SUSPENSIÓN PROVISIONAL. REGLAS PARA SU OTORGAMIENTO CUANDO EL ACTO RECLAMADO SEA EL BLOQUEO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 78/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS VIGÉSIMO PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 22 DE MAYO DE 2019. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIOS: EDUARDO ROMERO TAGLE Y JUVENAL CARBAJAL DÍAZ.
Ciudad de México. Sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de veintidós de mayo de dos mil diecinueve.
Vistos, para resolver los autos de la contradicción de tesis 78/2019, y;
RESULTANDO:
PRIMERO.—Presentación de denuncia. Los Magistrados integrantes del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunciaron –mediante escrito registrado el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, con el folio 009714 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte– la posible contradicción de tesis entre el criterio sustentado por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el recurso de queja 56/2019, y el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el recurso de queja 46/2016, que dio origen a la tesis aislada IV.2o.A.123 A (10a.).(1)
SEGUNDO.—Admisión en este Alto Tribunal. Mediante acuerdo de seis de marzo de dos mil diecinueve, el Ministro presidente formó el expediente relativo a la contradicción de tesis 78/2019, y admitió a trámite la denuncia relativa; solicitó por conducto del MINTERSCJN a los tribunales contendientes que remitieran, en versión digitalizada, las ejecutorias dictadas y el informe sobre si sus criterios se encuentran vigentes. Asimismo, ordenó turnar los autos para su estudio al Ministro Eduardo Medina Mora I.
TERCERO.—Avocamiento. Por acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, el presidente de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que ésta se avocaba al conocimiento del presente asunto.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferentes Circuitos, sin que se estime necesaria la intervención del Tribunal Pleno.(2)
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, porque la parte denunciante –Magistrados integrantes del Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito–, es uno de los órganos cuyos asuntos dieron lugar a los criterios materia de la contradicción.(3)
TERCERO.—Tema y criterios contendientes. Los órganos contendientes sostuvieron en los asuntos antes señalados, lo siguiente:
I. Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 56/2019 en sesión extraordinaria de doce de febrero de dos mil diecinueve.
1. En enero de dos mil diecinueve, Eduardo León Trauwitz recibió un correo electrónico de una cuenta propiedad de Banjercito –Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, Institución de Banca de Desarrollo–, en el que se le informó que, en términos de lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y por acuerdo 5/2019, emitido por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera –UIF– de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su nombre había sido incluido en una lista de personas bloqueadas.
En consecuencia, el señor León Trauwitz acudió a una sucursal de Banjercito para tratar de realizar determinadas operaciones en cuentas bancarias de las que es titular en dicha institución; sin embargo, le informaron que las mismas habían sido bloqueadas, por lo que no podía realizar movimiento alguno en ellas.
2. Inconforme con lo anterior, el señor León Trauwitz promovió un juicio de amparo indirecto en el que reclamó el artículo 115, párrafo noveno, de la Ley de Instituciones de Crédito; la emisión y publicación de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, específicamente las 71a., 72a. y 73a.; y el acuerdo 5/2019, emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el cual se le incluyó en el listado de personas bloqueadas.
Al presentar su demanda de amparo, el quejoso solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos que reclamó.
3. Correspondió conocer del asunto a la Jueza Décimo Quinta de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien registró el asunto con el número de amparo indirecto 200/2019, admitió a juicio la demanda presentada y solicitó los informes justificados a las autoridades que fueron señaladas como responsables.
4. En el cuaderno incidental, la Juez de Distrito determinó negar la suspensión provisional solicitada, pues consideró que de ser concedida se podría afectar al interés social y el orden público, pues la sociedad está interesada en que se vigile a los usuarios de las instituciones bancarias; máxime que la función primordial del acuerdo por el cual se ordena el congelamiento de las cuentas bancarias es la detección de usuarios que incurran en defraudación a las instituciones financieras o la posible comisión de actos ilícitos.
5. Inconforme con la determinación anterior, el quejoso interpuso un recurso de queja que fue turnado al Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, quien registró el asunto con el número de expediente 56/2019. Al emitir la sentencia respectiva, dicho órgano jurisdiccional determinó que era fundado el recurso interpuesto, revocando el acuerdo recurrido y concediendo la suspensión provisional solicitada por el quejoso.
Para llegar a tal determinación, el Tribunal Colegiado consideró que en ese momento procesal no se contaba con elemento alguno que permitiera concluir que de otorgarse la suspensión provisional, para el efecto de que fuera levantado el bloqueo de las cuentas bancarias del quejoso, se ocasionaría perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público, pues incluso se desconocía el origen y sustento legal del bloqueo; lo que evidenciaba que era procedente otorgar la suspensión solicitada.
Aunado a lo anterior, dicho órgano jurisdiccional consideró que esta Segunda Sala, al resolver el amparo en revisión 1231/2017, en sesión de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, ya determinó que era inconstitucional el bloqueo de cuentas bancarias ejecutado en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera no ejerciera esa facultad como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos en nuestro país.
Por tanto, en atención al criterio sustentado por esta Segunda Sala y toda vez que se desconocía el origen de la inmovilización a las cuentas bancarias de la parte quejosa, consideró que no era válido afirmar categóricamente que la concesión de la medida cautelar tendría como consecuencia permitir que se llevaran a cabo operaciones vinculadas con actos ilícitos, pues no contaba con las constancias necesarias que demostraran ese extremo, de ahí que, al no existir en ese momento elementos suficientes que justificaran la falta de disposición de recursos, debía concederse la suspensión provisional.
Los aspectos medulares de tal resolución establecen a la letra lo siguiente:
"De esta forma, tomando en consideración, por una parte, que el quejoso es titular y/o beneficiario de las cuentas bancarias que defiende, por lo que es quien se encuentra facultado para disponer de los recursos monetarios ahí depositados y, por otra, que hasta esta etapa procesal no se cuenta con algún elemento que permita concluir que de otorgarse la suspensión provisional, para el efecto de que se levante el bloqueo de esas cuentas, se ocasionaría perjuicio al interés social o se contravendrían disposiciones de orden público, dado que incluso se desconoce el origen y el sustento legal de esa actuación, es evidente que resulta procedente otorgar la medida cautelar solicitada.
"Además, de continuar con la ejecución del acto reclamado se causarían daños y perjuicios de difícil reparación a la demandante, consistentes en la privación del derecho que le asiste de disponer de los recursos de la cuenta de la que es titular.
"En adición a lo anterior, se estima pertinente realizar una ponderación de la apariencia del buen derecho, teniendo en cuenta que en sesión de cuatro de octubre de dos mil diecisiete, al resolver el amparo en revisión 1214/2016, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación examinó el tema relativo al bloqueo de cuentas ejecutado en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, determinando que dicho precepto transgredía el diverso artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al invadir la competencia del Ministerio Público en lo que se refería a la facultad de investigar y perseguir los delitos...
"Adicionalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1231/2017, en sesión de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, consideró que era inconstitucional el bloqueo de cuentas ejecutado en términos del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera no ejerciera esa facultad como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos en nuestro país.
"Es decir, que resultaba inconstitucional dicho bloqueo cuando su origen no se emitiera en cumplimiento a una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se estableciera de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras; o bien, no se relacionara con el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con tales atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional –por ejemplo, para el cumplimiento de las resoluciones que en materia de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva emite el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas–.
"Tomando en consideración los pronunciamientos del Alto Tribunal en relación con la inconstitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y que en esta etapa procesal se desconoce el origen de la inmovilización a las cuentas bancarias de la parte quejosa, se estima que no es válido afirmar categóricamente que la concesión de la medida cautelar tendrá como consecuencia permitir que se lleven a cabo operaciones vinculadas con actos ilícitos, pues no se cuenta con las constancias necesarias que demuestren ese extremo, de ahí que, al no existir en este momento elementos suficientes que justifiquen la falta de disposición de recursos, debe concederse la suspensión provisional.
"Decisión que debe prevalecer en tanto se resuelva lo relativo a la suspensión definitiva, luego de que las autoridades rindan su informe previo y alleguen los elementos necesarios para que la Juez del conocimiento se cerciore sobre si la concesión en definitiva de la medida, tendría algún menoscabo al orden público e interés social.
"Cabe precisar que la medida se concede siempre y cuando la inmovilización de las cuentas no haya sido ordenada por diversa autoridad de las señaladas como responsables en la demanda de amparo, ni se encuentren vinculadas a una investigación o procedimiento de naturaleza penal..."
II. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el recurso de queja 46/2016 en sesión de once de marzo de dos mil dieciséis.
1. Desarrollo Humano 2011, sociedad civil, mediante escrito presentado el siete de octubre de dos mil quince, promovió un juicio de amparo indirecto toda vez que, al tratar de realizar diversos movimientos en sus cuentas bancarias en el Banco Mercantil del Norte, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte –Banorte–, se dio cuenta de que las mismas se encontraban bloqueadas, y al acudir a una sucursal de dicho banco le informaron que, en efecto, las mismas habían sido congeladas por orden de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En consecuencia, en su demanda de amparo la sociedad quejosa reclamó la orden, procedimiento o resolución relativa al aseguramiento, inmovilización o congelamiento de diversas cuentas bancarias a su nombre en Banorte. En dicha demanda, la quejosa solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, para el efecto de que no se le impidiera el retiro de los fondos de sus cuentas bancarias.
2. Correspondió conocer del asunto al Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, quien registró el asunto con el número de amparo indirecto 1328/2015; admitió la demanda presentada y solicitó los informes justificados a las autoridades que fueron señaladas como responsables.
3. Al aperturar el cuaderno incidental, el Juez de Distrito determinó –mediante acuerdo de nueve de octubre de dos mil quince– conceder la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que no se realizara el retiro de los fondos y se levantara la inmovilización o congelamiento de las cuentas bancarias de las que era titular la quejosa.
Lo anterior, pues consideró que con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, no se advertía que se pudiera seguir perjuicio al interés social o contravenir disposiciones de orden público, debido a que el levantamiento del impedimento para manejar las cuentas bancarias únicamente repercutiría en la esfera jurídica de la quejosa, sin que se configurara privación alguna a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, o se provocara un daño.
4. En contra de tal determinación, el Director de Procesos Legales "B", de la Dirección General de Procesos Legales, de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, interpuso recurso de queja.
Correspondió conocer del asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, quien registró el recurso con el número de queja 46/2016, y en sesión de once de marzo de dos mil dieciséis, declaró fundado el recurso de queja interpuesto y revocó la suspensión provisional otorgada.
Para llegar a tal determinación, el Tribunal Colegiado consideró que si lo reclamado era el congelamiento de cuentas bancarias abiertas en una institución de crédito, atribuida a la Unidad de Inteligencia Financiera, hasta esa etapa debía considerarse que ese bloqueo no constituía, por el solo hecho de que se desconozca, un acto que resultara evidentemente arbitrario e inconstitucional, pues la actuación reclamada debe presumirse jurídicamente legal, teniendo como origen dar a conocer a las instituciones financieras sobre las personas sujetas al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo y su financiamiento, o su inclusión en las listas de personas bloqueadas, protegiendo con esto al sistema financiero y la economía nacional.
En consecuencia, consideró que con independencia de que la parte quejosa haya manifestado desconocer el motivo del acto reclamado, debe estimarse acorde con el contexto jurídico y normativo en que se desenvuelve la responsable, ya que el congelamiento o inmovilización de cuentas bancarias es una atribución que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera; por lo que debe considerarse que la sociedad está interesada en la aplicación de tales procedimientos encaminados a la protección al sistema financiero y a la economía nacional, mediante la detección y prevención de conductas ilícitas vinculadas con recursos de origen también ilícito.
De ahí que otorgar la suspensión para los efectos solicitados, permitiendo a la quejosa disponer de los recursos depositados en sus cuentas, mismas que pudieran estimarse como de procedencia ilícita o vinculados a conductas constitutivas de un delito, no es jurídicamente posible, pues ello afectaría gravemente al interés social en el orden jurídico y económico nacional, contraviniendo incluso el ejercicio de las facultades propias de la autoridad para la identificación y prevención de ese tipo de operaciones, lo que involucra bienes jurídicos de mayor valía que el relativo a disponer de los recursos que es un interés individual de carácter meramente económico.
De dicho criterio se originó la tesis aislada IV.2o.A.123 A (10a.), de rubro: "CONGELAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS ATRIBUIDO A LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. AUN CUANDO EL QUEJOSO DESCONOZCA ESE ACTO O SUS MOTIVOS, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS RESTITUTORIOS EN SU CONTRA."
Los aspectos medulares de tal resolución, establecen a la letra lo siguiente:
"Los agravios expuestos en el recurso de queja son esencialmente fundados para revocar la suspensión provisional concedida y negarla, pues como lo señala la responsable, su otorgamiento con el efecto restitutorio consistente en desbloquear las cuentas bancarias de la parte quejosa, redunda en una afectación al orden público y al interés social, por lo que en el caso no se actualizan los requisitos que para la procedencia de dicha medida cautelar establecen los artículos 128, 131 y 147, de la Ley de Amparo. ...
"Pues bien, ... este Tribunal Colegiado estima que dichos agravios son esencialmente fundados en la parte relativa a que el otorgamiento de la suspensión con el efecto de que se liberen las cuentas bancarias de la quejosa, contiene un efecto restitutorio indebido del derecho vulnerado, no por la circunstancia de que sea propio de la sentencia de amparo, pues actualmente la legislación de amparo reconoce, en su artículo 147, que dicha anticipación sea posible como efecto de la suspensión; sino porque como se aduce en la última parte de los agravios sintetizados, las consecuencias de esa restitución anticipada contravienen al orden público y al interés social, lo cual es un presupuesto de procedencia de la medida, de análisis y cumplimiento previo al relativo a la posibilidad de restitución. ...
"Por estas razones, es en este contexto que efectuada la contraposición en el caso concreto, aun cuando se tuviera por acreditada la apariencia del buen derecho, también se advierte que sería mayor el perjuicio que resentiría la sociedad con el desbloqueo de las cuentas bancarias inmovilizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que el beneficio que pudiera obtener dicha empresa.
"Aquí es importante recordar que en los términos y conforme a los hechos expuestos en la demanda, hasta el momento no se tiene certeza sobre los motivos que originaron dicha inmovilización o bloqueo y la quejosa se limita a referir que los desconoce, de donde deriva precisamente su causa de pedir en el amparo atinente a la transgresión de su garantía de audiencia previa al acto de autoridad y se funda la apariencia del buen derecho invocada para obtener la medida suspensional.
"Sin embargo, acorde con las consideraciones generales sobre la suspensión ya expuestas, es posible sostener que la sola negativa de conocer el acto no necesariamente implica la existencia indiscutible de un buen derecho que haga procedente la medida, pues sobre el particular debe hacerse una apreciación objetiva tanto de lo narrado como de la naturaleza objetivamente observable, hasta esta etapa y con los elementos con que se cuenten, del mismo acto, atento al contexto fáctico y jurídico en que se le ubique, considerando que en la especie, se trata de uno administrativo presumiblemente legal, fundado en las disposiciones que permiten a dicha dependencia, justamente, ordenar la paralización o bloqueo de cuentas bancarias de un particular por introducirlo en un régimen de prevención en relación con operaciones presumiblemente vinculadas con recursos de procedencia ilícita. ...
"Ante toda esta información, si lo que se reclama es un congelamiento de cuentas bancarias abiertas en una institución de crédito, que se atribuye a la referida Unidad de Inteligencia Financiera, hasta esta etapa debe considerarse que ese bloqueo o la inmovilización no constituye por el solo hecho de que se desconozca, un acto que resulte evidentemente arbitrario e inconstitucional, como la quejosa lo afirma; pues debe estimarse que la actuación que concretamente se atribuye a la autoridad es una de carácter administrativa que jurídicamente debe presumirse legal, acorde con los artículos 68 del Código Fiscal de la Federación o 42 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo según sea el caso, que tiene como origen la actualización de los supuestos previstos en las porciones normativas referidas, como dar a conocer a las instituciones financieras sobre las personas sujetas al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo y su financiamiento; o su inclusión en las listas de personas bloqueadas, que son supuestos concretos en los que se puede suspender inmediatamente la realización de actos, operaciones o servicios con ellos en términos de la ley aplicable; todo ello con la finalidad de prevenir y detectar actos, operaciones y en general conductas delictivas que involucren la utilización de recursos de procedencia ilícita, con la finalidad substancial de proteger el sistema financiero y la economía nacional.
"En ese contexto, si con independencia de que se haya manifestado desconocer el acto reclamado, debe estimarse acorde con el contexto jurídico y normativo en que se desenvuelve la responsable, que el congelamiento o inmovilización de las cuentas bancarias de la quejosa es una atribución que tiene conforme a la ley cuyo origen es el ejercicio de las facultades concretas a que se ha hecho alusión, entonces debe sopesarse que la sociedad está interesada en la aplicación de tales procedimientos y el consiguiente ejercicio de las referidas facultades, inherentes a la protección de los bienes jurídicos invocados que son, a saber, la protección al sistema financiero y a la economía nacional, mediante la detección y prevención de conductas ilícitas vinculadas con recursos de origen también ilícito, por lo que otorgar la suspensión para los efectos solicitados, permitiendo a la quejosa disponer de los recursos depositados en las cuentas de referencia que presumiblemente pudieran estimarse como de procedencia ilícita o vinculados a conductas constitutivas de un delito, no es jurídicamente posible, pues ello afectaría gravemente esos propósitos y trascendería al interés social en el orden jurídico y económico nacional, afectándose incluso el ejercicio de las facultades propias de la autoridad para la identificación y prevención de ese tipo de operaciones, lo que involucra bienes jurídicos de mayor valía que el relativo a disponer de los recursos, afectando ahora a la quejosa, que es un interés individual de carácter meramente económico. ...
"Así, este Tribunal Colegiado considera que con el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, con el efecto restitutorio pretendido, se ocasionaría una afectación al interés social de mayor entidad que los daños que pudiera sufrir la quejosa con la negativa de la misma y, por ese motivo se considera que no se reúnen los requisitos previstos en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo y en el numeral 147 de la misma legislación."
CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis. Es de atenderse a la jurisprudencia P./J. 72/2010 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(4)
De dicho criterio se desprende que para que exista la contradicción de criterios es necesario que los órganos involucrados en los asuntos materia de la denuncia hayan:
a) Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,
b) Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.
Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo que los criterios jurídicos sobre un mismo punto de derecho no provengan del examen de los mismos elementos de hecho, sobre todo cuando se trate de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos contendientes, pues lo relevante es que las posturas de decisión sean opuestas, salvo cuando la variación o diferencia fáctica sea relevante e incida de manera determinante en los criterios sostenidos.
Por tanto, si las cuestiones fácticas, aun siendo parecidas, influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, porque no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues conllevaría una revisión de los juicios o recursos fallados por los órganos en contienda, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.
Además, es pertinente destacar que es innecesario que los criterios divergentes estén plasmados en tesis redactadas y publicadas en términos de los artículos 218 a 220 de la Ley de Amparo, sino que basta que se encuentren en las consideraciones de los asuntos sometidos al conocimiento de cada órgano contendiente de que se trata, al tenor de la jurisprudencia 2a./J. 94/2000 de esta Segunda Sala, cuyo rubro es: “CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY".(5)
Por tanto, de los antecedentes y consideraciones sustentadas por cada uno de los órganos contendientes, se advierte que existe la contradicción de tesis denunciada, toda vez que:
A. En los fallos dictados por los órganos jurisdiccionales contendientes se abordó el mismo punto jurídico, a saber, la procedencia de la suspensión provisional cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
B. Los órganos contendientes adoptaron posiciones opuestas, dado que el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver el recurso de queja 56/2019, determinó que cuando se reclame el bloqueo de cuentas bancarias, es procedente otorgar la suspensión provisional, pues al no tener certeza del origen y sustento legal del congelamiento, tampoco es posible asegurar que el acto pudiera ocasionar perjuicio alguno al interés social o la contravención a disposiciones de orden público; y, por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito al resolver el recurso de queja 46/2016, consideró que no era posible otorgar la suspensión provisional en este tipo de casos, pues el hacerlo permitiría que la parte quejosa dispusiera de los recursos depositados en sus cuentas, no obstante que estos pudieran tener procedencia ilícita o encontrarse vinculados a conductas constitutivas de delitos, lo que afectaría gravemente al interés social y al orden jurídico y económico nacional, contraviniendo incluso el ejercicio de las facultades de la autoridad ordenadora.
En consecuencia, sobre la base del estudio de las mismas cuestiones jurídicas, se configura la contradicción de criterios, cuyo tema consiste en resolver el siguiente cuestionamiento:
¿En el juicio de amparo es procedente decretar la suspensión provisional cuando el acto reclamado sea el bloqueo de cuentas bancarias atribuido a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?
QUINTO.—Estudio. Una vez precisado el punto de contradicción, esta Segunda Sala considera que el criterio que debe prevalecer es el que se procede a desarrollar:
Esta Segunda Sala ha sostenido que la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo, es una medida que tiene como finalidad que se paralicen los actos combatidos, a efecto de conservar la materia del juicio y así, evitar que durante su tramitación se ocasionen perjuicios a la persona afectada.(6)
En tal sentido, el artículo 107, fracción X, constitucional,(7) establece que los actos reclamados podrán ser suspendidos en los casos y condiciones que prevea la ley reglamentaria, por lo que de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo,(8) tratándose de la suspensión a solicitud de parte, los jueces ordenarán la tramitación del incidente relativo.
En tal sentido, el Juez deberá constatar la certeza del acto reclamado, para lo cual atenderá las manifestaciones contenidas en el escrito de la demanda de amparo, toda vez que se trata de la suspensión provisional, así como el resto de elementos que se desprendan de la demanda y los demás documentos que en su caso se acompañen.(9)
Una vez acredit
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/28815-72fe3aac/suspension-provisional-reglas-para-su-otorgamiento-cuando-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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