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Modo: Corpus Pro

RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA MODIFICAR, MODIFICA O REVOCA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL POR HECHO SUPERVENIENTE.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 78/2025. · Registro digital (IUS): 33836
Órgano: Plenos Regionales · Publicación: 2026-02-06
Promovente: ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO
Localización: Duodécima Época. Plenos Regionales. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Febrero de 2026, Tomo I, Volumen 1, Pág.273.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 78/2025. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 13 DE NOVIEMBRE DE 2025. TRES VOTOS DE LAS PERSONAS MAGISTRADAS JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ, MARIANA FLORES VEGA Y DIANA ELDA PÉREZ MEDINA. PONENTE: JORGE ALBERTO ORANTES LÓPEZ. SECRETARIA: LETICIA JARDINES LÓPEZ.

Ciudad de México, trece de noviembre de dos mil veinticinco.

EL PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO resuelve la contradicción de criterios citada al rubro conforme a lo que en lo sucesivo se expone:

ANTECEDENTES

PRIMERO. Denuncia. Mediante oficio 10616/2025, el Magistrado Presidente del SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO denunció la probable contradicción de criterios entre el sustentado por ese órgano colegiado al resolver el recurso de queja 496/2025 y el sustentado por el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO al resolver el recurso de queja 349/2024, coincidentes entre sí; y el que sostiene el CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL MISMO CIRCUITO al resolver el recurso de queja 268/2023.

SEGUNDO. Trámite. El asunto se radicó en este PLENO REGIONAL con el número de expediente 78/2025 y mediante acuerdo de presidencia de nueve de septiembre de dos mil veinticinco se admitió a trámite; se ordenó formar el expediente electrónico en el Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE), y se requirió a los tribunales colegiados que informaran si los criterios sustentados continuaban vigentes, así como permitieran la vinculación con los expedientes electrónicos de los asuntos involucrados.

Asimismo, se solicitó a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, informara si en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, existe alguna contradicción de criterios radicada con la materia de este asunto consistente en:

“Determinar, si, en contra de la resolución dictada por el juez de distrito respecto a la solicitud incidental de modificación o revocación a la suspensión provisional, procede el recurso de queja previsto en el artículo 97, inciso b) o bien, el diverso contemplado en el inciso e), de la Ley de Amparo”

En el mismo auto, el asunto se turnó para su estudio a la ponencia “B”.

Actual integración de este Pleno Regional. Con motivo del “DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE REFORMA DEL PODER JUDICIAL” publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de septiembre de dos mil veinticuatro, así como del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL POR EL QUE SE ADSCRIBEN A LAS PERSONAS ELECTAS EN EL PROCESO ELECTORAL EXTRAORDINARIO A DIVERSOS CARGOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 2024-2025, ASIMISMO, SE COMISIONAN, REUBICAN Y READSCRIBEN A PERSONAS FUNCIONARIAS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, SE DESIGNAN Y, EN SU CASO, PRORROGAN A PERSONAS SECRETARIAS EN FUNCIONES DE PERSONAS JUZGADORAS, este PLENO REGIONAL quedó integrado a partir del quince de septiembre de dos mil veinticinco con las Magistradas Mariana Flores Vega y Diana Elda Pérez Medina, y el Magistrado Jorge Alberto Orantes López.

Returno. El veintiséis de septiembre posterior, se dictó auto de returno del asunto al magistrado Jorge Alberto Orantes López.

En el mismo auto, se tuvo a los Tribunales Colegiados contendientes del Tercer Circuito, desahogando el requerimiento formulado, en los que sostuvieron la vigencia de su criterio plasmado en los recursos de queja 496/2025, 349/2024 y 268/2023, ordenando la vinculación de los asuntos correspondientes.

En proveído de dos de octubre de este año, se tuvo por recibido el oficio **********, de veinticinco de septiembre de dos mil veinticinco, por el que el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó que en ésta no se encuentra radicada contradicción de criterios cuyo tema guarde relación con el del presente asunto.

Confirmación de turno. El turno del asunto fue confirmado por auto de veintitrés de octubre de dos mil veinticinco para la elaboración del proyecto correspondiente.

TERCERO. Esta contradicción de criterios fue listada para verse en sesión de cinco de noviembre de dos mil veinticinco, fecha en la cual fue retirado y listado nuevamente para discutirse en sesión de trece del citado mes y año.

CUARTO. Informes y Amicus Curiae. No se hizo valer amicus curiae hasta la fecha en que listó el presente asunto.

La decisión de este Pleno se sustenta en las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Competencia.

Este PLENO REGIONAL EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DE LA REGIÓN CENTRO-SUR es legalmente competente para conocer de la presente contradicción de criterios, en términos de lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 226, fracción III, de la LEY DE AMPARO, 38, y 39, fracción I, de la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, en conformidad a lo previsto en el artículo 6, fracción II, 8 y 14, fracción I, del ACUERDO GENERAL 67/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REGLAMENTA LA COMPETENCIA, INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PLENOS REGIONALES, y artículos 1o., fracción II, punto 2, y 2o. del ACUERDO GENERAL 108/2022 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL RELATIVO A LA CREACIÓN, DENOMINACIÓN E INICIO DE FUNCIONES DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR, ASÍ COMO SU COMPETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y DOMICILIO, este último reformado en el ACUERDO GENERAL 38/2023 POR EL QUE SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE LOS PLENOS REGIONALES DE LAS REGIONES CENTRO-NORTE Y CENTRO-SUR; Y QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A SU SEMIESPECIALIZACIÓN, COMPETENCIA Y DOMICILIO, en su artículo 3 y artículo 14, fracción I, segunda parte del Acuerdo General 1/2024 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 67/2022, que reglamenta la competencia, integración y funcionamiento de los Plenos Regionales. (ACUERDOS GENERALES aplicables conforme al artículo décimo noveno transitorio de la mencionada LEY ORGÁNICA). En virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios, suscitada entre Tribunales Colegiados del mismo circuito de distinta especialización (administrativa y civil), respecto de un tema que corresponde a la materia común, ejerciendo este Pleno Regional jurisdicción por territorio y por materia sobre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que emitió el primero de los criterios en contienda, para cuya resolución se considera necesario la intervención de este Pleno Regional.

SEGUNDO. Legitimación.

La contradicción de criterios se denunció por parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la LEY DE AMPARO, toda vez que fue formulada por el Magistrado Presidente del SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, órgano que conoció el recurso de queja 496/2025, el cual constituye uno de los criterios en contienda.

TERCERO. Antecedentes y consideraciones esenciales. A fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto, es preciso conocer los antecedentes y consideraciones sustentadas por los órganos colegiados involucrados en las ejecutorias de las cuales emanan los criterios que se denuncian como opositores, siendo las que a continuación se transcriben.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, recurso de queja 496/2025.

Tres personas físicas promovieron juicio de amparo indirecto en el que reclamaron de la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, entre otros actos, la dictaminación, discusión aprobación, expedición y promulgación y publicación del “Decreto por el que se reforman, adicionan derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial”, solicitando en la demanda la suspensión de los actos reclamados.

De ese juicio conoció el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, que se radicó con el número ******** (anteriormente ******** del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa), en el que se concedió la suspensión provisional entre otras cuestiones, para que no se les aplicara el acto reclamado, dado que constituye una disposición autoaplicativa.

En desacuerdo con la medida suspensional otorgada, el Titular de la Tesorería de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público promovieron incidente de revocación de la suspensión.

El juez de control constitucional por una parte desechó la incidencia en términos del artículo 154 de la ley de la materia, porque la decisión no se había emitido respecto de la suspensión definitiva de los actos reclamados y por otra, ordenó tramitar el incidente de revocación de la suspensión provisional en términos de lo previsto por el artículo 139 de la Ley de Amparo, y dictó resolución en la que declaró infundado el incidente interpuesto.

Inconforme la Tesorería de la Federación interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de la Materia, del que correspondió conocer al Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito con el número de registro 496/2025.

El Órgano Colegiado en la ejecutoria que contiene el criterio que aquí contiende, estimó sustancialmente lo siguiente:

“Este Tribunal Colegiado de Circuito estima que el presente recurso debe desecharse, en virtud de que no se satisfacen los requisitos de procedencia que establece el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, pues la resolución recurrida no constituye un acuerdo de trámite, por lo que no debió impugnarse a través del recurso de queja.

Para sustentar lo anterior conviene tener en cuenta que en el artículo 97, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en la propia recurrente sustentó la procedencia del recurso que ahora se resuelve, establece lo siguiente:

Artículo 97. El recurso de queja procede:

I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones: ...

e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional;

En relación con la interpretación que corresponde a esa disposición, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 12/2015, expuso lo siguiente:

... 62. Al respecto, este Tribunal Pleno estima que para que un medio de impugnación planteado encuadre en los supuestos de procedencia del inciso e) de la fracción I del artículo 97 de la Ley de Amparo, se requiere el acreditamiento de varios requisitos que se pueden clasificar desde el punto de vista estructural de la norma en dos categorías: objetivos y subjetivos.

Los requisitos objetivos radican en: (i) la existencia de una resolución dictada en el trámite de un juicio de amparo principal o en el incidente de suspensión; y (ii) que dicha resolución no admita expresamente el recurso de revisión. Se les considera objetivos, pues son supuestos en los que no debe de haber una valoración de su contenido o efectos, sino simplemente verificar la existencia de dicha resolución reclamada y su falta de reconocimiento normativo para poder ser impugnada a través de otro medio de defensa como lo es el recurso de revisión.

64. Por su parte, son tres los requisitos subjetivos para que proceda el recurso de queja en contra de este tipo de determinaciones emitidas por un Juez de Distrito: (i) que dicha resolución sea de naturaleza trascendental y grave; (ii) que consecuentemente se cause un perjuicio de esa naturaleza a alguna de las partes; y, (iii) que esa afectación no sea reparable en sentencia definitiva. Se les valora como subjetivos, dado que no pueden delimitarse de manera previa y su actualización depende de cada caso concreto.

65. Es decir, estos requisitos de procedencia del recurso de queja se expresan a partir de conceptos jurídicos indeterminados que, aunque buscan un fin específico, no agotan su contenido en una definición precisa de actos posiblemente reclamados, sino que su aplicabilidad depende de cada caso en concreto y, por ende, del tipo de resolución que se impugna, el perjuicio que pudiera ocasionarse y su relación con la materia propia del juicio de amparo. Además, tales requisitos deberán ser determinados en cada asunto por el Tribunal Colegiado competente.

66. En esa línea argumentativa, se considera que los primeros dos requisitos subjetivos se encuentran íntimamente interrelacionados. Cuando la Ley de Amparo establece que la resolución del Juez de Distrito impugnable mediante el recurso de queja deberá ser "trascendental y grave", se refiere a que está fuera de lo ordinario; es decir, es trascendental y grave porque el propio contenido de la resolución provoca perjuicios de gran importancia o peso normativo para las partes del juicio de amparo. Así, dicha trascendencia o gravedad, se ve definida por sus probables consecuencias, y la envergadura de tales posibles perjuicios definen a su vez la naturaleza de dicha resolución para efectos de la procedencia del recurso.

67. Lo anterior se ve corroborado por la forma en que fueron redactados los preceptos de la Ley de Amparo aplicables, en los que se señalan que se podrán controvertir las resoluciones del juicio o del incidente de suspensión que no admitan recurso de revisión "y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes."

68. Por lo que hace únicamente al segundo requisito subjetivo, debe destacarse que la Ley de Amparo no delimita qué tipo de perjuicios se ven incluidos en su ámbito de aplicación, ni estipula que los mismos deberán de haberse dado materialmente previo a la interposición del medio de defensa. Dicho de otra manera, al utilizar la palabra "podrá", se hizo referencia a una probabilidad de afectación y no a la necesaria concurrencia fáctica del perjuicio ocasionado por la emisión de la resolución jurisdiccional. En consecuencia, el abanico de posibles perjuicios que pueden reclamarse en el recurso de queja es mucho más amplio y tiene como único presupuesto necesario que el perjuicio incida trascendentemente y de manera real y objetiva en la esfera jurídica de la parte afectada.

69. No obstante, aunado a lo anterior, el referido tercer requisito subjetivo, es el que modula a sus dos predecesores. Únicamente podrán ser controvertidas por este medio de impugnación las resoluciones de un Juez de Distrito que sean trascendentes y graves al causar un perjuicio de esa calidad a alguna de las partes, exclusivamente cuando el mismo no sea reparable en sentencia definitiva.

70. El criterio de irreparabilidad radica en que el juzgador se encuentre imposibilitado para pronunciarse sobre dicha afectación en la sentencia definitiva del juicio o que, pudiéndose pronunciar al respecto, no sea posible solventar de forma integral los perjuicios que pudieran producir o hayan producido las mencionadas resoluciones a alguna de las partes; es decir, dicha resolución del juzgador es revisable en un recurso de queja, precisamente porque no forma parte de la materia o litis de la sentencia del juicio de amparo o porque es un presupuesto inmodificable en el que se podría basar la sentencia al ser parte del trámite del juicio principal o del incidente de suspensión.

71. Lo anterior, a pesar del supuesto jurídicamente viable de que la afectación producida por la resolución que no fue solventada por el Juez de Distrito en la sentencia definitiva pudiera ser controvertida a través del recurso de revisión (el cual podría concluir en una reposición del procedimiento), pues justamente lo que intenta lograr el recurso de queja es un perfeccionamiento del trámite del juicio de amparo en sus aspectos procesales o extraprocesales, a fin de otorgar celeridad, certeza y seguridad jurídica a las partes. (...)”.

Tal ejecutoria dio origen a la jurisprudencia P./J. 21/2015 (10a.) que al rubro dice: RESOLUCIÓN DICTADA POR EL JUEZ DE DISTRITO EN LA QUE NIEGA LA SOLICITUD DE ACUMULACIÓN RESPECTO DE JUICIOS SEGUIDOS EN JUZGADOS DIFERENTES. EN SU CONTRA NO PROCEDE RECURSO ALGUNO.

De lo anterior, se advierte que el recurso de queja regulado por la fracción I, inciso e), del artículo 97 de la Ley de Amparo, procede en contra de las resoluciones que cumplan con los requisitos siguientes:

Requisitos objetivos: 1. La existencia de una resolución dictada durante la tramitación de un juicio de amparo principal o en el incidente de suspensión, y 2. Que dicha resolución no admita expresamente el recurso de revisión.

Se les considera así porque son supuestos en los que no debe de haber una valoración de su contenido o efectos, sino simplemente verificar la existencia de dicha resolución reclamada y su falta de reconocimiento normativo para poder ser impugnada a través de otro medio de defensa, como lo es el recurso de revisión.

Requisitos subjetivos: 1. Que dicha resolución sea de naturaleza trascendental y grave; 2. Que consecuentemente se cause un perjuicio de esa naturaleza a alguna de las partes; y, 3. Que esa afectación no sea reparable en sentencia definitiva.

Se les valora como subjetivos, dado que no pueden delimitarse de manera previa, es decir, su aplicabilidad depende de cada caso en concreto y, por ende, del tipo de resolución que se impugna, el perjuicio que pudiera ocasionarse y su relación con la materia propia del juicio de amparo.

Así pues, los dos primeros requisitos subjetivos se encuentran íntimamente relacionados debido a que cuando el legislador señaló que la resolución debe ser “trascendental y grave” se refería a que está fuera de lo ordinario, porque el propio contenido de la resolución provoca perjuicios de gran importancia o peso normativo para las partes del juicio de amparo, esto es, dicha trascendencia o gravedad, se ve definida por sus probables consecuencias, y la envergadura de tales posibles perjuicios, los cuales definen a su vez la naturaleza de la resolución impugnada para efectos de la procedencia del recurso de queja.

Asimismo, debe tomarse en cuenta que la Ley de Amparo no delimita qué tipo de perjuicios se ven incluidos en su ámbito de aplicación, ni estipula que los mismos deberán de haberse dado materialmente previo a la interposición del medio de defensa, es decir, se hizo referencia a una probabilidad de afectación.

Por lo que ve al referido tercer requisito subjetivo, es el que modula a sus dos predecesores, pues únicamente podrán ser controvertidas por este medio de impugnación las resoluciones de un Juez de Distrito que sean trascendentes y graves al causar un perjuicio que no sea reparable en sentencia definitiva.

El criterio de irreparabilidad radica en que el juzgador esté imposibilitado para pronunciarse sobre dicha afectación en la sentencia definitiva, por lo que existe el riesgo de colocar a alguna de las partes en una situación que pueda repercutir en su esfera personal y jurídica al momento de dictarse esa sentencia, y que como tal, es imposible impugnar durante la instrucción del juicio a través de otro medio de defensa, por lo que a fin de evitar lo anterior, el legislador otorgó a los posibles agraviados, la opción de recurrir la resolución correspondiente a través del recurso de queja. En otras palabras, lo que intenta lograr el recurso de queja es un perfeccionamiento del trámite del juicio de amparo en sus aspectos procesales o extraprocesales, a fin de otorgar celeridad, certeza y seguridad jurídica a las partes.

De igual forma de los criterios transcritos se aprecia que el recurso de queja es improcedente contra acuerdos de mero trámite, que por su naturaleza no puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en sentencia definitiva, pues de interponerse el recurso de revisión en contra de dicha sentencia, al analizar los agravios formulados por alguna de las partes, se podrá alegar y advertir, incluso de oficio, si se violaron las reglas fundamentales del procedimiento o el juez incurrió en alguna omisión que hubiera dejando sin defensa al recurrente, caso en el que el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento del juicio.

En ejecutoria que dio lugar a la Jurisprudencia 2a./J. 156/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estableció, en lo que interesa:

Del análisis armónico de lo previsto en los numerales en comento, se colige que tratándose de suspensión del acto reclamado, el recurso de revisión procede únicamente contra resoluciones que deciden sobre la suspensión definitiva, lo que de suyo implica un análisis de las pruebas aportadas por las partes en el incidente respectivo, ya sea para conceder o negar la referida medida suspensional, o bien, para revocar o modificar dicha determinación.

Por exclusión, todas aquellas determinaciones que se dicten durante el trámite del incidente respectivo y que no decidan sobre el otorgamiento, modificación o revocación de la suspensión definitiva del acto reclamado, serán impugnables a través del recurso de queja, siempre que por su naturaleza trascendental y grave puedan ocasionar un daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva.

Luego, es dable concluir que el auto que desecha un incidente de modificación o revocación de la resolución que concede o niega la suspensión del acto reclamado, no encuadra dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revisión que prevé el artículo 83, fracción II, de la Ley de Amparo, en tanto excluye cualquier pronunciamiento sobre la determinación que se pretende modificar o revocar.

Cabe señalar, que el recurso de revisión sólo procede contra las resoluciones señaladas expresa y limitativamente en el artículo 83 de la Ley de Amparo, por lo que los supuestos de procedencia de ese medio de impugnación, no admiten interpretación por analogía ni mayoría de razón, de ahí que lo dispuesto en la fracción II, inciso c), del aludido precepto legal, no es aplicable para el auto que desecha el incidente de modificación o revocación de la resolución que concede o niega la suspensión del acto reclamado, máxime que no existe una relación lógica de identidad con la resolución que niega modificar o revocar esa determinación, pues se insiste, el desechamiento de plano del precitado incidente, excluye cualquier pronunciamiento sobre la determinación que se pretende modificar o revocar.

Precisado lo anterior, debe tomarse en consideración que la suspensión del acto reclamado tiene por finalidad preservar la materia del amparo y evitar que se produzcan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación al quejoso o al tercero perjudicado y, en tal sentido, debe estimarse que el auto que desecha el incidente de modificación o revocación de la resolución que concede o niega la aludida medida suspensional, es un acto que por su naturaleza trascendental y grave puede ocasionar un daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva, pues no debe soslayarse que el desechamiento del aludido incidente, deja subsistente la determinación que se pretende modificar o revocar, hasta en tanto no se dicte sentencia ejecutoriada en el juicio principal.

Así, es incuestionable que el auto que desecha el incidente de modificación o revocación de la resolución que concede o niega la suspensión del acto reclamado, ya sea provisional o definitiva, al constituir un auto de trámite dictado dentro del incidente de suspensión, que no admite expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puede ocasionar un daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva, es impugnable a través del recurso de queja, en términos de lo previsto en el artículo 96, fracción VI, de la Ley de Amparo.’

El texto de la jurisprudencia, que se cita, dice:

SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL AUTO QUE DESECHA DE PLANO EL INCIDENTE DE MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE O NIEGA, ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA. De los artículos 83, fracción II, y 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose de la suspensión del acto reclamado, el recurso de revisión procede únicamente contra resoluciones que deciden sobre la suspensión definitiva, lo que de suyo implica un análisis de las pruebas aportadas por las partes en el incidente respectivo, ya sea para conceder o negar la referida medida suspensional, o bien, para revocar o modificar dicha determinación y, por exclusión, los autos o resoluciones que se dicten durante el trámite del incidente respectivo y que no decidan sobre el otorgamiento, modificación o revocación de la suspensión definitiva del acto reclamado, serán impugnables a través del recurso de queja, siempre que por su naturaleza trascendental y grave puedan ocasionar un daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva. En esa tesitura, contra el auto que desecha el incidente de modificación o revocación de la resolución que concede o niega la suspensión (provisional o definitiva) del acto reclamado, procede el recurso de queja, ya que al excluir cualquier pronunciamiento sobre la determinación que se pretende modificar o revocar, constituye un auto de trámite dictado dentro del incidente de suspensión, que no admite expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puede ocasionar un daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva, pues no debe soslayarse que por virtud del desechamiento del aludido incidente, el auto que concede o niega la suspensión surte efectos hasta en tanto no se dicte sentencia ejecutoriada en el juicio principal.

Ahora bien, en el caso a estudio, el recurso de queja que ahora se resuelve se promovió contra la resolución de fondo dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto ********, que se tramita ante el Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, en la que se declaró infundado, es decir, se negó, el incidente de modificación o revocación de la suspensión provisional promovido por las autoridades responsables Tesorería de la Federación y la Secretaría de Hacienda.

Y, al promoverlo, la autoridad recurrente, esto es, la Tesorería de la Federación, señaló expresamente, sin lugar a dudas, el recurso de queja, con apoyo en el artículo 97, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, pues al respecto expuso textualmente lo siguiente:

Que por medio del presente oficio y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, fracción I, 99, 100 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo; vengo a interponer RECURSO DE QUEJA, en contra de la resolución emitida dentro del incidente de modificación o revocación a la suspensión provisional de fecha 14 de mayo de 2025, dictado por el C. Juez de conocimiento, a través del cual, de manera incorrecta determinó declarar infundados los argumentos vertidos por la suscrita autoridad, omitiendo realizar un análisis del hecho superveniente anunciado y de los acontecimientos fácticos tendentes a demostrar la procedencia de la revocación de la suspensión otorgada ...

Incluso la autoridad recurrente agregó un apartado relativo a la procedencia del recurso, en el que expuso lo siguiente:

Ver artículo

Con estos elementos se puede advertir que el recurso de queja que se resuelve es improcedente porque no se satisface el primero de los requisitos objetivos a que se condiciona su procedencia, consistente en que la resolución recurrida sea una de trámite y no una determinación de fondo que implique el análisis de pruebas y defensas expuestas por las partes para llegar a una determinación definitiva sobre la procedencia de la modificación de la suspensión provisional.

Y esto conlleva a determinar que tampoco se actualiza el segundo requisito objetivo, atinente a que la resolución no admita expresamente el recurso de revisión en virtud de que la resolución en que se niega la revocación o modificación de la suspensión provisional en realidad es impugnable mediante el recurso de revisión, como se verá.

En efecto, en el artículo 81, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo se establece lo siguiente:

Artículo 81. Procede el recurso de revisión:

I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes:

(...)

b) Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación de esos autos; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente;

De acuerdo con esa disposición, procede el recurso de revisión contra las resoluciones en que se niegue la revocación o modificación de los acuerdos en que se haya concedido o negado la suspensión definitiva.

Ahora bien, aunque en esa disposición se prevé la procedencia del recurso de revisión contra las resoluciones en que se niegue la revocación o modificación de los acuerdos en que se haya concedido o negado la suspensión definitiva, debe considerarse que también es procedente contra las resoluciones en que se niegue la revocación o modificación de los acuerdos en que se haya concedido o negado la

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33836-8342fedc/recurso-de-revision-previsto-en-el-articulo-81 · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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