MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA CUANDO SE IMPUGNA SÓLO EL REQUERIMIENTO A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) PARA RECABAR INFORMACIÓN BANCARIA, DESVINCULADO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.
QUEJA 49/2025. 10 DE JULIO DE 2025. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MARÍA GUADALUPE CRUZ ARELLANO. PONENTE: JOSÉ FAUSTINO ARANGO ESCÁMEZ. SECRETARIO: AGUSTÍN ROMERO SILVA.
Xalapa de Enríquez, Veracruz. Acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual celebrada el diez de julio de dos mil veinticinco, conforme al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.
VISTOS, los autos para resolver el recurso de queja 49/2025, interpuesto por ********** por conducto de su autorizado, contra el proveído de treinta y uno de enero de dos mil veinticinco, pronunciado por el Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, en el juicio de amparo 142/2025.
RESULTANDO:
(1) PRIMERO. Presentación de demanda constitucional. Por escrito presentado el treinta de enero de dos mil veinticinco, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, **********, por conducto de su representante legal, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos atribuidos al Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Décimo Séptimo Distrito Judicial, con residencia en Veracruz, Veracruz, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de las cuales reclamó:
“a) La orden dirigida a las instituciones de crédito y/o financieras que integran el Sistema Bancario Mexicano por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para recabar y remitir al juzgado la información bancaria y financiera de la persona moral denominada **********, sin que exista justificación legal, ni se cumplan los requisitos legales y constitucionales exigidos para ello. Mandato emitido en proveído de fecha diez de diciembre de dos mil veinticuatro, dentro del juicio ordinario mercantil 2472/2024, del índice de la autoridad.
2. Se señala como acto reclamado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el que se indica a continuación:
b) La ejecución de la orden girada por el Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial en proveído de fecha diez de diciembre de dos mil veinticuatro, dentro del juicio ordinario mercantil 2472/2024, del índice de la autoridad consistente en recabar y remitir al juzgado la información bancaria y financiera de la persona moral denominada **********.”
(2) En su escrito de demanda señaló como persona tercera interesada a **********.
(3) SEGUNDO. Desechamiento de demanda. Por razón de turno, tocó conocer la demanda al Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, el cual la radicó con el número 142/2025 de su índice y, el treinta y uno de enero de dos mil veinticinco, advirtió la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y la desechó de plano, al estimar que no se observó el principio de definitividad.
(4) TERCERO. Interposición del recurso. Inconforme con lo anterior, **********, por conducto de su autorizado, interpuso la presente queja contra la determinación de mérito, notificada el seis de febrero de dos mil veinticinco.
(5) CUARTO. Trámite del recurso. Con motivo de la interposición del recurso de queja, el Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, envió los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, donde fueron recibidos el dieciocho de febrero de dos mil veinticinco.
(6) QUINTO. Admisión, turno y returno. Por razón de turno, correspondió conocer del recurso a este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito; donde, el veinte de febrero de dos mil veinticinco, se admitió el recurso y, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101, último párrafo, de la Ley de Amparo; 28, fracción II y 38, fracción III, de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se turnó el asunto a la ponencia a cargo del entonces Secretario en funciones de Magistrado para la formulación del proyecto de resolución.
(7) Posteriormente, en auto de siete de mayo de dos mil veinticinco, se ordenó el turno correspondiente, con motivo de la readscripción del Magistrado José Faustino Arango Escámez a este tribunal a partir del uno de abril del presente año, de conformidad con el oficio SEADS/2751/2024 emitido el veintiséis de junio de dos mil veinticuatro por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal.
CONSIDERANDO:
(8) PRIMERO. Competencia. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito es competente para conocer y resolver el presente recurso pues fue interpuesto contra un auto de desechamiento de demanda en un juicio de amparo indirecto emitido por un Juez de Distrito perteneciente a este circuito y materia, en términos de los numerales 97, fracción I inciso a), y 98 de la Ley de Amparo.
(9) SEGUNDO. Legitimación. En el caso concreto, ********** está legitimado para la interposición del recurso de queja toda vez que es autorizado en términos amplios, de la parte quejosa y, en consecuencia, puede interponer este recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo.(1)
(10) Máxime que en el propio auto recurrido se le reconoció tal carácter con esas facultades por el Juez de Distrito.
(11) Resulta aplicable por mayoría de razón la jurisprudencia 1a./J. 131/2009, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 165100, de rubro y texto siguientes:
“AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN CONTRA EL AUTO QUE DESECHA LA DEMANDA, AUN CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO NO LE HAYA RECONOCIDO ESE CARÁCTER. La primera parte del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo faculta al quejoso y al tercero perjudicado para designar a un autorizado, cuyas atribuciones son las de realizar cualquier acto en defensa de los intereses de su autorizante, como lo es la interposición de recursos. Ahora bien, tanto del texto de dicho precepto como de sus antecedentes legislativos se advierte que para que esta forma de mandato judicial surta efectos sólo se requiere la manifestación expresa del autorizante en ese sentido, sin mayores condiciones, excepto en las materias civil, mercantil y administrativa, en cuyo caso el autorizado debe acreditar que está legalmente facultado para ejercer la profesión de abogado. En ese tenor, se concluye que si el agraviado presenta la demanda de garantías y en ella designa a su autorizado, delegándole las facultades procesales que prevé la indicada disposición, éste puede recurrir el auto de desechamiento emitido por el juez de distrito, aun cuando no se le haya reconocido ese carácter, porque su legitimación deviene de la voluntad del quejoso y no del reconocimiento por parte del juzgador de amparo. Interpretar lo contrario significaría desconocer el texto expreso del citado artículo 27, contrariar la voluntad del quejoso expresada al resguardo de dicha norma, mermar sus posibilidades de defensa ante un acto de tanta trascendencia como lo es el desechamiento de la demanda de amparo, y consentir que una omisión sólo atribuible al juez redunde en perjuicio del agraviado, todo lo cual vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
(12) Al caso, también es aplicable, por su contenido jurídico la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización y contenido son los siguientes:
Registro digital: 2025525
Instancia: Pleno
Undécima Época
Materias(s): Común
Tesis: P./J. 13/2022 (11a.)
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.
Libro 19, Noviembre de 2022, Tomo I, página 10
Tipo: Jurisprudencia
“RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO, PARA INTERPONERLO A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios contradictorios respecto de los requisitos que debe cumplir el autorizado en términos amplios de la parte quejosa para interponer recurso de revisión en amparo indirecto a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, pues mientras uno determinó que únicamente se deben cumplir los que expresamente establecen el artículo 12 de la Ley de Amparo y los Acuerdos Generales Conjuntos que la reglamentan, consistentes en contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) vigente y el registro en dicho Portal, el otro sostuvo que además es necesario que la parte quejosa lo autorice expresamente para tal efecto y que el Juez de Distrito acuerde de manera favorable dicha autorización.
Criterio jurídico: Para que el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo interponga recurso de revisión en amparo indirecto a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, únicamente debe cumplir con los requisitos que expresamente establecen la ley referida y los Acuerdos Generales Conjuntos que la reglamentan, consistentes en contar con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) vigente y el registro en dicho Portal, por lo que no es necesario que la parte quejosa lo autorice expresamente para tal efecto y que el Juez de Distrito acuerde de manera favorable dicha autorización.
Justificación: La finalidad por la que se implementó el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, consistente en aprovechar las tecnologías de la información en la impartición de justicia constitucional para favorecer el pleno ejercicio del derecho a una justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, es indicativa de que dicho sistema se instauró como un instrumento que facilita, gracias a la tecnología, el trámite de los juicios, de manera que las disposiciones que lo rigen no modifican ni aumentan las cargas procesales que tienen las partes conforme a la legislación correspondiente, sino que únicamente están destinadas a crear las condiciones necesarias para un correcto funcionamiento del sistema, en el que se permita en la mayor medida posible el acceso a la justicia y, al mismo tiempo, se genere certeza en los juicios sobre las actuaciones que se realicen por medio de éste. En ese sentido, si conforme a los artículos 3o. y 80 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 6 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como 16, 48, 51 y 52 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los justiciables pueden optar por presentar recursos a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación siempre que cuenten con firma electrónica vigente y registro en el Portal de Servicios en Línea, ya sea que los interpongan por propio derecho o por medio de las personas que cuenten con capacidad procesal para ello, entonces no se advierte razón jurídica alguna para entender que las disposiciones indicadas establecen más requisitos de los que expresamente señalan para que los justiciables puedan interponer los recursos aludidos vía electrónica, sobre todo cuando se aprecia que, en este aspecto, el sistema electrónico en análisis funciona como un medio para acceder a las Oficinas de Correspondencia Común, las cuales, precisamente, tienen como única función recibir documentos, esto es, se erigen como el puente de comunicación que permite a los justiciables hacer llegar sus pretensiones a los órganos jurisdiccionales, a quienes corresponde atenderlas. Por consiguiente, los requisitos que se establezcan para que las Oficinas de Correspondencia Común reciban documentos en general, en este caso un recurso, sólo pueden estar dirigidos a generar certeza en la comunicación que se pretende entablar respecto a la identidad del emisor y del receptor, pues de lo contrario se obstaculizaría injustificadamente el derecho de acceso a la justicia, cuya materialización más básica es la comunicación libre entre los justiciables y los órganos jurisdiccionales.”
(13) TERCERO. Oportunidad del recurso. El recurso de mérito fue exhibido el siete de febrero siguiente, siendo que el proveído desechatorio recurrido se le notificó el seis del propio mes; de ahí su oportunidad, al presentarse en el plazo referido de cinco días en el artículo 98 de la Ley de Amparo.
(14) CUARTO. Consideraciones del auto recurrido. En lo que interesa, el juez de amparo determinó el desechamiento de la demanda, lo cual fue sustentado con los razonamientos que a continuación se sintetizan:
(15) A. El A quo, atendiendo lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, examinó el escrito de demanda, con sus anexos, y se advirtió a su consideración la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, por lo cual, se consideró desecharla de plano.
(16) B. Adujo que del escrito de demanda de amparo observaba que la promovente señaló como acto reclamado la determinación dictada el diez de diciembre de dos mil veinticuatro, en los autos del juicio ordinario mercantil 2472/2024, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, en la cual se “concedió la providencia precautoria” solicitada y adicionalmente se ordenó a las instituciones de crédito o financieras que integran el Sistema Bancario Mexicano por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recabar y remitir al citado juzgado la información bancaria y financiera de la persona moral **********
(17) Destacó que la promovente no es ajena a la contienda del que deriva el acto reclamado, sino que es parte formal en éste porque, de los antecedentes del acto reclamado, manifestó bajo protesta de decir verdad:
(18) B. 1. La moral **********, fue emplazada a juicio el nueve de enero de dos mil veinticinco, al que se acompañó el acuerdo dictado el siete de noviembre de dos mil veinticuatro, en los autos del juicio ordinario mercantil 2472/2024, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz.
(19) B. 2. El diez de enero de este año, la cuenta bancaria de la moral **********, de la institución bancaria ********** presentó imposibilidad de acceso y operación; lo cual derivó de una restricción dictada en un procedimiento judicial.
(20) B. 3. El trece de enero de esta anualidad se presentó en las instalaciones del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, para consultar el expediente de origen y se percató, el representante legal, de la existencia del acuerdo emitido el diez de diciembre de dos mil veinticuatro, en los autos del juicio ordinario mercantil 2472/2024, en la que se concedió la providencia precautoria solicitada, por lo que se ordenó a las instituciones de crédito o financieras que integran el Sistema Bancario Mexicano por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recabar y remitir al citado juzgado la información bancaria y financiera de la persona moral **********. Asimismo, se ordenó a la institución bancaria **********, la retención de la cantidad de $3’393,715.60 (tres millones trescientos noventa y tres mil setecientos quince pesos, con sesenta centavos, moneda nacional).
(21) C. Sentado lo anterior, el Juez de Distrito refirió que respecto del acto reclamado por la parte quejosa, se estimaba que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo.
(22) D. Mencionó que el origen legislativo de dicho precepto legal se basó en la consideración que el juicio de amparo es un medio de control constitucional extraordinario, que debe promoverse como última alternativa de defensa de los gobernados, cuando consideren que los actos de autoridad violentan sus derechos fundamentales.
(23) Hizo referencia que al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un recurso es un medio de defensa instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada, mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada, constituyéndose con esto uno de los principios que rige al juicio de amparo, el de definitividad, que consiste en que antes de promoverse el juicio constitucional debe agotarse el diverso juicio, recurso o medio de defensa legal, mediante el cual pueda impugnarse el acto de autoridad que se reclama en el amparo, sin que con esto se violenten derechos fundamentales de los justiciables; salvo los casos de excepción previstos en la ley, los cuales consisten en:
(24) a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.
(25) b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal.
(26) c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.
(27) d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.
(28) e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.
(29) Asimismo señaló que, ha sido criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para verificar la procedencia de un recurso, debe atenderse a la norma vigente al momento de la emisión del acto que se pretende combatir.
(30) El A quo invocó la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “APELACIÓN EN EL JUICIO MERCANTIL. PARA LA PROCEDENCIA DE DICHO RECURSO POR RAZÓN DE LA CUANTÍA DEBE ATENDERSE, POR REGLA GENERAL, A LA NORMA VIGENTE AL MOMENTO DE APELAR, SALVO QUE EXISTAN DERECHOS ADQUIRIDOS O DISPOSICIONES TRANSITORIAS QUE PREVEAN UNA VIGENCIA ESPECÍFICA DEL SUPUESTO NORMATIVO.”
(31) E. Además, el Juzgado Federal advirtió que en caso del Código de Comercio, en su artículo 1339, establece que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en un negocio cuyo monto sea menor a $851,710.18 (ochocientos cincuenta y un mil setecientos diez pesos, con dieciocho centavos moneda nacional) esta cantidad es conforme a la actualización prevista a partir del uno de enero de dos mil veinticuatro y con vigencia en ese año, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés. (32) Y el artículo 1183 del Código de Comercio establece que contra la resolución donde se decrete una providencia precautoria procedente el recurso de apelación de tramitación inmediata.
(33) También trajo a colación el numeral 1345, fracción IV, de esa codificación mercantil, pues concluyó que ese precepto de manera refuerza la tramitación del medio de impugnación contra determinaciones emitidas en las providencias precautorias.
(34) Pues a su decir, contra la determinación emitida en la providencia precautoria, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata, el cual resulta idóneo para combatirlo, porque puede tener como resultado que el recurso sea admitido, que es lo que pretende el apelante, y además, contempla la intervención de la contraparte, al establecer que debe concedérsele vista para que manifieste lo que a su interés legal convenga y señale constancias para su tramitación.
(35) Por tanto, sostuvo que si se reclama la determinación dictada el diez de diciembre de dos mil veinticuatro, en los autos del juicio ordinario mercantil 2472/2024, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, en la que se concedió la providencia precautoria solicitada y, adicionalmente, se ordenó a las instituciones de crédito o financieras que integran el Sistema Bancario Mexicano por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recabar y remitir al citado juzgado la información bancaria y financiera de la persona moral ********** , dicho auto es impugnable a través del citado recurso de apelación y, por ende, este debe ser agotado antes de acudir a la vía constitucional.
(36) De esta manera, el juzgador de distrito razonó que el medio de impugnación en comento resulta idóneo para revocar la determinación en esta vía reclamada, conforme al cual se le da intervención a su contraparte, lo cual permite que sea exigible el agotamiento del citado recurso se exigible antes de acudir al juicio constitucional pues al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, previamente a acceder a la justicia federal, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución General de la República, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida.
(37) Apoyando su determinación en la jurisprudencia de rubro: “RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1183 Y 1345, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LAS PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS, INDISTINTAMENTE DE QUE SE HAYAN OTORGADO O NO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE EN FORMA PREVIA A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO.” emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
(38) F. Sin que advirtiera una actualización de algunos de los supuestos de excepción señalados ya que la parte quejosa no es extraña al procedimiento ni se actualizan los casos de excepción previstos en la ley en su artículo 61, fracción XVIII, incisos a) a d), de la Ley de Amparo.
(39) G. En ese sentido, el juzgador declaró que en el caso no se observó el principio de definitividad, ya que existe la posibilidad de acudir ante el juez de origen a ejercitar o agotar el medio de impugnación correspondiente.
(40) Mencionando que no soslayaba la jurisprudencia 145/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “PRUEBA PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO SOBRE LA CONTABILIDAD DE ÉSTE. CONTRA EL AUTO QUE LA ADMITE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO SIN NECESIDAD DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO QUE PROCEDE EN SU CONTRA SE TRAMITA CONJUNTAMENTE CON LA SENTENCIA DEFINITIVA (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETOS DE 17 DE ABRIL Y 30 DE DICIEMBRE DE 2008).”, toda vez que, a su decir, en el caso, se impugna la búsqueda de las cuentas bancarias de la quejosa y no de su información contable, por lo que, la titularidad de cuentas bancarias a nombre de la empresa no es equivalente a la secrecía y confidencialidad que se pretende salvaguardar a través de la citada jurisprudencia.
(41) G. Consecuentemente, concluyó el Juez de Distrito que con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por **********, por conducto de su representante legal.
(42) H. Sustentando su determinación en la jurisprudencia de rubro: “AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. CONSTITUYE LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA INSUPERABLE, AL MARGEN DE LA AMPLITUD O NO DE LAS CONSIDERACIONES QUE EXPRESE EL OPERADOR JURÍDICO.”, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito.
(43) I. Finalmente el A quo destacó que dicho pronunciamiento no implicaba inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de protección de derechos fundamentales.
(44) Citando al respecto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, de rubro: “PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL.”
(45) Asimismo, en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, de rubro: “PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.”
(46) Hasta aquí las consideraciones que sirven de sustento al auto impugnado en el presente recurso de queja.
(1) QUINTO. Innecesaria transcripción de agravios. Es innecesario reproducir textualmente los agravios vertidos, pues no existe obligación para ello, en términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización y contenido son del tenor siguiente:
Registro digital: 164618
Instancia: Segunda Sala
Novena Época
Materias(s): Común
Tesis: 2a./J. 58/2010
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830
Tipo: Jurisprudencia
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”
(47) Para ello, basta la síntesis de los mismos, de los cuales la quejosa moral recurrente expuso como agravios lo que a continuación se sintetizan:
(48) 1. En el identificado como primero aduce que le causa agravio el desechamiento de plano de su demanda de amparo, toda vez que, para sostener la procedencia del recurso de apelación contra la orden para recabar información bancaria de la quejosa a través de instituciones financieras, en el caso concreto y específico, se requiere una interpretación adicional, en tanto dicha orden no constituye, en sí misma, una providencia precautoria, aun cuando se dicten en el mismo auto en el cual se concedió esa medida, sino un requerimiento de información.
(49) Así, la procedencia del recurso de apelación, dado lo que se reclamó, requiere una interpretación adicional pues el acto reclamado es la orden de recabar esa información, lo cual es un mandato distinto, a decretar la providencia de referencia dado que, en los
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33741-76d98361/motivo-manifiesto-e-indudable-de-improcedencia-del-amparo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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