I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS AL CONCLUIR LA VIGENCIA DE LA NORMA IMPUGNADA, AL HABER SIDO ABROGADA POR UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO (LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE ZACATECAS Y DECRETO GUBERNATIVO MEDIANTE EL CUAL SE OTORGAN ESTÍMULOS FISCALES Y REGLAS DE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS; AMBOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE DOS MIL DIECISIETE). II. CONTRIBUCIONES. LA FEDERACIÓN Y LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CONCURREN EN SUS FACULTADES, EN EL RESPECTIVO ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, PARA SU ESTABLECIMIENTO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN VII, Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON EXCEPCIÓN DE LAS EXCLUSIVAS DE LA FEDERACIÓN (ARTÍCULOS 6 A 36 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS). III. CONTRIBUCIONES. FACULTADES PROHIBIDAS PARA LOS ESTADOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 117 Y 118 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ARTÍCULOS 6 A 36 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS). IV. CONTRIBUCIONES. DE LA INTERPRETACIÓN ARMÓNICA DE LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN VII, 117, 118 Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO PUEDE CONCLUIRSE QUE CORRESPONDA EN EXCLUSIVA AL CONGRESO DE LA UNIÓN ESTABLECERLAS SI, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA NORMA FUNDAMENTAL, SE ENCUENTRAN ENCAMINADAS A SUFRAGAR GASTOS PÚBLICOS TANTO DE LA FEDERACIÓN COMO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS (ARTÍCULOS 6 A 36 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS). V. CONTRIBUCIONES. LA FACULTAD DE LA FEDERACIÓN PARA LEGISLAR EN DETERMINADA MATERIA NO CONLLEVA UNA POTESTAD TRIBUTARIA EXCLUSIVA PARA ESTABLECER AQUÉLLAS SOBRE CUALQUIER CUESTIÓN PROPIA DE LA MATERIA QUE SE REGULA (ARTÍCULOS 6 A 36 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS). VI. TRIBUTOS SOBRE LA ACTIVIDAD MINERA. LA FACULTAD DE LA FEDERACIÓN PARA LEGISLAR EN MATERIA DE MINERÍA NO IMPLICA POR SÍ SOLA QUE TAMBIÉN LE CORRESPONDA EN EXCLUSIVA A LA FEDERACIÓN ESTABLECER LAS CONTRIBUCIONES QUE SE LLEGUEN A RELACIONAR CON ESA ACTIVIDAD (ARTÍCULOS 6 A 36 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS). VII. CONTRIBUCIONES VINCULADAS CON LA MINERÍA. LA FACULTAD DE LA FEDERACIÓN PARA ESTABLECER AQUÉLLAS ESTÁ REFERIDA AL APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE TODOS LOS MINERALES O SUSTANCIAS QUE EN VETAS, MANTOS, MASAS O YACIMIENTOS CONSTITUYAN DEPÓSITOS CUYA NATURALEZA SEA DISTINTA DE LOS COMPONENTES DE LOS TERRENOS (ARTÍCULOS 8 A 13 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS). VIII. CONTRIBUCIONES VINCULADAS CON LA MINERÍA. LA ACTIVIDAD MINERA ABARCA ESENCIALMENTE LAS ACTIVIDADES CONSISTENTES EN LA EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO DE LOS RECURSOS ENUMERADOS POR LOS ARTÍCULOS 27, PÁRRAFO CUARTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4 DE LA LEY MINERA, EN TÉRMINOS DE LOS NUMERALES 2 Y 3 DE LA PROPIA LEY REGLAMENTARIA (ARTÍCULOS 8 A 13 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS). IX. CONTRIBUCIONES VINCULADAS CON LA MINERÍA. LOS ESTADOS CUENTAN CON FACULTADES PARA LEGISLAR SOBRE EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES O SUSTENTABLES QUE EN VETAS, MANTOS, MASAS O YACIMIENTOS CONSTITUYEN DEPÓSITOS DE IGUAL NATURALEZA A LOS COMPONENTES DE LOS TERRENOS (ARTÍCULOS 8 A 13 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS). X. IMPUESTO POR REMEDIACIÓN AMBIENTAL EN LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES EN EL ESTADO DE ZACATECAS. SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁMBITO COMPETENCIAL TRIBUTARIO CONCURRENTE PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PUES EL SUPUESTO NORMATIVO PARA SU CAUSACIÓN ES LA EXTRACCIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO DE MATERIALES QUE CONSTITUYAN DEPÓSITOS DE IGUAL NATURALEZA A LOS COMPONENTES DE LOS TERRENOS (ARTÍCULOS 8 A 13 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS). XI. IMPUESTO POR REMEDIACIÓN AMBIENTAL EN LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES EN EL ESTADO DE ZACATECAS. LA PREVISIÓN DE LAS ARCILLAS Y CAOLÍN COMO OBJETOS DE ÉSTE SE ENCUENTRA FUERA DEL ÁMBITO RESERVADO A LA FEDERACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SU EXTRACCIÓN SE LLEVE A CABO POR MEDIO DE TRABAJOS A CIELO ABIERTO (ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS). XII. IMPUESTO POR REMEDIACIÓN AMBIENTAL EN LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES EN EL ESTADO DE ZACATECAS. EL PAGO DE CONTRIBUCIONES DERIVADO DE LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES, PREVISTO EN LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, ÚNICAMENTE COBRA APLICACIÓN CUANDO DICHA EXTRACCIÓN DERIVE DE TRABAJOS SUBTERRÁNEOS (ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS). XIII. IMPUESTO POR REMEDIACIÓN AMBIENTAL EN LA EXTRACCIÓN DE MATERIALES EN EL ESTADO DE ZACATECAS. LAS DISPOSICIONES QUE PRECISAN LOS SUJETOS OBLIGADOS AL PAGO DE ÉSTE, LA BASE SOBRE LA CUAL SE VA A CALCULAR, LAS CUOTAS QUE DEBERÁN PAGARSE, ASÍ COMO LA FECHA DEL PAGO Y LAS OBLIGACIONES ADICIONALES QUE GENERA, SON COMPLEMENTARIAS A LA NORMA QUE LO PREVÉN, POR LO QUE NO INVADEN LAS COMPETENCIAS TRIBUTARIAS DE LA FEDERACIÓN (ARTÍCULOS 9 A 13 DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE ZACATECAS). XIV. ESPACIO SITUADO SOBRE EL TERRITORIO NACIONAL. SU DOBLE NATURALEZA COMO
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 56/2017. LA FEDERACIÓN, POR CONDUCTO DEL PODER EJECUTIVO. 11 DE FEBRERO DE 2019. PONENTE: NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ. SECRETARIOS: EDUARDO ARANDA MARTÍNEZ Y ADRIÁN GONZÁLEZ UTUSÁSTEGUI.
Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión del día once de febrero de dos mil diecinueve.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
1. PRIMERO.—Presentación de la demanda. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil diecisiete ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal y en representación del presidente de la República, promovió controversia constitucional en contra de las autoridades y por las normas generales que a continuación se indican, refiriendo también a los entes que tenían la calidad de terceros interesados:(1)
Entidad federativa demandada
El Estado de Zacatecas, por conducto de:
• El Poder Ejecutivo de la entidad.
• El Congreso Estatal.
Normas generales cuya invalidez se demanda
• La Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicada en el Suplemento 2 al 105 del Periódico Oficial de dicha entidad, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en sus artículos 6 a 36, así como sus efectos y consecuencias jurídicas que deriven de su aplicación.
• La Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2017, publicada en el Suplemento 3 al 105 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en su artículo 1o., concepto 1.5, así como sus efectos y consecuencias jurídicas que deriven de su aplicación.
• El Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal 2017, publicado en el Suplemento 20 al 105 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, en su apartado I., inciso D), artículo 5, así como los efectos y consecuencias jurídicas que deriven de su aplicación.
Terceros interesados
El Congreso de la Unión por conducto de:
• La Cámara de Diputados
• La Cámara de Senadores
2. SEGUNDO.—Antecedentes. En la demanda se expusieron como antecedentes los siguientes:
i) En sesión de seis de diciembre de dos mil dieciséis, el Pleno de la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado de Zacatecas tuvo al gobernador del Estado presentando la iniciativa relativa a la Ley de Hacienda de Zacatecas, la cual fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la cual emitió dicho dictamen el ocho de diciembre siguiente.
ii) El dictamen fue sometido a consideración del Pleno del Congreso Local en la Gaceta Parlamentaria de quince de diciembre de dos mil dieciséis y aprobado, por lo que el treinta y uno de diciembre siguiente se publicó en el Suplemento 2 al 105 del Periódico Oficial del Estado de Zacatecas la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas.
3. TERCERO.—Artículos constitucionales violados. El Poder Ejecutivo Federal estimó vulnerados los artículos 4o., párrafo quinto, 27, párrafos cuarto, quinto y sexto, 73, fracciones X, XXIX, numeral 2o., y XXIX-G, 89, fracción I, 124 y 133 de la Constitución General.
4. CUARTO.—Conceptos de invalidez. Para sustentar la invalidez de los preceptos controvertidos el demandante expresó los siguientes argumentos:
• Primero. Alegó que los artículos 8 a 13 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, 1o., concepto 1.5, de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2017 y 5, apartado 1, inciso D), del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal 2017, viola las atribuciones constitucionales de la Federación en materia de aprovechamiento de recursos minerales.
• Refirió que los párrafos cuarto y sexto del artículo 27 de la Constitución Federal disponen que todos los recursos naturales de la plataforma continental, todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de la tierra; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas, los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos, son de dominio directo de la nación, el cual es inalienable e intransferible, y que el uso o aprovechamiento de dichos recursos son actividades que sólo pueden realizar los particulares o sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas a través de concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con lo establecido en las leyes.
• Precisó que, por su parte, en el artículo 73, fracciones X y XXIX, numeral 2o., de la Constitución Federal se estableció como atribución exclusiva del Congreso de la Unión el legislar en materia de minería y establecer contribuciones sobre el aprovechamiento de los recursos naturales a los que se refiere el diverso artículo 27, párrafos cuarto y quinto.
• Adujo que en los artículos tildados de inconstitucionales se estableció un impuesto a la remediación ambiental en la extracción del suelo y subsuelo de materiales que constituyan depósitos de igual naturaleza a los componentes de los terrenos, aun y cuando constituyan vetas, mantos o yacimientos tales como agregados pétreos, andesita, arcillas, arena, caliza, cantera, caolín, grava, riolita, rocas, piedras y sustrato o capa fértil, lo cual conlleva una contribución a la actividad de minería, cuando dicha materia se encuentra reservada a la Federación según lo disponen los artículos 2, 3 y 6 de la Ley Minera, invadiendo con ello la esfera de atribuciones de ésta.
• Reforzó dicho argumento citando las siguientes tesis aisladas de la Suprema Corte "IMPUESTO ESPECIAL SOBRE VENTA DE GASOLINA Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XXIX, PUNTO 5o., INCISO C), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. CONSTITUYE UNA CONTRIBUCIÓN DE NATURALEZA FEDERAL DE LA COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL CONGRESO DE LA UNIÓN.",(2) "MINAS, QUIEN DEBE IMPONER LAS CONTRIBUCIONES SOBRE LA INDUSTRIA DE."(3) y "LEY MINERA."(4)
• Segundo. Argumentó que los artículos 6 a 36 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, así como los diversos 1o., concepto 1.5, de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2017 y 5, apartado I, inciso D), del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal 2017, violan las atribuciones de la Federación en materia impositiva y de medio ambiente.
• Refirió que en los artículos 4o., quinto párrafo y 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal, se dispuso que era facultad del Congreso de la Unión expedir leyes que establecieran la concurrencia de la Federación, Estados, Municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de protección al ambiente y restauración del equilibrio ecológico, que a partir de este mandato se expidió la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en cuyo artículo 5o., se establecieron las facultades que corresponderían a la Federación, en tanto que en el diverso numeral 108 se fijaron las atribuciones que corresponderían a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Ejecutivo Federal y que en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos también se habían establecido diversas facultadas para la Federación.
• Enfatizó que en el artículo 7o. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente se precisaron las facultades propias de las entidades federativas y se dispuso que las facultades otorgadas expresamente a la Federación no podían se ejercidas por aquéllas.
• Alegó que con los artículos tildados de inconstitucionales se transgredió el ámbito de competencia de la Federación, pues el Estado de Zacatecas estableció cuatro impuestos que transgredían la esfera competencial de la Federación en materia de contribuciones ambientales, pues la competencia concurrente que desde la Constitución se previó para la materia implicaba que cada uno de los niveles de gobierno debía ejercer sus facultades en el marco establecido por el Congreso de la Unión, bajo el cual se dispuso que era competencia federal establecer contribuciones sobre la actividad minera y el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en el artículo 27, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Federal.
• Respecto al impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales, el Estado de Zacatecas excedió su atribución de prevención y control de la contaminación generada por el aprovechamiento de las sustancias que constituyen depósitos de naturaleza similar a los componentes de los terrenos, prevista en el artículo 7o., fracción X, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pues dichas facultades no le autorizaban a establecer contribuciones a la extracción de materiales, en tanto que es atribución de la Federación la regulación de las actividades relacionadas con la explotación, exploración y beneficio de los minerales, sustancias y demás recursos del subsuelo que corresponden a la nación, tal como se advierte del artículo 5o., fracción XIV, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Además, que en el artículo 236 de la Ley Federal de Derechos ya se ha establecido un derecho por el concepto que grava la normativa estatal controvertida.
• Respecto al impuesto a la emisión de gases a la atmósfera, el Estado de Zacatecas excedió sus facultades relativas a la prevención y control de la contaminación atmosférica por fuentes físicas que funcionen como establecimientos industriales (estipulada en el artículo 7o., fracción III, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente), pues la regulación de la contaminación de la atmósfera proveniente de todo tipo de fuentes emisoras, a través de la imposición de contribuciones sobre el espacio situado en territorio nacional, es propia de la Federación, esto en términos de los artículos 4o., párrafo quinto, 27, párrafo cuarto, 73, fracciones XXIX, numeral 2o. y XXIX-G, de la Constitución Federal, así como 5o., fracción XII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
• Respecto al impuesto a la emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, el Estado de Zacatecas excedió las atribuciones relativas, en términos de la fracción VIII del artículo 7o. de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, a la regulación del aprovechamiento sustentable y a la prevención y control de la contaminación de las aguas de jurisdicción estatal y de jurisdicción nacional que tenga asignadas, pues con el impuesto en mención invadió la facultad impositiva de la Federación, prevista en el artículo 73, fracción XXIX, numeral 2o., de la Constitución General, para establecer contribuciones respecto de las descargas de aguas residuales en aguas sujetas a la jurisdicción federal, de la cual deriva la atribución prevista en el artículo 5o., fracción XI, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para la regulación del aprovechamiento sustentable, la protección y la preservación de las aguas nacionales. Además, en el artículo 276 de la Ley Federal de Derechos ya se establece un derecho por concepto de descargas de aguas residuales.
• Respecto al impuesto al depósito o almacenamiento de residuos, el Estado de Zacatecas excedió la facultad que los artículos 7o., fracción VI y 137 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, le confieren para regular los sistemas de recolección, transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos e industriales que no sean considerados como peligrosos y para legislar respecto de la autorización de los Municipios para el funcionamiento de estos sistemas tratándose de residuos sólidos municipales, pues esta atribución no conlleva la posibilidad de establecer una contribución al respecto de esta actividad; además, la regulación controvertida no establece una distinción entre residuos y residuos peligrosos, de lo cual se deriva que se intentó gravar estos últimos, cuya regulación corresponde a la Federación. Enfatizó que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente sí preveía esta distinción y que el artículo 194-T de la Ley Federal de Derechos establece el pago de un derecho por actividades en materia de residuos peligrosos.
• Finalmente, expuso que si bien los artículos 21 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 30 de la Ley General del Cambio Climático establecen una facultad concurrente para el diseño, desarrollo y aplicación de instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental, ello debe realizarse de conformidad al ámbito competencial de cada nivel de gobierno y que las entidades federativas no tienen competencia para imponer contribuciones en materia ambiental sobre materias o actividades cuya competencia se encuentra reservada a la Federación, como lo son la minería y el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales a los que se refieren los párrafos cuarto y quinto del artículo 27 constitucional.
5. QUINTO.—Trámite y admisión. Por acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecisiete el Ministro presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, asignándole el número de expediente 56/2017 y ordenó turnarlo a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández como instructora del procedimiento. En esa misma fecha la Ministra instructora dictó un proveído en el que admitió a trámite la presente controversia, tuvo como demandados a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Zacatecas, emplazándolos para que produjeran su contestación y otorgó la calidad de terceros interesados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. Asimismo, ordenó dar vista a la Procuraduría General de la República para que, antes de la celebración de la audiencia de ley, manifestara lo que a su representación correspondiera.(5)
6. SEXTO.—Manifestaciones de la Cámara de Senadores. Por escrito presentado el seis de abril de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, el Senado de la República, por conducto del presidente de su mesa directiva, expuso las siguientes manifestaciones con respecto a los conceptos de invalidez planteados en la demanda:(6)
• Respecto al primer concepto de invalidez estimó que éste debía ser declarado fundado, pues el establecimiento por parte del Estado de Zacatecas de un impuesto a la remediación ambiental en la extracción de materiales invadía la esfera competencial del Congreso de la Unión y del Ejecutivo Federal en materia de aprovechamiento de recursos naturales.
Advirtió que solamente el Congreso Federal tenía la atribución para legislar en materia de minería y establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales aludidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27 constitucional y que el impuesto de remediación ambiental constituía una contribución a la actividad minera, la cual, en términos de la Ley Minera, sólo podía establecerse mediante una ley federal.
• Por cuanto hace al segundo concepto de invalidez, refirió que también debía declararse fundado, pues al haber establecido impuestos ecológicos (impuesto por remediación ambiental en la extracción de materiales, impuesto a la emisión de gases a la atmósfera, impuesto por emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua e impuesto al depósito o almacenamiento de residuos) el Estado de Zacatecas transgredió la esfera de competencias de la Federación en materia impositiva y medio ambiente, y en iguales términos que en la demanda de controversia constitucional expresó que si bien existía concurrencia en materia ambiental, cada uno de los órdenes de gobierno debía ejercer sus facultades en el marco establecido por el Congreso de la Unión, siendo propio de la competencia federal el establecimiento de contribuciones sobre la actividad minera y el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27 constitucional.
7. SÉPTIMO.—Contestación del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Mediante escrito presentado el once de abril de dos mil diecisiete en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el Congreso del Estado de Zacatecas, por conducto de la diputada presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, dio contestación a la demanda, en la que en esencia manifestó que los antecedentes narrados eran ciertos y que los conceptos de invalidez debían ser declarados infundados en atención a lo siguiente:(7)
i) Alegó que si bien en el artículo 1o., concepto 1.5, de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2017, se enumeran los impuestos ecológicos previstos en la Ley de Hacienda del Estado, ello no vulnera la esfera competencial de la Federación, pues dicha disposición se limita a enumerar los conceptos por los que se obtendrán los recursos financieros para el gasto público de ese ejercicio fiscal.
ii) Expresó que la Legislatura Local no tuvo participación en la elaboración y emisión del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan estímulos fiscales y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal 2017. Además, en sus conceptos de invalidez el Ejecutivo Federal no efectuó un razonamiento para relacionar la citada Ley de Ingresos con la invasión de competencias, por lo que esa impugnación era inoperante.
iii) Respecto al establecimiento de los denominados "impuestos ecológicos" en la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, refirió que en la exposición de motivos se dijo que éstos tenían como objeto incentivar el cuidado y protección del medio ambiente, finalidad que es exclusiva de las autoridades estatales, aunado a que como entidad soberana el Estado de Zacatecas podía determinar las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público, sujetándose al marco establecido en la Constitución Federal.
iv) Hizo referencia al desarrollo del federalismo en el Estado Mexicano y al papel del Estado de Zacatecas en su defensa y consolidación, así como a la fórmula de distribución de competencias prevista en el artículo 124 constitucional y a los elementos definitorios de un sistema federal.
v) Manifestó que el actual sistema de distribución de competencias en materia fiscal tuvo su origen en la reforma constitucional de veinticuatro de octubre de mil novecientos cuarenta y dos, y que a la fecha éste no ha tenido mayores modificaciones, por lo que continúa vigente la distribución de competencias en materia fiscal establecida en dicha reforma.
vi) Sostuvo que con la creación de "impuestos ecológicos" el Congreso Local no invadió la esfera competencial de la Federación, pues la Constitución, en sus artículos 73, fracción XI, 117, fracciones IV, V, VI y VII, 118, fracción I, y 131, no le otorgó la competencia exclusiva para crear este tipo de contribuciones, aunado a que tampoco estableció una prohibición específica para las entidades federativas. Agregó que para la creación de dichos impuestos, el Congreso Estatal actuó en ejercicio de la libertad de configuración del sistema tributario estatal y observó de manera estricta los referidos artículos constitucionales.
Alegó que del artículo 73, fracción X, de la Constitución Federal sólo se desprende la facultad en favor de la Federación de legislar en las materias ahí mencionadas, pero de ello no se deriva que tenga la atribución exclusiva para crear contribuciones, aspecto que se regula en la diversa fracción XXX del artículo 73. De ahí que los impuestos ecológicos no forman parte de las atribuciones conferidas por la Constitución al Congreso de la Unión. Por último, refirió que con la creación de impuestos ecológicos no se está gravando la actividad minera.
vii) Adujo que con el establecimiento de los "impuestos ecológicos", se limitó a emplear la facultad (concurrente) que la Constitución le otorga en su artículo 73, fracción XXIX-G, en pos de la protección y preservación del medio ambiente, y que la posibilidad para las entidades federativas de crear impuestos en materia ecológica se encuentra estipulada en los numerales 21, primer párrafo y 22, primer párrafo, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en relación con los artículos 30, primer párrafo y décimo transitorio, de la Ley General de Cambio Climático.
Hizo énfasis en que en el artículo 57 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se reconoció que las entidades federativas podían establecer gravámenes locales o municipales en materia de protección, preservación o restauración del equilibrio ecológico y de protección y control al ambiente, con la acotación que debían prescindir de ella para disfrutar de las participaciones derivadas del impuesto por la actividad de explotación y extracción de hidrocarburos.
viii) Refirió que los "impuestos ecológicos" cumplían con la finalidad constitucional de proteger el medio ambiente, pues con ellos se pretendía propiciar conductas más amigables con el entorno natural, así como incentivar el uso de tecnologías menos contaminantes, tan es así que en los artículos 35 y 36 de la Ley de Hacienda Estatal se previeron estímulos para las empresas que disminuyeran la generación de contaminantes y se estableció como destino específico de la recaudación de estas contribuciones la preservación del ambiente. Adujo que en aplicación del principio de precaución no era posible postergar la creación de medidas eficaces para disminuir las afectaciones al medio ambiente.
ix) Precisó que los impuestos impugnados no gravaban una actividad económica en lo particular, sino que su objetivo era sentar las bases para proteger la salud de los habitantes del Estado mediante la generación de un medio ambiente sano, de ahí que no fuese acertada la afirmación del Ejecutivo Federal relativa a que el impuesto por remediación ambiental en la extracción de minerales grave la actividad minera, ni la diversa consideración referente a que dicho gravamen contraviene el artículo 27, párrafos cuarto y sexto, de la Constitución Federal, pues el objeto de la contribución en cuestión son los materiales que se extraen del subsuelo que constituyen depósitos de igual naturaleza que los componentes de los terrenos, los cuales no están comprendidos en la referida disposición constitucional y, por tanto, su regulación escapa de la competencia de la Federación.
Aclarando que el impuesto en cuestión no grava la minería, expuso diversos datos relativos a esa actividad, a la repercusión que ésta tiene en el ambiente y a su condición actual en el Estado de Zacatecas, citando para esto último los efectos negativos de la mina de Real de Ángeles, ubicada en los Municipios de Noria de Ángeles y Villa González Ortega y de los trabajos mineros en el Municipio de Vetagrande. Finalmente, refirió que las compañías mineras no se hacían responsables de los pasivos ambientales, por lo que su remediación implicaba un costo elevado para la sociedad y las autoridades y en ese tenor los impuestos ecológicos se orientaban al cumplimiento de la obligación constitucional de proteger y garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.
x) Respecto a las diversas manifestaciones del Ejecutivo Federal en el que sostuvo que al establecer los cuatro impuestos ecológicos el Estado de Zacatecas excedió las facultades que constitucional y legalmente le fueron otorgadas, argumentó que tanto la Constitución como la legislación general en la materia otorgaron a las Legislaturas Locales la facultad para crear los gravámenes que estimaran pertinentes en pos de la protección y preservación del medio ambiente.
Además, precisó, respecto del planteamiento relativo a que en la Ley Federal de Derechos ya se han establecido contribuciones (derechos) con motivo de las actividades gravadas con los "impuestos ecológicos" previstos en los artículos tildados de inconstitucionales, que unos y otros tenían un origen diverso, pues los primeros se derivaban del uso de un bien del dominio público, en tanto que los segundos gravaban la realización de una actividad contaminante. Al respecto consideró aplicable la tesis aislada "COMPETENCIA FEDERAL EN MATERIA TRIBUTARIA. CONFORME AL PRINCIPIO DE NO REDUNDANCIA EN MATERIA CONSTITUCIONAL, LA FACULTAD PARA LEGISLAR EN DETERMINADA MATERIA NO CONLLEVA UNA POTESTAD TRIBUTARIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN PARA ESTABLECER CONTRIBUCIONES SOBRE CUALQUIER CUESTIÓN PROPIA DE LA MATERIA QUE (SIC) REGULA."(8)
Finalmente, refirió que la afirmación del Ejecutivo Federal constituye en todo caso una impugnación sobre la legalidad de los impuestos ecológicos, en relación con otras contribuciones previstas en leyes federales, aspecto que no puede ser materia de estudio de la controversia constitucional, pues ello no supone una vulneración a la esfera competencial prevista en la Constitución Federal.
xi) Consideró que con la exposición anterior los conceptos de invalidez quedaron desvirtuados.
8. OCTAVO.—Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte, el gobernador del Estado de Zacatecas contestó la demanda de controversia constitucional en los términos siguientes:
• Causa de improcedencia: Argumentó que debía sobreseerse la controversia constitucional en cuanto a los artículos impugnados del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan estímulos fiscales y facilidades para el ejercicio fiscal 2017 y de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2017, pues no se plantearon conceptos de invalidez para evidenciar que dichas disposiciones transgredían la esfera competencial de la Federación, y aun suponiendo que éstos sí se plantearon, los conceptos que dichos numerales regulan se encaminan a clausulas sustantivas distintas a las competenciales, que además, suponen una cuestión de legalidad.
• Contestación de los hechos: Se limitó a establecer cuál era el contenido de los artículos impugnados.
• Constitucionalidad de las normas impugnadas: Refirió que la promulgación y orden de publicación de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y La Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2017, así como la expedición del Decreto Gubernativo impugnado, se realizó de manera fundada y motivada.
• Consideraciones previas. De manera previa al pronunciamiento sobre los conceptos de invalidez manifestó lo siguiente:
1. Hizo referencia al marco constitucional en materias ecológica y ambiental, así como al derecho humano a un medio ambiente sano y a las garantías para su protección, ello al tenor de los artículos 4o. y 25 de la Constitución Federal.
2. Señaló que la potestad tributaria que ejercen el Congreso de la Unión y las Legislaturas Locales encuentra su fundamento en los artículos 73, fracciones VII y XXIX, 115, fracción IV y 131, párrafo segundo, de la Constitución Federal y que el legislador cuenta con amplia libertad para configurar el sistema tributario, por lo que en ese contexto, el Ejecutivo y el Legislativo de Zacatecas atendieron a la potestad impositiva expresa tratándose de impuestos ambientales, respecto a las materias concurrentes de protección al ambiente, equilibrio ecológico y cambio climático. Enfatizó que en los artículos 30, fracción III y décimo transitorio de la Ley General de Cambio Climático, se previó una facultad expresa a las Legislaturas Locales en esa materia.
Al respecto, refirió que el destino de la recaudación obtenida de los cuatro impuestos controvertidos, contemplado en el artículo 36 de la Ley de Hacienda de Zacatecas era acorde con el numeral 73, fracción XXIX-G, de la Constitución Federal y con los objetivos de política ambiental previstos en el artículo 21, primer párrafo, fracciones I y IV, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y que el análisis constitucional a realizar por parte de este Alto Tribunal debía ser de intensidad poco estricta, para no vulnerar la libertad política del legislador en el campo económico sobre el cual la Constitución le otorga amplia capacidad de intervención y regulación.
Expresó que la implementación de los impuestos ecológicos impugnados estaba justificada, pues con ellos el Estado obtendría recursos que le permitieran atender su obligación de protección al medio ambiente y a la salud de la población y que al margen de su naturaleza recaudatoria se establecían como una medida para combatir el daño ecológico al Estado de Zacatecas.
Manifestó que en la tesis aislada P. XXIX/2011, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia definió que no existía un estándar para verificar la necesidad de una medida legislativa a la luz de otras opciones normativas en sede jurisdiccional y que la elección de la medida que se examina (impuestos ecológicos) caía dentro del ámbito de la política pública en materia ecológica que el Estado deseara implementar a través del sistema tributario.
3. Adujo que en los artículos 7, 21, primer párrafo y 22, primer párrafo, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y, 26, fracción I, inciso c), 30, primer párrafo, fracción III y décimo transitorio, de la Ley General de Cambio Cli
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29701-c286b080/i-controversia-constitucional-sobreseimiento-por-cesacion-de-efectos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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