SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONCEDIDA EN UN JUICIO DE AMPARO. POR SU NATURALEZA DE MEDIDA CAUTELAR TEMPORAL NO ACTUALIZA, POR SÍ SOLA, LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL DE CUMPLIR UNA EJECUTORIA EMITIDA EN UN DIVERSO SUMARIO CONSTITUCIONAL.

Hechos: Una persona promovió amparo indirecto contra el emplazamiento y las actuaciones subsecuentes dictadas en un juicio ejecutivo mercantil. En el incidente de suspensión respectivo, el juzgado de distrito concedió la medida cautelar para que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban y no se ordenara la escrituración ni la entrega de un bien inmueble embargado.

Seguido el procedimiento, se concedió el amparo a la parte quejosa a fin de que se dejaran sin efectos el citatorio, el emplazamiento y todo lo actuado con posterioridad; sin embargo, al requerirse el cumplimiento, el juzgado de distrito lo tuvo por no acatado porque un notario público formalizó una diversa escritura pública que impedía restituir el dominio pleno del inmueble a la persona quejosa.

La autoridad responsable solicitó, en vías de cumplimiento, cancelar la escritura, pero informó que estaba materialmente imposibilitada para acatar el fallo, pues en el incidente de suspensión de un amparo diverso se le ordenó abstenerse de realizar movimientos registrales sobre el inmueble, aun cuando el Registro Público ya había informado la cancelación de la escritura.

El juzgado de distrito declaró que existía imposibilidad para cumplir con la sentencia concesoria y ordenó remitir los autos al tribunal colegiado de circuito en turno para que resolviera.

Criterio jurídico: La concesión de la suspensión definitiva en un diverso juicio de amparo no es, por sí sola, una razón jurídica suficiente para considerar que se actualiza la imposibilidad jurídica o material para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

Justificación: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que existe imposibilidad para acatar una ejecutoria de amparo cuando: 1) hay cambio en la situación jurídica que imperaba al momento de concederse la protección constitucional; 2) han quedado insubsistentes las actuaciones de donde deriva ese acto reclamado; o 3) aun en la hipótesis que subsista, no pueda surtir efecto legal o material alguno en perjuicio de la parte quejosa, en virtud de la modificación del entorno en el cual se emitió, lo que tornaría jurídicamente imposible restituirla en el goce del derecho fundamental que se estimó vulnerado en la sentencia, por lo que ninguna trascendencia jurídica tendría insistir en el cumplimiento del fallo protector.

El otorgamiento de una suspensión definitiva para efectos de que la autoridad responsable se abstenga de realizar movimientos registrales respecto del bien inmueble materia del acto reclamado, no es una actuación que torne jurídicamente imposible restituir a la persona quejosa en el goce de sus derechos, sino que se trata de una determinación temporal, cuya materia de fondo se encuentra sub-judice –bajo juicio– a lo que se resuelva en el juicio de amparo principal.

Esa naturaleza transitoria de la medida cautelar dictada en un juicio de amparo conlleva que no pueda afirmarse, de suyo, que existe imposibilidad para acatar una ejecutoria de amparo, pues no tiene el alcance de generar, en forma permanente e irreversible, un cambio de situación jurídica de tal magnitud que en modo alguno pueda restituirse a la persona quejosa en el goce de su derecho fundamental vulnerado y, así, cumplir con la finalidad de otorgar efectividad a la sentencia constitucional.

Dicho de otro modo, no es dable concluir que se actualiza la figura de imposibilidad –jurídica o material– de dar cumplimiento al fallo federal, cuando en un diverso juicio de amparo se conceda una suspensión definitiva, pues por su naturaleza de medida cautelar con vida jurídica temporal no puede ser un impedimento para que técnicamente se analice si la autoridad responsable acató la ejecutoria de amparo.

En todo caso, si derivado de la concesión de un juicio de amparo la suspensión definitiva que se otorgue en diverso juicio constitucional no puede cumplirse, será en ese expediente donde tenga que analizarse lo conducente.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.