INFORMACIÓN DE OPERACIONES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 31-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA APLICACIÓN DE DICHO PRECEPTO Y LAS REGLAS FISCALES RELACIONADAS CON LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN ÉL.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 78/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 13 DE MAYO DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTES: JUAN N. SILVA MEZA Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. SECRETARIO: JOSÉ ÁLVARO VARGAS ORNELAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, vigente a partir del veintidós siguiente, pues se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de distinto circuito.
SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue presentada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, lo cual encuentra fundamento en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo vigente.
TERCERO.-Precisado lo anterior, es pertinente tener en cuenta lo que los Tribunales Colegiados de Circuito involucrados expusieron en las ejecutorias de las que emanaron los criterios que los Magistrados denunciantes consideran contradictorios.
Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
El citado órgano colegiado, al resolver el trece de febrero de dos mil quince el recurso de queja 63/2015 sostuvo, en lo atinente, lo siguiente:
"SÉPTIMO.-Este Tribunal Colegiado estima que resultan infundados los argumentos sintetizados con antelación con el inciso A, en los que la autoridad recurrente esencialmente manifiesta que, la resolución contenida en la contradicción de tesis 277/2014 no es obligatoria para su acatamiento, en virtud de que no se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación (sic).-Se afirma lo anterior, en virtud de que si bien la aplicación de jurisprudencia sólo puede exigirse a los tribunales a partir de su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; cierto es que era conveniente que el Juez de Distrito se apoyara en el criterio emitido por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, pues tiene fuerza jurídica para normar su criterio, por ser aplicable al caso. ... De lo hasta aquí expuesto, se concluye que, si bien no es obligatoria la observancia de una ejecutoria y/o criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino hasta que se publique en el Semanario Judicial de la Federación, la jurisprudencia que corresponda; cierto es que sí es conveniente que los tribunales de amparo observen tales criterios y sean orientadores para la resolución de un asunto.-No obstante lo anterior, cabe señalar que al momento del dictado de la presente ejecutoria (trece de febrero de dos mil quince), ya se encuentra publicada la jurisprudencia de rubro: ‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014).’, cuya indebida aplicabilidad controvierte la recurrente por su falta de publicación a través del medio oficial de difusión correspondiente; en consecuencia, si dicho criterio jurisprudencial ya se encuentra publicado en el Semanario Judicial de la Federación, resulta patente que el argumento de mérito hecho valer por la inconforme es ineficaz para revocar el auto recurrido. ... Sin que pase desapercibido por este órgano jurisdiccional, la contradicción de tesis 25/2014 del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, toda vez que este Tribunal Federal debe atender a los criterios que emita la superioridad, en términos de lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo.-Por otra parte, resultan infundados los argumentos sintetizados con los incisos C y G, en los que esencialmente la recurrente señala que la parte quejosa no acredita su interés suspensional, ya que no acreditó en los términos del artículo 17 K, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación, tener asignado un ‘buzón tributario’, ni demostró el daño inminente e irreparable que le pudiera causar el cumplimiento de la disposición reclamada; en atención a lo que se expone a continuación. ... También son ineficaces los argumentos sintetizados en los incisos F y J, los cuales se estudian de manera conjunta, dada la estrecha relación que guardan, en los que la autoridad recurrente alega sustancialmente que debió negarse la medida cautelar solicitada, en virtud de que aún no se encuentran en vigor las disposiciones que obligan a la sociedad quejosa a ingresar su contabilidad al portal del Servicio de Administración Tributaria; y, por tanto, los actos reclamados son futuros y de realización incierta. ... Por otra parte, resultan inoperantes los argumentos sintetizados en los incisos D y H, en los que medularmente la recurrente señala que el juzgador de amparo perdió de vista que al concederse la suspensión provisional se contravienen disposiciones de orden público y que se afecta el interés social, pues ello constituye la inaplicabilidad de los artículos 17 K y 28, fracciones III y IV, del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones contenidas en los ordenamientos fiscales referentes al buzón.-Se afirma lo anterior, en virtud de que sobre el tema planteado, la Segunda Sala del Alto Tribunal emitió criterio -ejecutoria que fue citada por el juzgador- en el sentido de que procede conceder la suspensión contra la aplicación de los artículos 17 K y 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, lo que resuelve el tema propuesto por la recurrente, ya que la superioridad resolvió la contradicción de tesis 277/2014, en sesión de veintiséis de noviembre de dos mil catorce, siendo un hecho notorio que, su engrose oficial ya se encuentra disponible en la página electrónica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivo por el que tal criterio resulta aplicable en el presente caso, el cual se transcribe a continuación: (se transcribió). Las consideraciones anteriores dieron origen a la jurisprudencia número 2a./J. 2/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro: 2008430, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, la cual es del tenor siguiente: ‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014).’ (se transcribió). En las anotadas condiciones, al resolver el criterio jurisprudencial el tema de fondo planteado en los presentes argumentos es innecesario su análisis y, por tanto, deben declararse inoperantes; destacando que la aplicación de la jurisprudencia de que se ha dado noticia es obligatoria para este Tribunal Colegiado, de conformidad con lo establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo.-Resulta aplicable al caso por analogía, la tesis de la Primera Sala del Alto Tribunal que a continuación se cita: ‘AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.’ (se transcribió). Por otra parte, resultan infundados los argumentos sintetizados en los incisos E e I, en los que esencialmente la recurrente aduce que con el otorgamiento de la medida cautelar, se concede a la quejosa efectos restitutorios, lo cual sólo es posible cuando se resuelve el fondo del asunto, pues con la concesión se le está generando un derecho a su favor que no tiene, ya que su pretensión principal es que no le sean aplicados los dispositivos legales que impugna y, por ende, que no esté obligada a llevar su contabilidad en los medios electrónicos. ... Por último, se aborda el estudio del argumento compendiado en el inciso B de la síntesis relativa, en el cual, la autoridad inconforme alega que el Juez del conocimiento omitió señalar los alcances de los efectos de la suspensión concedida a la sociedad quejosa en cuanto al artículo 17 K del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que dicho precepto establece diversos supuestos jurídicos respecto de los cuales el juzgador debió precisar los efectos de la aludida medida cautelar. ..."
Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito
Ese Tribunal Colegiado de Circuito, el seis de marzo de dos mil quince al resolver el recurso de queja 44/2015 sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente:
"QUINTO.-Los agravios expuestos por la autoridad recurrente son infundados.-En el caso, la parte quejosa en su demanda de amparo, reclamó los siguientes actos: La inconstitucionalidad del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil trece, en concreto el artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación; y la Quinta Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio dos mil catorce y su anexo 1-A, donde se establece la aplicación de la regla I.2.8.1.14 ‘Información de operaciones a que se refiere el artículo 31-A del CFF’. En la referida demanda, la persona moral quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados.-Por auto de cuatro de febrero de dos mil quince, el Juez de Distrito concedió la suspensión solicitada para los siguientes efectos: -Para que respecto de las ‘operaciones relevantes’ que haya realizado durante el ejercicio fiscal dos mil catorce, las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan; y, -Para que no se le apliquen las disposiciones reclamadas y no se le exija la obligación de informar las operaciones relevantes que haya realizado en el referido ejercicio fiscal.-Lo anterior, porque consideró que la aludida concesión no contravenía disposiciones de orden público ni afectaba el interés social, pues el hecho de que la concesión de la suspensión se traduzca en que no informe a las autoridades fiscales las operaciones relevantes que realice, no impide o paraliza las facultades de comprobación de las autoridades hacendarias; además, si se niega el amparo y protección constitucional, dichas autoridades podrán exigir desde luego el cumplimiento de la obligación suspendida durante todo el tiempo que no fue exigible con motivo de esa medida cautelar.-Contra dicha determinación, la autoridad recurrente señala, lo siguiente: -Con la concesión de la suspensión provisional se sigue perjuicio al interés social y se contravienen disposiciones de orden público, toda vez que resulta de explorado derecho que la legislación en materia fiscal resulta ser de orden público y de interés general como las demás leyes de un estado de derecho y deben respetarse ya que de lo contrario se perturbaría ese estado de derecho.-Lo anterior es así, pues dependerá de la correcta observancia de los requisitos previstos en los ordenamientos legales aplicables para que en su caso, se dé pauta a la verificación de las operaciones relevantes de aquellos contribuyentes que se encuentren obligados a presentar dicha información; de ahí la importancia y trascendencia de que los contribuyentes presenten información de sus operaciones de conformidad con las disposiciones de orden público como lo es el artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación, así como las resoluciones misceláneas fiscales que reglamentan y rigen la correcta observancia de dicho numeral. -Reitera que la concesión de la medida cautelar contraviene disposiciones de orden público, al permitir que un contribuyente que no cumpla con las disposiciones legales de orden público y deje de informar al Servicio de Administración Tributaria sobre sus operaciones relevantes, afectando con ello al público en general, pues evidentemente se le estaría impidiendo a la autoridad fiscal la correcta verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la quejosa. -El que se otorgue la suspensión provisional para el efecto de que no se le exija al contribuyente la obligación de informar sobre las operaciones relevantes que haya realizado en su ejercicio fiscal de dos mil catorce, resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues se contravienen disposiciones de orden público e interés social ya que la verificación de sus operaciones relevantes resulta de suma importancia para conocer de forma exacta la situación fiscal de los contribuyentes, sobre todo al considerar que ya no es requisito la presentación del dictamen formulado por el contador público. -El auto recurrido es ilegal ya que al concederse la suspensión respecto de la aplicación de la Regla 1.2.8.1.14 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, relativa a la obligación que tienen los contribuyentes de informar a la autoridad fiscal sobre sus operaciones relevantes, debe negarse la suspensión puesto que con su concesión se otorgan efectos restitutorios a la quejosa, los que son propios de la sentencia definitiva que se dicte en el fondo del asunto. -El órgano jurisdiccional debe negar la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado, pues de lo contrario se le permitiría a la autoridad realizar notificaciones y recibir documentación de la quejosa, es decir de concederse la medida, se otorgarían efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva. -Que el propósito de las normas es que las autoridades fiscales cuenten con información detallada que permita verificar el correcto cumplimiento del pago de contribuciones, aunado a que se simplifica, a favor de las quejosas, la obligación de llevar contabilidad y almacenar toda la información que la integra.-Los anteriores argumentos resultan infundados.-Así es, si bien, como lo refiere la recurrente, la legislación en materia fiscal se considera de orden público y su cumplimiento de interés social; lo cierto es que aplicar ese parámetro general para establecer la procedencia o improcedencia de la suspensión de los actos reclamados implicaría hacerla nugatoria, siempre que se trate de amparo contra leyes.-Ello, porque todas las disposiciones legales en mayor o menor medida son de interés social y orden público; por tanto, bajo esa perspectiva, se llegaría a la conclusión limitada y equívoca de que cualquier medida cautelar tendente a paralizar la ejecución de un acto que se base en aquéllas ha de negarse.-En esas condiciones, el concepto de orden público, más que gravitar en el hecho de que las leyes revistan tal carácter, debe partir de la no afectación de los bienes de la colectividad tutelados por las leyes, ya que lo que debe valorarse es el eventual perjuicio que pudieran sufrir las metas de interés colectivo.-De tal suerte que, para colegir válidamente el contenido de la noción de orden público es menester ponderar las situaciones que se llegaran a producir con la suspensión del acto reclamado, es decir, si con la medida se privaría a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le inferirá un daño que de otro modo no resentiría.-Por otro lado, la recurrente afirma que, con la concesión de la medida cautelar se contravienen disposiciones de orden público, al permitir que un contribuyente deje de informar al Servicio de Administración Tributaria sobre sus operaciones relevantes, afectando con ello al público en general, pues se le estaría impidiendo a la autoridad fiscal la correcta verificación del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la quejosa.-Lo así expuesto, es infundado.-En efecto, de la Regla I.2.8.1.14 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, se desprende que, para los efectos del artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación, los sujetos obligados deben presentar la información de operaciones relevantes, dentro de los plazos ahí previstos, por la forma oficial que aprueben las autoridades hacendarias, es decir, a través de la forma oficial 76 en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria.-La razón que motivó esa disposición fue que se eliminó el requisito de presentar el dictamen formulado por el contador público certificado, mediante el cual ciertos contribuyentes proporcionaban a la autoridad la información sobre distintos rubros contables, por ende, se hace necesario que la autoridad hacendaria supla esa información, mediante los requerimientos que al efecto haga a los contribuyentes.-Eso denota que la información relevante que debe enviarse en términos de esas normas, no es otra sino la concerniente a la contabilidad que antes se informaba a través de un contador público, y se considera necesaria para que la autoridad pueda ejercer sus facultades de comprobación.-Pues bien, si esa es la materia de la información a remitir a la autoridad, pero ahora se exige que sea enviada a través del sistema de Internet al Servicio de Administración Tributaria, no se advierte en modo alguno que conceder la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de dichas disposiciones cause perjuicio al interés social o conculque disposiciones de orden público.-Lo anterior pues, con ello sólo se exime temporalmente a la quejosa de cumplir con la obligación derivada del artículo impugnado, en el sentido de enviar por Internet tal información; sin que esto conlleve autorizarle a no llevar el control contable de todas esas operaciones ni dejar de proporcionarla por los medios tradicionales a la autoridad, cuando ésta la requiera; tampoco impide el ejercicio de las facultades de verificación, que podrá ejercer la autoridad hacendaria en cualquiera de las formas previstas en la ley.-De acuerdo con lo anterior, se estima que no le asiste razón a la autoridad recurrente, pues sí procede conceder la suspensión contra la aplicación del artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación, de la Regla I.2.8.1.14 de la Quinta Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, relativo al cumplimiento de entregar la información sobre operaciones relevantes, en los plazos previstos, ya que con ello no se afecta el orden público, ni se causa perjuicio al interés social.-Además, si bien es cierto que los deberes impuestos a los contribuyentes en dichos numerales, forman parte del conjunto de medidas implementadas por el legislador a fin de que los procedimientos de recaudación y fiscalización sean más ágiles y eficientes, lo cierto es que la concesión de la medida no significa que aquéllos dejen de cumplir sus obligaciones fiscales ni impide que la autoridad hacendaria ejerza sus facultades de comprobación por otros medios.-Luego, si la concesión de la medida cautelar sólo tiene por efecto deshabilitar provisionalmente la obligación de emplear el mecanismo electrónico para el envío de esa información, resulta claro que evitar los efectos y consecuencias de la aplicación y ejecución de tales disposiciones, no exonera a los contribuyentes de cumplir sus obligaciones fiscales, ni impide a la autoridad ejercer sus facultades de comprobación, en tanto está en posibilidad de emplear otros medios de comunicación y los procedimientos ordinarios de fiscalización.-Además, la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 277/2014, se pronunció en torno al deber de enviar por vía electrónica información a la autoridad fiscal para el ejercicio de las facultades de comprobación; y si bien, analiza el tópico sobre la procedencia de la suspensión en el juicio de amparo respecto de los artículos 17 K y 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, sin embargo las razones en ésta expuestas, resultan aplicables al caso, al ser dichos numerales, el sustento de la facultad de comprobación denominada revisión electrónica de la información solicitada en el numeral impugnado de inconstitucional en el juicio de amparo relativo al incidente de suspensión que nos ocupa, esto es, el artículo 31-A del citado código tributario.-Las consideraciones que sustentaron dicha resolución son las siguientes: (se transcribió). En atención a los razonamientos que anteceden, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el criterio que debía de prevalecer con carácter de jurisprudencia, es el siguiente: ‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA CONTRA LA APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 17 K Y 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014).’ (se transcribió). Del criterio vinculante citado, se obtiene que la mencionada Sala determinó la procedencia de la suspensión del acto reclamado que se hace consistir en la ejecución y aplicación de los artículos 17 K y 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir de enero de dos mil catorce, en los cuales se ordena, entre otras cosas, enviar por vía electrónica la contabilidad mensualmente a la autoridad, a fin de que ésta pueda ejercer sus facultades de comprobación.-Por tanto, si en el presente caso se trata del deber previsto en el artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación, consistente en remitir en los plazos previstos vía Internet, la información sobre operaciones relevantes, que antes se entregaban por ciertos contribuyentes a través del dictamen de contador certificado, y se fijó sólo para suplir esa falta de información, resulta inconcuso que se trata de información contable útil para llevar a cabo las facultades de comprobación, entonces es inconcuso que las razones expuestas en la jurisprudencia citada son aplicables al presente caso por analogía.-En consecuencia, no existe base jurídica para sostener que la paralización de los efectos y consecuencias de esas normas (efecto de la suspensión concedida), pueda traducirse en la afectación al interés social y la conculcación de disposiciones de orden público, menos cuando la remisión de la información relevante no se traduce en la verificación misma, ni conlleva el ejercicio de las facultades de comprobación.-Tampoco sería válido sostener que, al permitir a la quejosa no remitir por Internet esos datos, se produzca un perjuicio a la sociedad la cual está interesada en que se conozcan las operaciones financieras relevantes, pues la suspensión no lo impide, únicamente impide que dicha información se proporcione vía Internet, por ende, la autoridad podrá requerirla cuando la necesite y los contribuyentes deberán otorgarla por los medios tradicionales, no en vía electrónica.-En diverso segmento de sus agravios, la autoridad recurrente alega que el auto combatido es ilegal, porque la medida cautelar proveída por el Juez de Distrito tiene efectos restitutorios, no obstante que éstos únicamente son materia de la sentencia que resuelve el fondo del asunto. ..."
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito
El citado órgano colegiado, al resolver el nueve de marzo de dos mil quince el recurso de queja 60/2015 sostuvo, en lo atinente, lo siguiente:
"QUINTO.-Estudio de los agravios. Los agravios son jurídicamente ineficaces.-Para mejor comprensión de la conclusión a que se arriba, es menester traer a colación los siguientes antecedentes del caso: ... Pues bien, precisado lo anterior, este tribunal coincide con el Juez de Distrito en cuanto a que de concederse la medida cautelar para los efectos pretendidos por la parte quejosa (aquí recurrente), se contravendrían disposiciones de orden público e interés social, las cuales se encuentran por encima del interés particular, dado que, tal como lo señala el juzgador de primera instancia, el sistema de comprobación y cumplimiento de obligaciones fiscales fue creado en aras de que el Estado cuente con mayor eficiencia en los procedimientos de fiscalización y detección oportuna de actos, actividades, operaciones y situaciones de hecho o jurídicas tendentes al incumplimiento de obligaciones tributarias.-A efecto de evidenciar el anterior aserto, este Tribunal estima conveniente transcribir las siguientes tesis aislada(1) y jurisprudencial(2) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales, respectivamente, son del tenor siguiente: ‘INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN.’ (se transcribió). 'SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.’ (se transcribió). De tales criterios se advierte que tanto el orden público como el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno.-Asimismo, el concepto de disposiciones de orden público atiende a las normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público.-De igual manera, se observa que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.-Ahora bien, en el caso, se reclama el deber derivado del artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación, así como de la Regla 2.8.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, relativas a los plazos dentro de los cuales se debe enviar la información vinculada con operaciones relevantes, las cuales establecen, respectivamente, lo siguiente: ‘Artículo 31-A’ (se transcribió). Del numeral 31-A se desprende que los contribuyentes deberán presentar la información de las operaciones que se señalen, en la forma oficial que al efecto aprueben las autoridades fiscales, dentro de los treinta días siguientes a aquel en el que se celebraron y, por su parte, de la regla miscelánea se advierte que para los efectos del artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación, los sujetos obligados deben presentar la información de operaciones relevantes, dentro de los plazos previstos en los cuadros correspondientes.-Pues bien, este tribunal, en concordancia con lo resuelto por el Juez de Distrito, estima que el ejercicio de facultades de comprobación concedida a las autoridades hacendarias no es suspendible, ya que la sociedad está interesada en que el Estado verifique el efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias, a fin de contar con los recursos económicos necesarios para hacer frente a sus obligaciones, principalmente a las sociales.-Esto es, existe un interés general en que las referidas autoridades verifiquen que los gobernados cumplen con las obligaciones que la Constitución les impone, pues a través de su acatamiento se satisfacen necesidades colectivas y se logra un bienestar común; ello, mediante la recaudación de los ingresos que el Estado necesita para cumplir los requerimientos básicos de la comunidad.-Por tanto, este órgano colegiado considera que la determinación del Juez de Distrito, se encuentra ajustada a derecho, en razón de que de otorgarse la suspensión para los efectos que solicita la quejosa, esto es, que se suspenda la obligación respecto de presentar información relativa a las operaciones que efectúen, a través de las formas oficiales fiscales, dentro del plazo de treinta días siguientes a que se celebraron, se produciría un daño a la sociedad en la medida que es de interés general que el Estado cuente con mecanismos efectivos para lograr que todos los ingresos a que tiene derecho, sean percibidos en su integridad, logrando con ello hacer frente a las diversas necesidades de la colectividad, para alcanzar las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, ya que, conviene agregar, los procedimientos de fiscalización tienen como propósito hacer efectivo el deber contributivo regulado por el artículo 31, fracción IV, constitucional, partiendo de que la actividad desplegada por las autoridades hacendarias, persigue verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de los particulares y, en su caso, determinar los créditos que procedan por las contribuciones cuyo pago hubieran omitido; de ahí que su ejecución se considere trascendente para el interés social y el orden público.-Lo anterior se sustenta, por identidad jurídica, en el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 84/2009,(3) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: ‘SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE CONCEDERLA CONTRA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’ (se transcribió). Aquí conviene precisar que si bien es cierto que el Juez de Distrito no hizo mención a la referida jurisprudencia 2a./J. 84/2009, este Tribunal, a efecto de compartir la decisión a cargo del referido juzgador y dar contestación de manera integral a los restantes conceptos de agravio (en términos del artículo 76 de la nueva Ley de Amparo), considera pertinente
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25839-a5f632e3/informacion-de-operaciones-a-que-se-refiere-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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