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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. PUEDE GENERARLA LA DEFICIENTE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) A UNA ENTIDAD FINANCIERA.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 444/2022. · Registro digital (IUS): 32935
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2025-01-10
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Enero de 2025, Tomo II, Volumen 1, Pág.485.

AMPARO DIRECTO 444/2022. 17 DE MAYO DE 2024. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: SALVADOR ALVARADO LÓPEZ. PONENTE: FERNANDO SILVA GARCÍA. SECRETARIO: JOSÉ SEBASTIÁN GÓMEZ SÁMANO.

Ciudad de México. Sentencia del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión del diecisiete de mayo de dos mil veinticuatro.

Sentencia definitiva que concede el amparo contra la sentencia de 29 de abril de 2022, emitida por la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio de nulidad **********, en atención a que la CNBV sí es susceptible de ser imputada por responsabilidad administrativa del Estado, aunado a que no atendió de manera congruente y exhaustiva la litis planteada en los conceptos de impugnación por la actora.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

PRIMERO. Hechos. El 27 de julio de 2011, ********** ********** ********** celebró con Banco Ahorro Famsa, sociedad anónima, institución de banca múltiple un contrato múltiple de productos de captación y servicios.

Mediante resolución contenida en el oficio ********** de 30 de junio de 2020, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (en adelante CNBV) aprobó la revocación de la autorización por la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (en adelante SHCP) autorizó a esa entidad financiera para organizarse y operar como institución de banca múltiple, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de julio de ese mismo año.

El 23 de junio de 2021, esa persona física promovió reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado atribuida a la CNBV por incumplimiento de sus obligaciones de inspección, supervisión, vigilancia e imposición de sanciones.

El 23 de septiembre de 2021, la Vicepresidenta Jurídica de la CNBV emitió la resolución que negó la indemnización por responsabilidad del Estado solicitada porque consideró que la actuación de esa Comisión en todo momento fue sustentada en las facultades conferidas por la legislación aplicable, por virtud de las cuales de manera constante y permanente llevó a cabo una eficiente, correcta y adecuada supervisión a Banco Ahorro Famsa, S.A., I.B.M., decretando de manera oportuna las medidas conducentes cuando contó con los elementos necesarios para tal efecto, esto es, su revocación para operar como institución de banca múltiple, sin que fuera acreditada la intervención de algún tercero o de la reclamante en la producción del daño causado.

En consecuencia, consideró que la reclamante no acreditó los requisitos para ejercer la acción intentada al no ofrecer los elementos de prueba que soportaran la relación causa-efecto o nexo causal de la lesión patrimonial que aduce sufrió con la acción administrativa anómala imputable al Estado porque en ningún momento existió la supuesta y no acreditada actividad irregular reclamada a la CNBV.

En contra de esa resolución, esa persona física promovió juicio contencioso administrativo.

La Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa conoció del asunto bajo el expediente juicio de nulidad 31274/21-17-13-4 y, el 29 de abril de 2022, emitió la sentencia que reconoció la validez de la resolución impugnada.

En el considerando tercero, la Sala estudió de manera conjunta los conceptos de impugnación y los declaró infundados, como sigue:

En principio, la Sala precisó que para que sea procedente la indemnización por actividad irregular del Estado es necesario que exista una relación causa efecto entre la actividad administrativa irregular y el daño causado, elementos que debía probar por el reclamante, máxime que aquella basó su argumento en una tesis aislada que no es obligatoria.

Por tanto, la Sala consideró que el demandante no solo estaba obligado a acreditar la existencia de una actividad administrativa irregular del Estado y el daño moral sufrido, sino que además tiene la obligación de acreditar que dicho daño fue consecuencia de la actividad irregular y, en su caso, que pudo preverse o evitarse.

En ese contexto, la Sala precisó que para determinar si en el caso procede el pago indemnizatorio por responsabilidad patrimonial del Estado por la actuación de la CNBV, debía analizarse si concurren los requisitos siguientes: a) la existencia de la actividad administrativa irregular, b) la existencia de un daño o perjuicio causado y, c) el nexo causal entre el daño producido y la actividad irregular desplegada.

En tal virtud, en primer término, analizó si existió una actividad administrativa irregular por parte de la CNBV para intervenir a Banco Ahorro Famsa, S.A., I.B.M., esto es, si de forma oportuna decretó la revocación de la autorización para que siguiera operando.

Así, de ser procedente estudiaría la existencia del daño o perjuicio que a decir del demandante es el daño patrimonial o moral, y siempre que fuera determinada la existencia de la actividad administrativa irregular y del daño, abordaría lo relativo al nexo causal entre éstos, es decir, si el daño argumentado es consecuencia de la actividad administrativa irregular atribuida a la CNBV.

En ese contexto, la Sala declaró infundados los argumentos tendientes a demostrar la existencia de la actividad administrativa irregular porque la CNBV no realizó de manera oportuna sus facultades de supervisión para intervenir a Banco Ahorro Famsa, sociedad anónima, institución de banca múltiple, pues decretó de manera tardía la revocación de la autorización para que siguiera actuando porque debió intervenirla con anterioridad para que no celebrara operaciones de ahorro y crédito nuevas, por lo que permitió defraudar a sus ahorradores.

Así, de la resolución impugnada la Sala advirtió que fue considerado que no quedó acreditada la actividad irregular del Estado imputada a la CNBV, pues ejerció sus facultades de supervisión y vigilancia detalladas en esa resolución.

Lo anterior porque al menos en los 05 años previos a que fuera revocada su autorización para operar como sociedad financiera popular, fueron practicadas visitas de verificación derivado de las que le hicieron múltiples observaciones y le fueron ordenadas medidas correctivas, realizadas con apego a los procedimientos y plazos establecidos, en aras de cumplir con el derecho de audiencia y legalidad que le asistía a la entonces entidad financiera.

Con base en esas actuaciones fue concluido que la CNBV mantuvo una supervisión constante de la entidad financiera, ejerciendo siempre de manera oportuna sus facultades de inspección, vigilancia y sanción, y además ordenó medidas correctivas.

De ahí que sostuvo que su actuar fue conforme a derecho, pues ejerció en tiempo y forma todas sus atribuciones, por lo que en todo momento actuó de conformidad con el principio de legalidad garantizando la regularidad en el actuar del órgano desconcentrado.

Al respecto, la Sala trajo a colación lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 7106/2019 de cuya resolución derivó la tesis aislada 2a. XVIII/2020 (10a.) de rubro "COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV). LA NEGATIVA PARA INTERVENIR A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES EN RIESGO, NO CONFIGURA UNA CAUSA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, NI GENERA UN DERECHO DE INDEMNIZACIÓN EN FAVOR DE TERCEROS, AL TRATARSE DE UNA FACULTAD DISCRECIONAL QUE LE OTORGA LA LEY."

De las consideraciones sostenidas en ese asunto, la Sala advirtió que la Segunda Sala determinó que si bien la CNBV tiene facultades para supervisar y castigar a quienes disponen indebidamente de los recursos de las instituciones, establecer programas preventivos y de corrección para las entidades financieras y tomar medidas intermedias ante la instancia última de proceder a la intervención de una institución, también lo es que acorde con su ley como órgano desconcentrado de la SHCP, con autonomía técnica y facultades ejecutivas tiene por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano a fin de procurar la estabilidad y funcionamiento correcto, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público.

Además, precisó que si bien tiene facultades para lograr el funcionamiento correcto de las entidades financieras, entre las que están imponer medidas intermedias previo a decretar la intervención de una institución en términos de lo previsto en el artículo 78 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, esa decisión es tomada una vez que la CNBV determina que están en riesgo los intereses de los ahorradores, o bien en peligro la estabilidad o solvencia de la entidad financiera.

Asimismo, precisó que el tipo de inactividad atribuido a la CNBV deriva de la discrecionalidad en que la administración tiene que desarrollarse y que tiene que ver con una disposición normativa que le faculte para ello, con cierta libertad y ante determinadas circunstancias de hecho, decida lo que es oportuno hacer o no hacer.

Precisado lo anterior, de las constancias que obran en autos la Sala destacó algunas acciones de las que advirtió que la CNBV actúo dentro del marco legal que le correspondía y que permitían crear convicción de que el proceso que culminó con la intervención de Banco Ahorro Famsa, S.A., I.B.M., fue complejo y que pese a que desde 2019, emitió órdenes de visita de inspección y actos de vigilancia, y desde 2014 impuso sanciones, fue hasta el 01 de julio de 2020, cuando publicó la resolución que revocó la autorización de esa entidad financiera para operar como institución de banca múltiple, lo cierto es que no era posible sostener que hubo retraso u omisión en su actuar o que su actividad fue negligente e irregular que evidenciaran responsabilidad patrimonial a su cargo.

Ello porque su actividad fue realizada en consideración de las disposiciones legales que rigen las facultades y obligaciones de la CNBV, ya que en todo momento actuó y continuó haciéndolo antes de decretar la intervención de la entidad financiera y al ser incuestionable que por tratarse de una medida que genera serias consecuencias, buscaba que corrigiera las irregularidades en las que estaba incurriendo, o bien demostrara que había operado de acuerdo a las obligaciones contraídas, sin necesidad de determinar su intervención.

Así, en atención a las irregularidades advertidas sin que fueran desvirtuadas las observaciones formuladas fue sustanciado el procedimiento de revocación de autorización para operar como institución de banca múltiple, en virtud de que la entidad financiera no cumplió con el índice de capitalización mínimo requerido.

En ese contexto, después de realizar las gestiones necesarias para lograr la operación correcta de la entidad financiera sin lograrlo, el 01 de julio de 2020 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la resolución mediante la cual fue revocada la autorización de Banco Ahorro Famsa, S.A., I.B.M. para operar como institución de banca múltiple.

Bajo tales consideraciones, la Sala sostuvo que no era posible considerar que la CNBV actúo de manera irregular ni que la omisión de tomar medidas oportunas torna procedente el pago de una indemnización porque acorde a sus facultades de supervisión y vigilancia, cuando detecte elementos de los que pudieran derivar hechos, actos u omisiones que impliquen el probable incumplimiento de obligaciones que puedan afectar al mercado financiero, está en aptitud de realizar observaciones a la probable infractora, la que haciendo valer su derecho de audiencia puede demostrar la inexistencia de irregularidades o desvirtuar las conductas o faltas atribuidas.

Además, precisó que ante todo debe ponderarse que todo deriva de un procedimiento que tiene que respetar plazos y que de ningún modo obliga a la CNBV a actuar de forma arrebatada sin dar oportunidad a la entidad financiera de corregir sus operaciones, pues antes debe tomar medidas correctivas o programas de cumplimiento forzoso, tal como es previsto en los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 43, 44, 49, 50 Bis, 51 y 52 del Reglamento de la Ley de esa Comisión.

En esas condiciones, la Sala consideró que si la CNBV puede ordenar a las entidades supervisadas, acciones o medidas en protección de los intereses de los ahorradores y si el propio reglamento prevé que tales acciones o medidas tienen carácter precautorio y que debe darse derecho de audiencia para resolver en definitiva, en el caso consideró indudable que llevó a cabo una actividad acorde a sus funciones.

En esa virtud, la Sala consideró que todas las acciones señaladas por la demandante comprueban que los daños patrimoniales que le fueron causados no provinieron de una actividad irregular del Estado, pues la CNBV actúo dentro de las funciones que tenía conferidas.

Además, la Sala consideró que las pruebas ofrecidas por la demandante no desvirtúan la actividad irregular que llevó a cabo la Comisión demandada, esto es, que ejerció sus facultades de supervisión y vigilancia, ya que en todo momento actuó y continuó haciéndolo hasta antes de decretar la revocación de la licencia a la entidad financiera para operar como institución de banca múltiple, concluyendo que excedió el límite de operaciones con personas relacionadas en un monto de $ ********** (sic) millones de pesos; fueron identificados pagos anticipados con plazo de amortización a un año; fueron registradas de forma indebida carteras de crédito de otra institución y fue determinado un faltante de estimaciones preventivas equivalente a $ ********** millones de pesos, por la aplicación incorrecta de la metodología general para el cálculo de reservas.

En atención a ello, fueron realizadas acciones de vigilancia e impuestas medidas cautelares y en los oficios emitidos por la institución financiera, así dado que la Comisión determinó que no fueron desvirtuadas las observaciones formuladas en el oficio de 22 de mayo de 2020, substanció el procedimiento de revocación de autorización para operar como institución de banca múltiple, en virtud de que no cumplió con el índice de capitalizaciones mínimo requerido.

De esa manera, la Sala consideró que contrario a lo sostenido por la demandante es infundado que exista actividad administrativa irregular causada por la CNBV, ya que desde la resolución impugnada y en ese juicio, la dependencia acreditó que ejerció sus facultades de supervisión y vigilancia, pues en todo momento actuó y continuó haciéndolo hasta la revocación de la licencia, sin que el hecho de que no fuera acreditado en qué consistieron las observaciones efectuadas y como fueron subsanadas, actualizara la actividad irregular.

Lo anterior porque, insistió, la Comisión actuó acorde a sus facultades, esto es, ordenó a la entidad financiera acciones y medidas en protección de los intereses de los ahorradores, sin que el hecho de que no le dieran a conocer esas observaciones fuera suficientes para considerar que actuó de forma irregular, pues en el juicio la Comisión estaba obligada a acreditar que en todo momento actuó y continuó haciéndolo antes de decretar la revocación de la licencia, como en el caso aconteció.

En ese orden de ideas, la Sala consideró que la CNBV desvirtuó la aseveración de la demandante, sin que ésta acreditara la irregularidad reclamada, por lo que consideró que no atendió lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

De ahí que la Sala sostuvo que al no acreditarse la existencia de la actividad administrativa irregular sino que la Comisión actuó dentro del marco legal no procedía la indemnización requerida, pues no fue comprobada la existencia de la actividad administrativa irregular partiendo de que aquella es la que causa daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate.

Máxime que precisó que la CNBV ejerció su facultad discrecional o reglada, en cumplimiento de la obligación impuesta en el artículo 25 de la Constitución General que prevé la rectoría del Estado relacionada con la estabilidad del sistema financiero.

De ahí que consideró que corresponde a las personas demostrar el daño causado por la actividad administrativa irregular que le imputa a la autoridad, sin que baste su simple dicho en el sentido de que le fue causada una afectación para que le sea concedida la indemnización correspondiente, sino que tendrá que acreditar ese extremo con los medios probatorios que considere conducentes en términos de la tesis "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CARGA DE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR EL DAÑO MORAL CAUSADO POR LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR".

En ese sentido, la Sala señaló que si bien en el procedimiento de origen corresponde a la Comisión demandada desvirtuar de manera fehaciente la pretensión de indemnización por actividad irregular una vez que el particular agote su carga probatoria –acreditación del daño y la relación de causalidad entre la actividad administrativa y la lesión producida–, también lo es que en el juicio contencioso administrativo corresponde a la demandante acreditar y justificar las razones por las que considera que contrario a lo determinado en la resolución impugnada, la Comisión no demostró que su actuar estuvo apegado a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración.

De ahí que a diferencia del procedimiento de origen, la Sala señaló que en sede jurisdiccional la demandante debe aportar todas las pruebas a su alcance para desvirtuar la decisión que niega la indemnización por responsabilidad administrativa del Estado en términos de la tesis 2a. XCVIII/2014 (10a.) de rubro "PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. SU DESARROLLO EN LA VÍA JURISDICCIONAL."

En consecuencia, dado que la demandante no acreditó la existencia de una actividad administrativa irregular por parte de la CNBV, la Sala consideró que no estaba obligada al estudio de la existencia del daño o perjuicio y lo relativo al nexo causal entre éstos.

Además, desestimó el argumento de la demandante en el sentido de que la resolución impugnada es ilegal porque la Comisión intervino de manera tardía en la revocación de la licencia de Banco Ahorro Famsa, S.A., I.B.M., para operar como institución de banca múltiple, incumpliendo lo dispuesto en la tesis de rubro "COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, ASPECTOS QUE DEBEN CONSIDERARSE EN UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO PARA CONCLUIR QUE INCUMPLIÓ SUS DEBERES DE VIGILANCIA Y DE ASUMIR MEDIDAS PARA EVITAR QUE SE ACTUALICEN DAÑOS A LOS AHORRADORES, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AHORRO Y CRÉDITO POPULAR."

Ello porque de los motivos señalados por la CNBV en la visita de inspección ordinaria de 2019 no advirtió que fuera determinado que estaban en riesgo los intereses de los ahorradores, o bien en peligro su estabilidad o solvencia, sino que solo fue concluido que la institución financiera excedió el límite de operaciones con personas relacionadas, que fueron identificados pagos anticipados con plazo de amortización mayor a un año, que registró de manera indebida cartera de crédito adquirida a otra persona moral y que determinó un faltante de estimaciones preventivas por la aplicación incorrecta de la metodología general para el cálculo de reservas.

Aunado a que procedió a la revocación de la licencia para operar como institución de banca múltiple porque no cumplió con el índice de capitalización mínimo requerido, sin que fuera advertido en esa inspección la existencia de riesgos importantes que podrían afectar su viabilidad financiera y operativa.

De ahí que contrario a lo alegado por la demandante, la Sala consideró que dado que no fue advertida esa circunstancia, la autoridad no ordenó la intervención gerencial y esperó a que la entidad financiera subsanara las observaciones detectadas, por lo que consideró que cumplió con sus deberes de vigilancia y asumió medidas para evitar que sean actualizados daños a los ahorradores. SEGUNDO. Promoción y trámite del juicio de amparo. En contra de esta última resolución la demandante promovió juicio de amparo, del cual conoce este Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo magistrado presidente en acuerdo de 21 de junio de 2022 lo registró bajo el expediente amparo directo D.A. 444/2022, lo admitió a trámite y reconoció el carácter de tercera interesada a la autoridad que fue parte en el juicio de origen.

El 11 de julio de 2022, la presidencia tuvo por recibido oficio de la autoridad tercero interesada a efectos de formular alegatos, los cuales se tuvieron por recibidos y se ordenaron agregar a los autos para su valoración en el momento procesal oportuno.

En acuerdo de 22 de agosto de 2022, el entonces presidente de este Tribunal Colegiado turnó los autos a esta ponencia para la elaboración del proyecto de sentencia correspondiente.

Por acuerdos de 12 de enero de 2023 y 31 de marzo de 2023 se informó a las partes la nueva integración de este Tribunal.

Finalmente, por acuerdo de 06 de febrero de 2024, se dio cuenta con la certificación de 02 de febrero del mismo año, mediante la cual, la licenciada María Guadalupe Montoya Aldaco hizo constar que, en sesión de 01 de febrero de 2024, el Pleno del Tribunal desechó el proyecto del magistrado Salvador Alvarado López; por tanto, se ordenó la remisión de los autos a la Secretaría de Acuerdos para el returno del asunto a diversa ponencia. En consecuencia, se returnaron los autos a la ponencia del Magistrado Fernando Silva García.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Competencia. Este Tribunal Colegiado es competente para conocer y resolver el juicio de amparo bajo estudio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 de la Ley de Amparo y 38, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en tanto es promovido contra una sentencia definitiva emitida por la Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Graves y Segunda Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya sede está dentro del territorio sobre el que este Tribunal Colegiado ejerce jurisdicción.

SEGUNDA. Oportunidad. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, como se constata de la tabla inserta a continuación:

Ver tabla

TERCERA. Legitimación. La quejosa está legitimada para promover el juicio de amparo porque es el demandante en el juicio de nulidad 31274/21-17-13-4, cuya sentencia en la que fue reconocida la validez de la resolución administrativa impugnada es materia de impugnación en este asunto.

Además, promueve por conducto de ********** ********** ********** **********, en su carácter de apoderado legal, personalidad que le fue reconocida por la magistrada instructora en acuerdo de 09 de diciembre de 2021, emitido en el juicio de nulidad referido.

CUARTA. Procedencia. El juicio de amparo es procedente conforme lo previsto en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo, ya que es interpuesto contra una sentencia definitiva emitida por una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

QUINTA. Existencia del acto reclamado. El acto reclamado es cierto, lo cual quedó acreditado con el informe justificado rendido por la magistrada presidenta de la Sala responsable, al que acompañó los autos del juicio de nulidad de que se trata, donde obra la sentencia reclamada que concluyó con los puntos resolutivos siguientes.

I.- La parte actora no probó su pretensión en el presente juicio, en consecuencia;

II.- Se reconoce la validez de la resolución impugnada, precisada en el Resultando Primero del presente fallo.

III.- NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN JURISDICCIONAL.

SEXTA. Estudio de fondo. Por cuestión de técnica el análisis de los argumentos expuestos por la quejosa será en orden distinto al en que fueron planteados y, en su caso, de forma conjunta dada su relación estrecha a efecto de resolver la cuestión efectivamente planteada de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo.(1)

En los conceptos de violación primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo la quejosa en esencia alega que la sentencia reclamada es violatoria de los principios de congruencia y exhaustividad previstos en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo porque la Sala responsable no estudió ni resolvió todas las causas e hipótesis en que fue sustentada la conducta irregular en que incurrió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni valoró de forma adecuada las pruebas exhibidas para acreditar la actividad irregular.

Al respecto, del estudio integral de la demanda de amparo, este Tribunal Colegiado advierte que la quejosa alega que la Sala no emitió pronunciamiento en relación con los argumentos siguientes.

a) Que es inexacto que las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sean de carácter discrecional, por el simple hecho de que en la redacción de ciertas disposiciones sea utilizada la palabra "podrá" o "será facultad".

b) Que la actuación de la CNBV fue tardía pues únicamente se analizaron las actuaciones desde 2019 y no por años anteriores cuando la descapitalización no es de un día a otro sino es por varios años, por lo que se debió analizar su actuación como mínimo desde 2016, es decir, cinco años anteriores a la revocación de la licencia de funcionamiento. Lo anterior se encuentra en el primer concepto de impugnación a foja 64 y siguientes.

c) Que la autoridad demandada debió fundar y motivar por qué determinó revocar la autorización a Banco Ahorro Famsa, sociedad anónima, institución de banca múltiple, para operar como institución de banca múltiple, y no la intervención gerencial, es decir, por qué era más conveniente para las finanzas públicas o los intereses de los particulares la decisión adoptada frente a la diversa opción prevista en la Ley de Instituciones de Crédito. Foja 91 y siguientes.

d) Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al tener conocimiento desde la visita de inspección ordinaria de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, que la institución financiera presentaba irregularidades que ponían en riesgo los intereses de los ahorradores o su solvencia, y la integridad del sistema financiero, debió decretar su intervención gerencial en términos del artículo 138 de la Ley de Instituciones de Crédito.

e) Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores debió acreditar que desde la autorización otorgada a la institución financiera para operar como institución de banca múltiple, cumplió con las exigencias establecidas en la Ley de Instituciones de Crédito.

f) Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no acreditó llevar a cabo el cálculo mensual del índice de capitalización de la institución financiera, ni cumplir con su obligación de clasificarla en las categorías previstas en el artículo 220 de las Disposiciones de carácter general aplicables a instituciones de crédito. Foja 95 y siguientes.

g) La quejosa alega que la Sala responsable no valoró debidamente las pruebas que ofreció para acreditar la actividad irregular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues solo las enumeró y no las valoró. Asimismo omitió valorar la documental consistente en la resolución de la revocación.

i) Que desde enero de dos mil diecinueve, la Comisión debió conocer que el índice de capitalización de la institución financiera era inferior al mínimo requerido, pues era su obligación revisarlo de forma mensual. Foja 103 y siguientes.

En el mismo sentido, la quejosa sostiene que la sola mención de las visitas de inspección ordinarias que realizó no prueban la regularidad de la actuación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni el cumplimiento de sus obligaciones, ya que no señaló en qué consistieron las acciones y medidas correctivas diversas, y en todo caso si la institución financiera dio cumplimiento a las mismas, ni precisó si las medidas correctivas que mencionó en la resolución combatida tuvieron un seguimiento y no fueron reiterativas.

La quejosa también sostiene que no es aplicable ni por analogía para resolver el problema planteado lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 7106/2019 del que derivó la tesis de rubro "COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV). LA NEGATIVA PARA INTERVENIR A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES EN RIESGO, NO CONFIGURA UNA CAUSA DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, NI GENERA UN DERECHO DE INDEMNIZACIÓN EN FAVOR DE TERCEROS, AL TRATARSE DE UNA FACULTAD DISCRECIONAL QUE LE OTORGA LA LEY.", pues en ese asunto la discrecionalidad de las facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores derivó del estudio del artículo 78 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, no de la Ley de Instituciones de Crédito que regula lo relativo a instituciones de crédito.

Lo anterior porque considera que una sociedad financiera popular difícilmente trasciende al sistema financiero en su conjunto, pues su importancia y trascendencia no puede compararse con la de una institución financiera, por lo que considera que no era posible dejar a discrecionalidad de la Comisión su intervención, ya que el monto de las operaciones de los inversionistas y de la cantidad asegurada por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario es enorme y trasciende al sistema financiero en diferente escala y proporción.

Resultan esencialmente fundados los conceptos de violación pues la autoridad responsable basó su resolución en que no existió la actividad administrativa irregular imputada, pues consideró que la actuación de la Comisión Nacional Ban

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32935-99ebc33d/responsabilidad-patrimonial-del-estado-puede-generarla-la-deficiente · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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