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Modo: Corpus Pro

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 98/2017. · Registro digital (IUS): 32631
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2024-08-16
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 40, Agosto de 2024, Tomo III, Volumen 1, Pág.477.

AMPARO EN REVISIÓN 98/2017. 4 DE MAYO DE 2017. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JORGE FERMÍN RIVERA QUINTANA. SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL AGUILAR SOLÍS.

Ciudad de México. Acuerdo del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, correspondiente a la sesión pública de cuatro de mayo de dos mil diecisiete.

VISTOS para resolver el recurso de revisión 98/2017, y:

RESULTANDO

1. Acción de amparo.

Por escrito presentado el uno de diciembre de dos mil dieciséis,(1) **********, defensor particular de ********** o **********, ocurrió en demanda de amparo en la que señaló:

Ver autoridad responsable y acto reclamado

Por auto del dos de diciembre siguiente,(2) el juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a quien por turno correspondió conocer del asunto, ordenó el registro de la demanda bajo el número ********** y requirió al promovente para que "manifieste bajo protesta de decir verdad, si actualmente tiene el cargo de defensor de la inconforme, ya que si bien promueve con tal carácter, lo cierto es que en términos del numeral 14 de la ley de la materia, la referida manifestación debe hacerse bajo el indicado formalismo legal, bajo protesta de decir verdad".

Desahogada la prevención, el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, la autoridad recurrida admitió a trámite la demanda de amparo.

Seguida la secuela procesal, por sentencia(3) engrosada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete, se negó la protección de la Justicia de la Unión a la quejosa.

2. Revisión.

Inconforme con esa determinación, el defensor particular de la impetrante de amparo interpuso recurso de revisión,(4) que correspondió conocer a este tribunal, cuyo presidente lo admitió por auto de tres de abril de dos mil diecisiete.(5) La agente del Ministerio Público de la Federación se abstuvo de formular escrito de intervención.

Mediante proveído de diecisiete de abril de dos mil diecisiete,(6) se turnaron los autos al magistrado Jorge Fermín Rivera Quintana para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, y:

CONSIDERANDO

I. Competencia.

Este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito es legalmente competente para resolver el presente asunto de conformidad con los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo vigente y 37, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 8/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al versar sobre el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada por juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ámbito territorial que corresponde al mismo en que ejerce jurisdicción este cuerpo colegiado.

II. Normatividad.

En el presente fallo se citarán criterios jurisprudenciales que se integraron conforme a la Ley de Amparo anterior que, al no oponerse a la actual legislación de la materia, continúan en vigor de acuerdo al sexto transitorio del decreto por el que se publicó dicha ley; y si bien las jurisprudencias provenientes de tribunales colegiados no son obligatorias, se comparten; por tanto, se invocan, en su caso, a manera de ilustración.

III. Oportunidad.

La revisión,(7) así como la presentación de la demanda(8) son oportunas.

IV. Transcripción innecesaria de constancias.

No se transcriben el acto reclamado, sentencia recurrida ni los agravios formulados por el recurrente, al no existir artículo en la Ley de Amparo que obligue; pero se precisa que –al igual que todas las constancias– se tuvieron a la vista para la resolución del asunto, atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias.(9)

V. Síntesis de los agravios.

1. Contrariamente a lo considerado por el juez de Distrito, el acto reclamado no cumple con los requisitos del artículo 16 constitucional, pues se advierten inconsistencias en las entrevistas realizadas a los testigos, así como a la menor víctima de identidad reservada, ya que de las mismas se aprecian versiones diferentes de los hechos en torno a la forma en que el diverso imputado tomó de la mano a la menor; aspectos sobre los cuales no se pronunció el juzgador de amparo; aunado a que tales deposados ministeriales son idénticos; de ahí que la conducta ilícita es dudosa; por ende, el acto reclamado no está fundado ni motivado; al respecto, reprodujo los criterios de rubros: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SU NATURALEZA PARA EFECTOS DEL AMPARO." y "ELEMENTOS NORMATIVOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA. REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA SU EXAMEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)."

2. Además, el agente del Ministerio Público "acusó" a la quejosa por hechos denunciados el siete de noviembre de dos mil dieciséis, sin señalar que la víctima menor de edad y los testigos condignos, con data ocho de ese mismo mes y año, comparecieron nuevamente ante el representante social para precisar y aclarar diversas circunstancias respecto a la forma en que acontecieron los hechos; tópicos respecto de los cuales no se pronunció el juez de Distrito; sobre el particular, invocó el criterio de epígrafe: "AUDIENCIA, CÓMO SE INTEGRA ESTA GARANTÍA."

3. El juez de amparo, al emitir la resolución recurrida, no "valoró" debidamente el cambio de las versiones ministeriales de la menor ofendida y de los testificantes, a los cuales les concedió valor probatorio "pleno", no obstante las contradicciones y retractación de su dicho.

4. Tampoco se valoraron las entrevistas de los policías remitentes, ya que ni siquiera se mencionaron en la sentencia impugnada; por tanto, no se cumple con los principios del debido proceso, in dubio pro reo y pro persona.

VI. Decisión de este tribunal.

Son infundados e inoperantes los agravios formulados por el recurrente, sin que se advierta queja deficiente que suplir, por lo que habrá de confirmarse la sentencia recurrida.

Del fallo recurrido, se advierte que el considerando segundo contiene la fijación clara y precisa del acto reclamado(10) y al efecto, el juez de Distrito recurrido precisó que se hace consistir en la resolución de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en la carpeta judicial **********, por la jueza Penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de jueza de Control, relativa a la vinculación a proceso de ********** o **********, por haberse acreditado el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores agravado ejecutado en grado de tentativa y estimar probable que la quejosa intervino en su comisión.

En el considerando tercero de la resolución, la autoridad recurrida determinó la existencia(11) del acto reclamado con base en el informe justificado que rindió la autoridad responsable, así como con las constancias remitidas para sustentar su informe.

Para sostener la constitucionalidad de su acto, de forma acertada, el órgano judicial responsable acompañó copias certificadas del acto reclamado y el disco de videograbación, a los cuales, la autoridad recurrida atinadamente precisó, tienen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2o., por tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de sus funciones; lo anterior, tal y como se desprende de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), generada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, materia común, de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."

Atento a lo anterior, este tribunal colegiado de circuito, al realizar la revisión oficiosa de la resolución recurrida, considera correcta la determinación del juez de Distrito al sostener que no advirtió violación alguna a los derechos fundamentales de la quejosa, en los aspectos relativos a la existencia del hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores agravado ejecutado en grado de tentativa; así como la probabilidad de que la impetrante lo cometió o participó en su comisión.

Lo anterior, con la precisión de que toda vez que solamente se reclama en el juicio de amparo el auto de vinculación a proceso, no debe analizarse de oficio todo lo acontecido en la audiencia inicial, como lo pronunciado en cuanto a la competencia, la calificación de la detención, las medidas cautelares o el cierre del plazo de la investigación complementaria, al ser actos que tienen finalidades distintas; así lo sostuvo este tribunal colegiado en la tesis I.7o.P.66 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas, Décima Época, materia común, de rubro y texto siguientes:

"AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI ÉSTE SÓLO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO, NO DEBE ANALIZARSE DE OFICIO TODO LO ACONTECIDO EN LA AUDIENCIA INICIAL, COMO LA COMPETENCIA, LA CALIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN, LAS MEDIDAS CAUTELARES O EL CIERRE DEL PLAZO DE LA INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA, AL TENER FINALIDADES DISTINTAS, A MENOS QUE SE SEÑALEN COMO ACTOS DESTACADOS. El auto de vinculación a proceso es la judicialización y continuación del proceso con el imputado formalmente sujetado o sometido a éste, al existir datos de prueba que permiten presumir la existencia de un hecho delictuoso, así como su probable intervención. Es decir, es el procedimiento que realiza el órgano jurisdiccional a fin de resolver, en audiencia, la situación jurídica del imputado, en función a los datos de prueba existentes, y para dictarlo deben atenderse los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en que: i) se haya formulado imputación; ii) se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar; iii) se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, iv) no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Por tanto, cuando únicamente se reclama en el juicio de amparo el auto de vinculación a proceso, no debe analizarse de oficio todo lo acontecido en la audiencia inicial, como lo pronunciado en cuanto a la competencia, la calificación de la detención, las medidas cautelares o el cierre del plazo de la investigación complementaria, al ser actos que tienen finalidades distintas, a menos que se señalen como actos destacados."

Ahora bien, es de señalar que acorde a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad judicial, al pronunciar el auto de vinculación a proceso, mencionará a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictó y demás requisitos que se prevean para cada caso; asimismo, establece que serán emitidos oralmente y surtirán efectos a más tardar al día siguiente y después de su emisión oral, deberán constar por escrito.

Luego, si acorde con lo dispuesto en el precepto 44 de la legislación citada, la formalidad que distingue al sistema, es la oralidad de las actuaciones procesales, es claro que no deben desvincularse una de otra; es decir, la determinación emitida oralmente y la que se hace constar por escrito.

Aunado a lo anterior, "la oralidad" constituye el instrumento más importante que permite que se materialicen durante el desarrollo del procedimiento, los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; de manera que los juzgadores se encuentran constreñidos a dirimir en forma verbal los conflictos que les sean planteados por los intervinientes, al exponer en forma fundada y motivada el sentido de las determinaciones, en cumplimiento a lo establecido en el precepto 16 de la Constitución Federal, con el único propósito de que las partes, en un mismo acto procesal, conozcan las razones y los fundamentos jurídicos que rigen el sentido de las decisiones adoptadas; por tal motivo, habrá de analizarse la determinación emitida de forma oral en la audiencia de vinculación a proceso dictada contra la impetrante.

Además, si bien se ha sostenido que ese acto de molestia también debe dictarse de manera escrita, en acatamiento a lo ordenado por el artículo 16 de la Constitución Federal, no significa que existan dos resoluciones que puedan impugnarse en amparo, sino que esas actuaciones (la oral y la escrita), constituyen un mismo acto de autoridad, ya que la escrita tiene su origen en la audiencia en que se resolvió el auto de vinculación a proceso, la cual contiene el registro de las consideraciones que se expresaron de forma oral en la aludida diligencia.

De ahí que se precisa que el estudio de la constitucionalidad del auto de vinculación, se constatará con base en la resolución emitida el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, hecha del conocimiento a las partes de manera oral en la misma audiencia, por ser ésta la que jurídicamente rige.

Bajo ese orden de ideas, es atinado lo determinado por el juez de amparo en cuanto a que en el caso se respetó el principio de contradicción, pues los datos de prueba a partir de los cuales se sustentó la solicitud de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores agravado ejecutado en grado de tentativa, con los datos de prueba aportados por el fiscal, como son esencialmente:

Las entrevistas a ********** y **********, así como a la menor agraviada de identidad reservada identificada con las iniciales ********** en las que afirmaron las circunstancias de ejecución del delito; así como el acta de nacimiento folio ********** de la referida menor, en la que consta la fecha de nacimiento de la víctima (uno de octubre de dos mil cinco), el nombre de sus padres; esto es, los testificantes antes mencionados; por ende, que éstos detentan la custodia legítima de la multicitada menor; asimismo, la inspección de persona que se realizó en la agencia del Ministerio Público, en la que se hizo constar que diverso imputado vestía sudadera guinda, pantalón verde, tenis color negro, en malas condiciones; respecto a la existencia del vehículo en el que se propició la huida y que conducía la quejosa, la autoridad responsable destacó el inventario del automotor de marras, elaborado por el policía remitente **********.

Asimismo, esos datos de prueba resultan útiles para comprobar la agravante a que se refiere el artículo 172 (cuando la sustracción se realiza contra persona menor de doce años de edad), del Código Penal para la Ciudad de México, preponderantemente con el acta de nacimiento mencionada, de la que se desprende que al momento de los hechos, la menor de identidad reservada contaba con la edad de once años.

En tanto que, para acreditar la probabilidad de que ********** o ********** cometió el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores agravado ejecutado en grado de tentativa, se estima ajustado a derecho que el juez de Distrito considerara correcto que la jueza de control responsable concatenara los mismos datos de prueba con los que tuvo por comprobado el hecho que la ley señala como delito.

Lo anterior es así, pues ciertamente se estima que tales datos de prueba, hasta el momento en que se dictó el auto de vinculación, son aptos y suficientes para poder establecer que el siete de noviembre de dos mil dieciséis, cuando la menor de identidad reservada, identificada con las iniciales ********** se encontraba en la calle de **********, colonia **********, delegación **********, en compañía de su mamá ********** a cierta distancia de ellas, su papá ********** , instante en que la víctima menor de edad comenzó a gritar: "mamá, mamá"; la testigo ********** notó que un sujeto jalaba a su hija del brazo, por lo que gritó a su esposo: **********,**********, la niña se la llevan"; al ver que dicho individuo jaloneaba a su hija hacia él, recostó su cuerpo sobre su hija para evitar que se la llevara; no obstante, dicha persona jaló a la menor del pie izquierdo para tratar de llevársela; por lo que ********** comenzó a gritar más fuerte a su cónyuge; por lo que el sujeto, al percatarse de que la menor y su mamá no se encontraban solas, pues observó que se acercaba **********, soltó a la víctima de identidad reservada y corrió hacia la camioneta que se encontraba estacionada con la puerta abierta, la cual conducía la imputada ********** o ********** y emprendieron la huida; al ver lo anterior, ********** comenzó a seguirlos y posteriormente, en ********** y avenida **********, colonia **********, delegación **********, solicitó el auxilio de los tripulantes de una patrulla, quienes lograron la detención de los involucrados; alrededor de las doce horas con cuarenta y siete minutos, arribaron a ese lugar ********** y la menor de identidad reservada, las cuales identificaron a la imputada como la persona que conducía la camioneta en la que diverso imputado y ella emprendieron la huida, después de intentar sustraer a la menor.

Así las cosas, fue correcto que el juez de Distrito estableciera atinada la determinación de la responsable en el sentido de que dichos datos de prueba son suficientes para tener por acreditado el hecho que la ley señala como delito, materia de la formulación de la imputación, al establecerse el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho respectivo y la probable participación de la quejosa en su comisión.

De igual forma, la autoridad responsable, de manera correcta y así lo corroboró el juez de Distrito, al resolver sobre la procedencia del auto de vinculación, con base en la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social, así como de la contra-argumentación o refutación de la defensa de la imputada, se estableció que la hipótesis del hecho relativo consistía en: "Al que sin tener relación de parentesco con un menor de edad, lo sustraiga de su custodia legítima".

También, como bien se estableció en el acto reclamado, los datos de prueba referidos permiten considerar que se puso en peligro el bien jurídico tutelado por la norma, en razón de que con pleno conocimiento del hecho descrito por la ley, la quejosa y diverso imputado pusieron en marcha la causalidad tendente a realizar la sustracción de la menor de identidad reservada, sin que lo hubiesen logrado por causas ajenas a su voluntad, en específico, porque al advertir el involucrado la resistencia de la madre, y que no estaban solas (madre e hija), así como que el papá de la menor se acercaba, soltó a la menor y corrió hacia la camioneta que conducía la quejosa, la cual estaba estacionada con la puerta abierta para huir del lugar.

Ciertamente, para la emisión del auto de vinculación, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino que para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que la jueza de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio.

Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), generada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto fueron aprobados en sesión de cinco de abril de dos mil diecisiete, los cuales son del tenor: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones ‘comprobar’ por ‘establecer’ y ‘cuerpo del delito’ por ‘hecho que la ley señala como delito’, las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de ‘pruebas’ ni se exige ‘comprobar’ que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí –como sucede en el sistema mixto–, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado ‘cuerpo del delito’, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley."

Ahora bien, en cuanto a los motivos de inconformidad propuestos por el recurrente, como se anticipó, deben calificarse como infundados, en atención a lo que a continuación se expone.

En efecto, contrario a lo que alega el recurrente, el auto de vinculación a proceso que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo que ahora se revisa, sí cumple con las exigencias previstas en los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal, pues se advierte que la jueza responsable, tal como lo consideró el juez de Distrito, respecto a la primera de dichas disposiciones legales, colmó las exigencias de fundar y motivar suficientemente su determinación, ya que señaló los preceptos legales aplicables al caso; concretamente, aquellos que previenen y sancionan el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores agravado ejecutado en grado de tentativa; esto es, los artículos 171, párrafos primero y segundo (hipótesis de al que sin tener relación de parentesco, respecto de un menor de edad, lo sustraiga de su custodia legítima) 172 (agravante –cuando la sustracción de realiza contra persona menor de doce años–) y 173, en concordancia con el ordinal 20 (tentativa), del Código Penal para la Ciudad de México, en relación con los artículos 15 (acción), 18, párrafos primero (acción dolosa) y segundo (conocer y querer), y 22, fracción II (coautoría), de la citada legislación.

Además, expuso con precisión las circunstancias especiales y motivos particulares que la llevaron a tener por acreditado tanto el hecho que la ley señala como delito de sustracción de menores agravado ejecutado en grado de tentativa, así como la probable intervención de la imputada en su comisión, en términos de lo señalado por el artículo 22, fracción II, del Código Penal para la Ciudad de México.

En efecto, acorde con la interpretación sistemática de los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se aprecia que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, deben converger los siguientes requisitos:

a) Se haya formulado imputación;

b) El imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; y,

c) De los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

Por otra parte, los numerales 171, 172 y 173 del Código Penal para la Ciudad de México prevén, respectivamente, lo siguiente:

"Artículo 171. Al que sin tener relación de parentesco, a que se refiere el artículo 173 de este Código, o de tutela de un menor de edad o incapaz, lo retenga sin el consentimiento de quien ejerza su custodia legítima o su guarda, se le impondrá prisión de uno a cinco años y de cien a quinientos días de multa.

A quien bajo los mismos supuestos del párrafo anterior los sustraiga de su custodia legítima o su guarda, se le impondrá de cinco a quince años de prisión y de doscientos a mil días multa".

"Artículo 172. Si la retención o sustracción se realiza en contra de una persona menor de doce años de edad, las penas previstas en el artículo anterior se incrementarán en una mitad.

...".

"Artículo 173. Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa, al ascendiente, descendiente, cónyuge, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado, que sustraiga, retenga u oculte a un menor o incapaz y que sobre éste no ejerza la patria potestad, la tutela o mediante resolución judicial no ejerza la guarda y custodia.

...".

Así, debe decirse que de la reproducción del disco de la audiencia inicial de nueve de noviembre de dos mil dieciséis, la cual se llevó a cabo ante la jueza Quincuagésimo Quinto del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de jueza de control, ciertamente se advierte que después de que el representante social formuló imputación contra **********, por el hecho delictuoso referido, en agravio de la menor de identidad reservada, identificada con las iniciales ********** precisado de la siguiente forma:

Transcripción video: celebración de audiencia inicial.

(minuto: 3:11:52) "[...] El 07 siete de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, la menor de identidad reservada e iniciales **********, se encontraba en la calle de **********, colonia **********, delegación **********... específicamente en compañía de su madre, sentada en una banqueta, a 3 tres metros de distancia de donde se encontraba el testigo **********, por lo que siendo aproximadamente a las 12:15 doce horas con quince minutos, pasó junto a ellas una camioneta de la marca **********, color **********, a la que no le dio importancia la testigo **********; sin embargo, la camioneta regresó dando vuelta en ‘U’ para pasar nuevamente frente a ellas, detuvo su marcha en el tope de la esquina, viendo esto aproximadamente a 3 tres metros de distancia, esta camioneta era conducida por ********** o **********, percatándose la testigo que la puerta del lado derecho del vehículo, se comenzó a abrir lentamente y que el imputado... se acercó caminando hacia ellas sobre la calle **********, volteó a ver la camioneta y de pronto la menor de identidad reservada de iniciales ********** gritó ‘mamá, mamá’ espantada y al voltear, ve que el imputado... quien vestía sudadera de color vino y vio caminar momentos antes, estaba parado junto a la menor de identidad reservada y la jalaba de su brazo, por lo que ********** le gritó a su esposo **********: **********, **********, la niña se la llevan’, no obstante la testigo al ver que el sujeto jaloneaba a su hija hacía él, recostó su cuerpo sobre su hija para evitar que el sujeto se la llevara, recargó el peso de su cuerpo sobre la banqueta para evitar que se la llevara, sin embargo, el imputado... tomó a la menor del pie izquierdo jalándola para llevársela, por lo que *********** comenzó a gritar desesperada más fuerte a su esposo y el imputado, al percatarse de su resistencia y que no estaban solas, porque se acercaba el esposo de ********** soltó a la menor y corrió a la camioneta que se encontraba estacionada con la puerta abierta; de inmediato ********** o **********, inició la marcha, emprendiendo la huida, a lo cual **********, al ver que el sujeto aborda la camioneta y se va a bordo de la misma

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32631-fc4e45b1/auto-de-vinculacion-a-proceso-al-reclamarse-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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