CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO NO EXISTA MANDAMIENTO EXPRESO EN LOS ORDENAMIENTOS LOCALES QUE OTORGUE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A ALGUNO DE LOS TRES PODERES LA REPRESENTACIÓN DEL ESTADO, DEBE PRESUMIRSE A FAVOR DE CUALQUIERA DE ELLOS PARA PROMOVERLA, CONFORME AL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL, SIN QUE TENGA RELEVANCIA PARA ESOS EFECTOS EL ÁMBITO COMPETENCIAL QUE INTERNAMENTE LE CORRESPONDA AL PODER QUE EJERZA LA ACCIÓN (ABANDONO DEL CRITERIO SUSTENTADO POR EL TRIBUNAL PLENO EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 54/2010). (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos, en contra del voto de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Sergio A. Valls Hernández) CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TIENE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLA A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ESA ENTIDAD, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 11, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA LA DECLARATORIA FUNDADA Y MOTIVADA REFERIDA EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN III, DEL ESTATUTO DE GOBIERNO LOCAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea estuvo ausente) CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS VICEPRESIDENTES DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN CARECEN DE LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA INTERVENIR EN EL JUICIO CUANDO NO MANIFIESTAN QUE COMPARECEN POR AUSENCIA EN SUSTITUCIÓN DEL FUNCIONARIO LEGALMENTE AUTORIZADO. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea estuvo ausente) REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. LOS ARTÍCULOS 21 BIS, FRACCIÓN III Y 31 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, REFORMADO Y ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE AGOSTO DE 2009, AL ESTABLECER, RESPECTIVAMENTE, QUE LA INSCRIPCIÓN DE ACTOS MERCANTILES ENVIADOS ELECTRÓNICAMENTE POR NOTARIOS O CORREDORES PÚBLICOS AUTORIZADOS, CON EL PAGO DE DERECHOS EN LÍNEA, SE INSCRIBIRÁN DE FORMA INMEDIATA, DEFINITIVA Y NO SERÁN SUSCEPTIBLES DE CALIFICARSE POR EL RESPONSABLE DE OFICINA O REGISTRADOR Y QUE DICHA INSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA INMEDIATA NO PODRÁ NEGARSE NI SUSPENDERSE POR PARTE DE ÉSTOS, NO INVADEN LA ESFERA DE ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES DE LOS ÓRGANOS LOCALES DEL DISTRITO FEDERAL. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea estuvo ausente) REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO. LOS ARTÍCULOS 21 BIS, FRACCIÓN III Y 31 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, REFORMADO Y ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE AGOSTO DE 2009, AL ESTABLECER, RESPECTIVAMENTE, QUE LA INSCRIPCIÓN DE ACTOS MERCANTILES ENVIADOS ELECTRÓNICAMENTE POR NOTARIOS O CORREDORES PÚBLICOS AUTORIZADOS, CON EL PAGO DE DERECHOS EN LÍNEA, SE INSCRIBIRÁN DE FORMA INMEDIATA, DEFINITIVA Y NO SERÁN SUSCEPTIBLES DE CALIFICARSE POR EL RESPONSABLE DE OFICINA O REGISTRADOR Y QUE DICHA INSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA INMEDIATA NO PODRÁ NEGARSE NI SUSPENDERSE POR PARTE DE ÉSTOS, NO TRANSGREDEN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por unanimidad de diez votos. El señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea estuvo ausente)
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 92/2009. DISTRITO FEDERAL POR CONDUCTO DEL JEFE DE GOBIERNO. 4 DE JUNIO DE 2012. PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. SECRETARIO: ALFREDO ORELLANA MOYAO.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al cuatro de junio de dos mil doce.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Presentación de la demanda. Por oficio presentado el trece de octubre de dos mil nueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Marcelo Ebrard Casaubón, en su carácter de jefe de Gobierno del Distrito Federal, promovió controversia constitucional, en la que solicitó la invalidez de la aprobación, expedición, promulgación, refrendo, publicación y ejecución del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de agosto de dos mil nueve, emitido por el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Antecedentes (fojas 4 a 6 del expediente principal). La parte actora señaló como antecedentes el proceso legislativo de creación del decreto impugnado.
TERCERO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 16, 121 y 122, apartado C, base primera, fracción V, incisos g) y h), y base segunda, fracción II, incisos b) y f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO. Conceptos de invalidez (fojas 15 a 29 del expediente principal). La parte actora adujo, literalmente, los siguientes:
"Primero. Inconstitucionalidad de los artículos 21 Bis, fracción III y 31, primer párrafo, del Código de Comercio, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de 2009. Los preceptos, cuya constitucionalidad se encuentra cuestionada, son del tenor literal siguiente: ‘Artículo 21 Bis. ... III. La inscripción de actos que sean enviados por medios electrónicos de acuerdo al artículo 30 Bis 1 de este código, con el pago de derechos en línea, será inmediata, definitiva y no será susceptible de calificación por parte del responsable de oficina o registrador.’. ‘Artículo 31. Los registradores no podrán denegar o suspender la inscripción de los actos que conforme al reglamento o lineamientos se consideren de registro inmediato. En los demás casos, tampoco podrán denegar o suspender la inscripción de los documentos mercantiles que se les presenten, salvo cuando: ...’. Los preceptos impugnados atentan contra el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 constitucional, por las siguientes razones: a) Porque suprime la valoración registral sustentada en la operación del Registro Público de Comercio, quien es la entidad competente de la administración pública centralizada del Distrito Federal, que tiene por objeto dar publicidad a los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación respectiva así lo requieran para surtir efectos contra terceros. En efecto, dentro de las funciones del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Sección Comercio, se encuentra la calificación registral. El procedimiento administrativo por el cual el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal ejerce sus facultades operativas de revisión, respecto de la procedencia o improcedencia de los actos sometidos a registro, es precisamente la calificación registral, la cual si bien es cierto que, por una parte, debe constreñirse a la observancia de la legislación mercantil, también es cierto que su accionar es absolutamente administrativo y de carácter local, mismo que tiene como objetivo primordial otorgar seguridad jurídica frente a terceros, seguridad jurídica que se alcanza al momento de la inscripción de los mismos, y con la publicidad respectiva. En efecto, la inscripción de un acto jurídico no puede darse en ausencia de la calificación antes apuntada, pues ésta forma parte del procedimiento de inscripción. Ahora bien, la calificación que realiza el registrador del documento a inscribir, es con la finalidad de corroborar si el mismo cumple o no con los requisitos legales que para su eficacia establecen los ordenamientos jurídicos correspondientes. Es por ello que la reforma a los preceptos impugnados del Código de Comercio transgreden el principio de legalidad, el cual, en el caso concreto, se materializa con el principio de calificación en materia registral, pues impulsa una omisión en el procedimiento de inscripción, como lo es la calificación a cargo del funcionario público especializado, denominado registrador. Sólo con dicha calificación, y a partir del análisis o estudio pormenorizado de cada caso, se podrá determinar si satisface o no los elementos formales y materiales indispensables para su validez. Lo anterior, nos lleva a concluir que sin la correspondiente calificación del documento a inscribir se vulnera la seguridad jurídica que frente a dicha inscripción tendrían los terceros de buena fe, ya que el asiento se realizaría observando únicamente lo señalado en el instrumento que le dé origen, pudiendo o no cumplir con los elementos necesarios para su eficacia. b) Porque los preceptos cuestionados conllevan violaciones tanto al procedimiento como a principios registrales, que se traducen en violaciones al principio de legalidad. Lo anterior es así, ya que al extinguir la calificación registral se restringe la facultad operativa del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, pues ahora bastará que los actos sean enviados por medios electrónicos para su registro, de conformidad con el artículo 30 Bis 1, el cual dispone: ‘Artículo 30 Bis 1. Cuando la autorización a que se refiere el artículo anterior se otorgue a notarios o corredores públicos, dicha autorización permitirá, además, el envío de información por medios digitales al registro y la remisión que éste efectúe al fedatario público correspondiente del acuse que contenga el número de control o sello digital de tiempo a que se refiere el artículo 21 Bis 1 de este código. Los notarios y corredores públicos que soliciten dicha autorización deberán otorgar una fianza o garantía a favor de la Tesorería de la Federación y registrarla ante la secretaría, para garantizar los daños que pudieran ocasionar a los particulares y a la secretaría con motivo de la operación del programa informático y el uso de la información del registro, incluida la que corresponde a la sección única del presente capítulo, por un monto mínimo equivalente a 10 000 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal. En caso de que los notarios o corredores públicos estén obligados por la ley de la materia a garantizar el ejercicio de sus funciones, sólo otorgarán la fianza o garantía a que se refiere el párrafo anterior por un monto equivalente a la diferencia entre ésta y la otorgada. Esta garantía podrá otorgarse de manera solidaria por parte de los colegios o agrupaciones de notarios o corredores públicos.’. Lo que, inclusive, implica un traslado de funciones del Registro Público de Comercio a agentes externos, como lo son los notarios públicos y corredores públicos. El sistema registral de comercio se encuentra sustentado, entre otros principios, por la fe pública registral, la que a través de la inscripción otorga la publicidad de los actos; lo que implica que el registro de los mismos debe tener inmersa la certeza y seguridad jurídica que otorga el Estado de que el acto que es sujeto de publicidad, cumplió con todas y cada una de las formalidades legales que se requieren para su inscripción. Sin que para lo anterior baste la fe pública del inscriptor o remitente del acto jurídico a inscribir, ya que no obstante que en el caso del artículo 30 Bis el acto es verificativo ante la fe pública con la que cuentan diversos fedatarios, la misma sólo otorga cualidades de existencia y autenticidad, no de la legalidad para su inscripción ni de la procedencia del mismo, la cual deberá ser verificada de manera personalísima por el funcionario público (registrador) que realiza la calificación e inscripción. Sólo de esta forma puede considerarse que el negocio jurídico ha quedado revestido de fe pública registral, la cual bien podría considerarse que fue únicamente iniciada ante un fedatario de la libre elección de los particulares, pero convalidado ante la institución pública creada con dicha finalidad, esto es, el Registro Público de Comercio. c) Porque el Registro Público de Comercio es el depositario de la fe pública registral mercantil, la cual se ejerce, en exclusiva, mediante la función de los registradores de las unidades administrativas locales a su cargo. Ello es así, pues el Registro Público de Comercio tiene por objeto dar publicidad a los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionen con los comerciantes y que conforme a la legislación requieren de la misma para surtir efectos ante terceros. Luego entonces, todas las disposiciones aplicables a su organización, funcionamiento, procedimiento de inscripción, efectos de publicidad frente a terceros, actos y hechos inscribibles tanto de personas físicas como colectivas, están reguladas por normas de derecho público. Ahora bien, al trastocar los principios registrales sobre los cuales recae la acción calificadora del Estado y sobre los cuales versa la materia registral, es decir, los principios de publicidad y calificación en materia registral, deben respetarse por parte del legislador los principios de certeza y seguridad jurídica contenidos en el artículo 16 constitucional, esto es, que la norma general tenga como finalidad que, en aras de cumplir con los principios señalados en segundo término, el acto que sea sujeto de publicidad deberá cumplir con todas y cada una de las formalidades legales que se requieren para su inscripción, considerando los principios precisados en primer lugar, pues se trata, precisamente, de una materia especializada como lo es la registral. No obstante lo anterior, en la reforma a los preceptos impugnados, de ninguna manera se garantizaron los principios antes aludidos, ya que, inclusive, en algunos casos no son obligatorios, y dependiendo de la calidad del remitente a algunos actos se les inscribe de forma preferente y de inmediato, sin posibilidad de que el Estado verifique la legalidad de la inscripción. De ahí que la certeza y seguridad jurídica, que como atribución y obligación le corresponde otorgar al Registro Público de Comercio del Distrito Federal, no quedaron garantizadas, al no ser sujetos de calificación por parte del servidor público adscrito a dicha dependencia. Lo anterior, inclusive implica una vulneración a la competencia de la operación registral administrativa del Distrito Federal quien, a su vez, se encontraría sometido a la expedición de certificaciones de los asientos que constan inscritos, y a otorgar publicidad a actos de los cuales no se tiene la certeza jurídica que hayan satisfecho los requisitos legales de existencia y validez. d) Porque con los preceptos impugnados se transgrede el principio de la fe pública exclusiva del Estado, entendida y consagrada en el artículo 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: ‘Artículo 121. En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes: I. Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio, y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él. II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste, cuando así lo dispongan sus propias leyes. Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro Estado, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio. IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado, tendrán validez en los otros. V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes, serás (sic) respetados en los otros.’. Luego entonces, y toda vez que el Congreso de la Unión ha determinado extinguir la calificación registral de los actos presentados para su inscripción en el Registro Público de Comercio, sustituyendo las funciones a cargo del Estado por las que realice un notario o corredor público y/o persona habilitada por la Secretaría de Economía, quien a través del envío de los documentos mediante medios electrónicos determinará un registro inmediato y definitivo, ello es violatorio del precepto transcrito. Al extinguirse la facultad revisora por parte del Estado (Gobierno del Distrito Federal, a través del Registro Público de la Propiedad y de Comercio), respecto a poder determinar si los actos sometidos a su potestad para su registro se encuentran en armonía con las disposiciones legales aplicables, imposibilita su función de otorgar certeza jurídica, en términos del artículo 16 constitucional. e) Porque se subordina al Gobierno del Distrito Federal, a través del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Sección Comercio, para que otorgue una constancia de inscripción respecto de actos que el Estado (a través del registrador) no conoció ni calificó su validez y legalidad, esto es, que haya determinado, en ejercicio de sus funciones de derecho público, que los mismos se constituyeron conforme a las leyes aplicables, para enseguida inscribirlos para surtir efectos contra tercero. Sin que sea obstáculo a lo anterior la fe pública que el Estado traslada a ciertos sujetos de derecho a efecto de dar cert
za y autenticidad a los actos o hechos que ante su fe ocurren, pues ello de ninguna manera implica el otorgamiento de facultades ilimitadas de publicidad ante terceros, ya que ésta es una actividad reservada para el Estado. Esa actividad de publicidad se ejerce mediante la inscripción en el registro de comercio, la que se encuentra sustentada en la calificación registral que realiza el funcionario público habilitado especialmente para ello, haciendo constar con su autorización la procedencia del documento que resulta en una inscripción, por haber cumplido todos los requisitos legales sometidos a su consideración. Sólo de esa forma el acto inscrito podría surtir sus efectos frente a terceros, ya que, al ser el Estado el sujeto obligado a vigilar la observancia de la ley por los particulares, incluyendo al notario o al corredor público, es quien tiene que garantizar los principios de certeza y seguridad jurídica, lo que no se logra con los preceptos cuestionados. De ahí que, al violar los artículos 21 Bis, fracción III, 30 Bis 1, primer párrafo y 31 del Código de Comercio, a los artículos constitucionales ya precisados, debe declararse su invalidez. Invalidez que debe hacerse extensiva, en términos del artículo 41, fracción IV, última parte, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ‘a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada.’. Segundo. El decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de 2009, concretamente por lo que se refiere al artículo 21 Bis, fracción III, vulnera los principios rectores del Registro Público de Comercio, consistentes en publicidad, legitimación o exactitud, rogación, calificación o de legalidad, que a su vez se derivan de los diversos de seguridad jurídica y legalidad, que son garantías protegidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16. Para ello, debe tenerse presente la finalidad del Registro Público de Comercio, la cual deriva de que ésta es la institución por la que el Estado proporciona el servicio de dar publicidad a los actos de comercio, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que, conforme con la legislación, lo requieran para surtir efectos contra terceros. Es necesaria la institución del registro, para que informe de manera fehaciente y veraz a terceros sobre los actos que lleva a cabo un comerciante, por ejemplo, su objeto social, el monto de su capital social, su duración, las garantías que se han constituido sobre sus bienes, etcétera. Conforme al artículo 18 del Código de Comercio, el Registro Público de Comercio se encuentra a cargo de la extinta Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, hoy Secretaría de Economía, y de las autoridades responsables del Registro Público de la Propiedad de los Estados y en el Distrito Federal, en términos de ese código y de los convenios de coordinación que se suscriban conforme a lo dispuesto por el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 21 Bis del Código de Comercio dispone que, como parte del procedimiento para la inscripción de actos mercantiles en el Registro Público de Comercio, se encuentra la fase de recepción de los documentos a inscribir, la que será: a) física; o, b) electrónica. Para la recepción física se necesita lo siguiente: Ingresar el documento a inscribir, acompañado de la correspondiente forma precodificada del acto debidamente requisitada y archivo magnético en el que conste el acto a inscribir. Pago de derechos correspondiente. En este caso, el documento se turna al servidor público conocido como registrador o responsable de oficina, para que realice un estudio integral de los datos, requisitos y demás información necesaria para la inscripción de los actos mercantiles que les sean turnados para determinar la procedencia de su registro, según resulte de su forma y contenido y de su legalidad, en función de los antecedentes registrales preexistentes y de los ordenamientos aplicables. En caso de la recepción electrónica, el notario o corredor público autorizado, en términos del artículo 30 Bis 1 del Código de Comercio, enviará por medios electrónicos, a través del SIGER, la forma precodificada respectiva, acompañada del archivo magnético del testimonio, póliza o acta en el que conste el acto a inscribir, documento que una vez recibido, y de acuerdo a los términos de la reforma a la fracción III del artículo 21 Bis del Código de Comercio, deberá inscribirse de manera inmediata y no será susceptible de calificación por parte del registrador o responsable de oficina. Lo anterior pone de manifiesto, por una parte, la incertidumbre jurídica que genera la reforma legal impugnada, además de que a dos trámites, cuya naturaleza y finalidad son la misma, pretende dárseles un trato distinto. Ahora bien, los actos que emanan del Gobierno del Distrito Federal, a través del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Sección Comercio, se llevan a cabo de conformidad con los artículos 116 y 122 constitucionales. El precepto señalado en segundo lugar dispone que el jefe de Gobierno tendrá a su cargo la administración pública, por lo que se encuentra facultado para emitir actos administrativos. Por otra parte, los artículos 12 y 15, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal disponen que el jefe de Gobierno es el titular de la administración pública del Distrito Federal, y que para el ejercicio de sus atribuciones se auxiliará, entre otras dependencias, de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a quien, en términos del artículo 35 le corresponde, entre otras, el despacho de la materia relativa a los servicios relacionados con el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Por su parte, el artículo 7, fracción XV, punto 3, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal establece que para el despacho de los asuntos que le competen, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales tiene adscrita a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, al que de conformidad con el diverso 117, fracciones I, II y X, del mismo ordenamiento legal. ‘Artículo 117. Corresponde a la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio: I. Operar y administrar los servicios públicos registrales en materia inmobiliaria, mobiliaria, personas morales y comercio en el Distrito Federal, en los términos que señala el Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal y las demás disposiciones que así lo determinen; II. Recibir, calificar e inscribir los documentos que consignan los actos jurídicos que, conforme a las leyes y demás disposiciones reglamentarias, deban registrarse; X. Establecer las normas, políticas, procedimientos, dispositivos y formatos que regulen los servicios registrales; ...’. De donde se tiene que, entre otras facultades, corresponde al Registro Público de la Propiedad y de Comercio el operar y administrar los servicios públicos registrales en las materias inmobiliaria, mobiliaria y de comercio en el Distrito Federal; recibir, calificar e inscribir los documentos que consignan los actos jurídicos que, conforme a las leyes y demás disposiciones reglamentarias, deban registrarse; así como crear las normas, políticas, procedimientos, dispositivos y formatos que regulen los servicios registrales. Por lo que cualquier injerencia o intromisión en las materias, respecto de las cuales la autoridad administrativa, Registro Público de la Propiedad y de Comercio, tiene competencia exclusiva, debe ser considerada inconstitucional. Sin que sea obstáculo a lo anterior que la fracción X del artículo 73 de la Constitución otorgue al Congreso de la Unión una facultad general para legislar en materia de comercio, ya que, como se ha visto, el artículo 122 constitucional confiere a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la facultad específica de normar el organismo que ejerza las funciones de Registro Público de la Propiedad y de Comercio. En razón de lo anterior, y en consideración a que la norma especial prevalece sobre la general, la legislación relacionada con el procedimiento registral de actos mercantiles que corresponda observar al Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, Sección Comercio, se encuentra reservada al órgano legislativo local, al derivar de una norma constitucional de contenido especial. En concordancia con lo anterior, el Congreso de la Unión (sic) dispuso en el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, que los actos y procedimientos de la administración pública del Distrito Federal atenderán a los principios de simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia e imparcialidad. Principios a los que, sin duda alguna, también se encuentra constreñida la autoridad que materialmente es depositario de la fe pública registral, es decir, del titular del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, así como de sus auxiliares, los registradores. El registrador es el servidor público auxiliar de la función registral, que tiene a su cargo calificar y examinar, bajo su responsabilidad, los documentos que se le presenten para su posterior inscripción en la base de datos, mediante la firma electrónica generada por el responsable de oficina habilitado. El responsable de oficina y el registrador son compatibles. En esa tesitura, corresponde al registrador realizar un estudio integral de los datos, requisitos y demás información necesaria para la inscripción de los actos mercantiles que le son turnados, con la finalidad de determinar, en primer lugar, la procedencia de su registro, según resulte de su forma y contenido y de su legalidad, en función tanto de los antecedentes registrales preexistentes como de los ordenamientos aplicables. Una vez calificada la procedencia, la inscripción necesariamente debe ser firmada por el registrador con la firma electrónica. Contrario a lo anterior, la fracción III del artículo 21 Bis del Código de Comercio, cuestionada, dispone que: ‘Artículo 21 Bis. ... III. La inscripción de actos que sean enviados por medios electrónicos de acuerdo al artículo 30 Bis 1 de este código, con el pago de derechos en línea, será inmediata, definitiva y no será susceptible de calificación por parte del responsable de oficina o registrador.’. A su vez, el artículo 30 Bis 1, al que remite este precepto, dispone: ‘Artículo 30 Bis 1. Cuando la autorización a que se refiere el artículo anterior se otorgue a notarios o corredores públicos, dicha autorización permitirá, además, el envío de información por medios digitales al registro y la remisión que éste efectúe al fedatario público correspondiente del acuse que contenga el número de control o sello digital de tiempo a que se refiere el artículo 21 Bis 1 de este código. Los notarios y corredores públicos que soliciten dicha autorización deberán otorgar una fianza o garantía a favor de la Tesorería de la Federación y registrarla ante la secretaría, para garantizar los daños que pudieran ocasionar a los particulares y a la secretaría con motivo de la operación del programa informático y el uso de la información del registro, incluida la que corresponde a la sección única del presente capítulo, por un monto mínimo equivalente a 10 000 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal. En caso de que los notarios o corredores públicos estén obligados por la ley de la materia a garantizar el ejercicio de sus funciones, sólo otorgarán la fianza o garantía a que se refiere el párrafo anterior por un monto equivalente a la diferencia entre ésta y la otorgada. Esta garantía podrá otorgarse de manera solidaria por parte de los colegios o agrupaciones de notarios o corredores públicos.’. Por su parte, el artículo 30 Bis, al que hace alusión el precepto antes transcrito, dispone, a partir de la reforma cuestionada, lo siguiente: ‘Artículo 30 Bis. La secretaría podrá autorizar el acceso a la base de datos del Registro Público de Comercio a personas que así lo soliciten y cumplan con los requisitos para ello, en los términos de este capítulo, el reglamento respectivo y los lineamientos que emita la secretaría, sin que dicha autorización implique en ningún caso inscribir o modificar los asientos registrales. La secretaría expedirá los certificados digitales que utilicen las personas autorizadas para firmar electrónicamente la información relacionada con el Registro Público de Comercio y demás usuarios; asimismo, podrá reconocer para el mismo fin certificados digitales expedidos por otras autoridades certificadoras siempre y cuando, a su juicio, presenten el mismo grado de confiabilidad y cumplan con las medidas de seguridad que al efecto establezca la secretaría.’. De donde tenemos que, derivado de las reformas al Código de Comercio, personas ajenas al Estado que no son depositarios de la fe registral pueden calificar y registrar, electrónicamente, los actos susceptibles de inscripción. Sin que pueda sostenerse que los actos inscritos de esa manera hayan sido realizados por el Estado en ejercicio de su función, es decir, en su calidad de depositario de la fe pública registral. Ello es así, pues para que un acto surta efectos contra terceros, necesita estar inscrito, y para que dicha inscripción se considere legal debe ser realizada por el funcionario público registrador en ejercicio de sus funciones, en atención al principio de legalidad. Entonces, si previo a su inscripción un acto no es objeto de calificación por parte del funcionario público competente para ello, nadie puede firmar o autorizar una inscripción, toda vez que ese tercero no contará con los elementos necesarios que conlleven a que el acto respectivo se encuentre debidamente fundado y motivado, puesto que ni son agentes del Estado ni se encuentran revestidos de la calidad de autoridad, por lo que no pueden válidamente determinar que el acto a inscribir cumple o no los requisitos para tal efecto. El acto que realicen los terceros no se trata propiamente de un acto de autoridad registral, ya que si bien es cierto los notarios y corredores públicos tienen fe pública, ésta no comprende la de fe registral, la cual se encuentra depositada exclusivamente en el Estado. En todo caso, los terceros serán a lo más administradores de un sistema informático, pero ello no debe ser extendido al grado de realizar una delegando de la fe registral. Aunado a lo anterior, los actos que inscriban los terceros no podrán surtir efectos legales, ya que para ser válida la inscripción debe encontrarse firmada por el registrador, sin que éste pueda suscribir bajo su responsabilidad una inscripción sin tener la posibilidad de verificar el contenido del acto a inscribir, y observar si se cumplen los requisitos de forma y fondo necesarios para la misma. Entonces, queda claro que las reformas al precepto legal cuestionado vulneran el principio constitucional de legalidad, al propiciar la realización de actos transgresores de los artículos 14 y 16 constitucionales. Para que un acto de autoridad cumpla con los requisitos anteriores debe: ‘I. Ser emitido por la autoridad competente, a través del servidor público facultado para tal efecto; II. En su emisión, o manifestación de voluntad de la autoridad competente, no medie error de hecho o de derecho sobre el objeto o fin del acto, dolo, mala fe y/o violencia; III Ser posible su objeto, y el mismo debe estar previsto en el ordenamiento jurídico aplicable, determinado o determinable y preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar; IV. Cumplir con la finalidad de interés público, derivado de las norma
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23924-9939ed8d/controversia-constitucional-cuando-no-exista-mandamiento-expreso-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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