IMPUESTO POR REMEDIACIÓN AMBIENTAL EN LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES. LOS ARTÍCULOS 83 BIS-2 A 83 BIS-7 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, INVADEN LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN. CRITERIOS AISLADOS EMITIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL DISTINTOS. METODOLOGÍA A SEGUIR POR LAS PERSONAS JUZGADORAS PARA DECIDIR EN CUÁL APOYARSE.
CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 108/2024. ENTRE LOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, TODOS EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. 20 DE FEBRERO DE 2025. TRES VOTOS DE LAS MAGISTRADAS SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ Y GUILLERMINA COUTIÑO MATA, Y DEL MAGISTRADO MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BARAJAS. PONENTE: MAGISTRADA SILVIA CERÓN FERNÁNDEZ. SECRETARIA: ERIKA IVONNE CARBALLAL LÓPEZ.
El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, en sesión de veinte de febrero de dos mil veinticinco, emite la siguiente:
R E S O L U C I Ó N
1. Correspondiente a la contradicción de criterios suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito.
2. El problema jurídico a resolver por el Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, consiste en determinar si existe la contradicción de criterios denunciada, y en su caso, establecer en primer lugar ¿Qué debe hacer la persona juzgadora cuando exista un criterio emitido en una controversia constitucional por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y uno emitido por alguna de sus Salas en un amparo en revisión, relacionados con un mismo tema, que son opuestos entre sí y ninguno es obligatorio? Y en segundo término, ¿El impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales que establecen los artículos 83 bis 2 a 83 bis 7 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, es inconstitucional porque invade la competencia exclusiva de la federación?
I. ANTECEDENTES DEL ASUNTO
3. Recepción de oficio del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Mediante oficio recibido el cuatro de marzo de dos mil veinticuatro, en la Oficialía de Partes de este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, signado por el actuario judicial del Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, también con residencia en esta ciudad, se remitió el comunicado proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito.
4. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio de veintiuno de febrero de dos mil veinticuatro, la secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, remitió testimonio de la ejecutoria dictada en sesión de ocho de febrero de dos mil veinticuatro, en el amparo en revisión 586/2022, en la que se denuncia la posible contradicción entre los criterios sustentados por ese órgano colegiado, el Primero y el Tercero de la misma materia y circuito, al resolver los amparos en revisión 128/2023 y 156/2023, respectivamente.
5. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de seis de marzo de dos mil veinticuatro, la presidencia de este Pleno Regional, admitió a trámite la denuncia de contradicción de criterios y la registró con el número de expediente 108/2024. En esa misma actuación solicitó a los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, que informaran si los criterios emitidos aún se encontraban vigentes o, en su caso, las causas para tenerlos por superados o abandonados; a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informara si existía alguna contradicción de criterios que se encontrara radicada ante el Alto Tribunal, asociada con la temática planteada; y turnó el expediente a la ponencia de la magistrada Silvia Cerón Fernández, sin perjuicio de que se proveyera respecto de la conclusión del trámite e integración del expediente.
6. Desahogo de los Tribunales Colegiados. En acuerdos de presidencia de trece de marzo y cinco de abril de dos mil veinticuatro, se tuvieron por recibidos los informes provenientes del Primero, Tercero y Segundo Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, a través de los cuales hicieron del conocimiento que los criterios en cuestión continuaban vigentes.
7. Desahogo de la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por acuerdo de presidencia de veinticinco de marzo de dos mil veinticuatro, se tuvo por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Director General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que informó que en ese Alto Tribunal no se encontraba radicada contradicción de criterios relacionada con la temática de este asunto.
8. Confirmación del turno electrónico. En acuerdo de presidencia de catorce de junio de dos mil veinticuatro, se confirmó el turno electrónico de los autos a la Ponencia de la magistrada Silvia Cerón Fernández, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
9. Suspensión parcial de labores e interrupción de plazos y términos. En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio que los órganos jurisdiccionales determinaron la suspensión parcial de labores con atención de casos urgentes, con motivo del rechazo a la Reforma judicial manifestado por titulares y por las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, la cual inició el diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro y concluyó para este Pleno Regional el treinta y uno de octubre de esa anualidad, reanudándose las labores jurisdiccionales el cuatro de noviembre de ese año, según se advierte del Aviso de Reanudación de Labores respectivo; en el entendido de que los días comprendidos durante el periodo de suspensión, fueron declarados inhábiles, por lo que no corrieron plazos ni términos.
10. Nueva integración del Pleno. Por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veinticuatro, se hizo del conocimiento de las partes la nueva integración de este Pleno Regional, quedando conformada por las magistradas Silvia Cerón Fernández y Adriana Leticia Campuzano Gallegos, así como por el magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas; en tanto que por diverso auto de cuatro de febrero de dos mil veinticinco, se informó la actual integración de este Pleno conformado por las magistradas Silvia Cerón Fernández y Guillermina Coutiño Mata, así como por el magistrado Marco Antonio Rodríguez Barajas.
11. Aplazamiento. El dos de diciembre de dos mil veinticuatro, el asunto fue listado para verse en sesión del doce siguiente, en la que se determinó su aplazamiento; por lo que se listó nuevamente para ser sesionado en esta fecha.
12. Amicus curiae. En el presente asunto no se recibió promoción alguna a través de la figura del amicus curiae que amerite pronunciamiento específico, hasta el momento en que se incluyó en la lista la presente contradicción de criterios.
II. COMPETENCIA
13. Este Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo señalado en los artículos 94, primer y séptimo párrafos, y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo; 38 y 39, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente;(1) 6 fracción I, 7 y 14 fracción I, del Acuerdo General 67/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la competencia, integración, organización y funcionamiento de los Plenos Regionales; 1°, fracción I, puntos 2 y 4 del diverso Acuerdo General 108/2022, relativo a la creación, denominación e inicio de funciones de los Plenos Regionales; y 38/2023 que modificó la determinación de los citados Plenos Regionales de las Regiones Centro-Norte y Centro-Sur; en razón de que la contradicción se suscitó entre tribunales colegiados en materias administrativa y civil del Vigésimo Segundo Circuito, especialidad y territorio en donde este Pleno Regional ejerce jurisdicción.
III. LEGITIMACIÓN
14. La contradicción de criterios se denunció por parte legítima en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por los magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, quienes conocieron del amparo en revisión 586/2022 en el que se sustentó uno de los criterios que contienden en la presente contradicción.(2)
IV. CRITERIOS DENUNCIADOS
15. Con el propósito de estar en aptitud de determinar la existencia de la contradicción de criterios denunciada, es preciso formular una breve referencia de los antecedentes de cada asunto.
A. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 128/2023.
16. Juicio de amparo. Por escrito presentado el dieciocho de agosto de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, una persona moral demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que se indican a continuación:
“(...) III. AUTORIDADES RESPONSABLES:
A) Legislatura del Estado de Querétaro, quien en su conjunto lleva a cabo el proceso legislativo previsto en el 19 de la Constitución Política del Estado de Querétaro; B) C. Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro; C) C. Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; D) C. Secretario de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; E) C. Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; y F) C. Director encargado de publicar en el Periódico Oficial ‘La Sombra de Arteaga’.
IV. ACTOS RECLAMADOS
1. Se reclama la discusión, aprobación y expedición del denominado ‘Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, de la Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro, de la Ley de Catastro para el Estado de Querétaro y de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro’, publicada en el Periódico Oficial ‘La Sombra de Arteaga’, el día veintitrés de diciembre del año dos mil veintiuno.—En particular se impugnan los artículos 83 bis 2, 83 bis 3, 83 bis 4, 83 bis 5 y 83 bis 7, contenidos en la Sección II denominada ‘Impuesto por Remediación Ambiental en la Extracción de Materiales’ de la Ley de Hacienda para el Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial ‘La Sombra de Arteaga’, el día veintitrés de diciembre del año dos mil veintiuno.—Estos actos se los atribuyo a las autoridades responsables de la siguiente manera: la discusión, aprobación y expedición de la Ley de Hacienda para el Estado de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial ‘La Sombra de Arteaga’, el día veintitrés de diciembre del año dos mil veintiuno, es producto de un proceso legislativo que se tilda de inconstitucionalidad, por tanto, se le atribuye como autoridad responsable a la marcada en el inciso A); su sanción y promulgación a la autoridad marcada con el inciso B); el refrendo del Decreto promulgatorio a la autoridad marcada con el inciso C); y su publicación a la autoridad marcada con el inciso F).—2. El cobro del impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales evidenciado mediante el ‘Comprobante de Pago por Internet’ emitido por el Gobierno de Querétaro, con número de folio **********, de fecha cinco de agosto del año dos mil veintidós, así como el documento expedido por el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, con fecha cinco de agosto del año dos mil veintidós, con número de folio **********, a favor de mi representada para el pago de impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales, su ejecución se la atribuyo a las autoridades responsables contenidas en el inciso D) y E); y,—3. De las autoridades responsables se reclaman cualquier efecto y consecuencia de los actos que se demandan.”
17. Trámite de la demanda. Correspondió conocer del asunto al Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro —actualmente Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro—, cuyo titular en proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, lo radicó con el número de expediente 985/2022.
18. Desechamiento y admisión. En esa misma fecha, se desechó parcialmente la demanda de amparo por lo que hace a los actos atribuidos al Secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, al Director del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga”, al Secretario de Finanzas y al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, ambos del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; admitiéndola respecto al resto de las autoridades responsables (Legislatura y Gobernador del Estado).
19. Sentencia de amparo. Seguida la tramitación del asunto, el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, el juzgado de Distrito celebró la audiencia constitucional y el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dictó sentencia en la que, por una parte, determinó sobreseer en el juicio respecto del artículo 83 bis-21 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, y por la otra, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, al resultar fundados los conceptos de violación analizados.
20. Recurso de revisión. Inconforme con esa decisión, el gobernador del Estado interpuso recurso de revisión, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, cuya presidencia lo radicó bajo el número de expediente 128/2023, y en sesión de veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés, se resolvió por unanimidad de votos, confirmar la sentencia recurrida; conceder el amparo solicitado y dejar sin materia el recurso de revisión adhesivo interpuesto por la parte quejosa, con sustento en las consideraciones siguientes:
“SÉPTIMO. Estudio. (...)
Ahora, en principio se califica como inoperante este último motivo de agravio, tendiente a derribar la aplicabilidad de la ejecutoria del amparo en revisión de la Segunda Sala.
Esta calificativa encuentra sentido, ya que el juzgador no estaba impedido en modo alguno para aplicar los razonamientos subyacentes al criterio judicial analizado, al caso concreto, en el evento de estimar que las consideraciones que son soporte de aquella decisión tomada por la Segunda Sala, encuentran identidad sustancial con el caso concreto sometido a su escrutinio.
Esto, sin que su aplicación implique forzosamente acudir a un argumento vinculante o de superioridad en su cita; máxime cuando el hecho de que el numeral 217 de la Ley de Amparo disponga que solo la jurisprudencia de los tribunales superiores jerárquicos es vinculante; no tiene aparejado como consecuencia lógica que por el contrario, la que no tenga esa vinculatoriedad, deba descartarse, o implique un impedimento para su cita. Pues inclusive la razón de la existencia y publicidad de tesis aisladas, es orientar el sentido de las resoluciones, aun cuando los precedentes no gocen de un carácter obligatorio en su aplicación.
(...)
Todo ello aunado a que los órganos jurisdiccionales se encuentran en condiciones de discernir acerca de la aplicación análoga de algún criterio emitido por la Suprema Corte, e inclusive en el contexto jurídico actual, determinar si aquél tiene el carácter de temático o genérico sobre algún punto de derecho en específico; sin necesidad de que el Alto Tribunal haya emitido un pronunciamiento expreso en ese sentido.
Con lo cual el Alto Tribunal abandonó en forma expresa su criterio previo, conforme el cual ese pronunciamiento o determinación en cuanto a la calidad de temática de algún criterio judicial, debía provenir de la propia Alta Corte.
(...)
Lo que torna inoperantes, por hacerse depender de premisas incorrectas, las manifestaciones de la recurrente dirigidas a sostener los impedimentos del juzgado para aplicar al caso una ejecutoria de la Alta Sala, sin que ésta fuera jurisprudencia o bien estuviera definida expresamente como temática. Porque como se vio, no existía impedimento jurídico para que el resolutor recurrido obrara de esta forma.
Esto, sin perjuicio de analizar en lo subsecuente si la temática de fondo del asunto génesis del presente recurso, encuentra identidad sustancial con la ejecutoria en que se apoyó el juzgador, a fin de evaluar la validez de sus razonamientos.
Aplicación en fondo de las consideraciones emitidas en la ejecutoria del Amparo en Revisión 1071/2018, de la Segunda Sala.
(...)
De esta forma, lo jurídicamente relevante es que conforme los argumentos antes sintetizados, expresados por la Segunda Sala del Alto Tribunal, se evidencia que resulta una facultad exclusiva de la Federación, gravar el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, en términos del cuarto y quinto párrafos, del numeral 27 constitucional.
Así, si bien en aquella ejecutoria la Alta Sala acudió a lo dispuesto por la Ley Minera, no fue con el objeto de buscar que en aquella se establecieran las competencias propias de la Federación, o bien partiendo de su texto para verificar qué actividades en concreto deben comprenderse como parte del ramo de la minería; sino tan solo ante el hecho de que la propia constitución no preveía qué debía entenderse por explotación y aprovechamiento de los recursos naturales; tornando necesario acudir a esta norma —Ley Minera— la cual sí lo prevé.
Se insiste, no para que fuera esta segunda norma la que delimitara la competencia Federal, o en su caso para verificar qué elementos forman parte de la minería; sino para esclarecer qué se entiende por aprovechamiento y explotación de los recursos naturales.
De manera que no es dable concluir que sea la Ley Minera la que deba servir de base, o bien aquella que prevea los alcances propios de la competencia Federal, sino que ésta es definida desde el texto constitucional, en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27 Constitucional, que restringen que tan solo el ámbito de gobierno federal regule lo referente al aprovechamiento y explotación de los recursos naturales y, por ende, se restringe a su vez, por virtud de la temática, la facultad para gravar esta clase de actividades al nivel Federal, acorde con el contenido del artículo 73, fracción XXIX, ordinal 2°, de la Constitución Federal. Lo que impide hacerlo a los Estados.
Porque pese a la concurrencia en cuanto a la materia tributaria, existe una limitación en cuanto al aprovechamiento y explotación de los recursos naturales, que no solo incluye la extracción de las sustancias a que se refiere expresamente el cuarto párrafo del dispositivo 27, en cita; sino también, virtud de la extracción referenciada, a la remoción de los suelos o sustancias iguales a las que componen los terrenos.
Además, porque en interpretación de lo resuelto por la Alta Corte, ya que mientras impuestos ecológicos, tales como la emisión de gases a la atmósfera, de contaminantes a aguas y suelos, están dirigidos los primeros a salvaguardar la calidad del aire y no propiamente el uso del espacio aéreo; y los segundos están limitados en su objeto a su aplicación en suelos o aguas nacionales; por otro lado, el objeto del tributo controvertido, por extracción de materiales, grava precisamente la remoción de suelos y sustancias iguales a las que componen los terrenos, y es en función a este elemento que establecen su tributación. De manera que, conforme lo previsto en el artículo 73, fracción XXIX, ordinal 2°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la facultad del Congreso para establecer contribuciones en esa materia; son competencia exclusiva de la Federación y no parte de la competencia residual de los estados, en términos de lo que prevé el numeral 124 de la Carta Magna.(3)
Lo que en el caso concreto se replica, en la medida en que para la determinación del impuesto a pagar se toma como base, los metros cúbicos de material extraído, tal como está previsto por el dispositivo 83 Bis-4 de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro.(4)
Así, conforme el precedente que se tiene como base; se torna infundada la manifestación de la recurrente, en cuanto a que se grava la erosión de suelos, derivado del agente contaminante, con independencia del tipo de industria del que derive.
(...)
Porque como se vio, a través de la ejecutoria en que se orienta la presente decisión, la Segunda Sala precisó la distinción sustancial que existe entre los impuestos ecológicos ‘por la emisión de gases a la atmósfera’, ‘por la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua’, así como ‘al depósito o almacenamiento de residuos’, que por virtud de su naturaleza concreta, no tienden a encuadrar en una facultad específica de la Federación, sino que entran en las facultades concurrentes, por virtud de su objeto, ya que gravan cuestiones sustantivas en temática ecológica, o bien o hacen exclusivamente en aguas o suelos que pertenecen a la entidad Federativa relativa.
Mientras en relación al tema en específico, definió que la tributación que tiene como base para la remediación ambiental, la extracción de materiales; al gravar la remoción de suelos, comprendido en el aspecto referente a la explotación de sus materiales y sustancias; ciertamente invade las facultades exclusivas de la Federación.
Del punto jurídico en concreto, emergió la tesis 2a. XXIV/2020 (10a.), que fue citada por la juzgadora de amparo, emitida por la aludida Segunda Sala, en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 79, octubre de 2020, tomo I, página 1041, registro digital 2022271, de contenido siguiente:
(...)
Así, no se desconoce que el juzgado de Distrito soportó que la imposición de contribuciones en materia de la minería, que envuelve todo proceso productivo de dicha industria y sus procesos productivos, es una competencia exclusiva de la Federación.
No obstante, al margen de lo correcto o incorrecto de esa apreciación; lo cierto es que los agravios de la autoridad son infundados, en la medida en que el Alto Tribunal ya resolvió que en términos del numeral 27 de la Ley Suprema, la remoción de suelos o sustancias de éstos, aun cuando estas sustancias sean iguales a las que componen los terrenos, forma parte de la explotación de recursos naturales, y por ende es competencia exclusiva de la Federación. Lo que pervive con independencia del sector o industria a través de la cual se lleve a cabo.
(...).
Siendo que esta conclusión no se contrapone en modo alguno con lo resuelto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la resolución de la Controversia Constitucional 56/2017; porque si bien a través de aquella el Alto Tribunal definió que era concurrente la facultad para emitir tributación en materia medioambiental, así como que la función tributaria tiene un carácter complejo respecto de sus competencias; a su vez acotó que ésta debía de ser expedida por la Federación o Estados, en sus respectivas competencias.
Por lo que si los estados no se encuentran facultados para gravar la explotación de los minerales o sustancias que constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, consistentes en las obras y trabajos destinados a la preparación y desarrollo del área que comprende el depósito mineral, así como los encaminados a desprender y extraer los productos minerales o sustancias existentes en el mismo, aun cuando éstos tengan la misma naturaleza de los terrenos. Entonces, no puede asumirse que ese actuar esté válidamente regulado por el impuesto por remediación ambiental por la extracción de materiales.
De esta forma, tampoco puede asumirse que el juzgador haya dotado de mayores alcances al texto expreso de la normativa reclamada, de remediación ambiental por la extracción de materiales; porque la conclusión referente a que se trata de un aspecto exclusivo en cuanto a su regulación por parte del ámbito Federal, deriva de que su objeto participa en labores de remoción de suelos o sustancias iguales a los que componen la tierra.
Por lo que es irrelevante si esa actividad puede reputarse como parte de la minería, o bien se encuentre comprendida en el ámbito de la aplicación de la Ley Minera, porque para tal efecto es suficiente la previsión en el artículo 27 constitucional; sin ir más allá del ámbito expreso de aplicación de la normativa en comento, de carácter fiscal.
Aplicación al caso de la Controversia Constitucional 56/2017 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte.
Finalmente, no pasa inadvertido para este órgano que a decir del impetrante el quejoso debió tomar como sustento para resolver la litis, las consideraciones de la Controversia Constitucional 56/2017.
No obstante, como ya se adelantaba, no se advierte que el argumento destacado, pare algún beneficio al impetrante, porque como acotó la propia Segunda Sala en el Amparo en Revisión 1071/2018, al resolver la controversia el Tribunal Pleno limitó los alcances de su estudio en cuanto a la esfera competencial del Congreso de la Unión, para verificar si los recursos naturales, desde la vertiente de la competencia concurrente, partiendo de que la extracción del suelo y subsuelo de materiales que constituyan depósitos de igual naturaleza a los componentes de los terrenos, tomando como sustento que la competencia exclusiva de la Federación se refiere a materiales de distinta naturaleza del terreno.
Pero tal distinción no se analizó desde la perspectiva de lo que establecen los artículos 3, fracción II, y 6 de la Ley Minera, consistente en que la explotación —de competencia exclusiva de la Federación—, incluye no solo la extracción de las sustancias a que se refiere el cuarto párrafo del artículo 27 Constitucional, sino también la remoción de los suelos o sustancias iguales a las que componen los terrenos; por lo que la alusión al fallo de la controversia no resulta suficiente para refutar este segundo pronunciamiento, al haber versado sobre un tema distinto al que había quedado definido en el primero.
(...)”.
21. La sentencia inmediatamente referida se encuentra firme, según lo informado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, en auto de once de marzo de dos mil veinticuatro, acordado por este Pleno el trece siguiente.
B. Criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 586/2022.
22. Juicio de amparo. Por escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, una persona física demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se indican a continuación:
“II. AUTORIDADES RESPONSABLES:
1.- Legislatura del Estado de Querétaro, con domicilio en **********.
2.- Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, con domicilio en **********.
3.- Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, Dirección de Ingresos, con domicilio en ***********
IV. ACTOS RECLAMADOS:
1 y 2.- De la H. Legislatura del Estado y del Gobernador del Estado, reclamamos los siguientes actos:
La aprobación, promulgación, refrendo y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado ‘La Sombra de Arteaga’ de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, de la Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro, de la Ley de Catastro del Estado de Querétaro y de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, publicada en fecha 23 de diciembre del 2021; en específico el Impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales contenidos en los artículos 83 bis 2, 83 bis 3, 83 bis 4, 83 bis 5, 83 bis 6, 83 bis 7.
La invasión de la esfera de competencia reservada a los Poderes Federales por el artículo 73 fracciones X y XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico, y Protección del Ambiente, la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Minera con motivo de la expedición de la Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, del Código Fiscal del Estado de Querétaro, de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Querétaro, de la Ley de Coordinación Fiscal Estatal Intermunicipal del Estado de Querétaro, de la Ley de Catastro del Estado de Querétaro y de la Ley de Obra
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/33151-2d34525e/impuesto-por-remediacion-ambiental-en-la-extraccion-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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