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I. ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. NATURALEZA ELECTORAL DE LA NORMA QUE SUPRIME A LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO COMO SUJETOS DE JUICIO POLÍTICO LOCAL (DECLARATORIA NÚMERO 002 POR EL (SIC) QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, PUBLICADA EL TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, EN ESPECÍFICO EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN I). II. JUICIO POLÍTICO FEDERAL. LOS MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES ELECTORALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PUEDEN SER SOMETIDOS AL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 CONSTITUCIONAL (DECLARATORIA NÚMERO 002 POR EL (SIC) QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, PUBLICADA EL TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, EN ESPECÍFICO EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN I). III. JUICIO POLÍTICO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. NO SE GENERA UNA ESFERA DE IMPUNIDAD AL SUPRIMIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE ESA ENTIDAD A LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DEL CATÁLOGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PUEDEN SER SOMETIDOS A ÉSTE (DECLARATORIA NÚMERO 002 POR EL (SIC) QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, PUBLICADA EL TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, EN ESPECÍFICO EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN I). IV. JUICIO POLÍTICO LOCAL. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS GOZAN DE LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN NORMATIVA PARA DETERMINAR SI LOS MAGISTRADOS ELECTORALES, PUEDEN O NO SER SUJETOS DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA LOCAL (DECLARATORIA NÚMERO 002 POR EL (SIC) QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, PUBLICADA EL TRES DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, EN ESPECÍFICO EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN I).

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 86/2017. · Registro digital (IUS): 28401
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2019-03-08
Promovente: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.
Localización: Décima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo I, Pág. 648.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 86/2017. PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 7 DE DICIEMBRE DE 2017. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de diciembre de dos mil diecisiete.

RESULTANDO

PRIMERO.—Partido político. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, se promovió la siguiente acción de inconstitucionalidad en la fecha, por la persona y en nombre de la organización que a continuación se indican:

Ver fecha, persona y nombre de la organización

SEGUNDO.—Actos reclamados. De la lectura integral del escrito inicial, se advierte que, el partido político reclamó del Congreso y del Gobernador del Estado de Quintana Roo, la aprobación y promulgación de la "Declaratoria Nu´mero 002 por el (sic) que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones a la Constitucio´n Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de combate a la corrupcio´n", publicada el 3 de julio de 2017 en el Periódico Oficial, de dicha entidad federativa, en específico en cuanto reformó el artículo 160, fracción I, cuyo texto anterior y posterior a su reforma disponía y dispone lo siguiente (se transcribe completo el precepto):

Ver texto anterior y posterior a su reforma

TERCERO.—Disposiciones violadas. El partido político señaló las siguientes:

"Los artículos 1o., 14, 16, 110, 116 fracción VI y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49, fracción II, párrafos octavo y undécimo y 160, fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 2, 3, fracción I, 5 y 6 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo; 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo y demás disposiciones legales en la materia."

CUARTO.—Antecedentes. El partido político narró lo siguiente:

"A. El dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, el C. Sergio Avilés Demeneghi, consejero electoral del Instituto Electoral de Quintana Roo, solicitó a la Cámara de Senadores el inicio del procedimiento de remoción de los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, los C.C. Víctor Venamir Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas.

"B. El treinta de noviembre de dos mil dieciséis, el director general de asuntos jurídicos del Senado de la República, mediante oficio DGAJ/DC/2615/IX/2016, remitió los escritos del denunciante al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Quintana Roo, en razón de no contar con facultades para instaurarse como órgano investigador respecto de la autoridad jurisdiccional de los Magistrados electorales.

"C. El dieciséis de enero de dos mil diecisiete, el C. Sergio Avilés Demeneghi presentó denuncia de juicio político en contra de los C.C. Víctor Venamir Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, en sus calidades de Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo, dirigida a la Décima Quinta Legislatura del Estado de Quintana Roo, por haber incurrido en actos y omisiones establecidos en el artículo 6o., fracciones II, X y XII, de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, referentes al ataque a las instituciones democráticas, el abandono o desatención injustificada de sus funciones y la notoria negligencia o torpeza en el desempeño de las mismas.

"D. El seis de abril del presente año, los C.C. Víctor Venamir Vivas Vivas, Nora Leticia Cerón González y Vicente Aguilar Rojas, Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo interpusieron juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano ante el Congreso del Estado, dichos juicios fueron ampliados mediante escritos interpuestos en fecha veintiocho de abril del año dos mil diecisiete ante la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dichos juicios fueron radicados bajo los números SUP-JDC-259/2017, SUP-JDC-260/2017 y SUP-JDC-261/2017.

"E. El pasado dieciocho de mayo del año en curso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió resolución en el expediente SUP-JDC-259/2017 y sus acumulados, cuyos puntos resolutivos son de tenor literal siguiente:

"‘RESUELVE:

"‘Primero. Se decreta la acumulación de los SUP-JDC-260/2017 y SUP-JDC-261/2017, al diverso SUP-JDC-259/2017.

"‘Segundo. Se revocan los actos impugnados.

"‘Tercero. Dése vista de esta sentencia a la Cámara de Diputados de Congreso de la Unión, con copia certificada de los expedientes, para que actúe como en derecho estime pertinente.’

"Resolución que a partir de su emisión se hizo un hecho público y notorio al haber sido publicado (sic) en diversos medios de comunicación impresos, en redes sociales en nuestra entidad y en la página institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación www.te.gob.mx y/o www.trife.gob.mx"

"El partido político también narró los siguientes hechos:

"HECHOS

"Primero. En sesión de la XV Legislatura del Congreso de Estado de Quintana Roo, celebrada en fecha veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se dio lectura a la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, presentada por los diputados Raymundo King de la Rosa, Leslie Angelina Hendricks Rubio, Jenni Juárez Trujillo, Elda Candelaria Ayuso Achach, José Luis González Mendoza y Alberto Vado Morales, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la XV Legislatura del Estado. Dicha iniciativa fue turnada a la comisión anticorrupción, participación ciudadana y órganos autónomos del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.

"Segundo. En sesión de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, celebrada en fecha cinco de abril de dos mil diecisiete, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de combate a la corrupción, presentada por los diputados Mayuli Latifa Martínez Simón, Gabriela Angulo Sauri, Fernando Levín Zelaya Espinoza, Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Eugenia Guadalupe Solís Salazar y Jesús Alberto Zetina Tejero, todos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la XV Legislatura del Estado. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.

"Tercero. En sesión de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, celebrada en fecha diez de abril de dos mil diecisiete, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de combate a la corrupción, presentada por el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, por la diputada Laura Esther Beristaín Navarrete, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, por el diputado José Esquivel Vargas, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, por el diputado Ramón Javier Padilla Balam, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y por el diputado Juan Ortiz Vallejo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, todos integrantes de la XV Legislatura del Estado; Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.

"Cuarto. En sesión de la XV Legislatura del Estado de Quintana Roo celebrada en fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, se dio lectura a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo.

"Quinto. En fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete, la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, aprobó el dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de combate a la corrupción, reformando el artículo 160 en su fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, relacionando los sujetos a juicio político y eliminando la porción normativa que establece ‘a las y los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo’ como sujetos de juicio político.

"Sexto. En sesión de la Diputación Permanente del Segundo Receso de la XV Legislatura del Congreso del Estado de Quintana Roo, celebrada en fecha 30 de junio de 2017 se efectuó el cómputo de votos de los Honorables Ayuntamientos de los Municipios del Estado de la Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de combate a la corrupción.

"Séptimo. En fecha 3 de julio de 2017, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, la declaratoria número 02: por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de combate a la corrupción."

QUINTO.—Concepto de invalidez. El partido político argumentó lo siguiente:

"La reforma a la fracción I del artículo 160 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en la que por omisión o en cumplimiento a la determinación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación elimina a los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo como servidores públicos sujetos de responsabilidad política, genera una esfera de impunidad y desigualdad respecto de éstos en su actuar al negarse la incoación de un procedimiento de esta naturaleza ante el Poder Legislativo del Estado, no obstante a que los servidores públicos por el desempeño de su actuar pueden incurrir en responsabilidades de carácter administrativo, penal, político, civil o electoral, según corresponda.

"Es así que cualquier empleo o cargo público debe estar sustentado en ordenamientos legales que permitan regular su actuar y en su caso, la imposición de sanciones como consecuencia del incorrecto ejercicio de las atribuciones que le fueron conferidas, por lo que en el caso concreto al eliminar a los Magistrados del Tribunal Electoral Local del catálogo de sujetos a procedimiento de juicio político, los deja en estado de excepción e inmunidad con relación a los demás servidores públicos que integran las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales, como son los consejeros electorales. Máxime que como funcionarios públicos no pueden estar exentos de afrontar y asumir las responsabilidades y sanciones que le sean impuestas, siendo que en la propia Constitución Federal no se establecen excepciones en el tema de responsabilidades de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.

"La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 116, fracción IV, inciso c), numeral 5, que de conformidad con las bases establecidas en dicha Constitución y las leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, y tratándose de los tribunales electorales locales, estos se integrarán por un número impar de Magistrados, quienes serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa convocatoria pública, en los términos que determine la ley.

"Las responsabilidades de los Magistrados electorales locales no escapan de la regulación jurídica, tanto a nivel federal como a nivel local, en tal tenor, el artículo 117 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone lo siguiente:

"1. Con independencia de lo que mandaten las Constituciones y leyes locales, serán causas de responsabilidad de los Magistrados electorales de las entidades federativas las siguientes:

"a) Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función jurídico-electoral, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto de terceros;

"b) Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar;

"c) Conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos;

"d) Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones infringiendo las disposiciones correspondientes;

"e) Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento;

"f) Dejar de desempeñar injustificadamente las funciones o las labores que tenga a su cargo;

"g) Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los términos de la presente ley y de la demás legislación de la materia;

"h) Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón de su cargo tenga a su cuidado o custodia, con motivo del ejercicio de sus atribuciones, y

"i) Las demás que determinen las Constituciones Locales o las leyes que resulten aplicables.

"En concordancia con lo anterior, el artículo 118 de la citada disposición normativa general, señala que los Magistrados electorales sólo podrán ser privados de sus cargos en términos del título cuarto de la Constitución y las leyes de responsabilidades de los servidores públicos aplicables.

"La Carta Magna dispone en su título cuarto denominado ‘De las Responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado’ que las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

"Igualmente, establece que los ejecutivos de las entidades federativas, los diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los Ayuntamientos y Alcaldías, los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales les otorgue autonomía, así como los demás servidores públicos locales, serán responsables por violaciones a dicha Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales.

"Por su parte, el artículo 49, fracciones I y II, párrafo undécimo, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo disponen a la letra lo siguiente:

"‘Artículo 49. El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

"‘1. El sufragio constituye la expresión soberana de la voluntad popular. Los ciudadanos, los partidos políticos y las autoridades velarán por su respeto y cuidarán que los procesos electorales sean preparados, organizados, desarrollados, vigilados y calificados por órganos profesionales conforme a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. La ley establecerá las sanciones por violaciones al sufragio.

"‘II. ...

"‘La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece los requisitos que deben reunir los Consejeros Electorales, así como los Magistrados Electorales. La ley establecerá los requisitos que deban reunir para la designación del contralor interno y el secretario general del Instituto Electoral de Quintana Roo y el contralor interno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, los que estarán sujetos al régimen de responsabilidades públicas previsto por esta Constitución para los servidores públicos del Estado.’

"Por su parte, el artículo 160 de la Constitución Local vigente motivo de la presente acción de inconstitucionalidad señala el catálogo de servidores públicos, estableciendo una contradicción en su contenido entre lo referido en el primer párrafo al considerar como servidores públicos a las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en los órganos públicos autónomos a los que la Constitución les otorga dicha calidad, encontrándose entre estos el Tribunal Electoral de Quintana Roo, contradicción que se acentuó con la fracción I del mismo precepto constitucional que omite a las y los Magistrados del Tribunal Electoral de Quintana Roo como sujetos de responsabilidad política, texto que puede observarse en su sentido literal de la siguiente manera:

"‘Artículo 160. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado, y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo del Estado, el Poder Judicial o en la Administración Pública Estatal o Municipal, entidades paraestatales y paramunicipales y órganos públicos autónomos a los que esta Constitución les otorga dicha calidad, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, y por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública.

"‘Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

"‘I. Se impondrá mediante juicio político:

"‘a) A la o el gobernador del Estado;

"‘b) A las y los Diputados de la Legislatura del Estado;

"‘c) A las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia;

"‘d) A las y los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado;

"‘e) A las y los consejeros de la Judicatura del Poder Judicial;

"‘f) A la o el titular de la Auditoría Superior del Estado;

"‘g) A las o los comisionados del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo;

"‘h) A las o los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo;

"‘i) A las o los secretarios generales del Instituto y del Tribunal Electoral de Quintana Roo, respectivamente;

"‘j) A la o el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado;

"‘k) A las y los secretarios y subsecretarios del Despacho;

"‘1) A la o el fiscal general del Estado;

"‘m) A las y los directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados del Estado o de los Municipios, empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos del Estado o de los Municipios;

"‘n) A las y los miembros de los Ayuntamientos; y

"‘o) A los titulares de los órganos internos de control de los órganos públicos autónomos reconocidos en esta Constitución.’

"Asimismo, el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Quintana Roo dispone que:

"‘Los Magistrados del Tribunal sólo podrán ser revocados de sus cargos en términos del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado (sic).’

"En concordancia con lo anterior, los artículos 1o., 2o., 3o. fracción I, 5o., 6o., todos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo actualmente vigente, señalan a la letra lo siguiente:

"‘Artículo 1o. Esta ley reglamento el título octavo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en materia de responsabilidades de los servidores públicos del Estado y sus Municipios, de sus entidades, de las obligaciones en el servicio público, sanciones a las conductas que impliquen responsabilidad administrativa, así como las que se deban resolver mediante juicio político, procedimientos y autoridades para aplicarlas, las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del procesamiento penal de los servidores públicos que gozan de protección constitucional, del fincamiento de responsabilidades administrativas disciplinarias y registro patrimonial de los servidores públicos.’

"‘Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, servidor público es toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal, en sus entidades, en el Instituto Electoral de Quintana Roo, en el Tribunal Electoral de Quintana Roo y en los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, con independencia del acto jurídico que les dio origen.’

"‘Artículo 3o. Son autoridades competentes en materia de responsabilidad de los servidores públicos:

"‘l. La Legislatura del Estado;

"‘II a VII.’

"‘Artículo 5o. Incurren en responsabilidad política la o el gobernador del Estado, las o los diputados de la Legislatura del Estado, las y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, las y los Magistrados Unitarios, la o el Magistrado presidente y las y los Magistrados del Tribunal Electoral las y los titulares de la Administración Pública Central, la o el titular del órgano superior de fiscalización, las o los directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados del Estado o de los Municipios, empresas de participación estatal o municipal mayoritaria o fideicomisos públicos del Estado o Municipio y miembros de los Ayuntamientos; la o el consejero presidente y las y los consejeros electorales del consejo general; así como la o el secretario general del Instituto Electoral de Quintana Roo, por actos u omisiones que perjudiquen los intereses públicos fundamentales o afecten su buen despacho, de acuerdo a lo establecido en el artículo 160 de la Constitución Política del Estado. (sic)’

"‘Artículo 6o. Perjudican los intereses públicos fundamentales o afectan su buen despacho, las siguientes conductas:

"‘I. El ataque a la soberanía del Estado;

"‘II. El ataque a las instituciones democráticas;

"‘III. El ataque a la forma de gobierno Republicano, Representativo y Popular del Estado, y el menoscabo por cualquier forma de las atribuciones constitucionales de cualquiera de los Poderes;

"‘IV. El ataque a la organización política y administrativa del Municipio;

"‘V. Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;

"‘VI. El ataque a la libertad de sufragio;

"‘VII. La usurpación de atribuciones y de funciones;

"‘VIII. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes estatales cuando cause perjuicios graves al Estado, a uno o varios Municipios, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;

"‘IX. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior;

"‘X. El abandono o desatención injustificada de sus funciones;

"‘XI. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública, Estatal o Municipal y a las leyes que determine el manejo de los recursos financieros, bienes estatales y municipales;

"‘XII. La notoria negligencia o torpeza en el desempeño de las funciones públicas;

"‘XIII. El manejo indebido de fondos y recursos del Estado.’

"Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis P. LX/96 de rubro: ‘RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS. SUS MODALIDADES DE ACUERDO AL (SIC) TÍTULO CUARTO CONSTITUCIONAL.’ señala los tipos de responsabilidades en que pueden incurrir los servidores públicos refiriendo lo siguiente:

"‘De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 al 114 de la Constitución Federal, el sistema de responsabilidades de los servidores públicos se conforma por cuatro vertientes: A) La responsabilidad política para ciertas categorías de servidores públicos de alto rango, por la comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho; B) La responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en delito; C) La responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la función pública, y D) La responsabilidad civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños patrimoniales. Por lo demás, el sistema descansa en un principio de autonomía, conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material como ocurre tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la responsabilidad política, a la administrativa o penal, así como la inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que un servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.

"‘Amparo en revisión 237/94. Federico Vera Copca y otro. 23 de octubre de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.

"‘El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el quince de abril en curso, aprobó, con el número LX/1996, la tesis que antecede, y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a quince de abril de mil novecientos noventa y seis.’

"De la anterior tesis jurisprudencial, se observa que existen cuatro tipos de responsabilidad en que puede incurrir un servidor público: política, administrativa, civil y penal, y que para fincar cada una de éstas se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, por lo que tratándose de responsabilidad política, dicho procedimiento deberá preverse a nivel constitucional y desarrollarse en la ley reglamentaria en la materia.

"De las normativas constitucionales y legales trasuntas así como de la tesis jurisprudencial referida, se colige lo siguiente:

"1. Servidor público es toda aquella persona que haya sido electa mediante sufragio, o que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo del Estado, el Poder Judicial o en la Administración Pública Estatal o Municipal, entidades paraestatales y paramunicipales y órganos públicos autónomos a los que la Constitución Local les otorga dicha calidad.

"2. Los servidores públicos en el desempeño de sus funciones pueden incurrir en responsabilidad política, penal, civil y administrativa.

"3. La legislatura del Estado de Quintana Roo es autoridad competente para resolver el procedimiento de juicio político.

"4. El Tribunal Electoral de Quintana Roo es un órgano público autónomo establecido en la Constitución Local.

"5. Los Magistrados electorales son servidores públicos estatales sujetos de responsabilidad política en la entidad.

"Debe señalarse, que igualmente se invoca la invalidez de la fracción I del artículo 160 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, derivado de la transgresión al adecuado proceso legislativo, ya que el Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo por omisión o extralimitándose en sus facultades de reglamentación determinó eliminar a los Magistrados del Tribunal Electoral del catálogo de sujetos que pueden ser sancionados por la vía de juicio político, sin que haya fundado o motivado dicha reforma constitucional.

"Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en su jurisprudencia de rubro: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.’, que por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica.

"Para demostrar lo anterior, a continuación se transcribe el contenido del artículo 160, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo previo a la reforma que se combate, el cual señalaba lo siguiente:

"‘Artículo 160. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial funcionarios empleados del gobierno del Estado y de los Ayuntamientos y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, Ayuntamientos, organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal o Municipal, empresas de participación estatal o municipal y fideicomisos públicos del Estado o de los Municipios, así como funcionarios y empleados del Instituto Electoral de Qui

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28401-42957982/i-accion-de-inconstitucionalidad-naturaleza-electoral-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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