Corpus
Modo: Corpus Pro

I. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, TRATÁNDOSE DE NORMAS GENERALES, ES DE TREINTA DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE AL DE SU APLICACIÓN O AL EN QUE SE PRODUZCA SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 21, FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LA MATERIA. II. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONSEJERO JURÍDICO DEL EJECUTIVO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN SU REPRESENTACIÓN. III. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE LA FEDERACIÓN. IV. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DEL ESTADO TIENEN LEGITIMACIÓN PASIVA AL HABER PARTICIPADO EN LA EMISIÓN Y PROMULGACIÓN DE LA NORMA GENERAL O PRONUNCIADO EL ACTO QUE SEA OBJETO DE LA CONTROVERSIA. V. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SOBRESEIMIENTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA IMPUGNADA, DERIVADO DE SU REFORMA (ARTÍCULO 11, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY QUE REGULA LAS CASAS DE EMPEÑO EN EL ESTADO DE SINALOA). VI. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO (DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO NÚMERO 143 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚMERO 124 DE DOCE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y MODIFICACIONES HECHAS A LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVÉS DEL DECRETO NÚMERO 12, PUBLICADO EL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL). VII. CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO (MODIFICACIONES HECHAS A LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE SINALOA A TRAVÉS DEL DECRETO NÚMERO 12, PUBLICADO EL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, EN EL PERIÓDICO OFICIAL LOCAL). VIII. COMERCIO. EVOLUCIÓN DE SU MARCO JURÍDICO NACIONAL E INTERNACIONAL. IX. CONTRATO DE MUTUO CON GARANTÍA PRENDARIA. NO TIENE INTRÍNSECAMENTE EL CARÁCTER DE ACTO DE COMERCIO, PUES TAL CALIDAD PROVIENE DEL SUJETO QUE LO REALIZA, POR LO QUE TENDRÁ TAL CARÁCTER EL REALIZADO POR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS O POR LAS CASAS DE EMPEÑO Y, POR TANTO, LA CELEBRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA ESTÁ REGIDA POR LA NORMATIVA EN MATERIA MERCANTIL QUE RESULTE APLICABLE, LA CUAL CORRESPONDE EMITIR AL CONGRESO DE LA UNIÓN. X. CASAS DE EMPEÑO. SON SUJETOS DE DERECHO MERCANTIL (COMERCIANTES, POR SER ENTES PROFESIONALES EN ESA ACTIVIDAD, LA CUAL REALIZAN CON FINES DE LUCRO) QUE EN FORMA HABITUAL CELEBRAN CON EL PÚBLICO CONTRATOS DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA, LOS CUALES, CONFORME A LA LEGISLACIÓN MERCANTIL, SON ACTOS DE COMERCIO Y, POR TANTO, SU REGULACIÓN ESTÁ ENCOMENDADA AL CONGRESO FEDERAL, CONFORME A LO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. XI. CASAS DE EMPEÑO. MIENTRAS QUE LOS CONTRATOS DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA CELEBRADOS DEBEN SER REGULADOS POR LA FEDERACIÓN, LAS ENTIDADES FEDERATIVAS COMO LOS MUNICIPIOS CUENTAN CON POTESTADES PARA REGULAR CIERTOS ASPECTOS RELACIONADOS CON TALES ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, COMO LO ES EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA SU CONSTRUCCIÓN, LA UTILIZACIÓN DEL SUELO Y LOS IMPUESTOS EN MATERIA INMOBILIARIA. XII. CASAS DE EMPEÑO. LAS LEGISLACIONES LOCALES TIENEN FACULTADES PARA REGULAR LO ATINENTE PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE ESTE TIPO DE NEGOCIACIONES QUE REALIZAN ACTIVIDADES DENTRO DE SU TERRITORIO (VIGENCIA DE PERMISOS Y REVALIDACIONES, REQUISITOS PARA SU OBTENCIÓN, OBLIGACIONES DE LOS PERMISIONARIOS, FACULTADES DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DE VIGILANCIA Y SANCIÓN), SIN QUE ELLO AFECTE EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA FEDERACIÓN, TODA VEZ QUE NO SE OCUPA DE ASPECTOS CONFIGURATIVOS DEL ACTO DE COMERCIO (CONTRATO DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA PRENDARIA) (ARTÍCULOS 1 A 10; 11, FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X Y XII; 12 A 26; 27, FRACCIONES I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI Y XII; 31, 32, 33, FRACCIONES I, III, V, VI Y VII; 34, FRACCIONES I, II Y III, Y 35 A 62 DE LA LEY QUE REGULA LAS CASAS DE EMPEÑO EN EL ESTADO DE SINALOA). XIII. ACTOS DE COMERCIO. LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ESTÁN FACULTADAS PARA LEGISLAR SOBRE ASPECTOS RELATIVOS A LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DENTRO DE SU CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIN PODER ABARCAR ASPECTOS INTRÍNSECOS A LOS ACTOS QUE REALIZAN LOS COMERCIANTES (CONTRATOS DE MUTUO), TODA VEZ QUE ELLO ESTÁ RESERVADO CONSTITUCIONALMENTE A LAS AUTORIDADES FEDERALES. XIV. CASAS DE EMPEÑO. LA PREVISIÓN LEGAL QUE OBLIGA A ESOS SUJETOS A CONTAR CON UN SEGURO PARA PODER REALIZAR UN CONTRATO QUE ES INNATO A SU ACTIVIDAD, ASÍ COMO UN MONTO MÍNIMO DE ESA PÓLIZA, INVADE LA ESFERA COMPETENCIAL DE LA FEDERACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO (INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 11, FRACCIÓN XI, DE LA LEY QUE REGULA LAS CASAS DE EMPEÑO EN EL ESTADO DE SINALOA EXPEDIDA MEDIANTE EL DECRETO NÚMERO 12, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA EL TRECE DE DICIEMBRE DE DOS

Tipo de asunto: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2017. · Registro digital (IUS): 29996
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-08-06
Promovente: PODER EJECUTIVO FEDERAL.
Localización: Undécima Época. Pleno. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Agosto de 2021, Tomo II, Pág. 2912.

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2017. PODER EJECUTIVO FEDERAL. 16 DE JULIO DE 2020. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ARAIZA ARREYGUE.

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al dieciséis de julio de dos mil veinte.

VISTOS para resolver los autos de la controversia constitucional 45/2017, y

RESULTANDO:

1. Presentación de la demanda. El nueve de febrero de dos mil diecisiete, el Poder Ejecutivo Federal promovió controversia constitucional en contra de actos emitidos por el Poder Ejecutivo Local y del Congreso del Estado de Sinaloa.

2. En su demanda, solicitó la declaración de invalidez del Decreto Número 12, publicado el trece de diciembre de dos mil dieciséis, en el Periódico Oficial Número 151 BIS, Tomo CVII, 3ra. Época, mediante el cual se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado, se expide la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado, se deroga el artículo quinto transitorio del Decreto Número 143 (publicado en el Periódico Oficial Número 124 de doce de octubre de mil novecientos noventa) y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, todas del Estado de Sinaloa.

3. Registro y turno de la demanda. El diez de febrero de ese año, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, registrarla con el número 45/2017 y la turnó al Ministro Javier Laynez Potisek para instruir el procedimiento y formular el proyecto de resolución respectivo.

4. Admisión de la demanda. Por auto de veinte de febrero de dos mil diecisiete, el Ministro instructor admitió la demanda en contra de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Sinaloa y, consecuentemente, ordenó emplazarlos a juicio para que formulasen su contestación; tuvo como terceros interesados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y, finalmente, ordenó dar vista al procurador general de la República para que manifestase lo que correspondiera a su representación.(1)

5. Contestaciones a la demanda. El tres de abril de dos mil diecisiete, el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa dio respuesta a la demanda(2) en tanto que el siete de abril de dos mil diecisiete, el Congreso del Estado de Sinaloa dio contestación a la demanda en representación de ese órgano.(3)

6. Manifestaciones. El seis de abril de dos mil diecisiete, el Senado de la República presentó escrito a través del cual compareció al juicio en representación de ese órgano legislativo y expuso los argumentos que estimó pertinentes.(4)

7. Por su parte, el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión presentó escrito a través de cual formuló manifestaciones.(5)

8. Finalmente, el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, el procurador general de la República presentó escrito a través del cual formuló manifestaciones en la presente controversia constitucional.(6)

9. Alegatos. Únicamente la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión formuló alegatos.(7)

10. Audiencia. Sustanciado el procedimiento, el veinticinco de mayo de dos mil diecisiete se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Ley Reglamentaria) en la que se hizo relación de los autos en términos del artículo 34 del mismo ordenamiento legal, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas y por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

CONSIDERANDO:

11. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos(8) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(9) así como con el punto segundo, fracción I, del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, emitido el trece de mayo de dos mil trece,(10) por tratarse de una controversia constitucional entre la Federación (a través del Poder Ejecutivo Federal) y los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Sinaloa.

12. SEGUNDO.—Certeza y precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria,(11) se procede a precisar en forma concreta los actos que son objeto de la presente controversia constitucional y apreciar las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados.

13. En la demanda se solicita la declaración de invalidez del Decreto Número 12, publicado el trece de diciembre de dos mil dieciséis, en el Periódico Oficial Número 151 BIS, Tomo CVII, 3ra. Época, mediante el cual: (1) se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado, (2) se expide la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado, (3) se deroga el artículo quinto transitorio del Decreto Número 143 (publicado en el Periódico Oficial Número 124 de doce de octubre de mil novecientos noventa) y (4) se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal, todas del Estado de Sinaloa.

14. Cabe precisar que tal decreto se compone de cuatro artículos y otros diez transitorios, siendo que de lo expresado a foja dos de la demanda que motiva la presente controversia constitucional, la parte quejosa controvierte:

a) El artículo primero del decreto precisado, en lo concerniente a la adición al título primero de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, del capítulo VI, denominado "Del impuesto a casas de empeño", en forma particular los artículos 34 bis-19; 34 bis-20; 34 bis-21 y 34 bis-22, así como de la adición al título segundo de esa norma, de un capítulo XIV, denominado "Derechos por los servicios de autorización, registro y supervisión para la instalación u operación de casas de empeño", en particular el artículo 78 bis-9 de tal ordenamiento.

b) El artículo segundo del decreto precisado, mediante el cual se expidió la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa.

c) El artículo tercero del decreto precisado, por virtud del cual se deroga el artículo quinto transitorio del diverso Decreto Número 143 por el que se reformó la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial Número 124, de doce de octubre de mil novecientos noventa.

d) El artículo cuarto del decreto por virtud de las diversas modificaciones a la Ley de Hacienda Municipal.

e) Los artículos cuarto y quinto transitorios del decreto referido, de los cuales el primero de esos numerales está relacionado con el artículo 34 bis-21 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa y, el segundo con un permiso regulado en la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa.

15. La existencia de ese decreto queda demostrada en razón de que así lo reconocieron tanto el Congreso del Estado de Sinaloa, como el titular del Poder Ejecutivo de esa entidad al contestar la demanda, lo cual se corrobora con las copias de dicho decreto que obran glosadas en autos.(12)

16. TERCERO.—Oportunidad. El artículo 21, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia(13) señala que tratándose de normas generales, el plazo para la promoción de la demanda será de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

17. En el caso se impugnan varios artículos de la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa con motivo de su publicación en el Periódico Oficial del Estado el trece de diciembre de dos mil dieciséis, por lo que el plazo de treinta días hábiles para promover la controversia transcurrió del catorce de diciembre de dos mil dieciséis al nueve de febrero de dos mil diecisiete, debiéndose descontar los días comprendidos entre el dieciséis y treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis, por corresponder al segundo periodo vacacional de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los diversos días uno, siete, ocho, catorce, quince, veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero, y cuatro y cinco de febrero, todos de dos mil diecisiete, por corresponder a sábados y domingos, y el seis de febrero de ese año, de conformidad con el Acuerdo General Plenario 18/2013, por lo que al haberse presentado la demanda el nueve de febrero de dos mil diecisiete, es clara su oportunidad.

18. CUARTO.—Legitimación activa. De conformidad con el primer párrafo del artículo 11 de la Ley Reglamentaria,(14) el actor deberá comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que lo rigen, estén facultados para representarlo.

19. En el caso, la demanda de controversia constitucional fue suscrita por Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, en su carácter de consejero jurídico del Ejecutivo Federal, acreditando tal carácter con copia certificada del nombramiento expedido a su favor por el presidente de la República de cuatro de diciembre de dos mil doce.(15) Dicho funcionario se encuentra legitimado para promover la presente controversia constitucional en representación del Poder Ejecutivo Federal, de conformidad con lo previsto por el artículo 43, fracción X, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal(16) y el punto único del Acuerdo por el que se establece que el consejero jurídico del Ejecutivo Federal tendrá la representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en los asuntos que se mencionan,(17) publicado el nueve de enero de dos mil uno en el Diario Oficial de la Federación.(18)

20. Asimismo, la Federación por conducto del Poder Ejecutivo Federal cuenta con legitimación para promover el presente medio de control constitucional, de conformidad con el artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución General.(19) Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL ESTÁ LEGITIMADO PARA PROMOVERLA EN NOMBRE DE LA FEDERACIÓN."(20)

21. QUINTO.—Legitimación pasiva. De conformidad con la fracción II del artículo 10 de la Ley Reglamentaria,(21) tendrán el carácter de parte demandada la entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general objeto de la controversia.(22) En la presente controversia, las partes demandadas son tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Sinaloa. Al respecto, conviene destacar lo siguiente:

a) Poder Legislativo. En su representación compareció Roberto Ramsés Cruz Castro, con el carácter de diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso Estatal, lo que acreditó con copia certificada del Acuerdo Número 1 del Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa en su Sexagésima Segunda Legislatura, de primero de octubre dos mil dieciséis,(23) de la cual se desprende que fue designado como presidente de la citada Mesa Directiva del aludido Congreso; luego, de conformidad con el artículo 42, fracción XX, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa,(24) el presidente de la Mesa Directiva tiene la representación del órgano legislativo local, por consiguiente, dicha persona se encuentra legitimada para contestar la demanda en representación del Poder Legislativo del Estado.

b) Poder Ejecutivo. En su representación compareció Jesús Navarro Aispuro, en su carácter de director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, como representante legal del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, personalidad que acreditó con copia certificada del nombramiento de fecha nueve de enero de dos mil diecisiete, emitido a su favor por el secretario general de Gobierno de esa entidad.(25) Al respecto, de conformidad con los artículos 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Sinaloa(26) y 50, fracciones III y IV, del Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno de esa entidad(27) (vigente al momento de presentación de la demanda), corresponde a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno de Sinaloa representar al Poder Ejecutivo de esa entidad en toda clase de procedimientos judiciales, de lo cual se concluye que dicho funcionario está facultado para representar al titular del Poder Ejecutivo en la presente controversia constitucional.

22. SEXTO.—Causas de improcedencia. Las autoridades demandadas no adujeron la actualización de algún motivo de improcedencia de la presente controversia constitucional; sin embargo, de manera oficiosa(28) este Pleno advierte que respecto del artículo 11, fracción VIII, de la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa (introducido al sistema jurídico de esa entidad, por virtud de lo dispuesto en el artículo segundo del decreto ahora impugnado), se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria;(29) ello toda vez que dicho precepto sufrió una modificación en su contenido y, por tanto, el texto de la norma impugnada cesó en sus efectos al emitirse una nueva norma con un contenido y alcance diferente.

23. Conforme a lo previsto en el precepto citado, las controversias constitucionales son improcedentes cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia y, al respecto, este Alto Tribunal ha interpretado que se surte tal hipótesis cuando dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo,(30) de la Constitución Federal y 45, párrafo segundo,(31) de su ley reglamentaria. Así se desprende del criterio P./J. 54/2001, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS."(32)

24. En el caso, el texto de la norma originalmente impugnada en términos del decreto controvertido era el siguiente:

"Artículo 11. Para obtener el permiso para la instalación y funcionamiento de las casas de empeño, se deberá presentar ante la Secretaría, en original y copia, la siguiente documentación:

"I. ...

"VIII. Licencia de funcionamiento y constancia de uso de suelo expedida por la autoridad municipal competente; ..."

25. Sin embargo, el veinticinco de diciembre de dos mil diecinueve, el Congreso del Estado de Sinaloa emitió un decreto legislativo a través del cual reformó la referida porción normativa, para quedar del modo siguiente:

"Artículo 11. Para obtener el permiso para la instalación y funcionamiento de las casas de empeño, se deberá presentar ante la Secretaría, en original y copia, la siguiente documentación:

"I. ...

(Reformada, P.O. 25 de diciembre de 2019)

"VIII. Licencia de funcionamiento y, constancia, licencia o dictamen de uso de suelo y cualquier otro, expedida por la autoridad municipal competente; ..."

26. Lo anterior revela que por virtud de un nuevo acto legislativo, el contenido de la norma impugnada en la presente controversia constitucional fue modificado, lo cual generó una alteración en el sentido normativo de esa disposición y con ello se actualiza un motivo que impide analizar la regularidad constitucional de una norma que ha sido reformada, por lo que debe sobreseerse en la presente controversia respecto de la fracción VIII del artículo 11 de la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa.

27. Asimismo, este Tribunal advierte que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII,(33) en relación con el numeral 22, fracción VII,(34) de la Ley Reglamentaria, según se explica a continuación.

28. Conforme a los preceptos invocados, la parte actora debe precisar en la demanda –entre otros requisitos– los conceptos de invalidez del acto combatido, es decir, los argumentos mínimos (causa de pedir) a través de los cuales evidencie la inconstitucionalidad del acto impugnado, pero, si no lo hace, ello da lugar al sobreseimiento en el juicio.(35)

29. La formulación de razonamientos mínimos no implica que deban exponerse argumentos a manera de premisas como si se tratara de un silogismo jurídico, sino expresiones encaminadas a evidenciar el motivo toral de la impugnación a efecto de que, a partir de esos motivos de inconstitucionalidad, la autoridad judicial esté en posibilidad de abordar el problema jurídico sometido a su potestad. Por tanto, cuando el actor realiza manifestaciones genéricas o imprecisas en cuanto al motivo de la impugnación hecha, no puede estimarse satisfecho el requisito exigido por la fracción VII del artículo 22 de la Ley Reglamentaria.(36)

30. Precisado lo anterior, debe tenerse en cuenta que el acto impugnado en forma destacada por la parte actora es el indicado en el considerando segundo de la presente resolución; esto es, el Decreto Número 12, publicado el trece de diciembre de dos mil dieciséis, en el Periódico Oficial Número 151 BIS, Tomo CVII, 3ra. Época, acto mediante el cual:

a) Se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa.(37)

b) Se expidió la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa.

c) Se deroga el artículo quinto transitorio del Decreto Número 143 (publicado en el Periódico Oficial Número 124, de doce de octubre de mil novecientos noventa).

d) Se reforman diversas disposiciones de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

31. En lo que interesa, la causa de improcedencia precisada se actualiza respecto de lo enunciado en el inciso c) anterior, esto es, la derogación del artículo quinto transitorio del Decreto Número 143 (publicado en el Periódico Oficial Número 124, de doce de octubre de mil novecientos noventa); ello porque la norma derogada por el acto ahora impugnado estaba referida al impuesto sobre nóminas en el Estado de Sinaloa, siendo que la parte actora no expone argumentos encaminados a demostrar alguna afectación a causa de ese actuar, pues sólo se ocupa de lo relativo a la regulación aplicable a las casas de empeño, particularmente a los actos realizados por éstas.

32. Ciertamente, a través del Decreto Número 143, publicado en el Periódico Oficial Número 124, de doce de octubre de mil novecientos noventa, se hicieron diversas modificaciones a la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa en materia del impuesto sobre nóminas, para lo cual se adicionó un capítulo XXVI al título segundo de esa norma, a efecto de regular lo atinente a ese tributo y en el artículo quinto transitorio de aquel decreto se estableció:

"Artículo quinto. El monto de lo recaudado de este impuesto se integrará a un fondo de solidaridad que será destinado a inversión pública en aquellos renglones que acuerde el organismo que se constituya para tal efecto y por decreto."

33. Ahora bien, por virtud del decreto ahora impugnado, el referido artículo transitorio fue derogado, lo que implica que la recaudación generada por el impuesto sobre nóminas en Sinaloa ya no será destinada al fondo de solidaridad al que anteriormente se hacía. Luego, si la parte actora de la presente controversia se duele medularmente de que el Congreso de esa entidad legisló en materia de casas de empeño, siendo que esa regulación sólo compete a las autoridades federales, es claro que la derogación de la norma precisada no es controvertida por la actora, pues no expone argumentos para demostrar la afectación causada por ese acto legislativo en particular y, por tanto, con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 Constitucional, se impone sobreseer en la presente controversia por lo que se refiere a la derogación del artículo quinto transitorio del Decreto Número 143 (publicado en el Periódico Oficial Número 124 de doce de octubre de mil novecientos noventa).

34. Similar pronunciamiento debe hacerse respecto de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, pues ese ordenamiento igualmente fue modificado a través del decreto ahora impugnado; sin embargo, la parte actora no expone argumentos en su contra a través de los cuales evidencie que por virtud de esa reforma se invade su competencia para legislar y regular lo atinente a las casas de empeño, ni tampoco se advierte la existencia de alguna línea argumentativa particular de la cual pueda desprenderse la causa de pedir en cuanto a la impugnación planteada.

35. En efecto, como puede apreciarse, el decreto impugnado modificó la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, ya que en el artículo cuarto de ese acto legislativo se dispuso lo siguiente:

"Artículo cuarto. Se reforman la denominación del capítulo II del título segundo; el párrafo último del artículo 16; el artículo 18; el párrafo primero del artículo 19 y el artículo 20. Se derogan las fracciones II y III del artículo 15; las fracciones II y III del artículo 16; las fracciones II y III del artículo 17; y, los conceptos 3 y 4 del artículo 19, todos de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, para quedar como sigue: ..."

36. La referida modificación legislativa no tuvo impacto alguno en lo atinente a las casas de empeño o a los actos jurídicos realizados por éstas (lo que constituye el motivo toral de inconformidad de la parte actora), pues como se evidencia a continuación, tal modificación se ocupó de cuestiones diferentes como lo relativo a la normativa previamente existente en cuanto a juegos con apuestas y sorteos, según se advierte enseguida:

Ver texto

37. Ahora bien, como se ha expuesto, la parte actora se duele medularmente de que el Congreso de Sinaloa se ocupó de aspectos que corresponden en forma exclusiva al Congreso de la Unión, pues sólo éste puede legislar en cuanto a los actos realizados por las casas de empeño por tratarse de actos de comercio; sin embargo, de la lectura de la demanda no se desprende algún argumento o planteamiento encaminado a evidenciar la afectación constitucional atribuida en forma específica a la modificación hecha a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en materia de la regulación en juegos y sorteos; por ende, no resulta viable emprender tal estudio y, ante ello, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, en relación con el numeral 22, fracción VII, de la Ley Reglamentaria del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que procede el sobreseimiento en la presente controversia por lo que se refiere a las modificaciones hechas a través del Decreto Número 12, publicado el trece de diciembre de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial Número 151 BIS, Tomo CVII, 3ra. Época, a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

38. SÉPTIMO.—Estudio. Ante el resultado de lo previamente expuesto, el estudio del presente asunto sólo se ocupará de lo relativo a (1) la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa (con excepción de su artículo 11, fracción VIII), así como de (2) los artículos 34 bis-19; 34 bis-20; 34 bis-21; 34 bis-22 y 78 bis-9, todos de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, y (3) de los artículos cuarto y quinto transitorios del decreto impugnado.

39. A efecto de poder resolver lo que en derecho resulte procedente, se estima necesario hacer una breve síntesis de los motivos de invalidez propuestos por la parte actora, quien, en esencia, expuso lo siguiente:

• Las normas controvertidas se cuestionan en su totalidad, sin embargo, sólo se mencionan algunos de sus preceptos en forma destacada a efecto de evidenciar los vicios atribuidos. Al respecto, se citan los artículos 34 bis-19, 34 bis-21 y 34 bis-22 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa y todos los preceptos integrantes de la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa.

• Las normas cuestionadas son contrarias a lo previsto en el artículo 73, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por invadir el ámbito de competencia de la Federación, pues conforme a ese precepto, corresponde al órgano legislativo federal legislar en materia de comercio, ya que al estar expresamente referida a la Federación tal potestad, no encuadra en lo previsto en el numeral 124 constitucional.

• En ejercicio de tal potestad, el Congreso de la Unión emitió el Código de Comercio, de cuyos artículos 4o., 75, 358 y 359 se sigue que la actividad realizada por las casas de empeño es un acto mercantil considerado de comercio y regido por esa normativa.

• En concordancia con lo anterior, el mismo Congreso de la Unión emitió la Ley Federal de Protección al Consumidor, en cuyo numeral 65 Bis se regula la actividad de las casas de empeño en aras de la protección de los usuarios, e igualmente existe la Norma Oficial Mexicana NOM-179-SCFI-2007, "Servicios de mutuo con interés y garantía prendaria".

• En términos de los preceptos constitucionales y legales citados, el Congreso del Estado de Sinaloa está impedido para legislar en materia de comercio y casas de empeño, pues al emitir las normas impugnadas abarcó aspectos mercantiles como lo es lo relativo a la regulación del contrato de mutuo con interés y garantía prendaria, pues reguló cuestiones como:

- Previo a la celebración de ese contrato, el deber del pignorante de presentar identificación y comprobante de domicilio, así como los documentos válidos para ese efecto, aspecto que está previsto en la citada norma oficial mexicana.

- Requerir al pignorante acreditar la propiedad del bien en prenda, aspecto que está previsto en la citada norma oficial mexicana.

- Regula el supuesto en que el pignorante no cuente con documentos para acreditar la propiedad del bien dado en prenda, aspecto igualmente previsto en la citada norma oficial mexicana.

- La vigilancia del cumplimiento de los requisitos previstos en la norma oficial mexicana corresponde igualmente a las autoridades federales, por lo que la entidad federativa no puede verificar el cumplimiento de esos aspectos.

40. Como puede apreciarse, en forma sustancial, la autoridad actora se duele de la inconstitucionalidad de la norma combatida al considerar que ésta regula aspectos que sólo competen al Congreso de la Unión –como es lo relativo a la normativa aplicable y exigible a las casas de empeño– y, por tanto, de una materia que es ajena a los Congresos Estatales. Vale la pena resaltar que la impugnación hecha se realiza respecto de la totalidad de la ley, es decir, sin identificar algún precepto en forma expresa como aquel por el que se estima inconstitucional, por lo que corresponderá a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar los preceptos legales específicos o las respectivas porciones que, en su caso, adolezcan del vicio aducido.

41. Dado el motivo de reclamo y la falta de precisión de las normas que se estiman contrarias a la Constitución Federal, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación procede al estudio integral de la norma combatida, para lo cual es necesario previamente responder a los siguientes cuestionamientos:

• ¿Qué debe entenderse por comercio?

• ¿Cuál es la regulación aplicable a los actos de comercio?

• ¿Qué tipo de actos de comercio realizan las casas de empeño?

• ¿El contenido normativo previsto en la Ley que Regula las Casas de Empeño en el Estado de Sinaloa se realizó dentro de los márgenes que competen al Congreso Local o, en su caso, invadió la competencia de la autoridad federal?

42. A continuación se procede a dar respuesta a los planteamientos anteriormente formulados.

A. ¿Qué debe entenderse por comercio?

43. Conforme a la Real Academia de la Lengua Española, el vocablo "comercio" tiene entre una de sus acepciones, el "conjunto de actividades económicas centradas en el comercio", esto es, en el intercambio o compraventa de bienes o servicios; dicho de otra manera, el comercio es una actividad humana a través de la cual las personas adquieren bienes o servicios por medio del intercambio o la compraventa.

44. Históricamente, el comercio surge como parte de la vida en sociedad y se manifiesta en el trueque o intercambio de bienes para, posteriormente, incluir también a los servicios.

45. Con el desarrollo de las sociedades apareció una persona especializada en la realización de actos de comercio (como actividad principal y quien lo hacía de forma especializada), a quien se denominó "comerciante" y que, en sus orígenes, realizaba actos jurídicos en lugares distintos, lo que gradualmente generó problemática en cuanto a la regulación a la que esos actos quedaban sujetos, es decir, la inadaptabilidad del derecho civil para regular las relaciones nacidas del tráfico comercial, detonaron la división del derecho privado en el civil y el mercantil, pues resultaba sumamente difícil hacer extensivo un derecho local (como el civil) a sujetos que por su actividad y movilidad, no se encontraban en el espacio territorial en que resultaba vigente el derecho civil.

B. ¿Cuál es la regulación aplicable a los actos de comercio?

46. En el caso de México, tras el movimiento de independencia, el treinta y uno de enero de mil ochocientos veinticuatro se aprobó el Acta Constitutiva de la Federación en la que se adoptó una forma de República representativa federal(38) y cuyo artículo 13, fracción X, dispuso la atribución del Congreso General para regular el comercio con otras naciones y entre los Estados de la Federación y tribus indígenas.(39) El citado precepto utilizó el verbo "arreglar" el cual denota la atribución para ordenar y regular, es decir, ejercer la facultad legislativa en cuanto al comercio con otros países y a nivel interno.

47. Derivado del acta indicada, el tres de octubre de mil ochocientos veinticuatro se aprobó la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29996-a682bd75/i-controversia-constitucional-el-plazo-para-la-presentacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.