó el impedimento como fundado, por lo que se estima que no tiene injerencia alguna en la configuración de los criterios discrepantes.

Por ende, el punto a dilucidar en la contradicción de criterios es si el juzgador de amparo se encuentra impedido en términos del artículo 51, fracción VI, de la LEY DE AMPARO, para conocer de un juicio constitucional en el que se reclama el “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL”, publicado en el DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, en el caso en el que el propio juzgador ha promovido una demanda de amparo semejante.

QUINTO. Estudio de fondo.

Para la apreciación del presente asunto es imprescindible tener en consideración el contexto extraordinario generado por la aprobación y promulga

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33382-4f8e6882/impedimento-previsto-en-el-articulo-51-fraccion-vi · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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