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Modo: Corpus Pro

SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO ORAL SUMARÍSIMO, YA SEA QUE SE DICTE EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y EXCEPCIONES O EN LA DE PRUEBAS, DEBERÁ DOCUMENTARSE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES, POR LO QUE EL TÉRMINO PARA RECURRIRLA INICIARÁ AL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO DOCUMENTADO (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE PUEBLA ANTES DE LA REFORMA DE TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2013. · Registro digital (IUS): 26312
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2016-05-27
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo III, Pág. 2221.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 5/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMERO Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS ERIC ROBERTO SANTOS PARTIDO, MA. ELISA TEJADA HERNÁNDEZ Y NORMA FIALLEGA SÁNCHEZ. PONENTE: MA. ELISA TEJADA HERNÁNDEZ. SECRETARIA: MARÍA DEL ROCÍO CHACÓN MURILLO.

San Andrés Cholula, Puebla. Sentencia del Pleno en Materia Civil del Sexto Circuito, del catorce de septiembre de dos mil quince.

Contradicción de tesis 5/2013, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.-Mediante oficio ********** recibido el veintiuno de noviembre de dos mil trece en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil, el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, denunció al presidente del Pleno en Materia Civil del mismo circuito, la posible contradicción entre el criterio sostenido por el Tribunal Colegiado al que se encuentra adscrito en el amparo directo D. 436/2013 y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado de los mismos materia y circuito, el que sostuvo la tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Tomo 4, octubre de dos mil doce, Décima Época, página 2373, con registro 2001840, de rubro:

"APELACIÓN EN EL JUICIO ORAL SUMARÍSIMO. PROCEDE CONTRA EL FALLO EMITIDO EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y EXCEPCIONES, EN TANTO QUE ES EL QUE PONE FIN A LA INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE CON POSTERIORIDAD SE DOCUMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."

SEGUNDO.-Por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil trece el presidente del Pleno en Materia Civil del Sexto Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, solicitó a la presidencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, copia certificada de la ejecutoria relativa al amparo directo 281/2012 de su índice, asimismo pidió a las presidencias de los tribunales, cuyos criterios contendían, informaran si dichos criterios se encontraban vigentes, superados o abandonados.

TERCERO.-El veintinueve de noviembre de dos mil trece, el presidente del Pleno de Circuito tuvo por recibidos los oficios ********** y **********, firmados por el secretario de Acuerdos y el actuario de los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante los cuales el primero informó que el criterio contendiente por parte de ese cuerpo colegiado seguía vigente, mientras el segundo manifestó remitir copia certificada de la ejecutoria dictada en el amparo D. 281/2012, así como del archivo electrónico.

En diverso proveído de tres de diciembre de dos mil trece, el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en alcance a la comunicación **********, informó que el criterio sustentado en el amparo 281/2012 estaba vigente.

CUARTO.-El seis de diciembre de dos mil trece se turnó la contradicción de mérito al entonces presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, para la formulación del proyecto de resolución.

Sin embargo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 38 del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, atinente a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, relativo al returno de los asuntos recibidos al iniciar cada año y ante la nueva integración del Pleno de Circuito según el Acuerdo General 8/2015 del citado Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se modificó el diverso 14/2013, en cuanto a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; así como con el punto cinco del acta de la primera sesión ordinaria de trece de mayo de dos mil catorce; se returnó el asunto a la Magistrada Ma. Elisa Tejada Hernández.

Posteriormente, se consultó a los tribunales participantes manifestaran si sostenían los criterios contendientes; lo cual una vez informado en sentido afirmativo permitió que el veintinueve de junio de dos mil quince se remitieran los autos a la Magistrada de mérito.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Este Pleno en Materia Civil del Sexto Circuito es competente para conocer de la presente contradicción de tesis, en atención a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, así como de conformidad con el Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados del mismo circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializado este Pleno.

SEGUNDO.-La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue hecha por el presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito; luego, se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los numerales 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-En primer término, debe establecerse si en el caso existe la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo bajo ese supuesto es posible efectuar el estudio relativo, a fin de determinar cuál es el criterio que debe prevalecer.

Conforme al artículo 226, fracción III, de la Ley de Amparo, la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien, sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia.

Así, la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

Por tanto, la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida, tanto en la Constitución General de la República, como en la Ley de Amparo, para las contradicciones de tesis, pues permite se cumpla el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impidan su resolución.

Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 72/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Novena Época, página 7, con registro 164120, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.-De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

Establecido lo anterior, procede examinar si en la especie, se da o no la contradicción de criterios.

Para ello es preciso señalar que:

1. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante sesión de veintiuno de junio de dos mil doce, resolvió el amparo directo 281/2012, bajo el tenor siguiente:

"QUINTO.-Son fundados los conceptos de violación.-En el auto combatido el Juez responsable desechó el recurso de apelación que interpuso el demandado hoy quejoso, en contra del fallo dictado el nueve de febrero de dos mil doce, en el juicio oral sumarísimo de pago de pesos promovido por **********, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de **********, por estimar que no se trata de una sentencia definitiva o una resolución que sin decidir el fondo del negocio pone fin a la instancia, en términos del artículo 377 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, sino que constituye una diligencia.-El quejoso sostiene que el Juez responsable hace una inexacta aplicación de la ley, y desvirtúa la naturaleza del fallo de nueve de febrero citado, porque en términos del artículo 583 del código procesal civil antes referido, dentro del juicio oral sumarísimo una vez recibidas las pruebas de manera verbal y concluido su desahogo, se escucharán alegaciones breves de las partes y en su presencia, el Juez dictará el fallo, que podrá documentar dentro de los cinco días siguientes, lo que significa que la sentencia se dicta en esa audiencia quedando a criterio de la autoridad judicial documentar su resolución.-Le asiste razón al quejoso, y para así determinarlo cabe decir que el nueve de febrero de dos mil doce, fijado para el desahogo de la audiencia de conciliación y excepciones procesales en el juicio de origen, el Juez del conocimiento hizo constar la incomparecencia del demandado ********** y, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 579 y 583 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, le hizo efectivo el apercibimiento decretado previamente y le tuvo por ciertos los hechos afirmados por la parte actora. En seguida, se procedió al desahogo de las pruebas ofrecidas por la actora consistentes en diferentes documentales tanto públicas como privadas y la presuncional en su doble aspecto y concluyó el Juez: Toda vez que se ha desahogado todo el material probatorio, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 579 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado.-Enseguida, y tomando en consideración que el actor aquí presente manifiesta que no formulará alegato alguno, se procede a dictar el fallo, en los siguientes términos: Primero. Este juzgado fue competente para conocer y fallar en la presente controversia, la parte actora tiene interés, capacidad y personalidad al intervenir **********, en su carácter de apoderado general del señor **********, sin que la parte demandada se haya apersonado a la causa.-Segundo. El licenciado **********, por su representación, actor en la causa, probó su acción de pago de pesos.-Tercero. El demandado **********, en su carácter de aval, no opuso excepciones al no haber dado contestación a la demanda instaurada en su contra.-Cuarto. Se condena al demandado **********, en su calidad de aval, a pagar a **********, por su representación, la cantidad de ********** pesos, cero centavos, moneda nacional, por concepto de importe de las pensiones rentísticas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del año dos mil once, a razón de tres mil doscientos cincuenta pesos, cero centavos, moneda nacional, cada una de ellas, así como al pago de los intereses moratorios a razón del quince por ciento del importe de la renta del mes, de conformidad con la cláusula segunda párrafo tercero del contrato base de la acción, lo que deberá realizar en el lapso de tres días, contados a partir del siguiente en que cause ejecutoria este fallo.-Quinto. Se condena al demandado **********, aval en la causa, al pago de consumo de agua potable por la cantidad de ********** pesos, doce centavos, moneda nacional, correspondiente al mes de enero de dos mil diez, a junio de dos mil once.-Sexto. Se condena al demandado **********, en su carácter de aval, al pago de las prestaciones originadas por virtud de la tramitación del negocio judicial.-El presente fallo, deberá ser debidamente documentado, conteniendo la fundamentación y motivación respectiva, dentro del término de cinco días, previsto en el artículo 579 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, el que será notificado en su oportunidad a las partes.-Con lo que se da por terminada la presente audiencia, misma que se firma por los que en ella intervinieron en unión del personal actuante de este juzgado levantándose la presente acta para constancia y dándose por notificado al compareciente del contenido de la presente diligencia.-Ahora bien, los artículos 377, contenido en el capítulo de recursos, sección de la apelación; así como los diversos 579, 583 y 584 comprendidos en el capítulo que regula el juicio oral sumarísimo del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, establecen: (se transcriben).-De lo antes señalado, se desprende que el fallo emitido en la diligencia de nueve de febrero de dos mil doce, fue dictado precisamente en cumplimiento de lo establecido en los artículos 579 y 583 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, según los cuales la incomparecencia de la audiencia de conciliación y excepciones traerá como consecuencia que se tengan por ciertos los hechos de la demanda, dictándose el fallo; y que de no lograrse conciliación cuando el demandado responda verbalmente a los hechos, el Juez citará a la audiencia de pruebas, para que desahogadas y recibidas en forma verbal, se escuchen alegaciones breves de las partes y en su presencia dictará el fallo, que podrá documentar dentro de los cinco días siguientes.-Es decir, de acuerdo con la ley, el juzgador dictará sentencia en el juicio oral sumarísimo: 1. En caso de incomparecencia del demandado a la audiencia de conciliación y excepciones, en cuyo supuesto se le tendrán por ciertos los hechos afirmados por el actor, dictándose el fallo (contando el Juez con cinco días para documentarlo); y, 2. Desahogada la audiencia de pruebas (en caso de comparecencia del demandado, no existir conciliación y dar respuesta a la demanda), una vez recibidas en forma verbal, y escuchadas las alegaciones de las partes, en que el juzgador también contará con cinco días para documentarla, en caso de estimarlo necesario.-En ese tenor, se puede concluir que la sentencia en el juicio oral sumarísimo es aquel fallo que se emite en la audiencia de conciliación y excepciones, en la hipótesis de incomparecencia del demandado y una vez tenidos por ciertos los hechos afirmados por el actor; o bien, una vez desahogada la audiencia de pruebas, recibidas que hayan sido, y escuchadas las alegaciones de las partes (fracasada la conciliación y contestada la demanda, en su caso). Y, por tanto, la documentación de esa resolución constituye una formalidad, que incluso puede o no resultar necesaria, de acuerdo al arbitrio judicial, como se colige del supuesto a que alude el texto del artículo 583 del código procesal civil en cita, que establece que escuchadas las alegaciones breves de las partes y en su presencia, el Juez dictará el fallo, que podrá documentar dentro de los cinco días siguientes.-Y en la especie, si el Juez responsable emitió su fallo conforme al supuesto del mencionado artículo 583 de la ley en comento, pues lo hizo en la audiencia de pruebas (celebrada el nueve de febrero de dos mil doce) una vez que el actor expresó su deseo de no formular alegatos; la documentación que del mismo hizo el veintiocho de febrero de dos mil doce, significa que estimó necesario cumplir con esa formalidad acogiéndose a esa facultad que le confiere la ley, que bien pudo considerarla no indispensable. Pero como quiera que sea, y conforme a los preceptos antes analizados, la sentencia debe dictarse en la audiencia de conciliación y excepciones, en caso de incomparecencia del demandado, o en la de recepción y desahogo de pruebas, una vez escuchadas las alegaciones de las partes, quedando pendiente su documentación en el término establecido.-De ahí que se considera incorrecto lo considerado por el Juez responsable, en el sentido que lo resuelto en la diligencia (como lo designó) de nueve de febrero citada no sea una sentencia definitiva, en términos del artículo 377 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, pues contrario a ello, para efectos de ese numeral y los diversos 583 y 584 de la misma ley, ése fue el fallo que dio por terminada la instancia en el juicio oral sumarísimo de pago de pesos de origen, independientemente que con posterioridad se hubiera documentado.-Al caso tiene aplicación en lo conducente la tesis de este Tribunal Colegiado, visible con el número VI.2o.C.1 C (10a.), en la página cuatro mil quinientos noventa y uno, Libro IV, Tomo 5, enero de dos mil doce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico IUS: 2000142, que dice: ‘RECONVENCIÓN. NO ES ADMISIBLE EN EL JUICIO ORAL SUMARÍSIMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-De la interpretación doctrinal y teleológica de lo establecido en la exposición de motivos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del uno de enero de dos mil cinco, concerniente al juicio oral sumarísimo, acorde con el capítulo segundo de la propia codificación, intitulado El juicio oral sumarísimo, se obtiene que el mencionado juicio es un procedimiento contencioso especial, consensual, concentrado y dinámico, que tiende a favorecer la pronta administración de justicia, suprimiendo la procedencia de recursos en contra de las determinaciones que se pronuncien en los mismos, salvo la apelación en contra de la sentencia que en el mismo se emita; de manera que su finalidad se erige en torno a la impartición de justicia pronta, por lo que bajo este esquema, es inconcuso que en este tipo de asuntos resulta improcedente la figura de la reconvención, habida cuenta que su admisibilidad implicaría desnaturalizar el objetivo perseguido por el legislador local, es decir, crear una vía especial de tramitación cuya finalidad estriba en la ágil impartición de justicia, partiendo del supuesto de que así fue concertado previamente por los contendientes naturales.’.-Desde otro punto de vista, conviene señalar que el fallo pronunciado por el Juez responsable luego de celebrada la audiencia de nueve de febrero de dos mil doce, y que fue documentado el veintiocho siguiente, debe estimarse que se trata de la misma resolución, porque de cualquier modo es una sentencia definitiva que puso fin a la instancia del juicio oral sumarísimo de pago de pesos de origen, y en ese orden de ideas lo único que pudiera variar sería la fecha en que fue emitido, y el hecho de que el demandado hubiera señalado en su escrito de apelación a dicho fallo que hubiera sido dictado en determinada fecha, por sí mismo no es suficiente para tener por no admitido el recurso de apelación, como se consideró en el auto combatido de veintinueve de marzo del año en cita. Esto de conformidad con la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada con el número VI.1o.C.151 C (9a.), en la página mil setenta, Libro VI, Tomo 2, marzo de dos mil doce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el número de registro electrónico IUS: 160256, que dice: ‘APELACIÓN. LA CITA EQUIVOCADA DE LA FECHA DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO PUEDE MOTIVAR SU DESECHAMIENTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-La interpretación y aplicación de la ley no pueden ser tan rígidas que hagan nugatorios los derechos de defensa de los gobernados, previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, por tanto, el hecho de que en el escrito de interposición del recurso de apelación se indique equivocadamente la fecha de la resolución que se pretende impugnar, no es motivo suficiente para su desechamiento, si de la lectura de los agravios deriva que tal medio de impugnación es interpuesto en contra de una determinación existente en el juicio natural, máxime en aquellos casos en que el desechamiento es determinado por el Juez de instancia, toda vez que de conformidad con el artículo 386 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, el Juez de primer grado sólo puede desechar el recurso de apelación si es extemporáneo o la resolución impugnada no lo admite.’.-No deja de llamar la atención que en el auto combatido, el Juez responsable estimara que la resolución apelada no fuera sentencia definitiva sin expresar los motivos y fundamentos para así determinarlo, pues se concretó a decir que lo que impugna es la diligencia de fecha nueve de febrero del año dos mil doce, sin razonar por qué efectivamente se trata solamente de una diligencia como denominó a la resolución impugnada, y no una sentencia definitiva.-Las anteriores consideraciones conducen a conceder el amparo solicitado, para el efecto de que el Juez responsable deje insubsistente el auto reclamado y en su lugar dicte otro en el cual partiendo de la base de que la resolución de nueve de febrero de dos mil doce, sí constituye sentencia definitiva, de acuerdo a los lineamientos de esta ejecutoria, y de no encontrar otra causa para desechar por notoriamente improcedente la promoción del demandado, admita a trámite el recurso de apelación hecho valer."

2. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en sesión de treinta y uno de octubre de dos mil trece resolvió el amparo directo 436/2013, bajo los siguientes términos:

"SÉPTIMO.-Son esencialmente fundados los conceptos de violación que en seguida se detallarán y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada.-Efectivamente, en ellos el quejoso sostiene que: 1. Contra lo afirmado por la Sala responsable de los artículos 579, 580 y 583 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, se advierte que el legislador no dejó al arbitrio del Juez el documentar o no la sentencia, pues esa documentación constituye una formalidad del procedimiento, por lo que debe llevarse a cabo ya que de no hacerlo la sentencia quedaría incompleta careciendo de aspectos formales y de fondo.-2. Lo que así ocurre con el fallo que dictó el Juez natural en la audiencia de pruebas, el que asegura la Sala, debió apelar, mismo en el que el Juez sólo emitió los resolutivos, no así los argumentos y fundamentos veraces en los que se basara el veredicto final, como así lo ordenan los artículos 358 y 359 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla.-3. Por tanto, afirma, no resultaba apelable la decisión tomada en la audiencia de pruebas como lo indicó la Sala, sino el fallo documentado, pues éste es el que cuenta con los razonamientos que llevaron al Juez a emitir su veredicto, esto es, ahí es donde se fundó y motivó la decisión a la que arribó el juzgador.-4. La tesis en que se apoyó la responsable, no vela por los principios generales del procedimiento sino por la prontitud de un juicio sin tener en cuenta las violaciones que puedan surgir; de ahí que resulte contraria a la ley.-Como ya se puntualizó es fundado lo así aducido.-Efectivamente, de la sentencia reclamada se advierte que la Sala responsable para emitirla tuvo en cuenta dos consideraciones esenciales a saber: I. El recurso de apelación es extemporáneo, porque no se presentó dentro del término de nueve días a que alude el artículo 380 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, contados a partir del dictado de la audiencia de conciliación y excepciones.-II. La apelación procede contra el fallo que se dicta en la referida audiencia y no contra su documentación, conforme lo establece la tesis VI.2o.C.13 C (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este circuito, publicada en la página 2373, Libro XIII, Tomo 4, octubre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘APELACIÓN EN EL JUICIO ORAL SUMARÍSIMO. PROCEDE CONTRA EL FALLO EMITIDO EN LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y EXCEPCIONES, EN TANTO QUE ES EL QUE PONE FIN A LA INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE CON POSTERIORIDAD SE DOCUMENTE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).-Conforme a los artículos 579, 583 y 584 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el juzgador dictará sentencia en el juicio oral sumarísimo: 1. En caso de incomparecencia del demandado a la audiencia de conciliación y excepciones, en cuyo supuesto se le tendrán por ciertos los hechos afirmados por el actor, dictándose el fallo (contando el Juez con cinco días para documentarlo); y, 2. Desahogada la audiencia de pruebas (en caso de comparecencia del demandado, no existir conciliación y dar respuesta a la demanda), una vez recibidas en forma verbal, y escuchadas las alegaciones de las partes, en que el juzgador también contará con cinco días para documentarla, si lo estima necesario; esto es, la sentencia en el juicio oral sumarísimo es aquella que se emite en la audiencia de conciliación y excepciones, en la hipótesis de incomparecencia del demandado y una vez tenidos por ciertos los hechos afirmados por el actor; o bien, una vez desahogada la audiencia de pruebas, recibidas que hayan sido y escuchadas las alegaciones de las partes (fracasada la conciliación y contestada la demanda, en su caso). Y, por tanto, la documentación de esa resolución constituye una formalidad que, incluso, puede o no resultar necesaria, de acuerdo al arbitrio judicial, como se colige del supuesto a que alude el referido numeral 583, que establece que escuchadas las alegaciones breves de las partes y, en su presencia, el Juez dictará el fallo que podrá documentar dentro de los cinco días siguientes, por ende, para los efectos de los mencionados artículos dicho fallo es el que da por terminada la instancia del juicio oral sumarísimo, independientemente de que con posterioridad se documente, contra el cual procede el recurso de apelación conforme al artículo 377 del señalado código procesal.’.-Ahora bien como acertadamente lo sostiene el quejoso, es contrario a derecho el proceder de la Sala responsable.-En efecto, los artículos 579, 580 y 583 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla a que alude el quejoso en su primer concepto de violación, prevén: (los transcribe).-La lectura de los preceptos transcritos lleva a concluir que en los juicios orales sumarísimos el legislador previó tres hipótesis de actuación en los mismos.-1. Cuando el demandado no comparezca a la audiencia de conciliación y excepciones, se tendrán por ciertos los hechos afirmados por el actor, dictándose el fallo, contando el Juez con cinco días para documentarlo; 2. Cuando el demandado acepte los hechos, el Juez sin mayor formalidad debe dictar la sentencia definitiva, debiendo documentarla dentro de cinco días; y, 3. Cuando el demandado acude y no se logra la conciliación, en la audiencia de pruebas, concluido su desahogo, el Juez dictará el fallo, pudiendo documentarlo dentro de los cinco días siguientes.-Como se ve, el común denominador de las hipótesis del dictado de las sentencias en esta clase de juicios orales, estriba en que, el Juez de la causa por ninguna razón está eximido de documentar su sentencia,

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26312-b8635d22/sentencia-dictada-en-el-juicio-oral-sumarisimo-ya · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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