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Modo: Corpus Pro

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DE PRESTAR SERVICIO MÉDICO O ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, SIN AGOTAR PREVIAMENTE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CUANDO SE COMPROMETA GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2019. · Registro digital (IUS): 29634
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-02-12
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, AMBOS CON RESIDENCIA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 83, Febrero de 2021, Tomo II, Pág. 1414.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 8/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO, AMBOS CON RESIDENCIA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. 10 DE NOVIEMBRE DE 2020. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN CORDERO MARTÍNEZ, MARÍA TERESA ZAMBRANO CALERO, CUAUHTÉMOC CUÉLLAR DE LUNA Y JOSÉ MARTÍN HERNÁNDEZ SIMENTAL; LOS DOS ÚLTIMOS FORMULAN VOTO CONCURRENTE. DISIDENTES: JUAN CARLOS ZAMORA TEJEDA, REFUGIO NOEL MONTOYA MORENO Y JOSÉ ELÍAS GALLEGOS BENÍTEZ, QUIENES FORMULAN VOTO PARTICULAR. PONENTE: MARÍA DEL CARMEN CORDERO MARTÍNEZ. SECRETARIA: ALICIA DEL CARMEN HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ.

Chihuahua, Chihuahua. Acuerdo del Pleno del Decimoséptimo Circuito, correspondiente a la sesión virtual de diez de noviembre de dos mil veinte.

VISTOS los autos para resolver el expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis 8/2019.

RESULTANDO:

PRIMERO.—Trámite de la denuncia de contradicción de tesis.

1. Mediante oficio número 5684/2019, recibido por la secretaria de Acuerdos del Pleno del Decimoséptimo Circuito, el veintiséis de septiembre del presente año, el licenciado Gabriel Pacheco Reveles, Juez Cuarto de Distrito en el Estado adjuntó la resolución dictada dentro del expediente del juicio de amparo 788/2018-IV, de la que se advierte la denuncia de la contradicción de criterios entre el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión penal 346/2018 y el Segundo Tribunal Colegiado del propio Circuito, al fallar los recursos de queja 142/2018 y 157/2018, ambos órganos colegiados con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua.

SEGUNDO.—Integración del asunto

2. En proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente del Pleno del Decimoséptimo Circuito admitió a trámite la denuncia de mérito. Solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes la remisión de la versión digitalizada de las ejecutorias respectivas. Asimismo, informar si el criterio sustentado se encontraba vigente o, en su caso, la causa por la que se tuvo por superado o abandonado.

3. En acuerdos de nueve y veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, la presidencia del Pleno de Circuito, tuvo por recibida la información y documentación solicitada a los Tribunales Colegiados de Circuito previamente señalados.

4. Mediante auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio DCCCST/X/439/10/2019, suscrito por el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que se anexó copia simple del diverso que fue emitido por el secretario de Acuerdos de ese Alto Tribunal. Este informó no encontrar radicada alguna contradicción de tesis en la que el tema a dilucidar guardara relación con: "Determinar, si cuando una persona privada de su libertad reclama una omisión que involucra el derecho sustantivo a la salud, previsto en el artículo 4o,. párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de acudir al juicio de amparo, debe agotar el procedimiento y recursos restablecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, o bien, se actualiza una excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo."

5. En el referido acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, de conformidad con el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada de veinte de febrero de dos mil doce; atento a que el asunto guardó estrecha relación con la contradicción de tesis 4/2019, que había sido turnado al Magistrado Gabriel Ascención Galván Carrizales, integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, se ordenó al propio titular el turno del presente asunto, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.

6. Asimismo, en el proveído de veintidós de enero de dos mil veinte, se ordenó el returno del asunto al Magistrado Juan Carlos Zamora Tejeda.

7. En la cuarta sesión ordinaria de ocho de septiembre de dos mil veinte, se determinó aplazar la resolución del asunto debido a la votación mayoritaria en contra del sentido de la propuesta. Por consiguiente se returnó a la Magistrada María del Carmen Cordero Martínez para la elaboración del proyecto; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia.

8. Competencia. Este Pleno de Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales 8/2015 y 52/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero y quince de diciembre, ambos de dos mil quince; por tratarse de una posible discrepancia entre criterios sustentados por Tribunales Colegiados de este Circuito y corresponde, exclusivamente a este órgano, dilucidarla y determinar, en su caso, cuál será el que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

SEGUNDO.—Legitimación.

9. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua.

TERCERO.—Posturas contendientes.

10. Se sintetizan las consideraciones en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones. Estas servirán para dar respuesta a las interrogantes de si existe o no contradicción de criterios.

Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua.

11. En sesión de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, resolvió el amparo en revisión penal 346/2018, del cual se considera oportuno destacar los datos siguientes:

12. Juzgado de amparo. El asunto derivó de un juicio de amparo donde el quejoso señaló como acto y autoridades responsables los siguientes:

Acto reclamado:

• La negativa u omisión de administrarle atención médica necesaria para calmar los padecimientos de ansiedad e insomnio que lo aquejan.

Autoridades responsables:

• Director general del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", residente en Ciudad Juárez, Chihuahua.

• Encargado del área de servicios médicos de dicha institución penitenciaria.

13. En sentencia de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito determinó sobreseer en el juicio al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Precisamente porque contra la negativa u omisión de administrar atención médica existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal que debe agotarse previo acudir al juicio de amparo. Dicha normatividad dispone que en casos urgentes la persona privada de su libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear su petición. Esta autoridad de oficio y de inmediato suspenderá el acto y sus efectos hasta en tanto se resuelva en definitiva.

14. Resolución del órgano colegiado. Del asunto conoció el citado Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez. Por unanimidad de votos determinó revocar la sentencia recurrida, en esencia, por las razones siguientes:

• La Ley Nacional de Ejecución Penal establece un procedimiento administrativo para atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, relacionadas con su salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta y, en general, con todos los actos que afecten sus condiciones de vida digna y segura en reclusión. Otorga la posibilidad de impugnar decisiones u omisiones de la autoridad penitenciaria ante el Juez de Ejecución. También prevé que los internos tienen a su alcance los recursos de revocación y apelación contra la decisión de la autoridad judicial.

• Por regla general, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de la libertad, es necesario agotar el citado procedimiento administrativo y los medios de impugnación previstos en su contra. Sin embargo, cuando dichos actos afecten directamente derechos sustantivos, cuyas consecuencias resultaran irreversibles o fatales al encontrarse en riesgo, por ejemplo: la vida, salud o integridad física de los internos, se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad.

• Ciertamente la Ley Nacional de Ejecución Penal establece la posibilidad de promover un procedimiento administrativo y recursos con control judicial, en virtud de los cuales los actos pueden ser revocados, modificados o nulificados. Esta regla no aplica cuando el acto reclamado se hace derivar en una violación directa del derecho fundamental a la salud previsto en el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, se actualiza una excepción al principio de definitividad.

• No es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de título y subtítulo: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Debido a que está circunscrita únicamente a las condiciones de internamiento, dentro de las cuales no se puede considerar que se encuentre el derecho a la salud.

• El quejoso solicitó al área médica del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", le proporcionara la atención medida para tratar su ansiedad y problemas para conciliar el sueño, sin que haya dado contestación. Esto conlleva una violación del derecho fundamental a la salud y a la reinserción de las personas privadas de la libertad, previstos en los artículos 4o. y 18 constitucionales. Por consiguiente, se impone revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo para que se ordene de inmediato la valoración médica integral a fin de determinar si requiere o no los tratamientos médicos adecuados, atento a su particular condición de salud y para proporcionarlo durante el tiempo que permanezca en reclusión. No obstante, si la opción más adecuada no resulta compatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario, se realizarán las gestiones pertinentes para ser atendido en algún otro hospital o en clínicas del sector salud en las que pueda recibir tratamiento adecuado e idóneo a sus padecimientos.

Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua.

15. En sesiones de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho y cuatro de enero de dos mil diecinueve, resolvió los recursos de queja penal 142/2018 y 157/2018, respectivamente, de los cuales se considera oportuno destacar los datos siguientes:

16. Juzgado de amparo. Los asuntos derivaron de juicios de amparo donde el quejoso señaló como acto y autoridades responsables los siguientes:

Juicio de amparo 598/2018 (queja 142/2018)

Acto reclamado:

• La cancelación de consultas con el especialista de neurología y, posteriormente, la suspensión de sus egresos del centro penitenciario para la continuación de las sesiones de fisioterapia de cuello. Las cuales, según su dicho, eran proporcionadas en el Hospital General de Ciudad Juárez.

Autoridades responsables:

• Director general del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", residente en Ciudad Juárez, Chihuahua.

• Titular de servicios médicos de dicha institución penitenciaria.

Juicio de amparo 643/2018 (queja 157/2018)

Acto reclamado:

• La falta de atención médica en la especialidad de oftalmología y suministro de medicamentos.

Autoridades responsables:

• Director general del Centro Federal de Readaptación Social Número Nueve "Norte", residente en Ciudad Juárez, Chihuahua.

• Encargado del área médica de dicha institución penitenciaria.

17. En ambos juicios el Juez de Distrito determinó desechar la demanda, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Porque ante la omisión de las autoridades penitenciarias se debe agotar el procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal previo a la promoción del juicio de amparo. Estimó cierto que pudieran existir actos que requieren atención urgente; sin embargo, no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo con motivo a la suspensión. Justamente porque la referida normatividad dispone que en casos urgentes el Juez de Ejecución de oficio y de inmediato suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere hasta en tanto se resuelva en definitiva.

18. Resolución del órgano colegiado. Del asunto conoció el citado Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez. Por unanimidad de votos resolvió declarar infundados los recursos de queja, en esencia, por los motivos siguientes:

• Los artículos 107, 109 a 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen un procedimiento de peticiones a fin de atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, como la atención médica adecuada. Este procedimiento se estima ágil y eficaz para que el interno pueda ver satisfechas sus necesidades, entre ellas, la falta o negativa de atención médica, incluso, de carácter urgente. Supuesto en el cual de oficio y de inmediato el Juez suspenderá el hecho o acto motivo de la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva.

• La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria. En su artículo 114 dispone que si la petición es desfavorable, el peticionario formulará controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la notificación de la referida resolución, o en cualquier momento si los efectos del acto son continuos o permanentes.

• Dicha legislación también prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad. Dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, la parte promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución para demandar esta omisión. Enseguida, el Juez resolverá dentro del plazo de setenta y dos horas. De ser procedente la acción, el Juez requerirá a la autoridad penitenciaria responda la petición formulada de fondo en el plazo legal y dará cuenta a su inmediato superior jerárquico.

• Para el caso de inconformidad con lo decidido por la autoridad judicial, la persona privada de la libertad tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

• En ese sentido, la legislación en comento prevé los mecanismos ágiles y eficaces para salvaguardar los derechos de una persona que vive bajo aislamiento penitenciario. Por tanto, deben agotarse esos medios ordinarios de defensa a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo.

• No es una excepción a este principio la solicitud de atención médica urgente, toda vez que la legislación en cita también regula la atención de casos apremiantes. Precisamente ante esa situación el Juez de oficio y de inmediato suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere hasta en tanto se resuelva en definitiva. Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia PC. III.P. J/18 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, de título y subtítulo siguientes: "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO."

• En consecuencia, el quejoso tuvo a su alcance el procedimiento administrativo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal a fin de elevar peticiones que atenten contra sus condiciones de vida digna y segura en reclusión. Por tanto, así como lo determinó el Juez de Distrito se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo.

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis

19. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 72/2010, con el título y subtítulo: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES.". Establece que para actualizarse la contradicción de tesis basta la existencia de oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales.(1)

20. Con base en lo anterior, es posible identificar los siguientes requisitos para la existencia de una contradicción de criterios:

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

21. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de este Pleno de Circuito, los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer su arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada.

22. Por una parte, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua estimó que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo a impugnar actos relacionados con las condiciones de internamiento de personas privadas de la libertad, es necesario agotar el citado procedimiento administrativo y los medios de impugnación previstos en su contra. Sin embargo, cuando dichos actos afectan directamente el derecho a la salud, cuyas consecuencias resultaran irreversibles o fatales al encontrarse en riesgo, por ejemplo: la vida, salud o integridad física de los internos, se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad.

23. Sostuvo la inaplicación de la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de título y subtítulo: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Debido a que está circunscrita únicamente a las condiciones de internamiento, dentro de las cuales no se puede considerar que se encuentre el derecho a la salud.

24. Por otra parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, residente en Ciudad Juárez, Chihuahua determinó que es necesario agotar el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. El cual estima ágil y eficaz para que el interno pueda ver satisfechas sus necesidades, entre ellas, la falta o negativa de atención médica, incluso, de carácter urgente. Supuesto en el que de oficio y de inmediato el Juez suspenderá el hecho o acto motivo de la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva.

25. Segundo requisito: razonamiento y diferendos de criterios interpretativos. En los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes existió un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver.

26. El Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua estimó la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando las personas privadas de su libertad se duelen de las condiciones de internamiento como el derecho a la salud, cuyas consecuencias resultaran irreversibles o fatales al encontrarse en riesgo la vida, la salud o integridad física de los internos. Concluyó inaplicable la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de título y subtítulo: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Porque se concreta únicamente a las condiciones de internamiento, dentro de las cuales no se encuentra el derecho a la salud.

27. El Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, declaró improcedente el juicio de amparo indirecto contra la solicitud de atención médica urgente. Porque la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé mecanismos ágiles y eficaces para salvaguardar los derechos de una persona privada de su libertad en casos apremiantes. Precisamente ante esa situación el Juez de oficio y de inmediato suspenderá el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere hasta en tanto se resuelva en definitiva.

28. De lo anterior se advierte la existencia de un punto de toque entre los criterios de los órganos colegiados. Uno de ellos consideró que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclame la omisión de atención médica, incluso de urgencia, sin antes haberse agotado el procedimiento previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal (principio de definitividad). En cambio, el otro órgano colegiado consideró procedente el juicio de amparo sin necesidad de agotar el procedimiento previsto en la citada ley, cuando se reclame la omisión o negativa de prestar el servicio médico o asistencia médica, cuyas consecuencias resultaran irreversibles o fatales al encontrarse en riesgo la vida, salud o integridad física de los internos (excepción al principio de definitividad).

29. Resulta claro que ante un mismo problema jurídico sometido a su jurisdicción, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a una conclusión diferente.

30. Es oportuno destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró sin materia las contradicciones de tesis 304/2018, 319/2018 y 265/2018. Esto, debido a que el punto contradictorio ya había sido definido en la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.),(2) publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 7 de diciembre de 2018 a las 10:19 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Tomo I, diciembre de 2018, página 230, con número de registro digital: 2018548, al resolver la contradicción de tesis 57/2018 en sesión de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. El punto contradictorio fue el siguiente: determinar si ¿Las personas privadas de su libertad, cuando reclaman omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, deben agotar el procedimiento establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal? y ¿En términos del artículo 61 de la Ley de Amparo cuál es la causa de improcedencia que para tales supuestos se actualiza en el juicio de amparo si el interno no agotó dicho procedimiento?

31. En dicha ejecutoria se estableció que cuando una persona privada de su libertad reclame omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento,(3) entre las que se encuentran la prestación de servicio o asistencia médica, antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar el mecanismo de control establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual inicia con una petición denominada administrativa ante la autoridad correspondiente.

32. Asimismo, sostuvo que constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, a través de las cuales los internos pueden ofrecer pruebas y la autoridad recabarlas de oficio. Además, cuando las peticiones recaigan sobre casos urgentes, siendo éstas, entre otras, omisiones relativas a condiciones de internamiento que, por su carácter apremiante deban ser atendidas de inmediato, la Ley Nacional de Ejecución Penal concede al interno la posibilidad de acudir directamente ante el Juez correspondiente. Este previamente a resolver en definitiva, suspenderá de oficio y de inmediato el acto de ser positivo, o bien, si es omisivo ordenará a la autoridad penitenciaria, también de oficio y de inmediato, que realice las acciones correspondientes.

33. Sin embargo, el punto de contradicción del que se ocupará la presente ejecutoria es diverso. Aquí se decidirá sobre la procedencia del juicio de amparo, cuando una persona privada de su libertad reclama específicamente la omisión o negativa de prestar servicio médico o asistencia médica, cuya consecuencia resultare irreversible o fatal en su salud o la pérdida de su vida, por comprometer gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento, que derivará de una interpretación directa al contenido del artículo 22 constitucional. Cuestión que no dilucidó la contradicción 57/2018.

34. No es impedimento para resolver el fondo de la denuncia de contradicción que los tribunales contendientes se hayan concretado a resolver la procedencia del amparo, sin ponderar si la falta o negativa de atención médica compromete gravemente la dignidad o integridad personal del interno, al grado de equipararse tal situación a un tormento. Justo porque el objetivo fundamental de la denuncia de contradicción es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia.

35. En ese sentido, aun cuando no se realizó ese ejercicio de ponderación este Pleno de Circuito estima resolver el fondo de la denuncia. Tal proceder permitirá la emisión de una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al problema jurídico examinado por los Tribunales Colegiados. Evitará que se resuelva diferente y en forma incorrecta los asuntos sometidos a su consideración, a fin de preservar la unidad en la interpretación de las normas con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica.

36. Lo anterior es coincidente con el criterio racional y garantista que deja de lado la formalidad estricta, con el fin de extinguir la incertidumbre que genera una oposición de posturas sobre un mismo problema jurídico y que resulte en un criterio de jurisprudencia que unifique los supuestos que se puedan presentar.(4) En lo conducente, tiene sustento a lo anterior la jurisprudencia siguiente:

"Novena Época

"Registro: 165306

"Instancia: Pleno

"Tipo de tesis: jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo XXXI, febrero de 2010

"Materia común

"Tesis: P./J. 3/2010

"Página: 6

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. AUNQUE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEAN ERRÓNEOS, DEBE RESOLVERSE EL FONDO A FIN DE PROTEGER LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.—La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe resolver una contradicción de tesis existente entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito aunque sean erróneos o inaplicables, pues el objetivo fundamental de ese procedimiento es terminar con la incertidumbre generada para los gobernados y los órganos jurisdiccionales por la existencia de criterios contradictorios, mediante la definición de una jurisprudencia producto de la sentencia dictada en ese procedimiento, que servirá para resolver uniformemente casos similares a los que motivaron la denuncia de contradicción, evitando que se sigan resolviendo diferente e incorrectamente, lo que permitirá preservar la unidad en la interpretación de las normas del orden jurídico nacional con la fijación de su sentido y alcance en protección de la garantía de seguridad jurídica. Además, esa definición jurídica no sería posible realizarla si se declara improcedente la contradicción suscitada respecto de tesis equivocadas o inaplicables de esos Tribunales, ya que aunque se dejaran sin efecto, si no existiera pronunciamiento por declararse su improcedencia, lejos de garantizar a los gobernados y a los órganos jurisdiccionales del país la solución de otros asuntos de similar naturaleza, se generaría incertidumbre, por lo cual debe emitirse una sentencia que fije el verdadero sentido y alcance de la solución que deba darse al supuesto o problema jurídic

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29634-87e8c651/juicio-de-amparo-indirecto-procede-contra-la-omision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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