SECUESTRO EXPRÉS AGRAVADO. LAS SANCIONES PREVISTAS PARA LAS AGRAVANTES RELATIVAS A SU COMISIÓN POR UN GRUPO DE DOS O MÁS PERSONAS O CON VIOLENCIA NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS.
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 3810/2023. 7 DE FEBRERO DE 2024. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS Y LAS MINISTRAS LORETTA ORTIZ AHLF, JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ANA MARGARITA RÍOS FARJAT, ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIOS: SAÚL ARMANDO PATIÑO LARA Y JONATHAN SANTACRUZ MORALES.
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Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al siete de febrero de dos mil veinticuatro, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el amparo directo en revisión 3810/2023, interpuesto por el señor Persona “A” en contra de la sentencia dictada el cuatro de mayo de dos mil veintitrés por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el juicio de amparo directo Primer Número de Expediente.
El problema jurídico que debe resolver esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del amparo directo se apegó o no a la doctrina de este alto tribunal en relación con la proporcionalidad de la pena de cincuenta a noventa años de prisión contemplada para el delito de secuestro exprés agravado, previsto y sancionado en el artículo 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Hechos.(1) El cuatro de noviembre de dos mil veinte, aproximadamente a las dieciséis horas con cuarenta minutos, en la calle de Nombre de vialidad 1 esquina con Nombre de vialidad 2, colonia Nombre de colonia 1, alcaldía Nombre de alcaldía, Nombre de Ciudad, una persona bajaba de un vehículo Marca de vehículo, tipo Modelo de vehículo, cuando se le acercaron dos sujetos.(2)
2. Uno de los sujetos amagó a la víctima con un objeto filoso y le ordenó que se pasara a los asientos traseros, abordó el automóvil y emprendió la marcha, mientras que el señor Persona “A” subió a la parte trasera del automotor y despojó a la víctima de sus pertenencias.
3. Después de circular a bordo del vehículo por diez o quince minutos, los sujetos bajaron a la víctima y las personas huyeron en el referido vehículo. En ese momento la víctima caminó hasta encontrarse con una persona que le prestó su teléfono para llamar a los servicios de emergencia en donde informó lo sucedido y proporcionó las características del vehículo, así como de los sujetos que lo abordaron. Instantes después llegaron elementos de la policía a bordo de una patrulla y pidieron a la víctima que subiera a la unidad para buscar el automóvil objeto del robo.
4. Cuando los policías circulaban por las calles Nombre de vialidad 3 y Nombre de vialidad 4, acompañados de la víctima, localizaron el vehículo Marca de vehículo, tipo Modelo de vehículo, en ese momento los tripulantes intentaron darse a la fuga pero fueron perseguidos por los policías, quienes sólo lograron la detención del señor Persona “A” que fue identificado por la víctima y fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.(3)
5. Juicio penal. Con motivo de los hechos narrados, se instruyó un procedimiento penal acusatorio en contra del señor Persona “A”, del que correspondió conocer al Juzgado Octavo del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que registró la carpeta judicial con el número de expediente Segundo Número de Expediente.
6. El tres de diciembre de dos mil veintiuno se dictó sentencia condenatoria en contra del señor Persona “A” por la comisión del delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés agravado para cometer el delito de robo, previsto y sancionado en los artículos 9, párrafo primero, fracción I, inciso d), y 10, párrafo primero, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que le fue impuesta una pena de setenta años de prisión, entre otras sanciones.(4)
7. Recurso de apelación. Inconforme con esa resolución, el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, la defensora pública del señor Persona “A” interpuso un recurso de apelación del que conoció la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que lo registró con el número de expediente Tercer Número de Expediente.
8. En sentencia de primero de abril de dos mil veintidós, el tribunal de alzada modificó la resolución recurrida respecto a la individualización de pena privativa de la libertad, pues la redujo a cincuenta años de prisión, y precisó que los derechos políticos del sentenciado debían ser suspendidos sólo por el tiempo que dure la pena de prisión impuesta.
9. Demanda de amparo directo. Inconforme con la sentencia de apelación, el catorce de octubre de dos mil veintidós, el señor Persona “A” presentó una demanda de amparo directo en la que, en síntesis, expuso los siguientes conceptos de violación:
a) No se acreditan los elementos del delito de secuestro exprés agravado, ni la responsabilidad penal.
b) La sentencia reclamada carece de una adecuada fundamentación y motivación, pues no fueron valoradas correctamente las pruebas, por lo que se vulneran en su perjuicio los artículos 1, 17 y 20, fracción VII, de la Constitución Política del país.
c) La intención era llevar a cabo el robo del vehículo y de las pertenencias de la víctima, pero no privarlo de la libertad, por lo que no se acrecita el delito de secuestro exprés agravado.
d) Se valoró de manera inexacta el reconocimiento realizado por el señor Persona “A” en la sala de oralidad, pues era la única persona que se encontraba presente y no se desahogó con las formalidades previstas en el artículo 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales.(5) Aunado a lo anterior, era poco probable que la víctima reconociera al sentenciado, pues se encontraba en la parte trasera del vehículo con la cabeza agachada y cerca de la puerta.
e) Las pruebas de cargo aportadas por la fiscalía no cuentan con confiabilidad y credibilidad, de modo en que no son idóneas, pertinentes, ni suficientes para probar los hechos de la acusación, aunado a que existen incongruencias y contradicciones en ellas.
f) Indebidamente se concedió valor probatorio a las declaraciones de los policías Policía “A”, Policía “B” y Policía “C”, pues al narrar la mecánica de los hechos incurrieron en contradicciones respecto a la parte del vehículo de la que descendió la víctima y la forma en la que se localizó el automóvil, con lo que se vulneraron los derechos a la presunción de inocencia, debido proceso, tutela judicial efectiva, libertad, buen nombre, patrimonio y reputación.
g) Los testimonios tomados en consideración para dictar sentencia condenatoria fueron valorados de manera incorrecta, en virtud de que la responsable no consideró el “modelo no presuntivista”, ni la psicología del testimonio.
h) Las pruebas a cargo de los peritos Perito “A” y Perito “B” únicamente dan cuenta de la existencia del vehículo, pero no de los hechos delictivos, por lo cual no aportan la verdad absoluta sobre la existencia del delito.
i) Ante la insuficiencia probatoria, la responsable utiliza la prueba presuncional o circunstancial para acreditar el delito, pero en realidad únicamente reproduce las pruebas de cargo. Además, esa prueba se concibió para el sistema inquisitivo, no para el sistema penal acusatorio.
j) Es inconstitucional la pena establecida para el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés agravado para cometer el delito de robo, pues el legislador siguió una política pública tendente a incrementar las sanciones, lo que vulnera el artículo 22 constitucional.
k) Es inconstitucional la pena prevista en el artículo 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, pues vulnera el principio de proporcionalidad de las penas previsto en el artículo 22 de la Constitución Política del país.
l) Debió aplicarse la pena prevista con anterioridad a la reforma de tres de junio de dos mil catorce, pues la sanción privativa de libertad de cincuenta años impuesta al señor Persona “A” resulta desproporcionada.
m) Existe una diferencia importante entre la pena prevista para el delito de secuestro y el de secuestro exprés, sobre todo cuando el primero tiene como finalidad obtener un rescate y el que se atribuye al quejoso únicamente cometer el delito de robo. Además, la víctima permaneció en el vehículo únicamente de diez a quince minutos.
n) La pena prevista en el tipo penal impugnado es desproporcionada porque no permite la readaptación social, pues la esperanza de vida de un mexicano es de setenta y seis años y el señor Persona “A” estaría compurgando la pena a los noventa años.
10. Sentencia de amparo directo. De la demanda correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que la registró con el número de expediente Primer Número de Expediente. El cuatro de mayo de dos mil veintitrés, el Tribunal Colegiado del conocimiento dictó sentencia en la que negó el amparo al tenor de las siguientes consideraciones:
a) Son infundados los conceptos de violación en los que el señor Persona “A” alegó una incorrecta valoración de las pruebas desahogadas durante el juicio, toda vez que sí acreditaron el delito y la responsabilidad penal.
b) Sí se logró comprobar que la intencionalidad de la conducta no sólo era robar el vehículo y las pertenencias de la víctima, sino también mantenerla privada de la libertad durante su comisión, lo cual se robusteció con los testimonios de los policías.
c) La víctima narra el momento en el que lo desapoderaron del automóvil, le ordenaron pasar a la parte trasera y le quitaron sus pertenencias, así como la forma en la que la tuvieron privada de la libertad en el interior del vehículo y el momento en el que le ordenaron descender de él.
Asimismo, describe la forma en la que fue auxiliada por los policías y el momento en que ocurrió la captura del señor Persona “A”, lo que permite comprobar la intencionalidad de la conducta no sólo de cometer el delito de robo, sino de mantener a la víctima privada de la libertad durante su comisión, aunado a los diferentes testimonios de los agentes de la policía.
d) El señor Persona “A” admitió que, en compañía de otro sujeto, mantuvieron a bordo del vehículo a la víctima para cometer el delito de robo. Lo anterior, como lo sostuvo la responsable, actualiza la intencionalidad de mantener privada de la libertad a la víctima mientras la desposeían de sus pertenencias.
e) No incurrieron en contradicción los diferentes testigos respecto del lugar del que descendió la víctima y la forma en la que se localizó el vehículo, pues sus diferencias no afectan su credibilidad sobre el aspecto sustancial relativo a que la víctima permaneció dentro del vehículo y, por ello, fueron coincidentes.
f) Lo anterior se corroboró con los testimonios de los policías Policía “C” y Policía “D”, quienes dieron cuenta del resultado de la investigación que realizaron: uno de ellos, en la localización de las cámaras de seguridad del lugar; y el otro, en la revisión de los videos en los que se pudo observar al vehículo relacionado con los hechos.
g) Se vincularon correctamente las intervenciones de los peritos en criminalística, fotografía e identificación de vehículos, quienes si bien no presenciaron los hechos, no por eso pierden relevancia probatoria, ya que de sus testimonios se puede constatar la existencia física del vehículo materia del apoderamiento y en el cual la víctima fue privada de su libertad. Aunado a que la víctima indirecta se apersonó para acreditar la propiedad del vehículo objeto de robo.
h) Las agravantes se acreditaron debidamente, así como la plena responsabilidad penal del señor Persona “A”, pues no hubo pruebas de descargo idóneas y suficientes que llevaran a una conclusión distinta de la prueba circunstancial o indiciaria generada en contra del quejoso, por lo que se desvirtuó la presunción de inocencia más allá de toda duda razonable.
i) En relación con el señalamiento de la víctima en la audiencia de juicio, no debe entenderse como un reconocimiento propiamente dicho, como lo señala el señor Persona “A”, pues se trató únicamente de una referencia basada en un conocimiento previo, es decir, que se limitó a señalar a quien ya conocía con motivo de los hechos.
j) Es infundado que se hubiera vulnerado el principio de presunción de inocencia, pues se desvirtuó a partir de la valoración probatoria realizada por la responsable, lo que la llevó a comprobar el delito y la responsabilidad penal del señor Persona “A”. Asimismo, la imposición de las penas, fue acorde al grado de culpabilidad del señor Persona “A”.
k) Por otra parte, las penas previstas en el artículo 10 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro no vulneran el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 22, de la Constitución Política del país.
l) La Primera Sala de la Suprema Corte, al resolver el amparo directo en revisión 7313/2016, determinó la constitucionalidad de las penas para el delito de secuestro simple previstas en el artículo 9, fracción I, inciso c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.(6)
De acuerdo con las consideraciones de esa ejecutoria, en las que se realizó un análisis comparativo entre las penas previstas en la norma general mencionada, incluida aquella contenida en el artículo 10 de dicho ordenamiento, el incremento de las penas para el delito de secuestro agravado se entiende justificado y, por ende, proporcional y constitucional.
m) En el mismo sentido, al resolver los amparos directos en revisión 1182/2018 y 1183/2018, la Primera Sala convalidó la constitucionalidad de las penas previstas en la fracción II, inciso a), del artículo 10 de la mencionada norma, que son incluso mayores a las del caso, por lo que se reitera lo infundado del concepto de violación.(7)
11. Recurso de revisión. Inconforme con la resolución anterior, el señor Persona “A” interpuso un recurso de revisión, en el que, en síntesis, expuso los siguientes agravios:
a) El Tribunal Colegiado fue omiso en suplir la deficiencia de la queja que, en materia penal, es oficiosa, por lo que trasgredió los artículos 79, fracción III, y 171, párrafo segundo, de la Ley de Amparo.(8)
b) No se analizó el concepto de violación relacionado con la inconstitucionalidad del proceso legislativo, pues el órgano colegiado señaló que el señor Persona “A” únicamente cuestionó la porción normativa que contiene las penas relativas al delito de secuestro exprés agravado.
c) En el amparo directo en revisión 1063/2005,(9) así como en la acción de inconstitucionalidad 31/2006,(10) la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que se debe respetar el contenido de los principios de proporcionalidad y razonabilidad jurídica en atención a la relación que existe entre la gravedad de la pena y el delito.
d) La pena prevista para el delito de secuestro exprés agravado no es proporcional en comparación con las penas establecidas para otros delitos que atentan contra la libertad personal, pues no existe correspondencia racional frente al bien jurídico protegido.
e) Si bien en el amparo directo en revisión 3814/2019, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los artículos 9, fracción I, inciso d), y 10, fracción I, inciso c), de la Ley General de Secuestro son constitucionales, lo hizo a la luz del principio de taxatividad, no así en relación con el de proporcionalidad.(11)
f) Finalmente, al advertirse diversas inconsistencias y contradicciones entre las declaraciones de la víctima y los policías, se evidencia una indebida valoración de las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio para establecer más allá de toda duda razonable la existencia del delito de secuestro exprés agravado y la responsabilidad penal del señor Persona “A”.
12. Trámite ante esta Suprema Corte. Mediante acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés, la Presidencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el presente amparo directo en revisión.
13. Por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, el Ministro Presidente de esta Primera Sala se avocó al conocimiento del asunto y ordenó el envío de los autos a la Ponencia de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat para la elaboración del proyecto respectivo.
I. COMPETENCIA
14. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer del presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política del país; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de este alto tribunal.
15. Lo anterior, porque el recurso se interpuso en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un juicio de amparo directo penal en cual se alega la subsistencia de un planteamiento de constitucionalidad, lo cual es competencia de la Primera Sala y no se advierte necesidad de la intervención del Pleno de esta Suprema Corte.
II. OPORTUNIDAD
16. La sentencia recurrida fue notificada personalmente al señor Persona “A”, el miércoles diez de mayo de dos mil veintitrés.
17. Dicha notificación surtió efectos el jueves once del mismo mes y año, de manera que el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión transcurrió del viernes doce al jueves veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, descontándose los días trece, catorce, veinte y veintiuno del mismo mes y año por haber sido inhábiles.(12)
18. Por tanto, si el señor Persona “A”, por su propio derecho, presentó su escrito de agravios el veintidós de mayo mil veintitrés, se concluye que el recurso se interpuso de manera oportuna.
III. LEGITIMACIÓN
19. Esta Suprema Corte considera que el señor Persona “A” cuenta con la legitimación necesaria para interponer el recurso de revisión, pues está probado que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito le reconoció el carácter de quejoso en el juicio de amparo directo, en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo.(13)
IV. ESTUDIO DE PROCEDENCIA DEL RECURSO
20. Del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política del país; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; se desprende que la procedencia del recurso de revisión está supeditada a que se cumplan los siguientes requisitos:
a) En las sentencias impugnadas se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, o bien se omita el estudio de las cuestiones antes mencionadas, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo; y
b) El problema de constitucionalidad referido en el inciso previo entrañe la fijación de un criterio de interés excepcional.(14)
21. Al respecto, habiéndose surtido el requisito de constitucionalidad, se actualiza el diverso de interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, cuando esta Suprema Corte de Justicia de la Nación advierta que aquélla dará lugar a un pronunciamiento novedoso o de relevancia para el orden jurídico nacional. 22. También se acredita el requisito de interés excepcional cuando lo decidido en la sentencia recurrida pueda implicar el desconocimiento de un criterio sostenido por este alto tribunal relacionado con alguna cuestión propiamente constitucional, por haberse resuelto en contra de dicho criterio o se hubiere omitido su aplicación.
23. Esto es, serán procedentes únicamente aquellos recursos que reúnan ambas características. Dicho con otras palabras, basta que en algún caso no esté satisfecha cualquiera de esas condiciones, o ambas, para que el recurso sea improcedente. Por lo tanto, la ausencia de cualquiera de esos elementos es razón suficiente para desechar el recurso por improcedente.
24. Precisado lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que es procedente este recurso de revisión.
25. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que el señor Persona “A” alegó principalmente cuestiones relativas a la valoración de las pruebas, tendentes a la acreditación del delito y de la responsabilidad penal, incluso sobre el reconocimiento que se efectuó en su contra durante la audiencia del juicio.
26. Dichos argumentos, fueron atendidos por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito desde un plano de legalidad relacionado exclusivamente con la valoración de los medios de prueba, lo que no reviste el carácter de tema de constitucionalidad y escapa de la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver un amparo directo en revisión.
27. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1/2015 de esta Primera Sala, de título: “AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE SI LOS AGRAVIOS SE LIMITAN A IMPUGNAR LAS CONSIDERACIONES EN LAS QUE EL ÓRGANO COLEGIADO DA RESPUESTA A CUESTIONES DE MERA LEGALIDAD.”(15)
28. Con independencia de lo anterior, esta Primera Sala considera que sí se actualiza un tema de constitucionalidad derivado del concepto de violación en el que el señor Persona “A” señaló que las penas previstas en el artículo 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vulneran el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 22, de la Constitución Política del país.(16)
29. En este tema, el Tribunal Colegiado del conocimiento declaró infundados los conceptos de violación, pues consideró aplicables los argumentos sustentados por esta Primera Sala al resolver los amparos directos en revisión 7313/2016, 1182/2018 y 1183/2018,(17) en los que determinó la constitucionalidad de las penas previstas para el delito de secuestro agravado, previsto en los artículos 9, fracción I, inciso c), y 10, fracción II, inciso a), de la ley general mencionada, a la luz del principio de proporcionalidad.
30. Derivado de los argumentos sustentados en dichos precedentes, el Tribunal Colegiado arribó a la conclusión de que la pena prevista para el delito de secuestro exprés agravado, contemplado en el artículo 10, fracción I, incisos b) y c), que es el supuesto jurídico penal que se aplicó al señor Persona “A”, no vulnera el principio de proporcionalidad, por lo que no trasgrede el artículo 22 de la Constitución.
31. En virtud de lo expuesto, esta Primera Sala considera que en el presente caso subsiste una cuestión de constitucionalidad de la que se desprende la procedencia del amparo directo en revisión, respecto de la constitucionalidad de la pena prevista para el delito de secuestro exprés agravado prevista en el artículo 10, fracción I, incisos b) y c), de la norma general antes citada.
32. Por otra parte, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advierte que el artículo 10, fracción I, incisos b) y c), de la referida norma general, que fue el que se aplicó en el caso concreto al señor Persona “A”, ya fue analizado a la luz del principio de proporcionalidad de las penas en los amparos directos en revisión 6729/2019 y 6736/2019, los cuales se resolvieron en sesión de siete de abril de dos mil veintiuno.(18)
33. En ese sentido, debe recordarse que de conformidad con el artículo 94, párrafo décimo segundo, de la Constitución Política del país, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de cuatro votos serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas.(19)
34. Por tanto, si la resolución recurrida se emitió el cuatro de mayo de dos mil veintitrés, esto es, con posterioridad a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizara la constitucionalidad del artículo impugnado, entonces debió seguir los criterios sustentados por este alto tribunal.
35. En consecuencia, al advertir que el Tribunal Colegiado del conocimiento no resolvió de acuerdo con la doctrina establecida por esta Primera Sala, como se adelantó, se actualiza un tema de constitucionalidad de interés excepcional que hace procedente el presente recurso extraordinario, que consiste en analizar si el referido artículo 10, fracción I, incisos b) y c), de la citada norma general, transgrede o no el principio de proporcionalidad de las penas.
V. ESTUDIO DE FONDO
36. En el caso, tenemos que el señor Persona “A” fue sentenciado en primera instancia por la comisión del delito de privación de la libertad en la modalidad de secuestro exprés agravado para cometer el delito de robo, previsto y sancionado en los artículos 9, párrafo primero, fracción I, inciso d), y 10, párrafo primero, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
37. En su demanda de amparo, el señor Persona “A” alegó que la pena de cincuenta a noventa años de prisión prevista para el delito antes señalado vulnera el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 22 de la Constitución Política del país.
38. En la resolución recurrida, el Tribunal Colegiado declaró infundado este planteamiento, siguiendo lo resuelto por esta Primera Sala al resolver los amparos directos en revisión 7313/2016, 1182/2018 y 1183/2018, en los que determinó la constitucionalidad de las penas previstas para el delito de secuestro previsto en los artículos 9, fracción I, inciso c), y 10, fracción II, inciso a), de la ley general señalada.
39. Lo anterior, sin tomar en consideración que este alto tribunal, al resolver los amparos directos en revisión 6729/2019 y 6736/2019, analizó precisamente el artículo 10, fracción I, incisos b) y c), del referido ordenamiento, que fue el aplicado en este caso al señor Persona “A”, el que se impugna en la demanda de amparo, cuyo reclamo reiteró en su escrito de agravios.
40. En consecuencia, procede resolver este reclamo de acuerdo con la doctrina establecida por esta Primera Sala en los mencionados amparos directos en revisión 6729/2019 y 6736/2019.
41. Pues bien, los artículos 9, fracción I, inciso d), y 10, fracción I, incisos b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro vigentes al momento de los hechos (cuatro de noviembre de dos mil veinte), disponen lo siguiente:
Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán:
I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la Privación de la libertad se efectúa con el propósito de: [...]
d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que conforme a esta Ley le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten.
Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán:
I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, si en la Privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: [...]
b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas;
c) Que se realice con violencia; [...]
42. Al estudiar la sentencia de segunda instancia, el Tribunal Colegiado del conocimiento concluyó que el rango de cincuenta a noventa años de prisión previsto para el delito de secuestro exprés agravado no vulnera el principio de proporcionalidad de las penas establecido en el artículo 22 constitucional.
43. Esta Primera Sala comparte la conclusión a la que llegó el órgano colegiado y considera que los agravios del recurrente son infundados, pero bajo las consideraciones que enseguida se desarrollan.
44. En este caso, las agravantes impuestas corresponden a la comisión del delito por parte de un grupo compuesto por dos o más personas (fracción I, inciso b, del artículo citado) y a que el delito se cometa con violencia (fracción I, inciso c, del artículo señalado). No obstante, en ambos casos se impuso una penalidad para el supuesto de secuestro exprés agravado, por lo que rigen similares consideraciones.
45. Como punto de partida, conviene señalar que al evaluar la validez de una penalidad el análisis constitucional recae sobre formas de política legislativa que requieren ser analizadas con amplia deferencia al legislador. Así, a las razones de política criminal que inspiran al legislador para establecer determinadas penalidades se les debe otorgar un peso relevante.
46. No hay que olvidar que, de acuerdo con nuestro orden constitucional, es competencia del legislador —local o federal— establecer las faltas y los delitos sancionables.(20) No son los jueces constitucionales quienes deben decidir qué tipo de pena es idónea para determ
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33143-d887b08f/secuestro-expres-agravado-las-sanciones-previstas-para-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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