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Modo: Corpus Pro

JUICIO POLÍTICO. LA DETERMINACIÓN DEL CONGRESO ESTATAL DE NO DAR TRÁMITE A LA DENUNCIA RESPECTIVA, NO CONSTITUYE EL EJERCICIO DE SU FACULTAD SOBERANA O DISCRECIONAL SOBRE LA REMOCIÓN O SUSPENSIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SINALOA Y QUINTANA ROO).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 364/2012. · Registro digital (IUS): 25001
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGIÓN CON RESIDENCIA EN ZACATECAS, ZACATECAS Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO C
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Pág. 207.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 364/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGIÓN CON RESIDENCIA EN ZACATECAS, ZACATECAS Y EL ENTONCES SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO, ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL MISMO CIRCUITO. 1o. DE OCTUBRE DE 2013. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al uno de octubre de dos mil trece.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Mediante oficio 349/2012 presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el catorce de agosto de dos mil doce, la Magistrada Dalila Quero Juárez, presidenta del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región remitió copia certificada de la resolución pronunciada en el amparo en revisión auxiliar **********, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito respecto del amparo en revisión administrativo **********, donde se observa la denuncia de posible contradicción de criterios, entre el sustentado por ese órgano jurisdiccional auxiliar; y el emitido por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión **********.

SEGUNDO. Por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil doce, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se formara y registrara el expediente con el número 364/2012; admitió a trámite la contradicción de tesis; requirió al presidente del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del mismo circuito, copia certificada de la sentencia dictada en el juicio de amparo en revisión **********, así como su remisión vía electrónica; asimismo requirió a las presidencias de los Tribunales Colegiados involucrados informarán si su criterio se encuentra vigente.

A su vez, ordenó que pasaran los autos para su estudio al Ministro Sergio A. Valls Hernández; y mandó dar vista por treinta días a la procuradora general de la República, para el efecto de que si lo estimaba pertinente, expusiera su parecer.

TERCERO. El veinticuatro de agosto de dos mil doce, el subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación certificó que el plazo de treinta días, concedido a la procuradora general de la República, transcurriría del veintisiete de agosto al ocho de octubre de dos mil doce.

CUARTO. Mediante oficio 368/2012 recibido el tres de septiembre de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Magistrada presidenta del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región informó que el criterio sustentado por ese órgano jurisdiccional se encuentra vigente.

A su vez, el presidente del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, por oficio 110/2012-ST, recibido en la citada Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia el dos de octubre de dos mil doce, remitió copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión ********** y comunicó que el criterio sostenido en ese asunto está vigente.

El cuatro de octubre de dos mil doce, el agente del Ministerio Público de la Federación formuló pedimento número DGC/DCC/1201 TER/2012, en el sentido de que sí existe contradicción de tesis, debiendo prevalecer el criterio de que no procede juicio de amparo contra el desechamiento de la denuncia de juicio político.

QUINTO. Por acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil doce, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó agregar los oficios de los Tribunales Colegiados señalados, con los cuales cumplieron los requerimientos formulados, así como el pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación; motivo por el cual dispuso que pasaran los autos para su estudio al Ministro Sergio A. Valls Hernández, en virtud de que el expediente quedó integrado con los criterios que originaron la contradicción de tesis.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 10, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que se trata de tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito en amparos en revisión contra sentencias dictadas en amparos indirectos en materia común, que no es de la competencia exclusiva de alguna de las Salas.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, quienes están facultados para ello, con fundamento en el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, al resolver el amparo en revisión auxiliar **********, derivado del juicio de amparo en revisión ********** del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, en sesión de tres de agosto de dos mil doce, en la parte que interesa determinó:

"CONSIDERANDO: QUINTO. ... Ahora bien, a fin de proporcionar un panorama completo que permita conocer mejor el sentido que rige a la presente determinación, es menester tener a la vista el contenido de la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo (que contiene la causal de improcedencia en que se sustenta la sentencia venida a revisión), y los diversos ordinales 132, 133 y 134 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa (relativos al juicio político), así como los numerales 13 al 31 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, inherentes al procedimiento de juicio político (se transcriben los artículos). Conforme a lo anterior, si bien es cierto lo que sostiene el recurrente en sus agravios en el sentido de que no sólo el Congreso del Estado de Sinaloa es el único órgano de gobierno que interviene en un procedimiento relativo al juicio político, dado que la etapa final y resolutiva del mismo corresponde, en el caso del Estado de Sinaloa al Pleno del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad, conocer del mismo; no menos cierto resulta que, finalmente es la naturaleza soberana y discrecional intrínseca que caracteriza a tal juicio entendiéndolo en sí mismo, y además considerándolo como uno de naturaleza política, así como que las actuaciones que lo conforman y las facultades constitucionales delegadas a las autoridades que participan en su desarrollo que por consecuencia resultan también soberanas y discrecionales, lo que marca la actualización de la improcedencia establecida en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Ello es así, porque precisamente la Constitución Política del Estado de Sinaloa, califica a las decisiones tomadas en dicho juicio, como soberanas y discrecionales; luego, innegable resulta que lo actuado o no (omisiones) dentro de un juicio político, constituyen actos discrecionales o soberanos conforme a la Constitución Política del Estado de Sinaloa a la Legislatura Local y, en su caso, al Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de dicha entidad; prerrogativa que, como adecuadamente lo indicó el a quo, tiene su ratio legis en el principio de la división de poderes; de modo que ante la existencia de una facultad otorgada constitucionalmente a uno de los Poderes del Estado respectivo o de la Unión en su caso, tales actos no pueden ser invalidados por otro poder, como lo sería en el caso el Judicial, pues la Ley de Amparo establece una imposibilidad jurídica de analizar tal tipo de actos mediante el juicio de control constitucional. Por tanto, si la premisa desde la cual parten los agravios que se atienden, indican que la facultad conferida al Congreso del Estado de Sinaloa, no es absoluta por intervenir en dicho procedimiento una autoridad diversa como lo es el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de dicha entidad, ello finalmente es infundado, toda vez que la conjunción o el vínculo existente de actuaciones que conforman dicho procedimiento por parte de diversas autoridades, no demerita en forma alguna que las decisiones tomadas en el juicio político, sean finalmente soberanas y discrecionales como lo indican la Constitución Local del Estado de Sinaloa y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de dicha entidad. Lo anterior es así, al ponderar que el juicio político es un procedimiento que se puede instaurar tanto a nivel federal como a nivel local, con el objetivo de fincar responsabilidad política a los servidores públicos señalados por la realización u omisión de actos que produzcan un perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Y en lo que respecta a las sanciones, aquellas que se impongan a los servidores públicos derivadas de un juicio político consistirán en la destitución del cargo que desempeñaba, así como la inhabilitación para ocupar algún otro empleo en el servicio público por un periodo. Por lo que, amén de las conductas que generen responsabilidades de los servidores públicos, las Constituciones Locales, como las leyes secundarias (Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa), como se ha visto, contienen un apartado que regula el procedimiento que habrá de seguirse para llevar a cabo un juicio político e imponer las sanciones respectivas; y que en términos generales, el juicio político se compone medularmente de las siguientes etapas: 1. El procedimiento inicia con la denuncia contra el servidor público presentada por cualquier ciudadano, quien lo hará bajo su más estricta responsabilidad. La denuncia deberá presentarse por escrito ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o ante el Congreso Local, según corresponda. 2. Dicha denuncia será remitida al órgano competente de la legislatura para que dictamine sobre la procedencia y, en su caso, la incoación del procedimiento de juicio político. 3. En la instrucción se le comunicará al servidor público la denuncia presentada en su contra y se le harán saber las garantías de defensa de que goza. En esta fase se lleva a cabo el periodo de pruebas y el de alegatos. La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados o del Congreso Local, según el caso, será la encargada de conducir el procedimiento antes descrito. 4. Después y concluido el término de contestación de denuncia, pruebas y alegatos, la Comisión Instructora formulará sus conclusiones, en donde decidirá si se termina el proceso o si, por el contrario, éste debe continuar. En el primer caso, las conclusiones propondrán al órgano legislativo que declare que no ha lugar a proceder contra el funcionario. En el segundo, la comisión someterá a aprobación del órgano legislativo el documento en el que se señala que se comprobó la conducta y la responsabilidad del servidor público, así como la sanción correspondiente; y en caso de ser aprobadas dichas conclusiones, se formule ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la acusación respectiva. 5. La Cámara de Diputados o el Pleno del Congreso Local se erigirán en órgano de acusación. En dicha sesión se le concederá la palabra al servidor público y a su defensor. Posteriormente, se discutirán y votarán las conclusiones propuestas por la Comisión Instructora, siendo necesaria la mayoría absoluta de votos de los miembros presentes. 6. Si el órgano legislativo (ya sea la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o el Congreso Local) aprueba la acusación, ésta se enviará al Senado de la República (en el ámbito federal) o al Tribunal Superior de Justicia del Estado (en el ámbito local), quienes actuarán como órgano de sentencia. 7. El órgano de acusación (la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o el Congreso Local) y el servidor público presentarán sus alegatos ante el órgano de sentencia. Se elaborará un proyecto de resolución el cual se presentará a la Cámara de Senadores o al Tribunal Superior de Justicia del Estado, según sea el caso. 8. El órgano de sentencia (la Cámara de Senadores o el Pleno del Tribunal Superior de Justicia de los Estados) deberá votar para determinar si el servidor público es o no responsable. Luego, como se viene indicando, el juicio político es un procedimiento en el que se pueden distinguir dos fases principales, cada una encomendada a un órgano distinto, tal cual lo sostiene el quejoso en sus agravios; ya que por un lado, el órgano de acusación que en el ámbito federal es la Cámara de Diputados y en el local la legislatura respectiva, y por el otro, un órgano denominado jurado de sentencia que a nivel federal corresponde a la Cámara de Senadores y, en la entidad federativa estudiada, a su Tribunal Superior de Justicia. Adicionalmente, cada una de estas etapas se puede descomponer en una pluralidad de fases, cada una encomendada a órganos diferentes. Por ejemplo, dentro de la etapa de acusación, participa la Comisión Instructora, que es un órgano dentro del cuerpo legislativo. Sin embargo, no debe confundirse que, precisamente, en razón de esta pluralidad de órganos que participan en el juicio político que pudiera emerger la duda de si se está ante un proceso que tiene una primera etapa caracterizada por una función política (la de acusación, realizada por el órgano legislativo) y una segunda de naturaleza jurisdiccional (la de sentencia, realizada por el Tribunal Superior de Justicia); o si por el contrario, se trata de un procedimiento en el que en todo momento se desarrollan funciones de tipo político, aunque participen órganos que regularmente no desempeñan esa clase de funciones; dado que conforme a esto último, es precisamente, la unicidad del procedimiento en sí mismo considerado, y sobre todo, de que la Constitución Política del Estado de Sinaloa, califica como soberanas y discrecionales a las decisiones tomadas dentro del juicio político, por las autoridades que en él intervienen, lo que torna improcedente el juicio de garantías por ser uno de naturaleza eminentemente política y sobre todo resuelto y realizado por autoridades actuando en ejercicio de atribuciones constitucionalmente estimadas como libres y soberanas, sobre las cuales, otro poder público no puede interferir. Por lo que bajo este orden de ideas, el solo hecho de que en el ámbito local la etapa de sentencia se le asigne al Tribunal Superior de Justicia no nos debe llevar a concluir su naturaleza jurisdiccional, mientras todas las anteriores se estimen políticas; ya que si bien es cierto que los Tribunales Superiores de Justicia principalmente realizan funciones de tipo jurisdiccional en su actividad ordinaria, esto no significa que cualquier actividad que realicen deberá ser catalogada como jurisdiccional. Lo anterior porque no debe soslayarse que la decisión de otorgar al Tribunal Superior de Justicia de los Estados la función de órgano de sentencia en el ámbito local tiene explicación en el hecho de que en los Estados, a diferencia del ámbito federal, sólo existe un órgano legislativo; y de ahí la necesidad de incorporar un segundo órgano para la fase de sentencia, entendiendo lógicamente, que por ello, se incluyó en el juicio político a un órgano que principalmente realiza funciones de carácter jurisdiccional; pero no por ello, puede afirmarse que la participación del Tribunal Superior de Justicia en la última de las etapas del juicio político modifique la naturaleza política de ésta, ya que la calificación de político se refiere a la totalidad del procedimiento. Por tanto, que la autoridad que ejerza el control político sea alguno de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados o que éstos tengan alguna participación en el proceso de atribución de responsabilidades políticas, no es razón válida para catalogar su actuación como jurisdiccional, y menos aún, para demeritar las facultades discrecionales y soberanas con que se desarrolla su actividad en tal procedimiento; pues aun y cuando es costumbre o regla general entender como coincidentes el carácter formal y material de las atribuciones de los órganos del Estado, lo correcto es atender a la naturaleza de la función; por lo que en el caso, no deben perderse de vista, que se trata pues de un acto eminentemente político. Luego, la naturaleza del órgano no determina la naturaleza de la atribución que ejerce, sino a la inversa, la función es la que determina el carácter con el que el órgano actúa en un caso concreto y; por tanto, sólo desde el análisis del conjunto de normas que integran la manera de ejercer la función correspondiente es posible determinar la naturaleza de ésta. Ante tal situación, debe sostenerse que el juicio político es un proceso caracterizado en su totalidad como uno de tipo político en el que todas las etapas de las que se compone tienen la misma naturaleza, sin importar el órgano que participe en cada una de ellas. La función que se realiza es claramente de naturaleza política por las características que la conforman: a) Responde a un criterio de oportunidad política; b) Controla actos y personas, no normas o productos normativos; c) El parámetro de control es político, o sea, surge de la misma voluntad política del órgano que controla; y, finalmente, d)

l resultado es una sanción de carácter político, entiéndase como destitución o inhabilitación en el cargo. Lo anterior, se destaca porque para el correcto funcionamiento del Estado constitucional es preciso que existan controles de tipo político y jurídico de los actos de las autoridades, en virtud de que, si bien actúan de forma diferente, ambos tienen una finalidad común: verificar los actos de los altos funcionarios dedicados al servicio público. En esa tesitura, aun cuando el control sea político -ejercido con naturaleza formal jurisdiccional o política- la decisión final debe circunscribirse a las pautas que señale la misma Constitución. Para decirlo más claramente, podemos afirmar que por la función que cumple el Tribunal Superior éste no mantiene su naturaleza de órgano jurisdiccional, sino que se convierte en un órgano político que atribuye responsabilidades del mismo tipo. Así las cosas, una vez entendido y definido que en su totalidad el juicio político tiene una naturaleza política en todas sus etapas, sin que ésta pueda variar en razón de los órganos que participan, y que las decisiones u omisiones tomadas en el mismo, corresponden única y exclusivamente a facultades soberanas y discrecionales de las autoridades que en el mismo intervienen, es menester analizar si las decisiones en él tomadas encuadran en la causal de improcedencia que contempla la Ley de Amparo y, con ello, otorgar respuesta a las inconformidades planteadas por el recurrente en sus agravios. Para poder responder a la pregunta sobre la procedencia del juicio de amparo en el caso en comento, debe previamente determinarse si la señalada fracción de la Ley de Amparo contiene una delegación en las Legislaturas de los Estados para establecer en las Constituciones Locales cuáles de sus actos serán inatacables. De la redacción de la fracción VIII del artículo 73 se desprende que existe una delegación a favor de las Legislaturas Locales para que cuando se trate de la elección, suspensión o remoción de funcionarios las Constituciones Locales puedan señalar cuáles de esos actos constituyen una resolución soberana o discrecional y, por tanto, resultarían inatacables al aplicarse esta causal de improcedencia del juicio de amparo. En este sentido, tienen que darse estas tres condiciones: a) Que sean actos provenientes de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanentes; b) Que se trate de casos de elección, suspensión o remoción de funcionarios; y, c) Que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente. Una vez señalada la existencia de la delegación a favor de las Legislaturas Locales, el siguiente punto consiste en determinar si en el caso específico de la Constitución de Sinaloa y las determinaciones del Tribunal Superior de Justicia en los juicios políticos son catalogadas por éstas como inatacables; pues sólo así se entiende que se trata de facultades soberanas o discrecionales. Al respecto, y como ya fue indicado con antelación, la Constitución de Sinaloa dispone en su ‘Artículo 134.’ (se transcribe). Claramente se desprende que, de manera expresa, la Constitución del Estado de Sinaloa contempla que las resoluciones del Congreso Local y del Tribunal Superior de Justicia cuando actúan dentro de un procedimiento de juicio político son soberanas al no existir ningún otro órgano que constitucionalmente pueda interferir o revisar su decisión, de ahí la determinación de las propias Constituciones de su ‘inatacabilidad’. De este modo, de la interpretación a tal precepto constitucional del Estado de Sinaloa, en relación con la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que las determinaciones del Congreso Local, así como la de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, actuando como órgano acusador y jurado de sentencia, respectivamente, dentro de un procedimiento de juicio político constituyen decisiones soberanas o discrecionales; luego, es evidente que el juicio de amparo resulta improcedente contra las mismas. Sin que se soslaye que en el caso, el acto reclamado se trata de uno de naturaleza omisiva, como lo resalta el recurrente en sus agravios, aduciendo que el a quo apreció mal su reclamo, dado que no se trata de actuaciones que se hayan verificado dentro de un procedimiento, puesto que realmente aún ni siquiera existen; empero, si bien es cierto que el impetrante viene reclamando la omisión por parte del Congreso Local del Estado de Sinaloa, de dictar la resolución correspondiente a la denuncia que presentó el dieciséis de diciembre de dos mil once, es claro que el ‘no actuar’ dentro de un juicio político por parte de las autoridades que en él intervienen, también forman parte de las facultades soberanas o discrecionales que la Constitución Local del Estado de Sinaloa, confiere a dichos órganos y a los que nos hemos referido en la presente determinación; pues es claro que todo lo actuado y lo no actuado en el mismo, constituyen parte inherente de tal procedimiento y, que todo ello, se incluye, indefectiblemente en las facultades soberanas o discrecionales de dichos órganos del Estado; luego, no existe agravio alguno al considerar que una conducta omisiva por parte del Congreso del Estado de Sinaloa, actuando dentro de un juicio político, no forme parte del mismo, antes bien, sería un completo contrasentido estimar que dicha omisión ocurrió fuera del mismo. Luego, resulta infundado que el recurrente en sus agravios, parta de la hipótesis de que no pueda considerase como una facultad soberana del Poder Legislativo Local lo actuado dentro de un juicio político, por el simple evento de que en el mismo colabora diversa autoridad de otro poder estatal y que participan en dicho procedimiento (como lo es el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa); pues como se ha visto, no es bajo la óptica de ser ‘exclusivas’ como deben entenderse a las facultades soberanas o discrecionales de dicha autoridad al actuar en un juicio político; sino que éstas se refieren a las actuaciones o resoluciones tomadas ‘dentro’ de tal procedimiento, independientemente del Poder Público Estatal que las haya verificado, pues es el procedimiento en sí mismo considerado dada su naturaleza política y, por consecuencia, a los órganos de gobierno que en su desarrollo intervienen, lo que constituyen actos soberanos o discrecionales por la función que tiene encomendada constitucionalmente, lo que torna incuestionable dichas decisiones, al menos por esta vía. Aplica por mayoría de razón, la jurisprudencia 37/2010, sustentada por la Primera Sala del Alto Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, junio de 2010, página 94, que indica: ‘JUICIO POLÍTICO. LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE UN ESTADO, ACTUANDO COMO JURADO DE SENTENCIA, CONSTITUYE UN ACTO DE NATURALEZA POLÍTICA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe su texto). En otro orden de ideas, el quejoso sostiene como ejemplo de sus pretensiones, que resulta incorrecto sobreseer un juicio de amparo con fundamento en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en contra de una resolución dictada por la Comisión de Justicia de la Legislatura de un Estado que desecha una denuncia de juicio político formulada en contra del procurador general de Justicia de una entidad; por lo que con mayor razón no existe base legal para sobreseer en el juicio de amparo que inicia; e invoca como soporte de lo anterior la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, página 491, de rubro: ‘JUICIO POLÍTICO, ES PROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE UNA DENUNCIA DE.’ (se transcribe su texto). Y, por ello, estima el recurrente, no debió decretarse el sobreseimiento del juicio, dado que el acto reclamado no constituye tema alguno vinculado con la elección, suspensión o remoción de funcionarios, sino sólo la omisión de la responsable en pronunciarse sobre el trámite de denuncia de juicio político. Sin embargo, contrario a tal criterio, y como ha sido más que detallado, al ser el juicio político un procedimiento sin más objetivo que el de fincar responsabilidad política a los servidores públicos señalados por la realización u omisión de actos que produzcan un perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, mismo que, de resultar procedente, llevaría a la imposición de sanciones consistentes en la destitución del cargo que desempeñaba, así como la inhabilitación para ocupar algún otro empleo en el servicio público por un periodo; es claro que, el razonamiento que ocupa el impetrante es infundado, pues la omisión de acordar la denuncia de juicio político por parte del Congreso Local del Estado de Sinaloa que ahora reclama, también forma parte intrínseca de un procedimiento que, por su naturaleza eminentemente política, es considerado por la Constitución Local de Estado de Sinaloa, como uno dotado de facultades soberanas o discrecionales; luego, si bien es cierto que cualquier ciudadano puede denunciar por escrito a un servidor público ante el Congreso respectivo de conformidad con el artículo 9o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; no menos verídico lo es que tal derecho de denuncia se agota en el momento en que se formula, de modo que lo actuado -o lo que se deje de hacer- en el procedimiento de juicio político que derive de la denuncia presentada, constituyen actos que son verificados con fundamento precisamente en el uso de esas facultades soberanas o discrecionales, respecto de las cuales no procede el juicio de garantías con fundamento en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, si se reclama en amparo la omisión de acordar el escrito de denuncia de juicio político éste resulta improcedente, pues dicha omisión forma parte en el desarrollo de un procedimiento de juicio político donde no procede el juicio de amparo en razón de que se trata de un acto dentro de un procedimiento que en su totalidad ha sido calificado como discrecional o soberano por la misma Constitución del Estado; ya que dada la naturaleza del procedimiento y de las actuaciones de las autoridades que participan en él, cuando las Constituciones correspondientes las califiquen como decisiones soberanas y discrecionales, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Por tanto, y en virtud de las razones que informan esta ejecutoria, este Tribunal participa y comparte el criterio contenido en la tesis sustentada por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la queja administrativa ********** y emitir la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, abril de 2007, página 1762, del siguiente contenido: ‘JUICIO POLÍTICO. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LOS ACTOS REALIZADOS EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, AUN LOS DE CARÁCTER NEGATIVO U OMISIVO.’ (se transcribe su texto). De modo tal que si ahora el recurrente sostiene como base de sus pretensiones, lo expuesto en un aparente criterio divergente, como lo es el contenido en la ya invocada tesis aislada sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión ********** de su índice y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, enero de 1997, página 491, del rubro: ‘JUICIO POLÍTICO, ES PROCEDENTE EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL DESECHAMIENTO DE UNA DENUNCIA DE.’. Por lo que acorde a las razones expuestas con antelación, este Tribunal Colegiado no comparte tal postura y, por ende, con fundamento en el artículo 196, fracción III, último párrafo, de la Ley de Amparo, debe denunciarse la contradicción de tesis de tales criterios dire

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25001-307b1310/juicio-politico-la-determinacion-del-congreso-estatal-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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