RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA RESPUESTA DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV), A LA RECLAMACIÓN PRESENTADA POR LA OMISIÓN DE EJERCER SUS FACULTADES EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA RESPECTO DE UN ENTE FINANCIERO, DEBE RESPETAR EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) DE EJERCER SUS FACULTADES EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA RESPECTO DE UN ENTE FINANCIERO, NO ES VIABLE DESECHAR LA RECLAMACIÓN PRESENTADA BAJO LA HIPÓTESIS DE PRESCRIPCIÓN, AL NO SER NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. TRATÁNDOSE DEL DESECHAMIENTO DE LA RECLAMACIÓN RESPECTIVA, POR LA OMISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) DE EJERCER SUS FACULTADES EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA RESPECTO DE UN ENTE FINANCIERO, EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE LA PRESCRIPCIÓN CORRE A PARTIR DE QUE EXISTE CERTEZA POR PARTE DEL SOCIO AHORRADOR DE LA AFECTACIÓN EN SU PATRIMONIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 6/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER, EL SEGUNDO Y EL TERCER TRIBUNALES COLEGIADOS, TODOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 27 DE OCTUBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS ALMAZÁN BARRERA, MARIO ALBERTO ADAME NAVA, LETICIA MORALES GARCÍA, JOSÉ LUIS MENDOZA PÉREZ Y J. GUADALUPE TAFOYA HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ LUIS MENDOZA PÉREZ. SECRETARIA: BERTHA MARTÍNEZ VEGA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Pleno del Vigésimo Segundo Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con los artículos 94, párrafo séptimo, 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 216 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de febrero de dos mil quince, modificado por el diverso 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en dicho medio de difusión el quince de diciembre de dos mil quince.
SEGUNDO.—Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional, 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente y 37, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues fue realizada por los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito.
TERCERO.—Existencia de contradicción tesis. En torno a la discrepancia de los pronunciamientos, tenemos que el nueve de octubre de este año, el presidente del Pleno consideró preliminarmente que los temas a dilucidar serían dos, a saber, la "definición del inicio del cómputo del término de la prescripción de la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, en términos del artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado" y "determinar si el primer acuerdo que recae al escrito de reclamación de indemnización derivada de responsabilidad patrimonial del Estado es el momento idóneo u oportuno para emitir pronunciamiento en torno a la prescripción de dicho planteamiento."
No obstante hay que tener presente que sobre el primer tema existe la tesis aislada 1a. CLXXIX/2014 (10a.), intitulada "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. EL PLAZO PARA RECLAMAR LOS DAÑOS OCASIONADOS CUENTA A PARTIR DE QUE CESAN LOS EFECTOS LESIVOS.", que precisa que el plazo inicia a partir de que cesan los efectos lesivos de los hechos dañosos, si se trata de daños de carácter continuo, y que mientras no cesen los daños no comenzará a correr el plazo y, por tanto, la víctima tendrá expedito su derecho para reclamar la indemnización.(12)
Sobre el segundo tema, la jurisprudencia 30/2013(13) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación enlista supuestos cuya actualización habilita al órgano ante el que se presenta la reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado, para desecharla por notoriamente improcedente. Las hipótesis avizoradas fueron las siguientes: "a) La promueva una persona no interesada; b) No se presenta ante el ente presuntamente responsable; c) Se haga valer prescrita la acción; o, d) No se atribuya una actividad administrativa irregular; pues sería ociosa la tramitación de todo un procedimiento y la recepción de pruebas y alegatos, si al final se llegaría a una determinación que bien puede tomarse desde un principio."
Aun así las ejecutorias contendientes tienen particularidades que no encuentran respuesta en tales criterios y para mostrarlo es necesario detallar su origen.
Ambos casos nacen de reclamaciones por responsabilidad patrimonial que fueron consideradas extemporáneas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pronunciamiento que se impugnó ante la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien consideró que tales decisiones no eran impugnables en sede contenciosa administrativa, sin embargo, tras la tramitación de sendos juicios de amparo directo, las demandas de nulidad se admitieron. Luego de la sustanciación de los procedimientos, las sentencias reconocieron la validez de las resoluciones impugnadas y los afectados promovieron nuevo juicio de amparo directo.
A diferencia de los primeros juicios constitucionales, donde el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, coincidieron en que el acto administrativo impugnado sí era controvertible a través del juicio de nulidad, no fue así respecto al alcance del auto inicial, en donde ambos tribunales arribaron a soluciones diferentes.
Antes de referir las consideraciones de esos posicionamientos, de los que emergerá la contradicción subyacente, es imprescindible señalar que según el texto de las ejecutorias, los impetrantes fueron socios de un ente financiero denominado **********, Sociedad Cooperativa Limitada, que cerró sus puertas el diez de febrero de dos mil catorce y que diez días después, a través de un comunicado de prensa, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio a conocer esa circunstancia, agregando que dicha institución no era una sociedad autorizada ni supervisada.
Asimismo, los afectados reclamaron la indemnización por omisiones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no por actos en concreto.
En la sentencia del amparo directo fiscal 158/2019 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, se realiza una transcripción del escrito de reclamación, la cual se retoma para mejor ilustración:
"Esto es, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, faltó a su obligación de proteger los intereses del público, al no actuar en contra de la **********, S.C.L., COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO, al reconocer que era irregular, y que aun así seguía realizando captación de recursos.
"Bajo esta tesitura, debe entenderse por responsabilidad objetiva la que se deriva de la existencia del daño y de la actividad estatal con la cual se vincula causalmente, independientemente de que haya culpa o no, tanto del funcionario encargado de realizar la actuación a la que estaba obligado, como de quien a fin de cuentas resiente el daño, en este caso, los socios y ahorradores de la **********, S.C.L., COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
"Nuestro sistema jurídico ha restringido la calidad objetiva de la responsabilidad únicamente a los actos realizados de manera irregular, lo que se identifica con la actuación estatal que no satisface la normatividad propia para la realización del acto."
"El segundo de los elementos referente a la actividad irregular del Estado, se acredita conforme a lo precisado en los apartados anteriores, pues la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, incumplió con su obligación de inspección, vigilancia y sanción en contra de la **********, S.C.L., COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO, pues debió iniciarle procedimiento administrativo por estar realizando operaciones propias de una sociedad cooperativa de ahorro y préstamo sin contar con la debida autorización para ello, lo que ocasionó que al no haber sanción para ella como pudo haber sido la clausura de las dos sucursales en la ciudad de Querétaro y su publicación mediante avisos colocados al exterior de los establecimientos y en dos periódicos de mayor circulación a nivel nacional. Esta irregularidad ocasionó, por una parte, que la citada ********** siguiera captando recursos y realizando operaciones para lo cual no estaba autorizada, esto en total desconocimiento de los socios ahorradores, que quienes como el suscrito, confiamos en que no existiría problema alguno con la caja, pues llevaba alrededor de 30 años operando y ofreciendo sus servicios públicamente en forma ininterrumpida. Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al no imponer ninguna sanción a la **********, como debió haber sido la clausura de los establecimientos donde operaba, misma que debió hacerse del conocimiento del público por los medios antes descritos, provocó que los socios ahorradores, como el suscrito, siguiéramos dejando nuestros ahorros en dicha caja y algunos otros, realizando nuevos depósitos. Todo esto sucedió ante la vista de las autoridades competentes, que como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, faltó al cumplimiento de sus obligaciones contenidas en los distintos cuerpos normativos y a los que ya se hizo referencia líneas arriba, pero además, faltó a la misión de dicha institución, que es: ‘Supervisar y regular a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público’. Esta supervisión, como ya se vio, incluye a los establecimientos que se dediquen a realizar actividades para las cuales necesiten autorización de la propia comisión, como las de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, y también, a las que utilicen en su nombre o denominación las palabras ‘caja’ o ‘sociedad cooperativa de ahorro y préstamo’, es decir, la **********, S.C.L., COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO, aun siendo irregular por realizar operaciones de captación sin contar con la autorización respectiva, estaba sujeta a la supervisión y vigilancia de la comisión, sin embargo, siguió operando ilícitamente bajo la complacencia de las autoridades, ocasionando con ello el quebranto económico de sus socios ahorradores."
En la sentencia, la Sala Regional del Centro II del Tribunal Federal de Justicia Administrativa sostuvo que las secuelas de las omisiones atribuidas a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cesaron cuando los reclamantes perdieron sus ahorros, como consecuencia del cierre de la **********, Sociedad Cooperativa Limitada, por lo que el plazo de un año para presentar la reclamación inició el once de febrero de dos mil quince.
Según se adelantó, las decisiones de los juicios de origen se impugnaron nuevamente a través del amparo directo.
El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito estimó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no podía desechar la reclamación, porque no era notoriamente improcedente, adjetivo concreto que exigía la jurisprudencia 30/2013 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que "no se podía determinar si los efectos de la lesión patrimonial cesaron al ser de carácter continuo" señalando que la autoridad responsable debió ordenar a la autoridad demandada del juicio administrativo agotar el procedimiento de reclamación, ya que ésta, cuando la desechó "se pronunció exclusivamente en relación con el perjuicio causado por la caja popular, pero no en relación con la prescripción a partir de las omisiones que se le atribuyen, por lo que no es dable que la Sala ni este Tribunal Colegiado se sustituyan al respecto, pues en todo caso es la autoridad demandada la que debe resolver si existió la omisión, cuándo cesó y por ende, a partir de qué momento inicia el término de la prescripción."
Es importante agregar que en el entendimiento de ese órgano terminal, el gobernado no buscaba la devolución del dinero depositado en la institución financiera, sino una indemnización por daño patrimonial a consecuencia de distintas omisiones en que incurrió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyos efectos trascienden en el tiempo.
Estos párrafos así lo evidencian:
"Se destaca el diverso argumento de la quejosa de que la responsabilidad patrimonial atribuida a la autoridad responsable no se sustenta en los actos realizados por el ente financiero indicado, así como en el cierre de puertas de éste, sino en la omisión de realizar la supervisión, inspección y vigilancia y sanción respecto del mismo, por lo que los efectos de la lesión patrimonial sufrida por la reclamante, derivada de la actividad irregular que se atribuye a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, son de carácter continuo, en tanto constituyen omisiones que se han prolongado en el tiempo.
"Y que la actividad irregular atribuida a la autoridad responsable, se hizo consistir en que dicha Comisión omitió cumplir con sus obligaciones de inspección, vigilancia y sanción respecto a la ********** S.C.L., que produjo el quebranto de la misma y, en consecuencia, el daño patrimonial a todos los socios ahorradores, siendo un acto cuyos efectos trascienden en el tiempo, por lo que no puede computarse el plazo para la prescripción, asimismo, que la autoridad responsable no ha hecho absolutamente nada conforme a sus obligaciones normativas, como inscribir en el Registro Público de la Propiedad y del (sic) Comercio la revocación de la autorización.
"...
"Toda vez que la materia de la reclamación de origen, se insiste, no es la devolución del dinero depositado por la quejosa en la citada institución financiera, sino la procedencia o improcedencia de la indemnización por daño patrimonial derivado de la actividad irregular de dicha Comisión, que en este caso se hace consistir en diversas omisiones, a saber, no cumplir con sus obligaciones de inspección, vigilancia y sanción respecto a la ********** S.C.L., con lo que se ocasionó un detrimento patrimonial a sus socios ahorradores, además de que jamás se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del (sic) Comercio, ni se publicó en los medios impresos previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, sanción alguna en contra de dicho ente financiero, que consideran por ley le correspondía efectuar."
El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito tuvo presente que la actividad administrativa irregular, que el gobernado atribuía a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la hacía derivar "de la omisión de obrar en determinado sentido ante el incumplimiento de sus obligaciones legales de supervisión, revisión, inspección, vigilancia, prevención y corrección contra la **********, sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, por no ajustar sus actividades de captación de recursos a las disposiciones que regulan a las entidades del sector financiero, a sabiendas de que no contaba con la autorización de su parte"; estado de cosas que si bien era de tracto sucesivo o continuo, cesó con la publicación del comunicado de veinte de febrero de dos mil catorce, "por lo que el plazo para demandar la indemnización comenzó a partir del momento en que dichos efectos hubieran cesado."
Dicho órgano de control constitucional agregó:
"Con base en lo anterior es que no le asista la razón al inconforme en lo relativo a que para el inicio del cómputo de la prescripción debe tomarse en cuenta que el actuar omisivo de la responsable no ha concluido, pues no ha ordenado la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del (sic) Comercio la sanción impuesta a la ********** S.C.L., porque como correctamente sostuvo la Sala responsable, el cómputo de la prescripción debe hacerse cuando exista una certidumbre jurídica del estado de las cosas, lo que sucede cuando se informó la situación en la que se encontraba la ********** S.C.L., por lo que es a partir de ese momento en que debe computarse el plazo correspondiente.
"Esto pues, conforme a un principio de certeza jurídica, se tiene que a través de la publicación de mérito se enteraran del actuar cuya omisión provoca la reclamación, por lo que el plazo para interponer ese recurso debe contabilizarse a partir de aquélla, pues como incluso aduce el quejoso en una parte de sus conceptos de violación, el plazo debe iniciar cuando cesan los efectos lesivos de los hechos dañosos, si se trata de daños de carácter continuo, pues mientras no cesen los daños no puede comenzar a correr el plazo, por lo tanto la víctima tiene expedito su derecho para reclamar la indemnización, lo que acontece en el caso particular, en que no fue sino hasta que se hizo del conocimiento de los ahorradores que la empresa no contaba con la autorización para operar y que había cerrado sus operaciones el día diez de febrero de dos mi catorce, mediante el comunicado de veinte de febrero de dos mil catorce, que comenzó a correr el plazo para la presentación de la reclamación por responsabilidad.
"Lo anterior, ya que la emisión del comunicado otorga certeza en cuanto al momento en que cesan los efectos lesivos de la omisión señalada como actividad irregular del Estado, en términos del artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado."
Una vez que se ha relatado el contexto de los posicionamientos entre los que se denunció expresamente la colisión, tras la revisión de las ejecutorias que los otros órganos terminales hicieron llegar con motivo de la solicitud que realizó el presidente del Pleno del Vigésimo Segundo Circuito, se advierte que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito tiene una posición coincidente con la del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, ya que este órgano de control constitucional, al fallar el amparo en revisión administrativa 79/2018 de su índice, entendió que los gobernados no buscaban la devolución del dinero depositado en la institución financiera, sino una indemnización por daño patrimonial a consecuencia de distintas omisiones en que incurrió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyos efectos trascienden en el tiempo.
Asimismo, al igual que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, sostuvo que no era viable desechar la reclamación porque la causa de improcedencia por prescripción de la acción intentada no era notoria ni manifiesta, concediendo el amparo para el efecto de que se admitiera a trámite.
En ese sentido, argumentó:
"Tal determinación se considera contraria a derecho, pues como lo sostiene la parte quejosa, la responsabilidad patrimonial atribuida a la autoridad responsable no se sustenta en los actos realizados por el ente financiero indicado, así como en el cierre de puertas de éste, sino en la omisión de realizar la supervisión, inspección y vigilancia y sanción respecto del mismo, por lo que los efectos de la lesión patrimonial sufrida por los reclamantes, derivada de la actividad irregular que se atribuye a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, son de carácter continuo, en tanto constituyen omisiones que se han prolongado en el tiempo.
"En efecto, en la especie, la actividad irregular atribuida a la autoridad responsable, se hizo consistir en que dicha Comisión omitió cumplir con sus obligaciones de inspección, vigilancia y sanción respecto a la ********** S.C.L., que produjo el quebranto de la misma y, en consecuencia, el daño patrimonial a todos los socios ahorradores, siendo un acto cuyos efectos trascienden en el tiempo, por lo que no puede computarse el plazo para la prescripción; asimismo, que la autoridad responsable no ha hecho absolutamente nada conforme a sus obligaciones normativas, como inscribir en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio la revocación de la autorización.
"...
"Consideran los quejosos, que existe responsabilidad del Estado en el cierre de la caja y consecuente quebranto a los ahorradores, por la omisión de cumplir con sus obligaciones de vigilancia, supervisión y sanción, omisiones que a la fecha subsisten.
"Lo anterior, conlleva a que el daño por las omisiones que se atribuyen a la autoridad responsable, no se consumó en un solo evento, sino que se prolongara en el tiempo de momento a momento, en tanto no han podido recuperar su inversión.
"Máxime que la materia de la reclamación de origen, se insiste, no es la devolución del dinero depositado por los quejosos en la citada institución financiera, sino la procedencia o improcedencia de la indemnización por daño patrimonial derivado de la actividad irregular de dicha Comisión, que en este caso se hace consistir en diversas omisiones, a saber, no cumplir con sus obligaciones de inspección, vigilancia y sanción respecto a la ********** S.C.L., con lo que se ocasionó un detrimento patrimonial a sus socios ahorradores, además de que jamás se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del (sic) Comercio, ni se publicó en los medios impresos previstos en la Ley de Ahorro y Crédito Popular, sanción alguna en contra de dicho ente financiero, que consideran por ley le correspondía efectuar.
"En ese orden de ideas, al ser de carácter continuo las omisiones en que se sustenta la responsabilidad patrimonial atribuida a la autoridad responsable, respecto de las cuales en los escritos de reclamación no se advierten datos suficientes de los que se desprendan fehacientemente que han cesado esos efectos lesivos; entonces, no procede desechar la referida reclamación, pues no es notoria y manifiesta la causa de improcedencia por prescripción de la acción intentada, y lo conducente, sería admitirla y darle trámite, en observancia al derecho fundamental de acceso a la justicia, tutelado por el artículo 17 constitucional.
"...
"Lo anterior, sin perjuicio que si durante el procedimiento administrativo se acreditara que a la fecha de la presentación de la reclamación ya había trascurrido un año desde que cesaron los efectos de los hechos lesivos aludidos, se declare prescrito el derecho de la promovente de reclamar la indemnización alegada.
"Atento a lo anterior, la autoridad responsable, debió considerar que los efectos lesivos de los hechos dañosos denunciados por los reclamantes, son de carácter continuo; por tanto, mientras no cesen esos daños no comienza a correr el plazo de prescripción de un año a que se refiere el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y la víctima tiene expedito su derecho para reclamar la indemnización."
Aunque esta visión de las cosas se externó al resolver un amparo en revisión, en el fondo su posicionamiento está dirigido al mismo escenario en el que se generaron los actos reclamados de los juicios de amparo directo que originalmente dieron vida a esta contradicción de criterios, ya que el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito verificó el proceder de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que desechó un escrito de reclamación aduciendo que era extemporáneo.
Existe una explicación para la diferencia de vías de los medios de control constitucional. La sentencia se produjo en un amparo en revisión porque cuando el quejoso promovió su acción constitucional aún se encontraba vigente la jurisprudencia 163/2015(14) de la Segunda Sala que establecía la improcedencia del juicio contencioso administrativo contra la resolución que desecha una reclamación por haber prescrito el plazo para interponerla, de ahí que los impetrantes hubiesen acudido ante un Juez de Distrito e inconformes con su sentencia de sobreseimiento, a la postre hayan interpuesto recurso de revisión.
Mientras que los criterios que generaron el presente expediente parten de asuntos iniciados cuando aquella jurisprudencia había sido abandonada,(15) por lo que el camino para su impugnación tenía que iniciar ante la justicia contencioso administrativa, agotando el juicio de nulidad, para cumplir así con el principio de definitividad y posteriormente, amparo directo.
Atento a lo expuesto, en el caso sí existe contradicción de criterios porque para el Segundo y Tercer Tribunal Colegiado (sic) en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, cuando se reprocha responsabilidad patrimonial al Estado derivada de omisiones, no es viable desechar un escrito de reclamación porque su improcedencia no es notoria, debiendo sustanciarse el procedimiento a fin de corroborar la omisión y cuándo cesó, para después identificar a partir de qué momento inicia el término de la prescripción. En contraposición, para el otro Tribunal Constitucional ese estudio sí es posible, ya que al negar el amparo solicitado, avala la respuesta de la autoridad administrativa así como el momento procesal concreto en que se pronunció.
Asimismo, existe un segundo punto de conflicto, porque para el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, el estudio directo sobre la existencia de la omisión y cuándo cesó, corresponde inicialmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin que en ello pueda sustituirse el tribunal contencioso ni el órgano de amparo. En tanto, para el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, ese estudio sí es posible, ya que se pronunció frontal y plenamente sobre el tema, al afirmar que la omisión cesó con la publicación del comunicado de veinte de febrero de dos mil catorce.
Esa visión es incluso distinta a la de la autoridad responsable, ya que mientras para ésta, las secuelas nocivas de la omisión cesaron cuando el reclamante perdió sus ahorros a consecuencia del cierre (sic) la sociedad cooperativa limitada, momento en que se conoció el quebranto patrimonial, de manera que el plazo de un año para deducir la acción empezó un día después; para el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito la omisión cesó con la publicación del comunicado de veinte de febrero de dos mil catorce y el plazo para deducir la acción inicia un día después.
Esto implica que estamos en presencia de una contradicción de criterios, en cuanto la manera de entender el supuesto concreto de reclamación es diferente. La cuestión esencial a determinar es:
a) Si dentro de la calificativa de notoriedad encuadran los reclamos suscitados a causa de una o varias omisiones, y
b) Si tal estudio se tiene que verificar por parte del ente a quien se acusa de negligente tras la sustanciación de la reclamación, o bien, puede desplegarse en el juicio contencioso o en el juicio de amparo.
Asumir una posición contraria permitiría que en este Circuito continuaran resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos donde se examinen cuestiones esencialmente iguales, perdiendo de vista que el propósito de fallar una contradicción pretoriana es generar certeza jurídica.
En cuanto esta modalidad de discrepancia, es aplicable la jurisprudencia 93/2006, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada al resolver la contradicción de tesis 2/2006-PL, visible en página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, julio de 2008, materia común, de rubro y texto siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO.—De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."
Y en cuanto a la teleología de este tipo de asuntos, existe el criterio jurisprudencial plenario 3/2010, sustentado al resolver la contradicción de tesis 14/2007-PL, visible a página 6 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, febrero de 2010, materia común, cuyo contenido establece:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.—La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradicto
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29619-20d11f87/responsabilidad-patrimonial-del-estado-la-respuesta-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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