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Modo: Corpus Pro

SUSPENSIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA LEY NACIONAL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, AUN CUANDO SE IMPUGNE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS QUE ESTABLECEN LOS REQUISITOS PARA GOZAR DE LA PRESUNCIÓN DE BUENA FE EN LA ADQUISICIÓN Y DESTINO LÍCITO DE BIENES, PUESTO QUE DICHA LEY NO ES AUTOAPLICATIVA, SINO QUE SE REQUIERE UN ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/2019. · Registro digital (IUS): 29536
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2020-10-23
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, SEXTO, OCTAVO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo II, Pág. 1489.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 33/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO, SEXTO, OCTAVO Y NOVENO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 3 DE MARZO DE 2020. MAYORÍA DE TRECE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO, MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS, VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS, WALTER ARELLANO HOBELSBERGER, ISMAEL HERNÁNDEZ FLORES, FERNANDO ALBERTO CASASOLA MENDOZA, VÍCTOR HUGO DÍAZ ARELLANO, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ, JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN, ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ, DANIEL HORACIO ESCUDERO CONTRERAS Y ABRAHAM SERGIO MARCOS VALDÉS, QUIEN FORMULÓ VOTO CON SALVEDADES. DISIDENTES: GONZALO HERNÁNDEZ CERVANTES Y ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ. SECRETARIA: MARÍA LILIANA SUÁREZ GASCA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la contradicción de tesis denunciada, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se refiere a la posible contradicción de criterios entre cuatro Tribunales Colegiados de la misma materia y Circuito, en un tema que, por ser de naturaleza civil, corresponde a la materia de especialidad de este Pleno de Circuito.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues la formuló una Magistrada integrante de un Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.—Objeto concreto de la denuncia de contradicción de tesis. Consiste, en principio, en determinar si procede o no la suspensión provisional o definitiva del decreto por el que se expidió la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con motivo de su sola entrada en vigor, aunque no exista un acto concreto de aplicación, atendiendo a si se actualizan o no las excepciones establecidas en el artículo 128 de la Ley de Amparo.

CUARTO.—Posturas contendientes.

I. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión (incidental) 342/2019, en sesión de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, consideró en esencia, que se actualiza la excepción contenida en el artículo 129, fracción XII, de la Ley de Amparo,(1) ya que a la postre, la parte quejosa (persona física), al no existir ningún procedimiento de extinción de dominio en su contra, tiene el carácter de ser un tercero ajeno al procedimiento, por lo que procederá la suspensión solicitada, aunado a que la Ley Nacional de Extinción de Dominio es autoaplicativa, porque regula la privación de bienes sin procedimiento judicial previo, razones por las que estimó procedente revocar la sentencia interlocutoria recurrida, en la que se había negado la suspensión definitiva, y conceder dicha medida cautelar para el efecto de que, en caso de que se llegara a iniciar un proceso de extinción de dominio en contra del quejoso, respecto del bien señalado en su demanda de amparo, no se proceda a su venta, disposición, transmisión de la posesión (uso, depósito, comodato, arrendamiento o cualquier otro acto similar) de forma anticipada, en el entendido de que esta medida no tiene el alcance de impedir el inicio o prosecución del referido juicio de extinción de dominio, y que estará vigente hasta en tanto se resuelva el fondo del juicio de amparo.

Las consideraciones que sustentan el citado criterio son las siguientes:

"CUARTO. Son fundados los argumentos que expresa el recurrente en los agravios que hace valer y, por tanto, suficientes para revocar la sentencia interlocutoria recurrida, como se verá a continuación. ...Esto es así, porque en el caso, al reclamarse la norma general como autoaplicativa no es aplicable la fracción XII del artículo 129 de la Ley de Amparo, que invocó la Juez de Distrito, por no existir algún procedimiento que suspender, aunado a que los efectos de la medida cautelar al versar únicamente respecto del tema de la presunción de buena fe en la adquisición y destino de bienes, no impide la tramitación de ninguna secuela procedimental, sino que únicamente los efectos de esos requisitos no podrán aplicarse en perjuicio de la esfera jurídica del quejoso, con lo que no se causa el perjuicio al interés social ni se contraviene el orden público aducido por la jueza federal. En efecto, para justificar esta afirmación, necesario (sic) precisar que la suspensión es una institución jurídica que tiene como finalidad paralizar la ejecución o los efectos de los actos o normas reclamados en el juicio de amparo, a efecto de conservar la materia del juicio y, durante su tramitación, evitar perjuicios al agraviado. A partir de la reforma del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de seis de junio de dos mil once, se estableció que cuando la naturaleza de los actos reclamados lo permita, podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante (sic) condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, como se advierte de la parte conducente que establece: (se transcribe el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal). Además, el artículo 138 de la Ley de Amparo, prevé que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social. Asimismo, el primer párrafo del artículo 148 de la Ley de Amparo establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. Ahora, asiste razón a la parte recurrente en el sentido de que al reclamarse una norma general de carácter autoaplicativo, esto es, sin un acto concreto de aplicación, no existe en su contra algún procedimiento de extinción de dominio el cual se pueda paralizar, por tanto, no se está impidiendo el inicio del citado procedimiento en uso de las facultades que tenga la fiscalía respectiva ni tampoco su continuación –pues no ha iniciado ningún juicio de extinción de dominio– lo que hace inaplicable al caso la fracción XII del artículo 129 de la Ley de Amparo por tener como elemento fundamental la existencia de un procedimiento susceptible de ser paralizado, cuestión que (sic) el caso no acontece. Ahora, de la solicitud de suspensión definitiva, así como el (sic) contenido de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso no reclamó la totalidad de los artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, sino, sólo aquellos que estimó le pudieran llegar a afectar por su imprecisión. En este orden, este Tribunal Colegiado estima que la suspensión definitiva solicitada debe concederse como lo determina la ley de la materia para impedir los efectos y consecuencias del decreto reclamado en tanto se juzga su constitucionalidad; relacionado sólo con el tema planteado por el quejoso relativo a que las normas que regulan la privación de bienes sin una determinación judicial previa, que es la inquietud que destaca el quejoso que generan por la propia entrada en vigor de la norma, la exigencia de cumplir obligaciones de hacer que antes de dicha ley no existían, lo que modifica el estado jurídico anterior del peticionario de garantías. Así, al no existir algún acto concreto de aplicación es que tampoco se tiene la instauración de un procedimiento de extinción de dominio cuya paralización sea la causa de la improcedencia de la suspensión solicitada, por lo que en el caso no es aplicable la regla general establecido (sic) en la fracción XII del artículo 129 de la Ley de Amparo. Esto, ya que en la circunstancias (sic) en que se solicitó la suspensión definitiva –norma autoaplicativa sin acto concreto de aplicación– lo que podría ser aplicable es la excepción contenida en dicho precepto legal, ya que a la postre, la parte quejosa al no existir ningún procedimiento de extinción de dominio en su contra tiene el carácter de ser un tercero ajeno al procedimiento, por lo que procederá la suspensión solicitada de conformidad con dicha fracción. Ante estas circunstancias, al establecerse que con el carácter autoaplicativo de la norma general impugnada, cuya suspensión definitiva se solicitó únicamente para que no se materialicen los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso respecto de las normas que regulan la privación de bienes sin una determinación judicial previa, este tribunal considera que no se causa el perjuicio al interés social, ni se contraviene el orden público aducido por la Jueza federal, en tanto que no se paralizaría ningún procedimiento de extinción de dominio, por no existir hasta el momento, sino por el contrario la parte quejosa estaría en la excepción por tener el carácter de ser un tercero ajeno al procedimiento, con lo que se cumpliría el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, para la concesión de la medida cautelar solicitada; en tanto, que si genera perjuicio a la parte quejosa, pues sin juzgarse aun la constitucionalidad de la norma, se le establecen obligaciones para prever una afectación, de llegarse a dar el caso. Asimismo, este colegiado estima que el sólo hecho de que la ley reclamada determine que sus disposiciones son de orden público e interés social, ello no impide conceder la suspensión de la norma general reclamada, ya que se debe analizar caso por caso, para advertir si los efectos de la concesión de la medida solicitada pueda (sic) afectar tales instituciones, máxime que incluso en la fracción XII del artículo 129 de Ley de Amparo no restringe de manera total la procedencia de la suspensión en el juicio de amparo, en tanto que sobre las cuestiones del procedimiento de extinción de dominio la propia ley reglamentaria del juicio de amparo establece que en caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión. Esto, ya que cuando el amparo se solicita contra los efectos de una ley que se estima inconstitucional, no puede invocarse, para negar la suspensión, el hecho de que la sociedad y el Estado estén interesados en la aplicación de dicha ley, pues esto equivaldría a prejuzgar que ella ya superó el matiz de constitucionalidad, ya que es el amparo en cuanto al fondo el que debe resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha ley; en consecuencia, en estos casos es procedente conceder la suspensión. Tiene aplicación la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: ‘LEYES, SUSPENSIÓN EN AMPARO CONTRA LAS.’ (se transcribe el texto de la tesis). Ahora, este Tribunal Colegiado advierte que respecto de la suspensión definitiva solicitada por el quejoso para impedir en su esfera jurídica los efectos y consecuencias de la norma autoaplicativa que regula la privación de bienes sin determinación judicial previa, es procedente, ya que con su concesión no se causaría perjuicio al interés social ni se contravendría el orden público, ya que únicamente tendría como efecto que sin impedir el inicio de un procedimiento de extinción de dominio o sin suspender la prosecución de alguno ya instaurado no sean aplicados los requisitos de la citada presunción de buena fe en perjuicio del solicitante, máxime que tendría el carácter de ser un tercero ajeno al procedimiento con lo cual podría defender sus bienes y derechos con mayor certeza y seguridad frente a la acusación de la parte demandante. Por lo anterior, se estima que la suspensión definitiva solicitada se debe conceder al quejoso para el efecto de que: en caso de que se llegara a iniciar un proceso de extinción de dominio, en contra del quejoso, respecto del bien señalado en su demanda de amparo, no se proceda a su venta, disposición, transmisión de la posesión (uso, depósito, comodato, arrendamiento o cualquier otro acto similar) de forma anticipada, en el entendido de que esta medida, no tiene el alcance de impedir el inicio o prosecución del referido juicio de extinción de dominio, y que estará vigente hasta en tanto se resuelva el fondo del juicio de amparo. En ese orden, al resultar fundados los agravios expresados, por los motivos señalados, es dable revocar la interlocutoria recurrida y conceder al quejoso la suspensión definitiva de los actos reclamados. Esta suspensión definitiva surte sus efectos sin necesidad de exhibición de garantía, en razón de que no existe tercero interesado. Finalmente, es de hacer notar que el criterio sostenido en el presente recurso de revisión es contrario a lo razonado y resuelto en los diversos recursos Q.C. 317/2019, Q.C. 304/2019 y Q.C. 310/2019 de los índices del Segundo, Sexto y Octavo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, respectivamente, por lo que se ordena denunciar la posible contradicción de tesis."

No pasa inadvertido para este Pleno de Circuito, que el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito también sustentó, en parte, el criterio referido con antelación, al resolver el recurso de queja Q.C. 304/2019, pues al efecto calificó de autoaplicativa la Ley Nacional de Extinción de Dominio, al estimar que su artículo 15 exige cumplir, por el solo inicio de su vigencia, con una serie de requisitos para poder gozar de la presunción de buena fe, que deben acreditarse para no ver afectado un bien en un procedimiento de extinción de dominio, por lo que procederá la suspensión solicitada para el efecto de que, sin suspender la instauración o prosecución de algún procedimiento de extinción de dominio, no se haga la venta anticipada de los bienes afectos a dicho procedimiento, aunque se inobserven los requisitos de la citada presunción de buena fe en la adquisición y destino de los bienes, lo que dio origen a la tesis I.9o.C.50 C (10a.),(2) cuyo epígrafe y texto se transcriben a continuación:

"EXTINCIÓN DE DOMINIO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL PARA IMPEDIR LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA LEY RELATIVA, RELACIONADOS CON LA REGULACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA GOZAR DE ‘LA PRESUNCIÓN DE BUENA FE EN LA ADQUISICIÓN Y DESTINO DE BIENES’, CUANDO SE RECLAME COMO NORMA AUTOAPLICATIVA. Procede conceder la suspensión provisional para impedir los efectos y consecuencias de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, relacionados con la regulación de los requisitos para gozar de ‘la presunción de buena fe en la adquisición y destino de bienes’ establecidos en su artículo 15. Lo anterior es así, porque la citada norma exige cumplir, por el solo inicio de su vigencia (norma autoaplicativa), con una serie de requisitos para poder gozar de la presunción de buena fe; que deben acreditarse para no ver afectado un bien en un procedimiento de extinción de dominio. Atento a ello, procede que los efectos y consecuencias de dicha norma sean suspendidos en tanto se juzga su inconstitucionalidad; sin que en el caso se actualice la afectación al interés social a que se refiere el artículo 129, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues no se está en presencia de un procedimiento de extinción que haya iniciado, ni se impide su prosecución. En consecuencia, procederá la suspensión solicitada para el efecto de que, sin suspender la instauración o prosecución de algún procedimiento de extinción de dominio, no se haga la venta anticipada de los bienes afectos a dicho procedimiento, aunque se inobserven los requisitos de la citada presunción de buena fe en la adquisición y destino de los bienes."

Las consideraciones relativas de la ejecutoria emitida en sesión de siete de octubre de dos mil diecinueve y que dieron origen a la tesis transcrita se vierten a continuación:

"Los agravios formulados son fundados y suficientes para revocar el acuerdo recurrido. Marco normativo. Resulta necesario precisar que la suspensión es una institución jurídica que tiene como finalidad paralizar la ejecución o los efectos de los actos o normas reclamados en el juicio de amparo, a efecto de conservar la materia del juicio y, durante su tramitación, evitar perjuicios al agraviado. A partir de la reforma del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de seis de junio de dos mil once, se estableció que cuando la naturaleza de los actos reclamados lo permita, podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, como se advierte de la parte conducente que establece: (se transcribe el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal). Por su parte, el artículo 128 la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece y en vigor al día siguiente, señala los requisitos para conceder la suspensión a petición de parte, entre los que se encuentran: I. Que la solicite el agraviado; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Con relación al segundo de los requisitos el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece: (se transcribe el artículo 129, fracción X, de la Ley de Amparo). Además, el artículo 138 de la Ley de Amparo, prevé que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social. Asimismo, el primer párrafo del artículo 148 de la Ley de Amparo establece que en los juicios de amparo en que se reclame una norma general autoaplicativa sin señalar un acto concreto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica del quejoso. Ahora, asiste razón a la parte recurrente en el sentido de que al reclamarse una norma general de carácter autoaplicativo, esto es, sin un acto concreto de aplicación, no existe en su contra algún procedimiento de extinción de dominio el cual se pueda paralizar, por tanto, ni se está impidiendo el inicio del citado procedimiento en uso de las facultades que tenga la fiscalía respectiva ni tampoco su continuación –pues no ha iniciado ningún juicio de extinción de dominio– lo que hace inaplicable al caso la fracción XII del artículo 129 de la Ley de Amparo por tener como elemento fundamental la existencia de un procedimiento susceptible de ser paralizado, cuestión que el (sic) caso no acontece. Esto, ya que la parte quejosa, ahora recurrente, solicitó la suspensión provisional del acto reclamado con base en lo establecido en el artículo 148 de la Ley de Amparo, al solicitarse no en contra un acto especifico, sino respecto de los efectos abstractos establecidos en la ley reclamada que pudieran irrogar perjuicio a su esfera jurídica, tal y como se advierte del capítulo respectivo de la demanda de amparo, donde se estableció: ‘SUSPENSIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA.’ Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 148 de la Ley de Amparo, solicito se conceda la suspensión provisional y definitiva a la quejosa de los actos y consecuencias de los actos reclamados consistentes en los artículos 1, fracciones III y IV, 2, fracciones VI y XXIX, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 22, fracción II, 25, 86, 87, 88, 89, 158, 173, 175, 178, 181, 182, 183, 184, fracciones II y III, 185, 190, 191, fracciones V, IX; (sic) y X, 193, 214, 223, 224, 225, 227, 228, 229, 230, 231, 232 y 238 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, es decir, se impidan los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica de la quejosa, hasta en tanto se resuelva el presente juicio. La suspensión provisional y definitiva que se solicita es procedente toda vez que: a) Lo solicita la parte quejosa **********; b) Existe certeza de los actos reclamados cuya suspensión se solicita, ya que es un hecho notorio la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 9 de agosto de 2019 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. c) El acto reclamado es susceptible de suspensión porque de conformidad con lo establecido en el artículo 148 de la Ley de Amparo, cuando se reclama una norma general como autoaplicativa, sin señalar acto de aplicación, la suspensión se debe otorgar para impedir los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica de la parte quejosa, de modo que la Ley Nacional de Extinción de Dominio genera una afectación directa a la quejosa con la simple entrada en vigor, dado que se encuentra en el supuesto de la norma (propietario de bienes dados en arrendamiento a terceros). d) Con dicha medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo, ya que el (sic) caso concreto no encuadra en ninguno de los supuestos del citado artículo, además, los actos reclamados resultan eminentemente inconstitucionales atento a que la sociedad está interesada en que las autoridades respeten el derecho humano de los gobernados de propiedad y exista certeza y seguridad jurídica sobre sus bienes, sin que la autoridad pueda en forma arbitraria sin juicio previo disponer de los mismos y no se aprecia afectación alguna al orden público, pues no se priva a la colectividad de algún beneficio, ni se le infiere algún daño. e) Resulta igualmente procedente el otorgar a la quejosa la medida cautelar solicitada, toda vez que, del análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho conduce a establecer que sería mayor la afectación que resentiría la parte quejosa con la ejecución de los efectos y consecuencias inherentes a la norma reclamada ante su inminente inconstitucionalidad, puesto que no puede privarse a la quejosa en forma anticipada no sólo de sus bienes sino del derecho de recibir los frutos de los mismos e impedir llevar a cabo su actividad en ejercicio de su libertad de comercio y trabajo. Sirven de apoyo a todo lo anterior, las siguientes tesis jurisprudenciales «I.7o.A.3 K y P./J. 15/96»: ‘SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO PROCEDE TRATÁNDOSE DE LEYES AUTOAPLICATIVAS.’ (la transcribió). ‘SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCRTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.’ (la transcribió). Ahora, de la solicitud de suspensión provisional, así como el (sic) contenido de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa no reclamó la totalidad de los artículos de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, sino como aspecto destacado las normas que regulan los requisitos de ‘la presunción de buena fe en la adquisición y destino de sus bienes’ regulados principalmente en el artículo 15 de ese cuerpo normativo, por lo que al haberse reclamado como norma autoaplicativa es procedente el análisis en abstracto de los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica de la quejosa que se desprenden de tal artículo. El artículo en cita dispone: (se transcribe). En este orden, este Tribunal Colegiado estima que la suspensión provisional solicitada debe concederse como lo determina la ley de la materia para impedir los efectos y consecuencias del decreto reclamado en tanto se juzga su constitucionalidad; relacionado sólo con el tema planteado por la quejosa relativo a las normas que regulan los requisitos de ‘la presunción de buena fe en la adquisición y destino de sus bienes’; pues sólo por ejemplificar: la norma establece una presunción legal conocida en derecho como es la buena fe; pero luego establece la obligación de acreditarla ‘suficientemente’ para gozar de tal presunción con una serie de requisitos como es la existencia de un contrato de arrendamiento de fecha cierta; que sea anterior al ilícito; el cumplimiento de obligaciones fiscales previas; la autenticidad del contrato; su inscripción en el Registro Público; la acreditación del impedimento real; el otorgamiento del aviso oportuno, entre otros, que generan por la propia entrada en vigor de la norma la exigencia de cumplir obligaciones de hacer que antes de dicha ley no existían para que la buena fe se presumiera y, por tanto, modifica el estado jurídico anterior del peticionario de garantías. Así, al no existir algún acto concreto de aplicación es que tampoco se tiene la instauración de un procedimiento de extinción de dominio cuya paralización sea la causa de la improcedencia de la suspensión solicitada, por lo que en el caso no es aplicable la regla general establecido (sic) en la fracción XII del artículo 129 de la Ley de Amparo. Esto, ya que en la circunstancias (sic)en que se solicitó la suspensión provisional –norma autoaplicativa sin acto concreto de aplicación– lo que podría ser aplicable es la excepción contenida en dicho precepto legal, ya que a la postre, la parte quejosa al no existir ningún procedimiento de extinción de dominio en su contra tiene el carácter de ser un tercero ajeno al procedimiento, por lo que procederá la suspensión solicitada de conformidad con dicha fracción. Ante estas circunstancias, al establecerse que con el carácter autoaplicativo de la norma general impugnada, cuya suspensión provisional se solicitó únicamente para que no se materialicen los efectos y consecuencias de la norma en la esfera jurídica de la quejosa respecto de las normas que regulan los requisitos de ‘la presunción de buena fe en la adquisición y destino de sus bienes’, este tribunal considera que no se causa el perjuicio al interés social, ni se contraviene el orden público aducido por la Jueza federal, en tanto que no se paralizaría ningún procedimiento de extinción de dominio, por no existir hasta el momento, sino por el contrario la parte quejosa estaría en la excepción por tener el carácter de ser un tercero ajeno al procedimiento, con lo que se cumpliría el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, para la concesión de la medida cautelar solicitada; en tanto, que si genera perjuicio a la parte quejosa, pues sin juzgarse aun la constitucionalidad de la norma, se le establecen obligaciones para prever una afectación, de llegarse a dar el caso. Asimismo, este colegiado estima que el sólo hecho de que la ley reclamada determine que sus disposiciones son de orden público e interés social, ello no impide conceder la suspensión de la norma general reclamada, ya que se debe analizar caso por caso, para advertir si los efectos de la concesión de la medida solicitada pueda afectar tales instituciones, máxime que incluso en la fracción XII del artículo 129 de Ley de Amparo no restringe de manera total la procedencia de la suspensión en el juicio de amparo, en tanto que sobre las cuestiones del procedimiento de extinción de dominio la propia ley reglamentaria del juicio de amparo establece que en caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión. Esto, ya que cuando el amparo se solicita contra los efectos de una ley que se estima inconstitucional, no puede invocarse, para negar la suspensión, el hecho de que la sociedad y el Estado estén interesados en la aplicación de dicha ley, pues esto equivaldría a prejuzgar que ella ya superó el matiz de constitucionalidad, ya que es el amparo en cuanto al fondo el que debe resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicha ley; en consecuencia, en estos casos es procedente conceder la suspensión. Tiene aplicación la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: ‘LEYES, SUSPENSIÓN EN AMPARO CONTRA LAS.’ (se transcribe su texto). Ahora, este Tribunal Colegiado advierte que respecto de la suspensión provisional solicitada por la quejosa para impedir en su esfera jurídica los efectos y consecuencias de la norma autoaplicativa que regulan los requisitos de ‘la presunción de buena fe en la adquisición y destino de sus bienes’ contemplados principalmente en el artículo 15 de ese cuerpo normativo, es procedente, ya que con su concesión no se causaría perjuicio al interés social ni se contravendría el orden público, ya que únicamente tendría como efecto que sin impedir el inicio de un procedimiento de extinción de dominio o sin suspender la prosecución de alguno ya instaurado no sean aplicados los requisitos de la citada presunción de buena fe en perjuicio de la solicitante, máxime que tendría el carácter de ser un tercero ajeno al procedimiento con lo cual podría defender sus bienes y derechos con mayor certeza y seguridad frente a la acusación de la parte demandante. Por lo anterior, se estima que la suspensión provisional solicitada se debe conceder a la quejosa para el efecto de que sin suspender la instauración o prosecución de algún procedimiento de extinción de dominio no se haga la venta anticipada de los bienes sujetos a algún procedimiento de extinción de dominio, aunque se inobserven los requisitos de la citada presunción de buena fe en la adquisición y destino de sus bienes."

II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el recurso de queja Q.C. 317/2019, en sesión de siete de octubre de dos mil diecinueve, sostuvo medularmente, que si bien lo que se pretende es que se respete la presunción de buena fe y que no se proceda a la venta anticipada de los bienes de la parte inconforme (persona jurídica colectiva) sin que exista sentencia firme, sin embargo, estimó que la suspensión provisional del acto reclamado implicaría impedir a las autoridades trami

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29536-385915e9/suspension-provisional-o-definitiva-es-improcedente-contra-los · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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