COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO Y BLOQUEO DE UNA CUENTA BANCARIA DICTADA POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, SIN QUE PREVIAMENTE EXISTA UNA INVESTIGACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 26/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO EN MATERIA PENAL Y CUARTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL PRIMER CIRCUITO. 16 DE ABRIL DE 2018. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. ENCARGADA DEL ENGROSE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dieciséis de abril de dos mil dieciocho.
VISTOS Y RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de criterios. Mediante oficio 15/2016-T de fecha veintitrés de enero de dos mil diecisiete, remitido a este Alto Tribunal el veinticuatro de enero siguiente,(1) a través del Módulo de Intercomunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (MINTERSCJN), los Magistrados integrantes del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, denunciaron la posible contradicción de criterios entre el sustentado por ese órgano jurisdiccional, al fallar el conflicto competencial ********** y, el que sostuvo el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencial **********, para lo cual, remitieron la versión digitalizada de las ejecutorias correspondientes.
SEGUNDO.—Admisión y trámite. Por acuerdo de treinta de enero de dos mil diecisiete,(2) el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación formó y registró la presente contradicción de tesis bajo el número 26/2017, admitió a trámite la denuncia y, por razón del turno virtual ordenó, previa integración de las constancias respectivas, remitir el asunto para su estudio al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
En dicho proveído, se asentó en torno a la contradicción denunciada, lo siguiente:
"Ahora bien, en el caso, los Magistrados integrantes del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito denuncian una posible contradicción de tesis entre el criterio emitido, al resolver el conflicto competencial ********** en el que se sostuvo que cuando en amparo indirecto se reclama la orden de bloqueo de cuentas bancarias, emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Dirección General de Procesos Legales de la propia secretaría, en uso de sus facultades, con base en el acuerdo ********** de la citada unidad, a efecto de establecer medidas para prevenir, detectar e investigar actos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, debe conocer del asunto un Juez de Distrito de Amparo en Materia Administrativa, ello en virtud de que no se surten los supuestos de competencia en materia penal, pues los actos reclamados no derivan en una afectación a la libertad, ni emanan de un procedimiento penal, sino de una autoridad administrativa, por lo que son actos formal y materialmente administrativos, pues se actualizan en función de las facultades con las que cuenta la autoridad fiscal, en términos del artículo 15 del Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en contra del criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el conflicto competencia **********, en el que se determinó que cuando se reclama la orden de bloqueo de cuentas bancarias, emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Dirección General de Procesos Legales, de la propia secretaría, la competencia para conocer del asunto corresponde a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, toda vez que la finalidad de esas medidas es la de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 129 Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal, asunto en el que se considera que por la materia (común), la competencia para conocer del mismo corresponde al Pleno de este Alto Tribunal ..."
TERCERO.—Integración y turno. Mediante proveído de dos de marzo de dos mil diecisiete,(3) el presidente de este Alto Tribunal tuvo por integrada la contradicción de tesis, por lo que ordenó remitir el asunto al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 10, fracción VIII,(4) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto segundo, fracciones VII y XVII, del Acuerdo Plenario General Número 5/2013,(5) publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, toda vez que se trata de una contradicción de tesis sustentada entre dos Tribunales Colegiados de Circuito de diversa especialidad [penal(6) y administrativa(7)], en un asunto que por razón de la materia, no es de la competencia exclusiva de alguna de las Salas.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el párrafo primero de la fracción II del artículo 227 de la Ley de Amparo,(8) toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.
TERCERO.—Antecedentes. A fin de determinar si existe la contradicción de tesis denunciada, es pertinente tener en cuenta los antecedentes y aspectos más relevantes de las ejecutorias denunciadas como contradictorias, los cuales, en síntesis, son los siguientes:
3.1. Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito: Conflicto competencial **********.
3.1.1. Cuestiones fácticas.
A) Por escrito presentado el doce de septiembre de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, **********, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Unidad de Inteligencia Financiera adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Dirección General Adjunta de Atención de Requerimientos Especiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y **********.
Señaló como actos reclamados todas y cada una de las actuaciones que obran en el expediente del que derivó el oficio número **********, de fecha veintiuno de agosto de dos mil catorce, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual solicitó la suspensión de todo acto, operación o servicios presentes y futuros en relación a la quejosa **********; y la ejecución del citado oficio.
Por acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil catorce, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), formó y registró el expediente con el número **********.
Por auto de veinte de octubre de dos mil catorce, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), requirió a la quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda respecto de los oficios ********** con folio ********** y ********** con folio **********, suscritos por el titular de la Dirección General de Procesos Legales "A", de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El treinta de octubre de dos mil catorce, el Juez de Distrito se declaró incompetente para conocer del asunto, al estimar que el acto derivaba de un asunto del orden penal; por tanto, ordenó remitir los autos a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal de esta ciudad.
B) Por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, que en proveído de siete de noviembre de dos mil catorce, aceptó la competencia y registró la demanda de amparo con el número **********.
En proveído de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, se tuvo a la quejosa ampliando su escrito de demanda respecto de los siguientes actos: la emisión de los oficios ********** con folio ********** y ********** con folio **********, que atribuyó al titular de la Dirección General de Procesos Legales "A" de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y el cumplimiento a los citados oficios, atribuido al director general adjunto de Atención a Requerimientos Especiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Seguidos los trámites legales, el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, se celebró la audiencia constitucional, y se dictó sentencia el tres de mayo siguiente, en la que el Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, estimó carecer de competencia legal por razón de materia para conocer del juicio de amparo promovido por ********** y declinó competencia a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.
C) Por auto de veinte de mayo de dos mil dieciséis, el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de la Ciudad de México, formó el expediente **********, y no aceptó la competencia declinada.
D) El veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, el Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, insistió en que carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, por lo que remitió el asunto a la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, para que se resolviera el conflicto competencial suscitado.
E) El tres de junio de dos mil dieciséis, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito admitió el conflicto competencial planteado y lo registró con el número **********.
3.1.2. Consideraciones del Tribunal Colegiado. El siete de julio de dos mil dieciséis, el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió que, en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, radicaba la competencia legal, por razón de materia, para conocer de la demanda de amparo promovida por **********, con base en las siguientes razones:
- Refirió el contenido del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de donde se advertía que los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal, conocerán de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal –salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medidas de apremio impuestas fuera de un procedimiento penal–, que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal; de igual manera, de incidentes de reparación de daño exigibles a personas distintas al inculpado, o de responsabilidad civil cuando la acción se funde en la comisión de un delito y, contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal.
- Por su parte, señaló que el artículo 52 de la misma ley, establece que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa conocerán del amparo contra los actos provenientes de autoridades o de un procedimiento administrativo en los que se apliquen leyes federales, o de aquellos actos de procedimientos seguidos por autoridades administrativas, ya sean actos u omisiones en o fuera de juicio, o concluido éste, contra leyes o disposiciones de observancia general en materia administrativa, o actos de autoridad distinta a la judicial, o contra actos de tribunales administrativos ejecutados en juicio, fuera de él o después de concluido.
- En este punto, el órgano colegiado destacó que, de los citados artículos, se advertía que, para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable.
- Asimismo, recordó que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que para resolver un conflicto competencial por razón de materia, debe atenderse a la naturaleza de la acción intentada, es decir, se toma como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, por lo que para efectos de determinar la citada competencia debía atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, pues éstos no constituían un criterio que determine a quién competía conocer del asunto.
- Al respecto, estimó aplicable la jurisprudencia P./J. 83/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.", así como la jurisprudencia 2a./J. 24/2009 de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS."
- Precisado lo anterior, el Tribunal Colegiado de Circuito dijo que, en el caso, la quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, señalando como actos reclamados:
• Todas las actuaciones que constan en el expediente del que derivó el oficio **********, de veintiuno de agosto de dos mil catorce, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el cual solicitó la suspensión de todo acto, operación o servicios presentes y futuros en relación con la quejosa; y su ejecución.
• La emisión de los oficios ********** con folio ********** y ********** con folio **********; y su ejecución.
- De igual forma, observó que las autoridades responsables habían rendido sus informes en los siguientes términos:
• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, negaron los actos reclamados.
• La Unidad de Inteligencia Financiera y la Dirección General de Procesos Legales, ambas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aceptaron los actos reclamados, manifestando que lo hicieron de conformidad con el acuerdo **********, en el que se incorporó a la lista de personas bloqueadas a la quejosa; y que su actuar fue en uso de sus facultades a efecto de establecer medidas, prevenir, detectar, investigar y perseguir actos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
• La Dirección General Adjunta de Atención de Requerimientos Especiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y **********, aceptaron los actos reclamados, indicando que actuaron en cumplimiento a los oficios ********** con folio ********** y ********** con folio **********, mediante los cuales, el director de Procesos Legales "A" de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dio a conocer la lista de las personas bloqueadas en instituciones financieras y casas de bolsa y solicitaron la suspensión de cualquier acto, operación o servicios presentes y futuros en relación con la quejosa.
- Con base en lo anterior, el órgano colegiado concluyó que los actos reclamados eran de naturaleza administrativa, al ser evidente que fue a través de los oficios ********** y **********, de veintiuno de agosto de dos mil catorce, emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales se dio a conocer la lista de las personas bloqueadas en instituciones financieras y casas de bolsa, y se solicitó a la institución de crédito **********, la suspensión de todo acto, operación o servicios presentes y futuros con la quejosa **********.
Ello, en atención a que dentro del acuerdo **********, emitido por esa unidad, se contempló a la quejosa dentro de una lista para efectos de bloquear sus cuentas bancarias con el objeto de verificar la posible existencia de operaciones de procedencia ilícita, esto en función de que dicha autoridad, de conformidad con la fracción XXXI del artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,(9) cuenta con la facultad de dar a conocer a quienes realicen actividades vulnerables a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y, una vez identificados actos de esa naturaleza, en términos del artículo 6, fracción IV, de la citada ley,(10) cuenta también con la facultad de presentar denuncias ante el Ministerio Público de la Federación correspondiente.
- Sin embargo, advirtió que era evidente que los actos reclamados, consistentes en todas y cada una de las actuaciones que constan en el expediente del que derivaron la emisión de los oficios ********** con folio ********** y ********** con folio **********, de veintiuno de agosto de dos mil catorce, emitidos por la Unidad de Inteligencia Financiera, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante los cuales dio a conocer la lista de las personas bloqueadas en instituciones financieras y casas de bolsa, no derivan de alguna resolución ministerial o judicial en materia penal, sino de una orden emitida por una autoridad administrativa que, en ejercicio de sus funciones, investiga la posible operación de actividades con recursos de procedencia ilícita.
Entonces, dicho Tribunal Colegiado de Circuito precisó que, en el caso, no se surtían los supuestos de competencia en materia penal, pues los actos reclamados no derivaban en una afectación a la libertad, emitidos por alguna autoridad de esa materia, ni emanaban de un procedimiento penal.
Por el contrario, se estimó que los actos reclamados emanaban de una autoridad administrativa, como la Dirección General de Procesos Legales "A" de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que ponía de manifiesto que los actos reclamados eran formal y materialmente administrativos, pues se materializaron en función de las facultades con las que cuenta la autoridad fiscal en términos del artículo 15 del Reglamento Interno de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Finalmente, se advirtió que no era obstáculo la circunstancia atinente a que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, contara con la facultad de establecer las medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos de terrorismo y su financiamiento, o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las normas que se citan en los oficios ********** y **********, de los que emanó la orden de bloqueo, pues lo objetivamente cierto, era que esa orden no procedía de alguna averiguación previa o causa penal.
Fue bajo esas consideraciones que se declaró competente al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para conocer del juicio de amparo objeto del conflicto competencial.
3.2. Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito: Conflicto competencial **********.
3.2.1. Cuestiones fácticas:
A) Por escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, **********, por derecho propio, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se transcriben:
"III. Autoridades responsables: Ordenadoras: i. Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—ii. Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—Ejecutoras: i. Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—ii. Comisión Nacional Bancaria y de Valores.—iii. Dirección General Adjunta de Atención de Requerimientos Especiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.—iv. Dirección General de Atención a Autoridades, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.—v. **********.—IV. Actos reclamados: a) De las autoridades responsables ordenadoras reclamo todas y cada una de las actuaciones que obran en el expediente del que derivó la orden de bloqueo del importe de mi cuenta personal, aperturada en la institución bancaria denominada **********, contrato número **********.—b) De las autoridades responsables ejecutoras reclamo la ejecución de la orden de bloqueo del importe de mi cuenta personal, aperturada en la institución bancaria denominada **********, contrato número **********."
Por razón de turno, tocó conocer de la demanda a la Jueza Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México (entonces Distrito Federal), la cual en auto de diecinueve de septiembre de dos mil catorce, la admitió a trámite y la registró con el número **********.
Por auto de veintinueve de octubre de dos mil catorce, la referida juzgadora determinó que dada la naturaleza de los actos reclamados, no le concernía el conocimiento de la demanda de amparo, sino al Juez de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México),(11) en turno.
B) Derivado de lo anterior, tocó conocer del asunto al Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, bajo el número **********. Asimismo, su titular en auto de treinta y uno de octubre de dos mil catorce, no aceptó la competencia planteada.
C) Por auto de cuatro de noviembre de dos mil catorce, la Jueza Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) insistió en declinar su competencia, por lo que ordenó remitir el expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, para que fuera turnado al Tribunal Colegiado de Circuito respectivo, con objeto de que se dirimiera el conflicto competencial.
D) Del asunto tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el que se admitió a trámite con el número **********.
3.2.2. Consideraciones del Tribunal Colegiado del conocimiento. En sesión de once de diciembre de dos mil catorce, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que el conocimiento del asunto debía dirimirse en favor de la Jueza Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), por las siguientes razones:
- Primero, el órgano colegiado explicó que del contenido de la jurisprudencia P./J. 83/98, emitida por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES.",(12) se desprendía que, en el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que daba origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, entre otros.
- Por tanto, razonó que, si tal situación daba lugar a un conflicto de competencia, éste debía resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción; lo cual, regularmente, se podía determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoyara la demanda.
- En este sentido, para determinar la naturaleza del reclamo, recordó que en la demanda de amparo, la quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las siguientes autoridades: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Unidad de Inteligencia Financiera adscrita a la anterior; Comisión Nacional Bancaria y de Valores; Dirección General Adjunta de Atención a Requerimientos Especiales; director general de Atención a Autoridades, estas dos pertenecientes a dicha comisión; y, **********; reclamándose la orden de bloqueo de la cuenta número ********** en la institución bancaria mencionada. Al respecto, precisó que la orden de bloqueo de la cuenta bancaria a nombre de la quejosa tuvo apoyo en el Acuerdo ******** del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que se introdujeron personas –de conformidad con los parámetros que establece la 71a. de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito– a la lista de personas bloqueadas.
- Que la lista de personas bloqueadas tiene la finalidad de prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 Quater y 400 Bis del Código Penal Federal, como se desprendía de la siguiente parte considerativa del acuerdo **********:
"... En entendido de lo anterior y, en virtud de que el análisis de las bases de datos con las que cuenta o tiene acceso esta Unidad de Inteligencia Financiera, evidencia el despliegue de operaciones dentro del sistema financiero, consistente en el intercambio y triangulación de recursos, por montos elevados de dinero, tanto en efectivo, como a través de títulos de crédito y SPEI´s, con recursos en moneda nacional, que fueron llevadas a cabo por cuatro personas físicas, valiéndose de la constitución de tres empresas dentro del territorio nacional; los cuales posiblemente tienen un origen ilícito y con un alto grado de probabilidad se operaron con la finalidad de ocultar el origen, localización, destino o propiedad de los activos en las que las cuentas bancarias cuya titularidad y/o firma autorizadas corresponden a las personas morales y físicas que se identifican con los siguientes actos ..."
Con base en lo anterior, reiteró que la naturaleza y fundamento del bloqueo de la cuenta bancaria de la quejosa tiene como finalidad prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 Quater y 400 Bis del Código Penal Federal, consistentes en operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Ello se evidenciaba con el despliegue de operaciones dentro del sistema financiero, consistentes en el intercambio y triangulación de recursos, por montos elevados de dinero, tanto en efectivo, como a través de títulos de crédito y SPEI´s, con recursos en moneda nacional, que fueron llevadas a cabo por cuatro personas físicas –entre ellas la quejosa–, valiéndose de la constitución de tres empresas dentro del territorio nacional, los cuales –señala el propio acuerdo–, posiblemente tienen un origen ilícito y con un alto grado de probabilidad se operaron con la finalidad de ocultar el origen, localización, destino o propiedad de los activos en los que las cuentas bancarias, cuya titularidad y/o firma autorizadas corresponden a las personas morales y físicas que se identificaban con los actos.
- Finalmente, dijo que lo anterior ponía de relieve que la naturaleza de la acción era eminentemente penal, pues el propósito del bloqueo de la cuenta era prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 Quater y 400 Bis del Código Penal Federal, consistentes en operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Así, se determinó que la competencia correspondía a la Jueza Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal (ahora Ciudad de México).
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis.
4.1. Criterios generales aplicables a la determinación de existencia de una contradicción de tesis:
A) En principio, debe señalarse que el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que existe contradicción de tesis cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.(13)
Como se advierte, la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos jurisdiccionales contendientes, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
B) En tal virtud, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los órganos jurisdic
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28617-4ac8cf24/competencia-para-conocer-del-juicio-de-amparo-indirecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA D (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO Y BLOQUEO DE UNA CUENTA BANCARIA DICTADA POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGEN (P./J. 1/2019 (10a.))
- COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO Y BLOQUEO DE UNA CUENTA BANCARIA DICTADA POR EL TITULAR DE LA UNIDAD DE INTELIGEN (I.10o.P.2 P (10a.))
- COMPETENCIA. EL DIRECTOR DE RESPONSABILIDADES, QUEJAS Y DENUNCIAS DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, COMO AUTORIDAD AUXILIAR DE UNA (I.4o.A.142 A )
- COMPETENCIA RELATIVA A SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO.- (18)
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis