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IMPEDIMENTO EN AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA CONTRA EL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL.

Tipo de asunto: IMPEDIMENTO 15/2024. · Registro digital (IUS): 32871
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-11-29
Promovente: JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Noviembre de 2024, Tomo V, Volumen 1, Pág.807.

IMPEDIMENTO 15/2024. JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. 9 DE OCTUBRE DE 2024. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GARCÍA, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SECRETARIA: LILIANA JANETTE GONZÁLEZ VILLASEÑOR.

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión extraordinaria virtual de nueve de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS, para resolver los autos del impedimento 15/2024, planteado por ****** ******** *********, Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, mediante el cual plantea excusa para no conocer del juicio de amparo indirecto 1306/2024, de su índice; y

RESULTANDO:

1°.- ******* ****** ******, mediante escrito presentado vía electrónica el cuatro de octubre de dos mil veinticuatro, demandó, por su propio derecho, el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y respecto de los actos siguientes:

"(...)

III. AUTORIDADES RESPONSABLES

Ordenadoras:

1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos;

2. Congreso de la Unión, por conducto de ambas Cámaras (Diputados y Senadores);

3. Legislaturas o Congresos de las entidades federativas de la República Mexicana, que a continuación se señalan: 1. Baja California 2. Baja California Sur 3. Campeche 4. Colima 5. Chiapas 6. Durango 7. Estado de México 8. Guerrero 9. Michoacán 10.Morelos 11.Nayarit 12.Oaxaca 13.Puebla 14.Quintana Roo 15.San Luis Potosí 16.Sinaloa 17.Sonora 18.Tabasco 19.Tamaulipas 20.Tlaxcala 21.Veracruz 22.Yucatán 23.Zacatecas

4. Legislatura o Congreso de la Ciudad de México.

5. Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura, autoridad que sustituyó a la misma comisión de la LXV Legislatura.

6. Las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado.

En carácter de ejecutora.

7. Instituto Nacional Electoral.

Autoridades que tienen su domicilio conocido en los recintos oficiales ubicados en la Ciudad de México y, los correspondientes en las capitales de las entidades federativas, en los circuitos y distritos judiciales.

IV. ACTOS RECLAMADOS:

a. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: La iniciativa, promulgación y publicación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado el 15 de septiembre de 2024, así como su régimen transitorio, específicamente los transitorios segundo, séptimo y decimoprimero.

b. De la Cámara de Diputados: La votación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado el 15 de septiembre de 2024, así como su régimen transitorio, específicamente los transitorios segundo, séptimo y decimoprimero.

c. Del Senado de la República y de las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México:

1. La votación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado el 15 de septiembre de 2024, así como su régimen transitorio, específicamente los transitorios segundo, séptimo y decimoprimero; así como el proceso legislativo que culminó en las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial; y los actos intra- legislativos de ambas Cámaras.

d. De la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura, autoridad legislativa sustituta de la misma comisión de la LXV Legislatura: Las consecuencias que derivaron respecto del dictamen que emitió la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura, porque había caducado la facultad que ésta tenía para emitirlo [vicio de origen] y sirvió de fundamento para que continuara el procedimiento de reforma constitucional.

e. De las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales del Senado: El dictamen que emitió en el procedimiento de reforma constitucional.

f. Del Instituto Nacional Electoral: Los actos en su competencia tendentes a iniciar el proceso necesario para la organización, desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización del proceso electoral extraordinario del año 2025 para la elección de Ministras y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, las Magistradas y los Magistrados de Circuito, las Juezas y los Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, las Magistradas y los Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y las y los integrantes del Pleno del órgano de administración judicial, así como las Magistradas y los Magistrados de la Sala Superior y salas regionales del Tribunal Electora en ejecución del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024; y la aplicación de los artículos transitorios correspondiente, tales como la elaboración, aprobación, publicación y ejecución de los acuerdos correspondientes.

(...)"

2°.- El Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda, mediante proveído de cinco de octubre de dos mil veinticuatro la recibió y consideró actualizada la causal de impedimento prevista en el artículo 51, fracción II, de la Ley de Amparo; razón por la cual, se declaró impedido para resolver el asunto, y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en turno, para la calificación del impedimento.

3°.- Por razón de turno, correspondió conocer de dicho impedimento a este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el cual se registró con el número 15/2024. En proveído de ocho de octubre de dos mil veinticuatro, el Magistrado en funciones de Presidente lo admitió para su calificación y ordenó dar vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. En ese mismo proveído se turnó el asunto a Víctor Manuel López García, Secretario de Tribunal encargado del despacho, para formular proyecto de resolución.

La urgencia para conocer y resolver este asunto resulta de lo previsto en el numeral 55, segundo y tercer párrafos, de la Ley de Amparo, que dispone que las excusas y los impedimentos planteados por los jueces se calificarán de plano.

Máxime que conforme al contenido de las Circulares 16/2024 y 17/2024, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, no se limitan los casos que deben ser considerados con el carácter de urgentes; en virtud de que se precisó en ellas que además de los invocados, los juzgadores contaban con la potestad para definirlos de manera discrecional, atendiendo a los derechos fundamentales que se pretendieran defender mediante los procedimientos jurisdiccionales respectivos, a la trascendencia de su eventual trasgresión y las consecuencias que pudiera tener la espera de la conclusión de la suspensión de labores.

Así, haciendo una interpretación extensiva del punto 6 de la primera de las circulares referidas, conforme al cual se estiman urgentes las quejas que refiere el artículo 97, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo que derivan de los juicios de amparo urgentes; se estima que el presente impedimento al derivar de un juicio de amparo considerado con esa calidad, también comparte dicha característica y de no resolverse se impediría su normal tramitación, por lo que se procede a su resolución.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa es legalmente competente para calificar el impedimento planteado, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 54, fracción III, inciso c), 55 de la Ley de Amparo y 38, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, pues fue planteado por el titular de un Juzgado de Distrito en el Estado Jalisco, en donde este Tribunal ejerce jurisdicción, en un asunto de la materia administrativa.

SEGUNDO.- El acuerdo a través del cual se plantea el impedimento formulado por el Juez, en lo conducente dice:

"...en el caso sujeto a consideración, se estima que se actualiza la causa de impedimento prevista en la fracción II, del artículo 51 de la Ley de Amparo, pues como ya lo mencioné, tengo interés personal en el asunto.

En relación al interés personal, la entonces Tercera Sala del Alto Tribunal del país, sostuvo que:

- El interés personal debe entenderse como el material y económico que tenga el juez en el asunto que originó el amparo.

- Como la ley no puede en manera alguna estimar como causa de impedimento el interés de que un juzgador tenga en sostener determinando criterio en su resolución, porque ello es propio y natural de la interpretación que le dé a los preceptos legales aplicables al caso, debe estimarse ilegal el impedimento fundado en esta causa.

Lo anterior se sostuvo en la tesis de jurisprudencia, con número de registro 358416, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, "Tomo XLIX", página mil trescientos setenta y cuatro, del tenor:

‘JUECES DE DISTRITO, IMPEDIMENTO DE LOS. (se omite transcripción)’

De igual manera, el indicado órgano estableció que tal hipótesis se refiere a que los juzgadores obtengan algún provecho en la materia del litigio, es decir, alguna participación de los asuntos controvertidos, en el sentido de un interés económico en el negocio; en la tesis con número de registro 359391, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, "Tomo XLVI", página cuatro mil doscientos ochenta y uno, que dice:

‘IMPEDIMENTO DE LOS JUECES, INTERÉS COMO CAUSA DE. (se omite transcripción)’

Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que cuando un juzgador alegue tener interés indirecto en el negocio, ese argumento no llena los requisitos de la ley, la cual exige que el interés de los funcionarios debe ser afectado directamente y no en la forma indirecta y general que se deriva de la solución de un problema de derecho, que sólo en forma remota interesa al que se excusa.

Así se sostuvo en la tesis con número de registro 278254, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, "Tomo CXV", página ciento ochenta y cinco, que dice:

‘MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, EXCUSA DE LOS. (se omite transcripción)’

En orden con lo anterior, estimo que se actualiza dicha hipótesis, dado que tengo interés personal en el asunto que motivó el acto reclamado, es decir, la aprobación, expedición y promulgación del "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial", publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre del dos mil veinticuatro.

En efecto, el suscrito soy parte integrante del Poder Judicial de la Federación, en mi calidad de Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco.

Pues bien, el decreto reclamado, cuya publicación se realizó en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre del dos mil veinticuatro estable en su artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Magistradas y Magistrados de la Sala Superior y las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Magistradas y Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito –cargo que ocupa el suscrito–, serán elegidos de manera libre, directa y secreta por la ciudadanía el día que se realicen las elecciones federales ordinarias del año que corresponda, conforme al procedimiento ahí establecido.

Conforme al artículo segundo transitorio, el "Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025" dio inicio el día de la entrada en vigor del Decreto señalado –dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro–. En dicha elección se elegirán la totalidad de los cargos de Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las Magistradas y Magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los cargos de Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito. Para el caso de Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, la elección será escalonada, renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria del año dos mil veinticinco y la parte restante mitad en la elección federal ordinaria del año dos mil veintisiete.

Así, se prevé que las personas que se encuentren en funciones en los cargos señalados en el párrafo anterior, al cierre de la convocatoria que emita el Senado, serán incorporadas a los listados para participar en la elección extraordinaria del año dos mil veinticinco, excepto cuando manifiesten la declinación de su candidatura previo al cierre de la convocatoria o sean postuladas para un cargo o circuito judicial diverso. En caso de no resultar electas por la ciudadanía para ejercer su encargo por un nuevo periodo, dichos funcionarios judiciales, entre ellos este Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, concluirán su encargo en la fecha que tomen protesta las personas servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria, es decir, ya sea el primero de septiembre de dos mil veinticinco o en el año dos mil veintisiete.

En orden con anterior, manifiesto mi abierta oposición a la mencionada reforma judicial, pues con ésta se afecta la carrera judicial en la que me he forjado, además de que me afecta de manera directa, en el ámbito personal, laboral y, por ende, económico, puesto que, como ya se vio, el decreto que reclama la parte quejosa establece el cese de las personas juzgadoras, entre ellas, el suscrito, cuestión sobre la que ya tengo una opinión formada, derivado de la afectación que el decreto conlleva a mi persona, por la transgresión a mi carrera judicial, así como por la afectación económica que acarrea hacia mi persona y mi familia, derivado de que se prevé el cese de mi cargo como Juzgador Federal.

Por lo anterior, invoco que el interés en el asunto debe entenderse como el material y económico que tengo en el asunto que originó el amparo – decreto de reforma constitucional en materia del Poder Judicial–, derivado, se insiste del cese de mi cargo, caso en el que es lógico y razonable pensar que existirá parcialidad de parte del suscrito al resolver un asunto en el que estoy interesado.

En adición a que tengo un interés directo en que el presente juicio de amparo, sea resuelto de manera favorable a los intereses del quejoso, puesto que como ya lo mencioné, el acto reclamado dispone mi cese como Juez de Distrito y por tanto, produce una afectación y personal, de modo que, una posible concesión, podría traer como consecuencia que se dejara sin efectos el aludido decreto, con lo cual me beneficiaría de manera directa.

Por lo que, existe un interés personal de mi parte en relación con el "DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial", publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre del dos mil veinticuatro, situación que puede afectar la imparcialidad con la que el suscrito abordará la demanda de amparo puesta a mi consideración, lo que podría dar lugar a un conflicto entre el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional y el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto.

Por tanto, considero que sí existe interés personal de mi parte en cuanto a los actos reclamados.

Máxime que tal circunstancia me sitúa en una condición que implicaría el riesgo de perder la imparcialidad en el juicio y, a las personas juzgadoras les corresponde estar desprovisto de todo elemento que pueda mermar o alterar su imparcialidad en la decisión jurisdiccional que atienda a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo que rigen la carrera judicial; lo que, a criterio de este Juzgador, se trastocaría respecto del acto reclamado en el presente juicio de amparo.

Al darse tales circunstancias, resulta pertinente declarar la causa de impedimento que considero se materializa, ya que la ley así lo establece, con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, así como para preservar la imparcialidad e independencia de la impartición de justicia.

En ese sentido, se estima que el suscrito Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, me encuentro impedido para conocer del asunto, al considerar actualizada la causa prevista en el artículo 51, fracción II, de la Ley de Amparo.

Por lo que, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley de Amparo, se ordena la remisión de los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito en turno, para que califique el impedimento planteado y en su caso, determinar qué órgano jurisdiccional deberá conocer de este juicio de amparo; para tal efecto, habilítese la consulta del expediente electrónico derivado del juicio de amparo en que se actúa y sus anexos, debiendo realizarse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes..."

TERCERO.- Este Tribunal considera que es infundado el impedimento planteado, con base en las siguientes consideraciones.

En primer término, debe considerarse que el impedimento es una figura jurídica que limita al juzgador en sus funciones para intervenir en los casos específicos en que puede verse afectada su imparcialidad e independencia en la impartición de justicia, siendo que su fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Federal, el cual establece que toda persona tiene derecho a la administración de justicia de manera pronta e imparcial.

Ahora bien, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco estimó actualizada la causa de impedimento prevista por la fracción II del artículo 51 de la Ley de Amparo, que dice:

"Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento:

(...)

II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior;

(...)"

De dicha norma se obtiene como causa de impedimento la relativa a cuando el juzgador tenga interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado, o bien, que lo tenga su cónyuge o parientes, en los grados expresados en la fracción I de dicho numeral; esto es, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado o en la colateral por afinidad dentro del segundo. Para sostener la actualización de dicha causa de impedimento, el Juez de Distrito señaló que el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto, consistente en "la discusión, aprobación y promulgación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, publicado el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, en el Diario Oficial de la Federación"; del que se advierte, entre otros, el tema de la elección de jueces y magistrados en el proceso electoral extraordinario dos mil veinticuatro – dos mil veinticinco, siendo que en dichos comicios se elegirán la totalidad de los cargos de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas vacantes de la Sala Superior, la totalidad de los Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, así como la mitad de los cargos de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, en los términos del artículo segundo transitorio de dicho Decreto.

Añadió el Juez de Distrito que dicho decreto prevé que las personas que se encuentren en los cargos señalados al cierre de la convocatoria que emita el Senado, serán incorporadas a los listados para participar en la elección extraordinaria de junio de dos mil veinticinco, excepto cuando manifiesten la declinación de su candidatura previo al cierre de la convocatoria o sean postuladas para un cargo o circuito judicial diverso, y en caso de no resultar electas por la ciudadanía para ejercer su encargo por un nuevo periodo, lo concluirán en la fecha en que tomen protesta las servidoras públicas que emanen de la elección extraordinaria, conforme a las disposiciones transitorias aplicables del decreto.

Sobre esas bases, el A quo sustentó su interés personal en el juicio de amparo de origen que le impide pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto de reforma constitucional reclamado, por considerar que al tener el cargo de Juez de Distrito tiene interés personal en que el juicio de amparo sea resuelto de manera favorable a los intereses de la parte quejosa, en virtud de que el acto reclamado dispone su cese como juzgador federal y, por tanto, le produce una afectación personal, lo que podría dar lugar a un conflicto entre el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional y el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto.

Como se anticipó, es infundada la causa de impedimento invocada por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, debido a que el Juez no tiene un interés personal en el juicio de amparo del que conoce porque no le afecta ni beneficia su sustanciación ni lo que se llegara a resolver; y además, atendiendo al principio de necesidad debe sustanciar y resolver ese amparo.

Ello es así, toda vez que el Juez de Distrito consideró tener interés personal en el juicio de amparo en el que se reclama el Decreto de reforma constitucional en materia de Poder Judicial, pues abiertamente ha reconocido y manifestado su oposición a dicho decreto, al considerar que éste le afecta directamente, por lo que sustentó su excusa en el contenido del artículo 51, fracción II, de la Ley de Amparo.

Sin embargo, la impresión preliminar que un juzgador se forme en relación con un asunto de su competencia, no evidencia que tenga un interés personal en el asunto, sino que únicamente pone de manifiesto que dicho funcionario ya se formó una opinión del negocio en cuestión, la cual puede ser correcta o incorrecta, misma que incluso puede variar al momento de emitir su resolución, pero ello no implica que el sentido de esa opinión haya sido motivada porque tenga un interés personal en el conflicto.(1)

En efecto, la causa de impedimento alegada por el Juez de Distrito, ha sido entendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación(2) como el interés que muestre el funcionario sobre el asunto que va a fallar de manera directa desde el momento en que tuviese conocimiento del mismo, y debe entenderse como el interés material y económico que tenga el juzgador en el asunto, de tal manera que pueda obtener algún provecho de la materia del litigio, o sea, alguna participación de los asuntos controvertidos.

En ese sentido, el impedimento que el Juez Federal aduce tener en el presente asunto, que sustenta en el artículo 51, fracción II, de la Ley de Amparo, no se configura en el caso que se examina, porque la tramitación y resolución del presente juicio de amparo no le afecta ni le beneficia; es decir, el Juez de Distrito no tiene ningún interés directo y económico en dicho juicio, por más que tenga una opinión inicial o preliminar en cuanto a la cuestión de fondo de la denominada "Reforma al Poder Judicial de la Federación".

De ahí que, los motivos expuestos por el juzgador de amparo, en relación con la excusa planteada, no constituye una causa objetiva y razonable generadora del impedimento para conocer de la demanda de amparo.

Con independencia de que las razones aducidas por el Juez de Distrito no actualizan el motivo de impedimento previsto en la fracción II del artículo 51 de la Ley de Amparo, debe señalarse –de manera adicional– que el impedimento que nos ocupa debe calificarse de infundado, en atención al principio de necesidad de hacer prevalecer los derechos de los gobernados al acceso a la jurisdicción que tutela el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto es, garantizar el derecho de los justiciables a recibir una justicia pronta y completa.

Porque si bien, por regla general, los titulares de los tribunales federales deben abstenerse de conocer de asuntos en los que exista riesgo de pérdida de imparcialidad conforme a las causas de impedimento previstas en la propia norma, también es verdad que debe ponderarse el derecho fundamental de acceso efectivo a la tutela judicial previsto en el artículo 17 constitucional, conformado a su vez por los principios de justicia pronta y completa.

Lo anterior deriva de lo que se conoce como regla de necesidad (Rule of Necessity(3) por su nomenclatura en inglés), por virtud de la cual, ante circunstancias excepcionales, se debe priorizar el mandato constitucional que faculta a los Tribunales Federales como intérpretes de la Constitución Federal para brindar efectividad al derecho fundamental de acceso a la justicia.

En su formulación básica, la referida regla establece que "si no puede encontrarse algún juez que posea el grado requerido de imparcialidad con respecto a un caso particular, [entonces] el juez original asignado al caso no necesita ser descalificado".(4) La regla de necesidad establece que "un juez puede conocer de un caso en el que esté interesado, si no hay otro juez disponible".(5)

En esa lógica, aun cuando una persona juzgadora cuente con algún interés en el caso, no puede ni debe excusarse para conocer del mismo, cuando no exista otra persona juzgadora que pueda sustituirla, ya que ello impediría que el justiciable pueda acceder a la justicia. Así, la existencia de tal interés "no excusará a dicha persona de cumplir con su deber de juzgar si, el hecho de excusarse, resultaría en una denegación del derecho constitucional del litigante a que se resuelva una acción debidamente presentada ante tal tribunal".(6)

Al respecto es aplicable lo sostenido por el entonces Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito (registro digital 2023528), al resolver la contradicción de tesis 8/2018, y que dió origen a la tesis de jurisprudencia PC.I.A. J/176 A (10a.), publicada en la página dos mil trescientos sesenta y cuatro del libro cinco, segundo tomo, correspondiente a septiembre de dos mil veintiuno de la décima época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

"IMPEDIMENTO. NO SE ACTUALIZA LA EXCUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN INCIDENTAL Y DE QUEJAS DERIVADOS DE ASUNTOS SEMEJANTES A AQUELLOS EN QUE LOS MAGISTRADOS FIGURAN COMO PARTE QUEJOSA CUANDO SE IMPUGNA COMO SISTEMA NORMATIVO LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y DISPOSICIONES RELACIONADAS. La interpretación sistemática de los artículos 51, 52 y 53 de la Ley de Amparo, permite establecer que en atención al principio de necesidad y en congruencia con el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, los Magistrados de Circuito no están impedidos para resolver, excepcionalmente, aquellos recursos de revisión incidental o de quejas derivados de asuntos semejantes a aquellos en que figuran como parte quejosa, cuando se controvierte la constitucionalidad de diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversas disposiciones en materia de remuneraciones y prestaciones de los servidores públicos de la Federación."

Así, atendiendo al referido principio de necesidad, debe tenerse presente que la finalidad del artículo 51, en relación con el diverso ordinal 55, ambos de la Ley de Amparo, es evitar que los juzgadores sienten precedentes que pudieran afectar la resolución del juicio de amparo en el que carecen de objetividad; no obstante, esa regla contiene una excepción, que es el principio de necesidad en comento, consistente en que los asuntos planteados ante los órganos jurisdiccionales no queden sin resolución.

Por lo que, en situaciones extraordinarias como la que se analiza, donde el Juez Federal pudiera tener un eventual interés en el tema que trata la demanda de amparo en la que se impugna la denominada "Reforma al Poder Judicial de la Federación", debe operar el principio de necesidad referido, consistente en que

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32871-55c34f77/impedimento-en-amparo-indirecto-no-se-actualiza-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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